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Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

A estos efectos, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2020 ha tenido lugar el 22 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS DEUDORES – LA ÚNICA FÓRMULA PARA CONCEDER CRÉDITO EN EL NUEVO ESCENARIO DE MOROSIDAD GENERADO POR EL COVID 19

Gonzalo Quiroga – Abogado 

Es del todo latente que entre las graves consecuencias que sobre la economía está arrojando el nuevo escenario impuesto por el Covid19 se encuentra la de un aumento alarmante de la morosidad y de los impagos.

Como he mantenido siempre, el retraso e incumplimiento de los pagos es una problemática que hay que evitar o paliar desde un primer momento ya que es un factor determinante de la desaparición e inviabilidad de muchísimas empresas, incluso de aquellas que podrían sobrevivir porque consiguen mantener un nivel de actividad y ventas que las haría rentables pero que, al cobrar tarde o no cobrar, acaban “muriendo de éxito”, es decir, trabajando de forma idónea pero sin liquidez para afrontar el día a día, lo que las lleva a la disolución o el concurso.

A este incremento, y cada vez más preocupante y creciente, aumento de los retrasos e incumplimientos de pago hemos de añadir que la situación económica que se nos viene encima, la famosa “nueva normalidad” nos depara un escenario desconocido y difícil de pronosticar, por lo que nuestros actuales criterios y protocolos para estudiar el riesgo de impago y conceder crédito no son ya una herramienta útil, siendo necesario que cambiemos radicalmente nuestro modus operandi en la materia.

El principal cambio que hemos de adoptar consiste en CONTAR CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DEUDORES QUE NOS PERMITAN RENOVAR SUS DATOS CONSTANTEMENTE y casi para cada nueva operación de venta a crédito.

Así, es muy habitual que tengamos clientes históricos en nuestra empresa a los que inicialmente, y hace años, se analizó y se les concedió una cantidad máxima de crédito adecuada a su perfil. Luego, con el paso de los años y ante su buen comportamiento de pago se les fue aumentando el límite de crédito hasta que, por mera inercia, esos clientes ya no los estudiamos cuando vamos a vender a crédito, consideramos que tienen un límite establecido y que no hay necesidad de ponerlo en duda.

Este criterio, sin embargo, no es válido en una situación de crisis e incertidumbre como la que se nos avecina. De hecho, los mayores “batacazos” o incidencias de impago que sufren las empresas en épocas de recesión como la que se avecina suelen venir dados por conceder crédito en demasía a clientes históricos sin tener en cuenta ni estudiar su  actual situación y realidad. (Imaginemos quien un año antes del concurso de acreedores de Pescanova, por ejemplo, le seguía concediendo crédito con límites fijados en base a la realidad de esa compañía 5 años antes…)

Por tanto, es indispensable que cambiemos nuestro criterio y que antes de conceder crédito a estos clientes históricos podamos analizar con el mayor detalle posible todos los aspectos e informaciones sobre su situación actual y hacerlo casi antes de cada operación o período de tiempo corto.

Esta necesidad se hace latente también para conceder crédito a nuevos clientes.

Así, tengamos en cuenta que hasta el día de hoy concedemos crédito a un nuevo cliente basándonos en la información que obtenemos del mismo a través, fundamentalmente, de sus cuentas anuales. Esto hace que realmente estemos concediendo crédito hoy en base a la realidad que esa empresa tenía en el ejercicio 2018 que es el que reflejan las cuentas anuales que depositó en 2019.

Es decir, para conceder crédito a nuevos clientes estábamos tomando decisiones mirando por el retrovisor, atendiendo a como estaba esa empresa hace dos años y no a cuál es su situación y capacidad de pago a día de hoy.

Con una crisis como la que se avecina, es muy probable que los cambios en las  empresas sean muy bruscos y que la información de las cuentas anuales del 2018 no tengan nada que ver con la realidad de nuestra deudora a día de hoy ni, por tanto, puedan servir como criterio para concederles crédito.

Ello se agrava si tenemos en cuenta que la regulación legal impuesta por el Covid19 ha establecido que se amplía el plazo para formular las cuentas anuales de 2019 (que deberían depositarse en este mes)  y que se concede prórroga para solicitar la declaración de disolución o concurso de las mercantiles insolventes.

De este modo, es necesario que para cada nueva venta a crédito a nuestros clientes, históricos o de nueva relación, analicemos la situación real y actual de la eventual deudora y que para ello contemos con sistemas, informes, aplicaciones informáticas y mecanismos de todo tipo que nos permitan tener una información totalmente al día y actualizada que no se base solo en los datos que obran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Estas herramientas nos deben permitir conocer, casi al día, además de los datos de las cuentas societarias otras realidades importantes como pueden ser:

1. Comportamiento en sus pagos, conociendo si aparecen reflejadas en ficheros de impagados, si nuestra aseguradora de caución y crédito nos ha alertado sobre posibles incidencias, etc.

