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Cambio de criterios para condenar al pago de las costas procesales. Sus efectos sobre las demandas de reclamación de deudas

El pasado 15 de noviembre de 2017 el Congreso acordó, por amplia mayoría de votos, la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el P.S.O.E. y dirigida a cambiar los criterios de la imposición de costas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de forma que empieza la tramitación parlamentaria que puede acabar en la aprobación como Ley de esta Proposición.

El espíritu u objetivo primordial de esta Proposición de Ley es el de cambiar el criterio para imponer a uno de los litigantes el pago de las costas procesales de la parte contraria y sustituirlo por otro criterio que consideran más justo.

CRITERIO ACTUAL – VENCIMIENTO OBJETIVO: actualmente es el criterio aplicable y consiste en que aquel que vence el pleito y ve como la Sentencia reconoce todas y cada una de sus peticiones tiene derecho a que se condene en costas al otro litigante, recuperando así el dinero que tuvo que gastarse para litigar y conseguir el reconocimiento judicial de sus derechos.

NUEVO CRITERIO PROPUESTO – MALA FE O TEMERIDAD: la Proposición de Ley apuesta por este nuevo criterio, que implicará que aunque una de las partes gane el pleito y vea reconocidas todas sus pretensiones la parte contraria sólo será condenada en costas si el Juzgador considera que ha actuado, al demandar o contestar a la demanda, con mala fe o temeridad. De no ser así, aunque pierda el pleito, no tendrá que abonar al litigante contrario las costas procesales.

Se justifica, en el texto de la Proposición de Ley, el cambio de criterio en base a que el vigente criterio del vencimiento objetivo supone para el administrado un obstáculo para hacer valer sus derechos,  ya que muchas veces no se interpone demanda para reclamar nuestro derecho por miedo a ser condenados en costas.

Sin embargo, quien suscribe considera la imposición de costas solo en caso de mala fe o temeridad propuesto  como nuevo criterio es, en lo que atañe a los procedimientos de reclamación judicial de impagados , injusto y discriminatorio para el acreedor pues:

  • El deudor es quien nos obliga a incurrir en gasto para demandar pero no tendrá que indemnizarnos por ello.

Es el deudor, que incumple su parte del contrato y no paga los bienes o servicios contratados, el que hace que el acreedor se vea obligado a interponer demanda para intentar recuperar la deuda. Es injusto, a mi entender, que el coste de dicha reclamación no sólo tenga que adelantarlo (como ya hace) el acreedor sino que, además, no haya de ser indemnizado por el demandado en forma de costas judiciales.

 A fin de cuentas, el gasto en abogados, procuradores y tasas judiciales es un perjuicio causado por el incumplimiento contractual del deudor, un gasto que he de hacer por culpa de su impago y, por tanto, si me dan la razón en el Juzgado ese gasto debería de ser indemnizado.

  • El no poder recuperar los gastos necesarios para reclamar judicialmente supondrá en muchos casos que se decida no demandar por resultar antieconómico.

Si ya de antemano sabe el acreedor que no va a poder recuperar el importe de los gastos que ha de desembolsar para reclamar judicialmente la deuda, lo más probable es que ese factor le frene, ese gasto irrecuperable determinará  que vea coartada o imposibilitada la reclamación judicial de sus derechos.

Así, el nuevo criterio de imposición de costas sería un obstáculo o impedimento para demandar, el hecho de saber que no se recuperarán los gastos o costas judiciales determinará que no compense reclamar judicialmente cuanto nos corresponde en Derecho.

En resumen, con este nuevo criterio se genera una situación de dificultad de acceso a la Justicia igual a la que alega la Proposición de Ley respecto al criterio del vencimiento anticipado pero con el agravante de que en el caso del nuevo criterio el no demandar por el hecho de no poder recuperar los gastos que la reclamación judicial implica a quien favorece es al deudor, al que ha incumplido la Ley, que verá como no sólo no nos ha pagado sino que, además, nadie le va a reclamar judicialmente lo adeudado por resultar antieconómico.

Según esto, por ejemplo, si una empresa ve como un cliente ha dejado de pagar 10.000 euros y quiere reclamarlos judicialmente se encontrará, a la hora de tomar la decisión de reclamar o no, conque tendrá que gastarse unos 2.300 euros entre abogado y procurador si quiere demandar y que estas cantidades, a cuyo gasto le ha obligado el incumplimiento del deudor, no las podrá recuperar. Es decir, para intentar recuperar judicialmente (sin garantías de éxito) 10.000 euros tiene que asumir un gasto, que nadie le indemnizará, de 2.300 euros, de tal suerte que en el mejor de los supuestos, saliendo el pleito bien y consiguiendo embargar bienes para cubrir la deuda, resulta que sólo podrá recuperar 7.700 euros, y eso, insistimos, en el mejor de los casos.

  • Con este nuevo criterio, si el incurrir en unos gastos irrecuperables determina que decidamos no demandar, el único beneficiado es el deudor, el que incumplió el contrato y contravino la Ley.

Este carácter antieconómico que implica el nuevo criterio de imposición de costas llevará al acreedor, en muchos casos, a no reclamar judicialmente sus derechos, que es lo mismo que la Proposición de Ley consideraba perjudicial del criterio del vencimiento objetivo.

