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¿Qué consecuencias tiene para una empresa la revocación de su NIF?

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de identificación fiscal (NIF) que asigna Hacienda a las empresas para que lo utilicen en sus relaciones de índole fiscal, puede ser revocado en determinadas ocasiones, decisión que como explicaré a continuación conlleva importantes consecuencias.

En concreto, la Administración Tributaria, según lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, puede revocar el NIF a una compañía en los siguientes casos: 

  • Cuando la empresa a la que se haya asignado un NIF provisional no aporte, en el plazo previsto legalmente, la documentación necesaria para obtener el NIF definitivo, salvo que se justifique la imposibilidad de aportarla.
  • Cuando las deudas tributarias de la empresa con Hacienda sean declaradas fallidas.
  • Cuando la empresa no presente el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.
  • Cuando durante un período superior a un año, y después de realizar al menos tres intentos de notificación, resulte imposible practicar notificaciones a la empresa en su domicilio fiscal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda mediante declaración censal el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
  • Cuando la empresa se haya constituido sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica o se realicen los actos preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite la imposibilidad de realizarlos.
  • Cuando Hacienda constante que un mismo capital ha servido para constituir varias sociedades y, teniendo en cuenta todas ellas, deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo legal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda el desarrollo de actividades económicas, de gestión administrativa o de dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique su realización en otro domicilio diferente.

La revocación del NIF no es automática, contando la empresa con un período de 10 días para presentar alegaciones una vez que se produce la notificación de Hacienda. Si al final se aprueba la revocación, esta se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo las siguientes consecuencias negativas para la empresa:

  • El cierre de su hoja registral en el Registro Mercantil.
  • El bloqueo de las cuentas bancarias abiertas a su nombre.
  • La imposibilidad de obtener un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
  • La baja en los Registros tributarios de operadores intracomunitarios que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias (ROI) y de empresarios y profesionales con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME).

La buena noticia es que la revocación del NIF no es algo irreversible, de tal manera que se puede rehabilitar si desaparecen las circunstancias que la motivaron, y siempre que la empresa lo solicite por escrito y aporte la documentación pertinente.

Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.