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¿Qué diferencias existen entre los códigos IAE y CNAE?

Mario Cantalapiedra – Economista

Muchos empresarios, especialmente los noveles, suelen confundir los códigos IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), cuando realmente obedecen a realidades distintas.

Por un lado, el IAE es un código numérico de carácter tributario que se refiere al impuesto municipal que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas realizadas por personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, uniones temporales de empresas, etcétera) en territorio nacional. No obstante, están exentos de pagar este impuesto:

  • Las entidades públicas.
  • Los sujetos pasivos que inicien la actividad, los dos primeros períodos impositivos.
  • Las personas físicas.
  • Las sociedades, entidades y contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No residentes con establecimiento permanente con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social.
  • Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza pública o concertada.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro.
  • La Cruz Roja Española.
  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales.

Los sujetos pasivos exentos no tienen que presentar declaraciones fiscales por IAE, pero sí tienen que indicar los códigos (grupos o epígrafes) que corresponden a sus actividades en las declaraciones censales de alta. Es importante señalar que dependiendo del código de IAE que se elija, se tendrán unas obligaciones fiscales u otras (por ejemplo, hay epígrafes que están exentos de IVA).

Por su parte, la CNAE depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y también es un código numérico, pero en este caso clasifica a las empresas según cuál sea su actividad con objeto fundamentalmente de elaborar información estadística. Su máximo nivel de detalle (4 dígitos) es utilizado para identificar la actividad de la empresa en distintos impresos y formularios, como, por ejemplo, en los que se emplean para trámites ante la Seguridad Social o en los datos generales de identificación que acompañan el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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A pesar de que la relación ordenada de actividades que se recoge en el IAE trata de ajustarse a la empleada en la CNAE, no existe una relación directa entre los dos códigos, por lo que los empresarios deben disponer de ambos y utilizarlos según sea el caso.

Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.

Durante qué plazo debes conservar la documentación contable de tu empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las dudas que suele asaltar a los empresarios, sobre todo a los más noveles, hace referencia al plazo durante el cual deben conservar la documentación contable que se relaciona con su negocio. A estos efectos, principalmente debe distinguirse entre plazo a efectos mercantiles y a efectos fiscales que difieren en el límite temporal a considerar.

Ámbito mercantil

Desde el punto de vista mercantil, el artículo 30 del Código de Comercio señala como “los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales”.

Aparte de esta restricción de tipo general, también puede plantearse qué ocurre en los casos de cese de actividad, fallecimiento del empresario o disolución de la empresa. En este sentido, si el empresario cesa su actividad debe seguir cumpliendo el plazo de los seis años que marca el artículo 30. De igual modo, si el empresario fallece o la empresa se disuelve serán respectivamente los herederos y los liquidadores los obligados a cumplir el plazo marcado.

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Ámbito fiscal

Para Hacienda y según el artículo 66 de la Ley General Tributaria (LGT), prescribe a los cuatros años su derecho para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación del correspondiente modelo tributario. Por tanto, puede ocurrir que este derecho de Hacienda esté prescrito pero que el empresario tenga todavía que conservar los libros de contabilidad para cumplir la normativa mercantil. Además hay que tener en cuenta que, según el artículo 115 de la LGT, las comprobaciones e investigaciones de Hacienda pueden extenderse a ejercicios prescritos cuando los hechos acontecidos en ellos surtan efectos fiscales en no prescritos.

Por otro lado, en el caso de compensación o deducción de créditos fiscales (bases imponible negativas, deducciones, etcétera), Hacienda dispone hasta de 10 años para comprobar la procedencia de la compensación o deducción originada. Este plazo viene definido en el artículo 66 bis 2 de la LGT.

Luego a efectos prácticos parece razonable conservar la documentación contable al menos hasta seis años después del último asiento (salvo que existan créditos fiscales pendientes). No obstante, yo recomendaría conservar sine díe tanto las cuentas anuales oficiales depositadas en el Registro Mercantil, en caso de que la empresa esté obligada a hacerlo, como las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según se revista la forma jurídica de sociedad o autónomo.

