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Los plazos de pago legales en 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Como a buen seguro ya conoces, la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece los plazos de pago que deben cumplir los deudores en las operaciones comerciales, convirtiéndose más que en un conjunto de medidas de lucha contra la morosidad, tal como reza en el encabezamiento que precede a su articulado, en una verdadera ley reguladora de plazos. Para que realmente pudiera considerarse como una normativa válida en la lucha contra la morosidad, debería ir acompañada de un régimen sancionador que penalizara las  infracciones así como de una mayor concreción en algunos de sus apartados.

En concreto, para todos los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, el 7 de julio de 2010, las empresas han de pagar sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con la excepción de los pagos de los productos de alimentación frescos y perecederos que no podrán superar los treinta días. En el caso de las administraciones públicas, éstas deberán pagar a los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o desde la recepción de bienes o prestación de servicios, si no proceden dichas certificaciones.

No obstante, la Ley 15/2010 estableció en su día un período de transición de tres años que contempla un aterrizaje progresivo en los plazos de pago, el cual termina precisamente este año, de ahí que convenga recordarlo. De este modo, durante 2012 las administraciones públicas pueden pagar a cuarenta días, mientras que las empresas “que vinieran pactando plazos de pagos más elevados”, pueden hacerlo a setenta y cinco días. Fuera de esta regla general quedan las empresas constructoras de obra civil que tuvieran contratos vivos con las administraciones públicas en la fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, las cuales podrán acordar plazos de pago más tarde, hasta un máximo de noventa días en el actual ejercicio, a los proveedores relacionados con dichos contratos pero no al resto y únicamente hasta el 7 de julio de 2012, es decir, con el límite de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. El período transitorio tampoco aplica a los productos de alimentación frescos y perecederos cuya obligación de pago a treinta días, en principio, fue inmediata desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010.

Gestión del riesgo comercial y financiero

Gestión del riesgo comercial y financiero en Vigo – 22 junio 2011

El Club Financiero de Vigo organiza el próximo 22 de junio una Jornada sobre Morosidad titulada “Gestión del riesgo comercial y financiero”, dirigida a todos aquellos profesionales de la empresa interesados en la gestión del crédito e impagos comerciales. Para más información sobre la Jornada siga el siguente enlace:  http://bit.ly/mKfxTk

  • Dónde: Salón de actos del Círculo de Empresarios de Galicia
  • Dirección: c/ García Barbón, 62. Vigo (Galicia)
  • Fecha: 22 de Junio de 2011, de 9:00 a 13:00 horas
  • Acceso: asistencia gratuita mediante invitación. Plazas limitadas (se seguirá un orden por fecha de reserva).

Confirmar asistencia a foroscfv@clubfinancierovigo.com o por fax: 986 449 886

Cómo contabilizar el impago de un efecto comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

Parece útil repasar el proceso contable que genera la devolución de un efecto comercial por parte de un cliente, ahora que lamentablemente es un hecho demasiado habitual para buen número de empresas. Para ello imaginemos una empresa que realiza una venta de bienes a un cliente por importe de 5.000 euros, pactando con él un pago a 60 días fecha factura, mediante pagaré, el cual finalmente resulta impagado. Contablemente los pasos a seguir por la empresa vendedora serán los siguientes:

a) En la venta:

b) En el momento de la recepción por parte de la empresa vendedora del pagaré emitido por su cliente:

c) En el momento en el que la empresa decide descontar el pagaré en una entidad bancaria, lo que le supone pagar unos intereses por dicho descuento de 50 euros:

d) Al llegar la fecha del vencimiento del pagaré, el cliente no lo atiende, por lo que el banco que lo ha descontado lo carga en la cuenta de la empresa vendedora por su importe nominal más unos gastos de devolución de 30 euros:

e) Finalmente la empresa contacta con el cliente que ha devuelto el pagaré, y de su actitud poco clara para buscar una solución deduce la existencia de dudas razonables sobre el cobro final de la factura, por lo que se procede a reclasificar la deuda y a dotar la correspondiente pérdida por deterioro:

 

 

El mayor fichero de morosos de España

Mario Cantalapiedra – Economista

El fichero de morosos y operaciones impagadas más importante de España es gestionado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), organización empresarial que sirve de enlace entre las entidades de crédito especializadas en financiación al consumo y las distintas administraciones públicas, otras asociaciones profesionales españolas y europeas y los consumidores o usuarios finales de productos financieros.

