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IVA que cobro, IVA que pago

Mario Cantalapiedra – Economista

A la espera de que se apruebe finalmente la medida que permita a Pymes y autónomos no tributar por el IVA repercutido de las facturas que no hayan cobrado, todavía en el aire, de momento tenemos que conformarnos con la posibilidad de recuperar el IVA repercutido a un cliente moroso en dos supuestos, el de concurso de acreedores y el de créditos incobrables, con los requisitos y limitaciones que se establecen en el artículo 80 de la Ley del IVA y que al final lo que hacen, dicho sea de paso, es complicar bastante las cosas a la empresa que intenta recuperar parte de su crédito impagado.

En el primer caso, la base imponible puede reducirse cuando el cliente no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas de IVA siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte contra él auto de declaración de concurso. La reducción deberá hacerse únicamente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del mencionado auto de declaración de concurso (plazo previsto para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos). La justificación de este plazo tan corto viene dada porque si se supera el mismo, la Hacienda pública no podría hacer valer el crédito surgido como consecuencia de la modificación de base imponible frente al cliente en situación de concurso.

En el segundo caso, la Ley del IVA considera el crédito de una empresa total o parcialmente incobrable, permitiendo la reducción de la base imponible, cuando reúne las siguientes condiciones:

  • Ha transcurrido un año desde el devengo del IVA repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del IVA repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Este plazo se puede reducir a seis meses si el cliente moroso es un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no ha superado, durante el año natural inmediato anterior, los 6.010.121,04 euros.
  • La factura impagada, o documento sustitutivo, está registrada en el libro registro de facturas exigido a efectos de este impuesto.
  • El destinatario de la operación es empresario o profesional, o, en otro caso, la base imponible de la operación, excluido el IVA, supera los 300 euros.
  • La empresa ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo.

Una vez transcurrido el año, o los 6 meses, en su caso, desde el devengo del IVA repercutido sin cobro, la empresa dispondrá de tres meses, a contar desde dicho vencimiento, para reducir la base imponible impagada.

Tanto para el caso de concurso de acreedores como para el de crédito incobrable, no se podrá modificar la base imponible de los siguientes créditos y operaciones:

  • Créditos que disfruten de garantía real (bienes tangibles), en la parte garantizada.
  • Créditos afianzados por entidades de créditos o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
  • Créditos entre personas o entidades vinculadas.
  • Créditos adeudados o afianzados por entes públicos.
  • Operaciones cuyos destinatarios no estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

Desde luego vemos que la legislación aplicable en la actualidad abusa de las excepciones y los plazos dilatados para solucionar un problema que está afectando a la liquidez de muchas empresas, sobre todo, de pequeña dimensión, y que sería deseable, si lo que se desea de verdad es ayudar a recuperar el tejido empresarial español, aplicar cuanto antes y a imagen de lo que se hace en otros países de nuestro entorno, el criterio de caja en la gestión de este impuesto, es decir, IVA que cobra el empresario, IVA que paga a la Administración.

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