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La utilidad del modelo 347 a la hora de reclamar facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

El modelo 347 es una declaración fiscal informativa que en España han de presentar los autónomos y empresas que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, efectúen operaciones con otros autónomos o empresas que en su conjunto superen la cifra anual de 3.005,06 euros (IVA incluido).

También han de declarar en este modelo aquellas entidades, tales como asociaciones o colegios profesionales, que cobren por cuenta de terceros, cuando los cobros que realicen superen la cantidad de 300,51 euros en el año. Se presenta en el mes de febrero en relación a las operaciones que se realizan el año anterior.

Su función básica es de control, puesto que permite al personal de la Agencia Tributaria comprobar la facturación de los empresarios obligados a suministrar la información, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellos y observar si las compras que consigna uno, se corresponden con las ventas que declara el otro, lo que en caso de discrepancias importantes puede llegar a motivar una inspección. En este sentido, no es un modelo que tradicionalmente sea visto con agrado por parte de los empresarios.

No obstante, su información puede ser muy útil en el caso de que una empresa tenga que reclamar el impago de una factura, y desee probar en sede judicial que corresponde a una venta real.

En el momento de reclamar ante el juez un impagado, una factura por sí sola no constituyen una prueba plena y eficaz que justifique la venta o la prestación del servicio. No olvidemos que se trata de un documento que emite de forma unilateral el proveedor. Sin embargo, los jueces si tienen en cuenta a la factura para probar la deuda comercial si esta se acompaña con otros medios de prueba como albaranes de entrega o partes de trabajo firmados, o inclusive con una copia del modelo 347 en la que el cliente haya incluido el importe de la factura reclamada.

En este sentido, distintas sentencias judiciales han reconocido que la información que se incluye en el modelo 347 tiene valor a efectos de probar la existencia de relaciones comerciales entre cliente y proveedor. Por ejemplo, en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de junio de 2020, se considera que “la aportación del modelo 347 da credibilidad a la factura reclamada”, mientras que en un sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de León de 23 de marzo de 2021, puede leerse como “la prueba de la existencia de la deuda derivada de los servicios que se detallan en las facturas, no resulta solo de la actuación unilateral del acreedor presentando unas facturas por el confeccionadas, sino que a ello se añade la propia actuación del deudor, que admite efectuó el encargo, computó las facturas en su contabilidad y las declaró a efectos tributarios”.

Por tanto, el modelo 347 más allá de la incomodidad que pueda representar para muchas empresas a la hora de cumplimentarlo, puede ser muy útil si tenemos que reclamar el cobro de facturas impagadas en un juicio.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2021, efectuada mediante subasta a tipo fijo, ha tenido lugar el día 29 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Hay que recordar que este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido en la operación comercial, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

tipo legal Interes demora

Los clientes morosos deberán abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, que el cliente moroso deberá abonar 40 euros por cada factura que pague fuera de plazo.

Esta sentencia supone una importante interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. En concreto, este artículo señala con respecto a la indemnización por costes de cobro lo siguiente:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

 Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

  1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

Pues bien, el Tribunal Supremo especifica que el cobro de los 40 euros debe ser por cada una de las facturas, y no por el conjunto de ellas. En concreto, en su sentencia reconoce el derecho de una entidad financiera a cobrar dicha cantidad unitaria por cada una de las más de 5.000 facturas que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido por el Servicio Extremeño de Salud.

La sentencia explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora, algo que ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

Esta interpretación jurídica supone un argumento más para que las empresas intenten no incurrir en mora y respeten los plazos de pago pactados/legales, ante el riego de que les sean reclamados 40 euros por cada factura que los sobrepase.

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

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¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

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En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación  del BCE en el segundo semestre de 2020, efectuada mediante subasta a tipo fijo, tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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El 63 por ciento de las empresas cobran por encima del plazo legal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben cobrar sus facturas como máximo a los 60 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o de prestación de los servicios. Pues bien, este plazo no se cumple para el 63 por ciento de las empresas que venden bienes o prestan servicios en España.

Es una de las conclusiones de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Aunque el dato ha mejorado algo con respecto al anterior realizado en primavera, sigue siendo muy alto el número de empresas que declaran no cobrar sus facturas dentro del plazo legal. No parece que la situación económica actual debida a la pandemia sea la más propicia para corregir un problema enquistado hace mucho tiempo en nuestra economía.

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Hasta un 79 por ciento de las empresas consultadas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados, siendo llamativo el crecimiento negativo experimentado por el colectivo de pymes (el 54 por ciento de las empresas consultadas, cuatro puntos más que en primavera, declaran tener que aceptar el cobro de sus clientes pymes más tarde de lo deseado).

Las pequeñas y medianas empresas están siendo muy golpeadas por la COVID-19, especialmente en determinados sectores, y ello se ha de reflejar de un modo u otro en demoras en sus pagos.

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Lo difícil de la situación actual también se comprueba con el incremento significativo del retraso intencionado como causa explicativa de la demora en los pagos (del 45 por ciento en primavera pasa a ser el 52 por ciento ahora en la consulta de otoño). Es la segunda causa argumentada por las empresas consultadas, pero está muy cerca ya de la primera, la indisponibilidad de fondos.

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Veremos si la situación de deterioro que se describe en estas gráficas no empeora cuando finalicen los ERTE y los estímulos actuales. Mucho me temo que de no cambiar radicalmente nuestro entorno empresarial, en 2021 lo datos relacionados con el pago entre empresa puedan sufrir un grave deterioro.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

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