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El plan del Gobierno para aumentar el número de sanciones por no depositar cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes de septiembre la compañía Iberinform anunciaba como la presentación de cuentas anuales en 2020 en los Registros Mercantiles acumulaba una caída del 30 por ciento con datos cerrados a 31 de agosto, siendo especialmente drástico el descenso del depósito de cuentas durante los meses de julio y agosto.

En parte esta caída se puede atribuir a la situación excepcional debida al coronavirus, la cual condujo a que el Gobierno prolongara el calendario de formulación, aprobación y depósito de las cuentas correspondientes a 2019. De este modo, la formulación se ha podido realizar hasta el 31 de agosto, la aprobación hasta el 31 de octubre y el depósito hasta el pasado 30 de noviembre. Habrá que ver cuando conozcamos datos más actualizados cómo está evolucionando el depósito de cuentas en este ejercicio atípico. No obstante, en España hay muchas compañías que sistemáticamente no las depositan, aun estado obligadas a hacerlo.

Las consecuencias de no cumplir este requisito legal son varias. Desde el cierre provisional de la hoja registral salvo para determinadas inscripciones, pasando por el impacto negativo en los informes comerciales de la empresa incumplidora, hasta las mayores dificultades que se pueden encontrar para acceder a la financiación ajena o lograr la cobertura del seguro de crédito. Inclusive existe la posibilidad de recibir una sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según lo que se regula en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

La multa prevista legalmente no es pequeña, ya que puede oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento en el caso de las empresas más pequeñas, y llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen por encima de los 6 millones de euros. No obstante, hasta la fecha se han impuesto pocas multas. A pesar de que en España hay alrededor de 150.000 sociedades que no realizan el depósito de cuentas, según un reciente artículo publicado por elEconomista, el volumen de sanciones que impone el ICAC es muy limitado, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta, como por el hecho de que lo que recauda por este concepto no redunda en sus cuentas sino que se destina al Tesoro Público.

Por lo que se ve, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desea cambiar esta situación y aumentar el número de sanciones, de ahí que se esté planteando, por un lado, que un parte de lo recaudado se quede en el ICAC, y, por otro, que exista una participación activa de otros organismos (de los registradores mercantiles que disponen de toda la información sobre los incumplimientos, y de la Agencia Tributaria) en el proceso sancionador. De materializarse este plan, las empresas tendrán mayor motivo para depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Problemas contables en las pymes españolas debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia está afectando a las estructuras de muchas empresas, especialmente a las de las más pequeñas, en un país como España donde cerca del 94 por ciento del tejido empresarial se compone de autónomos y microempresas que no llegan a los 10 trabajadores en plantilla.

Los problemas con el coronavirus están afectando a las áreas funcionales, entre ellas a las que se ocupan de la gestión contable. Conozco casos de empresas que ante el cierre temporal de sus negocios han dejado, por ejemplo, de llevar su contabilidad actualizada, y esto a la larga puede acrecentar sus dificultades. Hay que tener en cuenta que con la contabilidad, como medio de prueba admitido en derecho que es, se puede demostrar que las diferentes medidas que se están adoptando no se realizan de forma fraudulenta sino motivadas por la situación excepcional de crisis que vivimos.

Inclusive en las empresas que siguen llevando su contabilidad al día, se observan errores que pueden llegar a afectar a la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

Entre ellos, me gustaría destacar el error de no contabilizar las subvenciones que se están recibiendo desde los diferentes organismos públicos como ingresos del ejercicio. Por ejemplo, las bonificaciones de las cotizaciones a cargo de la empresa a la Seguridad Social de los ERTE se han de considerar como una subvención de explotación, que se contabilizan generalmente como un ingreso. Solamente se podrán contabilizar como menor gasto si su importe es poco significativo, en base a lo dispuesto por la consulta n.º 5 del BOICAC 94 de junio de 2013.

Otro error contable importante que suelen realizar las pymes en épocas de crisis como la actual debida al coronavirus, es el de no deteriorar los activos (existencias, inmovilizados, clientes, etcétera), ante su pérdida de valor, puntual y reversible. La evaluación de esta pérdida de valor ha de realizarse como mínimo al cierre del ejercicio, y contabilizarse en su caso como un gasto. Es un proceso que difícilmente olvidan las pocas compañías que están sometidas a auditoría en España, pero sí de forma generalizada las demás.