Foto: annca

 

 

Recomendaciones de la OCDE para que el crecimiento económico de España sea más inclusivo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de presentar su Estudio económico sobre España 2017, en el cual indica como el crecimiento previsto para nuestro país para el período 2017-2018 será superior al 2% del PIB. El organismo internacional con sede en París, reconoce que la economía española está disfrutando de una sólida recuperación tras haber experimentado una profunda recesión, como puedes ver en el gráfico al final del post. No obstante, cree necesario establecer medidas adicionales para que el crecimiento económico sea más inclusivo, es decir, alcance al conjunto de la población española y no solo a una parte. Estas medidas van desde reformas macroeconómicas relacionadas fundamentalmente con el ámbito fiscal, pasando por políticas de reducción de desempleo y de la pobreza, hasta la mejora de la cualificación de los trabajadores y el incentivo a la inversión empresarial en materia de innovación. En concreto, la OCDE nos propone las recomendaciones siguientes:

 

1. Recomendaciones sobre políticas macroeconómicas

– Seguir acometiendo reformas estructurales dirigidas a conseguir un crecimiento sólido y equilibrado.

– Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una reducción gradual de la deuda pública.

– Mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante:

  • La abolición de exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado.
  • La abolición de tipos reducidos del IVA de carácter regresivo.
  • El aumento de los impuestos ambientales.

 

2. Recomendaciones para reducir el desempleo

– Crear perfiles de los desempleados y contratar consultores especializados.

– Aumentar los recursos y la ratio entre profesionales de los servicios de empleo y los demandantes de empleo.

– Crear un punto único de contacto para servicios sociales y de empleo.

– Reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos.

– Solicitar una representación mayor de los colectivos empresariales cuando se autorice la prórroga de los convenios colectivos.

 

3. Recomendaciones para mejorar las habilidades de los trabajadores

– Mejorar la calidad de la enseñanza entre el profesorado a través de una mejor formación universitaria y en el puesto de trabajo.

– Continuar el desarrollo y la modernización de la enseñanza y formación profesional (EFP):

  • Ampliar la enseñanza y formación profesional dual.
  • Garantizar que las competencias enseñadas satisfagan las necesidades empresariales.

– Potenciar la enseñanza y formación profesional y los programas de formación para adultos.

 

4. Recomendaciones para reducir la pobreza

– Aumentar el volumen y el alcance de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos.

– Aumentar las ayudas en efectivo para las familias con hijos.

 

5. Recomendaciones para promover la inversión empresarial en innovación

– Continuar con la implantación de la Ley de Unidad de Mercado y aprobar la reforma de los servicios profesionales

– Reasignar parcialmente partidas de préstamos a ayudas a Investigación y Desarrollo para proyectos e investigadores.

– Cuando la condonación de la deuda no sea automática, reducir el periodo durante el cual los emprendedores en quiebra estén obligados a devolver deudas pasadas.

– Crear fondos de bonos de pymes con avales proporcionados por el Gobierno y los beneficiarios.

– Aumentar la financiación pública y privada para empresas innovadoras de reciente creación.

 

PIB real de España, variación interanual (en porcentaje)11 Fuente: OCDE (2017), OECD Economic Outlook: base de datos de estadísticas y proyecciones, marzo.

Plazos de pago de cuotas provinciales y nacionales del IAE en 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. A estos efectos, se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con el fin de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

No obstante, del pago del IAE están exentas, entre otras, todas las personas físicas, así como las sociedades mercantiles, las sociedades civiles y otras entidades (herencias yacentes, comunidades de bienes, etcétera) que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Tampoco tienen que pagarlo los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos en que dicha actividad se desarrolle.