La diferencia, a mi entender, que determina que sea más justo el criterio del vencimiento objetivo que el criterio que pretenden imponer de la mala fe y temeridad es la siguiente:

  1. Criterio vencimiento objetivo: tiene de malo que el miedo a ser condenados a pagar las costas del contrario nos haga no acudir a reclamar nuestros derechos judicialmente. Sin embargo, con este criterio quien paga las costas es quien, según el Juez, no tiene la razón. En el caso de las reclamaciones de cantidad, las costas las paga el que ha incumplido sus obligaciones y con ello ha obligado al otro a gastarse dinero para reclamar judicialmente.
  2. Criterio de mala fe o temeridad: tiene de malo que el saber que los gastos en los que he de incurrir para demandar nadie me los va a reintegrar determine que decida no demandar. En este caso el beneficiado es el deudor, que además de contravenir el contrato y la Ley no pagando cuanto debe ve como, además, no se lo reclaman judicialmente por no incurrir en más gastos.

 

Veremos en qué queda finalmente esta Proposición de Ley tras su tramitación pero, a priori, si se aprobase tal como se ha presentado, considero que se perjudicará y discriminará injustamente al acreedor, que verá limitada su posibilidad de reclamar judicialmente cuanto se le adeuda.

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

 

Barómetro internacional de comportamiento de pagos B2B

En España, tres de cada cuatro ventas entre empresas se realizan a crédito, un nivel solo superado por Hungría entre los 27 países analizados por Crédito y Caución.

Estudio Barometro comportamiento pagos B2B

El 95% de las grandes empresas españolas ha realizado sus ventas a crédito, frente al 62% de las microempresas, en el tercer trimestre de 2011. Además las compañías nacionales presentan los plazos de pago más largos de Europa, con una media de 70 días, llegando hasta 74 días de media en el caso de los clientes nacionales. Estos son algunos de los reveladores datos que se extraen de la 10 edición del Barómetro de Prácticas de Pago.

El estudio, cuyo trabajo de campo en España ha sido elaborado por Iberinform, analiza los aspectos fundamentales de la gestión y la oferta del crédito comercial por parte de las empresas españolas, así como el comportamiento en pagos de sus clientes nacionales e internacionales.

Barometro pagos 2011

En esta segunda encuesta de 2011, realizada en mercados en los que opera el Grupo Atradius, se ha entrevistado a más de 5.200 empresas de 27 países de todo el mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, los Países Bajos, Polonia, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwan.

¿Cuántas operaciones se realizan a crédito?

Casi tres cuartas partes de las ventas B2B de España se hacen a crédito, un nivel solo superado por Hungría en el conjunto de la encuesta. El 93% de los créditos comerciales se refieren a clientes domésticos, y solo el 7% a operaciones de exportación, según indican los datos del análisis.

¿Por qué se concede crédito comercial a un cliente?

Aproximadamente la mitad de las empresas concede crédito comercial movido por el establecimiento de relaciones comerciales a largo plazo con los clientes. La segunda razón más mencionada, por uno de cada cuatro, fue la promoción de ventas.

¿Cuál es el plazo medio de pago?

Las compañías españolas contemplan los segundos plazos de pago más largos de la encuesta, con una media de 70 días. Los encuestados fijan un plazo medio de 74 días en el caso de los clientes domésticos, y de 46 días en el caso de los clientes extranjeros. Las microempresas fijan los plazos más cortos.

¿Cómo se elige el plazo de pago que se ofrece a un cliente?

Las relaciones comerciales son el factor clave determinante clave de los plazos de pago, algo que destaca el 58% de las empresas españolas. La capacidad de crédito del cliente, y los plazos estándar de pago de la empresa, aparecen como factores menos importantes [47%].

¿Se utilizan descuentos por pronto pago?

El 61% de los encuestados españoles ofrece descuentos por pronto pago, frente a la media europea del 37%. Sólo el 9% de los clientes domésticos, y el 16% de los clientes extranjeros aceptaron los descuentos por pronto pago. Las medianas-grandes empresas ofrecen descuentos por pronto pago con mayor frecuencia.

¿Se usan herramientas de gestión del crédito?

Las empresas españolas muestran una propensión relativamente alta a utilizar herramientas de gestión del crédito para mitigar sus riesgos de impago. El 63% de las empresas menciona la comprobación del historial del comprador, y el 58% la comprobación de la solvencia del comprador, muy por encima de la media europea. El 51% de los encuestados confirma un aumento significativo en las comprobaciones de la solvencia del comprador y el control de los riesgos.

¿A cuántas facturas afecta la morosidad?

El porcentaje de facturas españolas vencidas y no pagadas es del 31% en pagos nacionales y 23% en pagos del extranjero. El 7% de las facturas nacionales y el 4% de las facturas de exportación superaron los 90 días de vencimiento.

¿Por qué se retrasan en su pago los clientes?

La razón clave de los retrasos en los pagos B2B es la insuficiencia de fondos disponibles. El 74% de los encuestados españoles cita esta circunstancia como factor muy importante de los retrasos, frente al 47% que lo hace en el caso de facturas al extranjero.

¿Qué porcentaje de impagados soporta?

El nivel de cuentas incobrables es significativamente más bajo que la media global: 2% en facturas nacionales, y 1% en el extranjero. Las pequeñas empresas presentan las cifras más altas en facturas incobrables nacionales.

¿Cuál es el periodo medio de cobro?

El período medio de cobro [PMC] en España, de 86 días, es el más elevado del estudio, excediendo en dos semanas la siguiente cifra más importante de la encuesta [Grecia, 70 días]. La tendencia PMC de España aumentó bruscamente en el primer semestre de 2011.