Para muchas empresas resulta complicado mantener sus obligaciones al día en el escenario de gran incertidumbre que hoy nos toca vivir. No obstante, hay que pensar que la contabilidad más allá de ser un requisito legal, también es una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, el escenario post-COVID va a exigir que las empresas que sobrevivan sean más transparentes y generen mayor confianza en los públicos con los que se relacionan, algo que ha de pasar necesariamente por presentar una información contable completa y de calidad.

Cómo reflejar el efecto de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Puede que seas administrador de una empresa que todavía no haya formulado las cuentas anuales de 2019, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de agosto, y te preocupe si has de reflejar en ellas el efecto del coronavirus y, en su caso, cómo hacerlo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma se produjo en España el pasado 14 de marzo, se puede considerar que la crisis debida al coronavirus es un hecho posterior al cierre de 2019, el cual deberás reflejar en tus cuentas anuales ateniéndote a lo que dispone la normativa contable en vigor.

En este sentido, la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 23.ª (22.ª en el caso del Plan de Pymes) distingue los siguientes supuestos:

  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían al cierre de ejercicio, los cuales en función de su naturaleza motivarán en las cuentas anuales un ajuste (una provisión con cargo a resultados), información en la memoria o ambos. No parece que sea el caso que nos ocupa, puesto que los efectos del COVID-19 se han empezado a sentir en las empresas bien entrado 2020.
  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, los cuales no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son tan importantes que si no se informa sobre ellos puede distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas, se deberá incluir en la memoria información respecto a su naturaleza con estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Entiendo que éste ha de ser el caso más general para nuestras empresas, donde lo que habrá que hacer será incluir en las memorias de 2019 información sobre el coronavirus y su grado de afectación al negocio, sin tener que reformular balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
  • En todo caso, en la formulación de las cuentas debe tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento (por el que se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible), de tal modo que no se formularán sobre la base de dicho principio si se tiene la intención de liquidar la empresa o cesar su actividad, o si no existe una alternativa más realista que hacerlo, algo que por desgracia estará valorando más de un empresario en la actualidad. De este modo, si debido a los efectos de la COVID-19 tu empresa va a cerrar, deberás formular las cuentas anuales de 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

¿Es una buena medida que las sociedades cotizadas dejen de publicar su información financiera trimestralmente?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español quiere eliminar la exigencia que actualmente tienen las sociedades que cotizan en Bolsa de publicar informes financieros trimestrales. Es una de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, cuya tramitación ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Esta medida, de salir finalmente adelante, supondría la derogación del artículo 120 de la Ley de Mercado de Valores:

Artículo 120. Declaración intermedia de gestión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea harán público y difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre del ejercicio una declaración intermedia de gestión que contenga, al menos:

 a) una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y de sus empresas controladas, y

 b) una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y sus empresas controladas durante el período correspondiente.

2. No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen informes financieros trimestrales”.

Desde el ejecutivo se considera que esta obligación, que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea donde solamente se publican las cuentas de mitad de año y cierre de ejercicio, puede incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones y tener un efecto perverso para el conjunto de la economía. El texto del Anteproyecto cita la existencia de numerosos estudios que indican como la presión por maximizar los resultados financieros en cada informe trimestral, tiene efectos (negativos) sobre el crecimiento económico, el empleo y la productividad del capital. De hecho, se dice que “la crisis financiera de 2008 es entre otros factores el resultado de una visión excesivamente cortoplacista de la economía. El modelo de crecimiento anterior a la crisis, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado”.

El debate que se abre aquí es el de si es preferible tener información de forma más recurrente sobre las empresas cotizadas antes de comprar o vender sus acciones, o es mejor no “presionarlas” con la obligación de información trimestral con el objetivo de potenciar su desarrollo sostenible.

No obstante, ya se anuncia que aquellas empresas que así lo deseen podrán seguir presentando su información financiera con carácter trimestral. Puede que seguir haciéndolo les conceda una interesante ventaja competitiva.