En el IAE se distinguen tres clases de cuotas tributarias según el ámbito territorial en el que se ejerce la actividad:

  • Cuota municipal, la cual faculta a la empresa a ejercer la actividad dentro de un término municipal.
  • Cuota provincial, que faculta a la empresa a ejercer la actividad dentro de una provincia.
  • Cuota nacional, que faculta a la empresa a ejercer la actividad en todo el territorio nacional.

Cada ayuntamiento se encarga de la recaudación y de establecer el plazo de pago en período voluntario de las cuotas municipales del IAE, mientras que estas funciones corresponden a la Administración Tributaria Estatal en el caso de cuotas provinciales y nacionales. En concreto, para este 2016, y según Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el plazo de pago en período voluntario de las cuotas provinciales y nacionales comprende desde el 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016, ambos inclusive. El pago ha de efectuarse a través del documento de ingreso recibido por la empresa, en alguna de las entidades de crédito colaboradoras en la recaudación. Si dicho documento no se recibe o se pierde, deberá pagarse con un duplicado que se recogerá en la Delegación la AEAT correspondiente a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente (cuotas nacionales) o a la provincia del domicilio donde se realice la actividad (cuotas provinciales).

Las nuevas tablas oficiales de amortización en el Impuesto sobre Sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2015, trae consigo una simplificación y actualización de las tablas oficiales de amortización, las cuales recogen los coeficientes de amortización lineal aplicables a los elementos de inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. Destaca el hecho de que la tabla sea única sin diferenciar elementos amortizables por sectores de actividad, como venía ocurriendo hasta la fecha.

El sistema de amortización lineal según tablas es el más empleado por las empresas debido a su simplicidad y se basa en el establecimiento para cada elemento amortizable de un coeficiente y un período máximos de amortización. El coeficiente determina la cantidad máxima deducible anualmente y, al mismo tiempo, el número mínimo de años en que se puede amortizar el bien. Por su parte, el período indica el número máximo de años en que se puede amortizar, al mismo tiempo que marca el coeficiente mínimo de amortización anual. Por ejemplo, para un elemento de mobiliario, como puedes ver en la tabla adjunta vigente a partir de 2015, el coeficiente máximo es del 10 por 100, mientras que el período máximo es de 20 años, por lo que dicho elemento podrá amortizarse entre un mínimo del 5 (100 dividido entre 20) y un máximo del 10 por 100 anual. En cuanto a número de años se refiere, se podrá amortizar entre 10 (100 dividido entre 10) y 20 años.

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Criterio de caja en el IVA… ¿mucho ruido y pocas nueces?

Mario Cantalapiedra – Economista

Se rumorea por ahí que las grandes empresas españolas, especialmente encuadradas en determinados sectores como la construcción o el transporte, están “recomendando” a sus proveedores que no se acojan al régimen especial del criterio de caja en el IVA si quieren continuar trabajando con ellas.

Este régimen de caja, te recuerdo que fue introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y tendrá su aplicación a partir del 1 de enero de 2014. Básicamente supone ingresar el IVA repercutido y deducir el IVA soportado cuando se cobran y pagan las facturas correspondientes. Puede ser utilizado, de modo voluntario, por aquellas empresas, sujetos pasivos del IVA, cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones de euros, que además no tengan cobros en efectivo respecto de un mismo cliente que sean superiores a 100.000 euros. Luego es un régimen destinado a pequeñas y medianas empresas que a las grandes no parece que les haga mucha gracia.

A estas alturas tampoco debe sorprendernos demasiado que la recomendación del más fuerte (la empresa grande) hacia el más débil (la pyme) sea la de no perjudicar sus propios intereses, y es algo que además tiene mucho que ver con el problema de la morosidad que vivimos en España, donde la empresa grande suele pagar tarde a las pymes que trabajan con ella, sin respetar los plazos marcados por la legislación contra la morosidad, aplicando, al fin y al cabo, su mayor fuerza relativa en la relación comercial.