2. Si existen incidencias con Administraciones Públicas: en la mayoría de informes de solvencia se intenta reflejar la existencia de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil pero lo cierto es que, dada la lentitud con la que los órganos jurisdiccionales comunican los datos, muchas veces el deudor aparece sin ninguna incidencia judicial en contra cuando en realidad existen varios procesos en curso.

Sin embargo, lo que sí es fácil de detectar, tanto a través de información de solvencia como a través del propio internet es si la deudora tiene impagos o ejecuciones abiertas frente a Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social. Si es así es un dato a tener en cuenta pues denota la inminente existencia de dificultades.

3.  Si existen procedimientos de negociación pre concursal o, directamente, concurso de acreedores tramitándose ante los Juzgados de lo Mercantil. Siendo este dato fácil de verificar a través del Registro Público de Resoluciones Concursales al que podemos acceder en la web pública existente y, además, suele venir recogido en los informes de solvencia si los pedimos actualizados cada vez que estudiemos conceder crédito.

4.  Otros datos que debemos recabar y conservar nosotros mismos en nuestra relación del día a día con el cliente y que pueden ser determinantes de cambios en la capacidad de pago, indiciarios de desaparición inminente de la mercantil en cuestión e, incluso, datos útiles y determinantes para que en caso de que haya que reclamar judicialmente la deuda nuestra demanda consiga su objetivo de cobrar lo adeudado.

Entre estos datos a detectar se encuentran los siguientes:

A. Si nuestro cliente ha cambiado de número de teléfono, de dirección postal, de banco , etc…

El cambio de instalaciones o de datos de contacto suele ser un intento de reducir costes y debemos tenerlo en cuenta y anotarlo porque si llega el caso de reclamar judicialmente ganaríamos muchísimo tiempo frente a los demás acreedores porque nos permitiría dirigir la demanda al domicilio real de la empresa y no al que figura aún en el Registro Mercantil.

B.  Si empieza a devolver nuestros recibos pero inmediatamente se ofrece a regularizar el pago y los abona desde una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Cuando la empresa empieza a ir mal tiene que elegir qué paga y que no atiende. Si deja que pasen los recibos por la cuenta habitual se pagaran por orden de llegada, no por orden de importancia para la empresa. Al devolverlos todos y utilizar una nueva cuenta consigue pagar lo más indispensable para su actividad y desatender los que considera más prescindibles o de segundo orden.

Detectar esto no solo nos sirve para ver que la empresa empieza a tener problemas sino también para ganar ventaja frente a otros acreedores si tenemos que reclamar judicialmente, pues podremos pedir el embargo de la única cuenta en la que hay dinero y que los demás no han tenido en cuenta.

C. Si empieza a haber movimientos extraños en los ceses y nombramientos de los órganos de administración.

Así, si una empresa llamada “Hermanos Sanchez” ha tenido desde su constitución hace 30 años como administradores a Don Pedro y Don Manuel Sánchez y, de la noche a la mañana, estos cesan y nombran un nuevo administrador sin vínculos con la familia o la empresa probablemente estemos ante un hombre de paja o testaferro y ante un indicio claro de la inminente desaparición de la mercantil.

En definitiva, ante la nueva situación de morosidad que se avecina hemos de cambiar el chip y estudiar minuciosamente y casi para cada operación de venta a crédito a todos nuestros clientes, históricos o recién llegados, y contar para ello con herramientas y recursos que nos proporcionen información actualizada y al día relativa a todos los aspectos posibles y no ceñida únicamente a la información mercantil.

Ante los nuevos cambios y como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a no pagar.

La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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Casi 62.000 empresas en España en alto riesgo de desaparición debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 5 por ciento de empresas españolas prevén que la facturación impagada por sus  clientes supere el 10 por ciento en 2020 debido al impacto del “coronavirus”. Es una de las conclusiones que se desprenden del Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado gestores de más de 700 empresas de todos los tamaños y sectores del tejido empresarial.

Este nivel previsto de impagados es tan elevado que de confirmarse puede llevar a la desaparición de muchas empresas. Teniendo en cuenta las últimas cifras referidas a finales del mes de abril, en España existen 1.233.187 empresas inscritas en la Seguridad Social, por lo que extrapolando el dato del 5 por ciento con previsión alta de impagos, cerca de 62.000 empresas corren un importante riesgo de desaparición. Son muchas empresas, muchos proyectos que pueden verse truncados de la noche a la mañana.

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En la línea del dato anterior, también destaca el porcentaje de empresas que declaran prever un descenso de su facturación en 2020 debido al “coronavirus”. Hasta el 72 por ciento de los encuestados creen que facturarán menos que el año anterior. El  14 por ciento piensan que su facturación se mantendrá, y únicamente otro 14 por ciento observan un crecimiento de sus ventas en este año tan convulso.

Menos facturación y más impagados no configuran un escenario muy positivo para nuestro tejido empresarial. Evidentemente desde las empresa, toca extremar todo lo que se relaciona con la gestión del riesgo de crédito comercial, procurando que lo poco o mucho que se venda, se cobre en su totalidad.