Forman parte de ASNEF casi todas las entidades de crédito especializadas, así como un gran número de empresas pertenecientes a otros sectores de actividad como, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones, las empresas de servicios energéticos (electricidad, agua, gas) o las empresas aseguradoras. Luego ya podemos hacernos una primera idea de que tipo de empresas pueden incluirnos en este listado “maldito” si no pagamos uno de sus recibos.

En el fichero de impagos gestionado por ASNEF se puede encontrar información referente a los incumplimientos en el pago realizados por personas físicas y también jurídicas, es decir, empresas, estando el acceso a la información restringido a las entidades que aportan información, en concreto, a los asociados a ASNEF y adheridos que no estén asociados. En el fichero de ASNEF se puede encontrar la siguiente información:

  • Datos identificativos de la persona consultada.
  • Relación de nombres y domicilios distintos con los que consta en el fichero.
  • Resumen de la situación actual de operaciones morosas, con datos como el saldo total impagado o el número de operaciones.
  • Detalle de cada una de las operaciones morosas, especificando su importe, el número de cuotas, el tipo de entidad acreedora, etcétera.
  • Evolución mensual, durante los últimos veinticuatro meses, tanto de la información resumida como detallada por operación impagada.

El tratamiento del fichero está encargado a la compañía Equifax Ibérica, S.L. con la que ASNEF mantiene un acuerdo de colaboración. A esta compañía debemos dirigirnos si deseamos ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a los datos que puedan existir en nuestra contra. En principio las únicas formas de salir del fichero ASNEF es saldando la deuda con la compañía correspondiente, demostrando la inexistencia de dicha deuda, o una vez que se cumple el tiempo máximo de permanencia fijado legalmente, el cual es nada menos que de seis años. Los derechos de acceso y demás que acabo de comentar pueden ejercitarse a través de los siguientes medios:

Las compañías que pueden acceder a la información del fichero de ASNEF lo consultan para conocer la solvencia o capacidad de pago de sus clientes antes de concederles crédito.

Informe Impacto Ley Morosidad

Informe  de la Federación de Autónomos (ATA) sobre el impacto de la Ley Morosidad en España – Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004

 

  • El 64% de los autónomos se ha visto afectado por la morosidad, tanto pública como privada.
  • Las Administraciones Públicas en España tardan 158 días, de media, en hacer frente a sus facturas. En Europa, el plazo medio es de 67.
  • En el sector privado, la demora es de 101 días en España frente a los 57, de media, en Europa.
  • ATA exige la puesta en marcha de la nueva línea ICO – morosidad Entes Locales
  • La deuda de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos supera los 34.000 millones de euros.

Lo que dice la ley: en 2010, se reduce a un máximo de 55 días el periodo de pago de las administraciones

El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales España.

Dicha reforma prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Calendario transitorio de plazos de pago (en días):

Además, la reforma establece que el plazo de pago se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos, no desde la emisión de la factura. Además, se da la posibilidad de agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 días en un único documento.

La ley 15/2010 señala que el interventor general del Estado, las CC.AA y los tesoreros de los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de la ley; que los ayuntamientos deberán poseer de un registro de todas sus facturas y que el Gobierno está obligado a remitir a las Cortes un informe anual sobre los plazos de pago.

Otro aspecto fundamental que se establece es la creación, en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor de la ley (han pasado más de 120 y no se ha hecho) de una línea de crédito directa a través del ICO para facilitar el pago de las deudas anteriores al 30 de abril de 2010 de los entes locales con empresas y autónomos.

Los autónomos españoles y la morosidad, ¿cómo les afecta?

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA ha realizado un estudio sobre el impacto entre el colectivo de la ley de morosidad tras cumplirse 120 días desde su entrada en vigor.

Los datos que se arrojan desde el Observatorio del Trabajo Autónomo son demoledores: el 64% de los autónomos se ha visto afectado directa o indirectamente por la morosidad, tanto pública como privada. Además, el retraso del pago, tanto del sector privado como público, para más de uno de cada cinco autónomos, el 20,3%, supera los 361 días.

Porcentaje de autónomos afectados por la morosidad tanto pública como privada

Retraso del  pago del sector privado y público a autónomos en número de días

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