Si ahora una pyme se acoge al criterio de caja obligará a su cliente (gran empresa) a liquidar parte de sus compras (las que tenga con dicha pyme) por este criterio, lo que además de cierta complicación administrativa/contable para el cliente, le supondrá perder la financiación adicional que obtenía anteriormente al descontarse en su liquidación, calculada según el criterio del devengo, un IVA que no había pagado.

Al final el que se haya optado porque el criterio de caja tenga carácter voluntario y que además conviva con el tradicional del devengo, me temo que hará que su aplicación práctica sea mucho menor de lo que en principio cabría esperar, y entre los motivos principales para que no tenga un mayor éxito esté precisamente el del miedo a perder clientes de pequeñas y medianas empresas. Quizás lo adecuado habría sido introducir el criterio de caja para todas las compañías sujetos pasivos del IVA y desterrar el de devengo, aunque, claro, puede que esta medida no fuera del gusto de todos.

La clasificación de los tributos utilizada por el sistema tributario español

Mario Cantalapiedra – Economista

Los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español se recogen en La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, legislación a la que se debe acudir si lo que se desea es conocer cuál es el concepto de tributo que se maneja desde lo público. Te adelanto ya que este concepto encierra algo más que los impuestos. De este modo el legislador entiende que “los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. Son diferentes tipos de tributos las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.

1. Tasas

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Ejemplos de tasas son la que pagas al pasar la ITV de tu coche o la que abonas cuando deseas obtener tu DNI.

2. Contribuciones especiales

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por ejemplo, el tributo exigible al propietario de una vivienda situada en una calle cuya pavimentación y alumbrado se mejoran, lo que lleva a aumentar el valor de dicha vivienda. Es importante señalar que para que se pueda exigir la contribución al propietario, es necesario que la obra pública le beneficie directamente, no siendo suficiente con que beneficie a la colectividad.

3. Impuestos

Tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el IRPF que grava la obtención de renta por parte de las personas físicas o el IS que grava la renta que obtienen las sociedades. Impuestos que, como dijo el político estadounidense Robert Wagner, “son el precio que pagamos por la civilización, ya que en la selva no existen”.

¿Qué ha sido de la cuenta tributaria para compensar morosidad pública?

Mario Cantalapiedra – Economista

En Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado octubre ya nos hacíamos eco de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley del Partido Popular, la cual instaba al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta corriente tributaria por el que pymes y autónomos pudieran compensar el retraso en el pago de sus facturas por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

No obstante, la iniciativa que os comento, que fue aprobada el 7 de septiembre de 2010, a estas alturas sigue sin entrar en vigor, por lo que el Partido Popular ha registrado una nueva Proposición no de Ley en la que se solicita establecer el sistema de cuenta corriente tributaria para todos los créditos reconocidos por acto administrativo que las administraciones públicas, ya no sólo la Administración General del Estado sino también los ayuntamientos (donde radica gran parte del problema) y las comunidades autónomas, tengan con pymes y autónomos.

En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley ahora presentada por el Partido Popular, se indica que las causas más graves que impiden que las empresas españolas puedan obtener la liquidez necesaria para seguir funcionando son el aumento de la morosidad y la dificultad de acceso a la financiación externa, en las que creo estaremos de acuerdo casi todos nosotros. Además en ella se cita un estudio del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, publicado en diciembre de 2009, en el que se refleja como el 84,5 por ciento de las pymes que se dirigieron a entidades financieras solicitando financiación tuvieron problemas para acceder a la misma. Por otro lado, también dentro de la exposición de motivos de la Proposición, se calcula en 30.000 millones de euros el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresarios y autónomos, cuyos plazos de cobro son cada vez más dilatados.

¿Y cuál es la situación actual de esta nueva Proposición no de Ley? Pues, os puedo comentar que está siendo estudiada por el Gobierno, el cual tiene de plazo hasta marzo para decidir el veto o no de su tramitación, mientras tanto a pymes y autónomos les toca seguir esperando una medida que si bien no solucionaría el problema de la morosidad pública, sí que serviría para paliarlo.