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La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

Aumenta el porcentaje de empresas con impagos significativos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Empeora el porcentaje de compañías en España que declaran haber sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Así lo señala el Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform y realizado en el primer semestre de 2019 con la participación de 600 profesionales de empresas.

En concreto, son el 32 por ciento de las empresas encuestadas las que afirman haber sufrido un impago significativo, cinco puntos más que el dato del estudio anterior realizado en 2018, lo cual parece confirmar un cambio de tendencia en la serie histórica, que desde 2012 a 2017 observó una reducción de esta tasa año a año hasta el aumento producido en 2018 y ahora en 2019.

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Parece que la desaceleración y el fin de ciclo económico que ya muchos aventuran están afectando al comportamiento de las empresas. Sin ir más lejos el think tank Funcas realizaba esta misma semana un fuerte ajuste a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, señalando como nuestro producto interior bruto (PIB) iba a crecer el 1,9 por ciento en 2019, y el 1,5 por ciento en 2020, tres y cinco décimas menos, respectivamente, que en el análisis anterior. Tras sus datos se vislumbra un final de ciclo, que parece inevitable tenga su reflejo en la morosidad empresarial. No obstante, para Funcas estamos hablando precisamente de eso, de un fin del ciclo de crecimiento fuerte, pero no de recesión. Tendremos un crecimiento significativamente menor en los próximos trimestres, pero no un decrecimiento de la actividad económica, esa es su apuesta y la de otros organismos. El problema es que esta situación puede afectar de forma diferente a las empresas según cuál sea su dimensión y el sector en el que compitan, trasladándose a mayores cifras de morosidad en determinados casos.

En este sentido, el 68 por ciento de las empresas encuestadas por Crédito y Caución e Iberinform, consideran que la morosidad tiene consecuencias negativas para su negocio, siendo las más importantes la pérdida de ingresos financieros (28 por ciento), y el incremento de los costes financieros (25 por ciento). Otras consecuencias apuntadas son la limitación al crecimiento (7 por ciento), la amenaza a la continuidad empresarial (5 por ciento) y la limitación a las nuevas inversiones (3 por ciento). Especialmente llamativo es que hasta un 5 por ciento de las empresas consideren que la morosidad pone en riego la continuidad de sus negocios. El menor crecimiento económico previsto no puede ser una buena noticia para ellas.

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La calificación del riesgo de la empresa en el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de octubre de 2016, las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán incorporar en el documento “Información Financiera-Pyme”, que entregarán a sus clientes pymes o autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación con ellos, una calificación de su riesgo, aplicando una metodología determinada, la cual se explica en la Circular 6/2016, del Banco de España.

Esta calificación del riesgo se realizará teniendo en cuenta la situación financiera del acreditado, así como una serie de variables cualitativas y conductuales. La evaluación de la situación financiera se efectuará a través de un análisis de ratios a partir de los estados financieros de la empresa (en el caso de trabajadores autónomos, que no dispongan de estos, se deberá utilizar la información fiscal o patrimonial disponible). Las variables cualitativas se refieren a elementos tales como la antigüedad del acreditado como cliente de la entidad, la antigüedad de su negocio o el sector económico en el que opera. Por último, las variables conductuales hacen referencia a la evolución del comportamiento del acreditado en sus relaciones contractuales con la entidad financiera, debiendo tener en cuenta aspectos tales como la existencia de posiciones vencidas, la frecuencia y recurrencia de impagos, incluyendo las alertas de inscripción del acreditado en registros de impagados tales como RAI o ASNEF, los descubiertos y excedidos en cuenta o los datos procedentes de la CIRBE.

El resultado de la evaluación deberá permitir a la entidad financiera clasificar el riesgo de la pyme o el autónomo en alguna de las categorías siguientes:

Riesgo bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que tiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existe alguna incertidumbre no especialmente significativa sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen incertidumbres significativas sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros.

No disponible

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando no se haya podido disponer de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo.

Nueva regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se ha visto modificada en parte la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias. Si bien se mantienen las cuatro circunstancias que permitían la deducción en la regulación anterior, se producen importantes novedades en cuanto a las excepciones a considerar.

De este modo, el artículo 13 de la Ley 27/2014, permite deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del IS concurra alguna de las cuatro circunstancias siguientes:

  • Hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • El deudor esté declarado en situación de concurso.
  • El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • La deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Por su parte, no se permiten deducir las pérdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley Concursal.
  • Estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

Por tanto, desaparece la limitación anterior que existía sobre las pérdidas de créditos afianzados y garantizados (por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca, contratos de seguro de crédito o caución, etcétera), y sobre las de créditos renovados o prorrogados de forma expresa, que ahora sí se podrán deducir.

Con respecto a las estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores, hay que señalar que, si bien no son deducibles de un modo general, sí pueden deducirlas las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas compañías que facturan menos de 10 millones de euros, hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo, excluidos los que hayan motivado deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles.

 

 

 

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