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La calificación del riesgo de la empresa en el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de octubre de 2016, las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán incorporar en el documento “Información Financiera-Pyme”, que entregarán a sus clientes pymes o autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación con ellos, una calificación de su riesgo, aplicando una metodología determinada, la cual se explica en la Circular 6/2016, del Banco de España.

Esta calificación del riesgo se realizará teniendo en cuenta la situación financiera del acreditado, así como una serie de variables cualitativas y conductuales. La evaluación de la situación financiera se efectuará a través de un análisis de ratios a partir de los estados financieros de la empresa (en el caso de trabajadores autónomos, que no dispongan de estos, se deberá utilizar la información fiscal o patrimonial disponible). Las variables cualitativas se refieren a elementos tales como la antigüedad del acreditado como cliente de la entidad, la antigüedad de su negocio o el sector económico en el que opera. Por último, las variables conductuales hacen referencia a la evolución del comportamiento del acreditado en sus relaciones contractuales con la entidad financiera, debiendo tener en cuenta aspectos tales como la existencia de posiciones vencidas, la frecuencia y recurrencia de impagos, incluyendo las alertas de inscripción del acreditado en registros de impagados tales como RAI o ASNEF, los descubiertos y excedidos en cuenta o los datos procedentes de la CIRBE.

El resultado de la evaluación deberá permitir a la entidad financiera clasificar el riesgo de la pyme o el autónomo en alguna de las categorías siguientes:

Riesgo bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que tiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existe alguna incertidumbre no especialmente significativa sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen incertidumbres significativas sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros.

No disponible

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando no se haya podido disponer de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo.

Nueva regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se ha visto modificada en parte la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias. Si bien se mantienen las cuatro circunstancias que permitían la deducción en la regulación anterior, se producen importantes novedades en cuanto a las excepciones a considerar.

De este modo, el artículo 13 de la Ley 27/2014, permite deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del IS concurra alguna de las cuatro circunstancias siguientes:

  • Hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • El deudor esté declarado en situación de concurso.
  • El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • La deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Por su parte, no se permiten deducir las pérdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley Concursal.
  • Estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

Por tanto, desaparece la limitación anterior que existía sobre las pérdidas de créditos afianzados y garantizados (por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca, contratos de seguro de crédito o caución, etcétera), y sobre las de créditos renovados o prorrogados de forma expresa, que ahora sí se podrán deducir.

Con respecto a las estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores, hay que señalar que, si bien no son deducibles de un modo general, sí pueden deducirlas las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas compañías que facturan menos de 10 millones de euros, hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo, excluidos los que hayan motivado deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles.

 

 

 

Las opciones del confirming y el riesgo de impago

Mario Cantalapiedra – Economista

En la operación de confirming una entidad financiera actúa como gestor en los pagos aplazados de un cliente a sus proveedores, pudiendo a elección de estos últimos anticipar el importe pendiente de cobro mediante la firma de un contrato-respuesta. En términos de asegurar la liquidez y evitar el impago del crédito comercial, esta operación puede ser más o menos interesante en función de la letra pequeña que incluya el contrato-respuesta remitido por la entidad financiera gestora y también del modo en que actúe el proveedor, pudiendo distinguirse las tres situaciones siguientes:

1. El confirming es sin recurso y la empresa proveedora anticipa el importe pendiente de cobro

Estamos ante la mecánica prevista en la idea original de esta operación de financiación, por la que la empresa proveedora anticipa el cobro y queda liberada de toda responsabilidad en caso de impago. La entidad financiera es quien asume la posible insolvencia del cliente y para el proveedor hay seguridad en el cobro de sus facturas.

2. El confirming es sin recurso y la empresa proveedora no anticipa el importe pendiente de cobro

Si el proveedor espera a cobrar a la fecha de vencimiento de las facturas y no anticipa, el contrato-respuesta que facilita la entidad financiera gestora ya avisa de que no existe compromiso por su parte de transferir los fondos correspondientes si en la cuenta del cliente no hay saldo. Por tanto, si se espera a vencimiento, a pesar de que el confirming sea en modalidad sin recurso, no hay seguridad en el cobro.

3. El confirming es con recurso

Variante de la operación que ha sido incorporada con la crisis y con el deterioro de la situación financiera que viven empresas y entidades financieras, la cual lleva a que la empresa proveedora, tanto si anticipa como si no lo hace, no tenga seguridad en el cobro de sus facturas. En el caso de que se anticipe, ante el impago del cliente la entidad financiera no asume la insolvencia y el confirming puede ser devuelto por el banco. Si el proveedor no anticipa y espera a vencimiento ocurre lo mismo que he comentado en el apartado anterior.

Por tanto, la única opción verdaderamente interesante a efectos de evitar el impago de las facturas es que el confirming sea sin recurso y el proveedor anticipe el crédito antes de su vencimiento.

Solicitar guía antimorosidad

Los plazos de pago legales en 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Como a buen seguro ya conoces, la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece los plazos de pago que deben cumplir los deudores en las operaciones comerciales, convirtiéndose más que en un conjunto de medidas de lucha contra la morosidad, tal como reza en el encabezamiento que precede a su articulado, en una verdadera ley reguladora de plazos. Para que realmente pudiera considerarse como una normativa válida en la lucha contra la morosidad, debería ir acompañada de un régimen sancionador que penalizara las  infracciones así como de una mayor concreción en algunos de sus apartados.

En concreto, para todos los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, el 7 de julio de 2010, las empresas han de pagar sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con la excepción de los pagos de los productos de alimentación frescos y perecederos que no podrán superar los treinta días. En el caso de las administraciones públicas, éstas deberán pagar a los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o desde la recepción de bienes o prestación de servicios, si no proceden dichas certificaciones.

No obstante, la Ley 15/2010 estableció en su día un período de transición de tres años que contempla un aterrizaje progresivo en los plazos de pago, el cual termina precisamente este año, de ahí que convenga recordarlo. De este modo, durante 2012 las administraciones públicas pueden pagar a cuarenta días, mientras que las empresas “que vinieran pactando plazos de pagos más elevados”, pueden hacerlo a setenta y cinco días. Fuera de esta regla general quedan las empresas constructoras de obra civil que tuvieran contratos vivos con las administraciones públicas en la fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, las cuales podrán acordar plazos de pago más tarde, hasta un máximo de noventa días en el actual ejercicio, a los proveedores relacionados con dichos contratos pero no al resto y únicamente hasta el 7 de julio de 2012, es decir, con el límite de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. El período transitorio tampoco aplica a los productos de alimentación frescos y perecederos cuya obligación de pago a treinta días, en principio, fue inmediata desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010.

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