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Disminución del número de concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los deudores concursados en España en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a 1.079 según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Este dato representa una disminución del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente. En este sentido, según el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, “se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Con el concurso se trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de deudores concursados en el tercer trimestre, 778 correspondieron a empresas (72,1 por ciento), mientras que 301 fueron de personas físicas sin actividad empresarial (27,9 por ciento). Por tipo de concurso, el 92,9 por ciento del total (1.002) fueron de tipo voluntario (solicitados por las propias personas físicas o jurídicas deudoras), y el restante 7,1 por ciento (77) fueron de tipo necesario (solicitados por los acreedores).

Los datos por comunidades autónomas señalan que Cataluña encabezó el número de concursos en el tercer trimestre de 2018 con el 28 por ciento (302), seguida por la Comunidad de Madrid con el 16,9 por ciento (182), por lo que casi uno de cada dos concursos que se presentan en España se origina en una de estas dos comunidades autónomas. En términos de variación anual, Extremadura presenta el mayor descenso en el número de deudores concursados con una caída del 69,2 por ciento, mientras que el mayor aumento se produjo en el Principado de Asturias con un 88,9 por ciento más de concursos.

Por actividad económica, el 23,8 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo la construcción el segundo sector en importancia con el 15,8 por ciento de los concursos.

 

Evolución del número de deudores concursados en EspañaFuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2018).

 

Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

Menos concursos de empresas y más de personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que está previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa (o también de una persona física sin actividad empresarial) insolvente, es decir, que no puede atender con regularidad sus compromisos de pago. El concurso trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa (o la recuperación de la persona física). Puede ser solicitado por el propio deudor, originando lo que se denomina concurso “voluntario”, o por alguno de sus acreedores dando lugar a un concurso “necesario”.

A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos referentes a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 en España, con información obtenida a partir de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Destaca la cifra de 1.457 concursados durante dicho primer trimestre, de los cuales 1.066 corresponden a empresas y 391 a personas físicas sin actividad empresarial. La buena noticia es que, en tasa anual, el número total de concursos disminuye un 1,3 por ciento, sin embargo, hay un comportamiento dispar entre concursos de empresas (que disminuyen el 3,4 por ciento) y de personas físicas sin actividad empresarial (que aumentan el 5,1 por ciento).

En cuanto al tipo de concurso, el 94,1 por ciento del total (1.371) son de tipo voluntario, de tal modo que solamente en un 5,9 por ciento de los casos (86) el concurso fue solicitado por los acreedores.

En lo referente a comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de concursos con el 30,2 por ciento del total (440), seguida a bastante distancia por la Comunidad de Madrid, con un 14,6 por ciento (213).

Por último, un dato que considero interesante destacar es el que hace referencia a la antigüedad de las empresas concursadas. El mayor porcentaje se da entre aquellas que tienen de 5 a 8 años (no entre las más recientes como alguno pudiera pensar), seguidas por las empresas más recientes (hasta 4 años) y las más antiguas (20 años o más), que comparten el porcentaje del 20,5 por ciento. En el cuadro adjunto puedes ver el detalle de la clasificación por antigüedad.

Empresas concursadas por antigüedad. 1º trimestre 20181

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Disponible el formulario que permite solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos

Mario Cantalapiedra – Economista

El artículo 231 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, permite a los deudores personas naturales que se encuentren en situación de insolvencia o prevean que no podrán cumplir regularmente con sus obligaciones, iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, con la ayuda de un mediador concursal, y siempre que su pasivo no supere los cinco millones de euros. También pueden acudir a este acuerdo, las personas jurídicas que se encuentren en estado de insolvencia, que hayan sido declaradas en concurso de no especial complejidad y que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

En este sentido, la solicitud del procedimiento deberá ser realizada mediante un formulario normalizado, aprobado por la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, y que ha entrado en vigor el 18 de enero de 2016, el cual se estructura en los cuatro apartados siguientes:

  1. Identificación del solicitante del procedimiento, ya sea persona natural o jurídica, en todo lo referente a su situación personal, familiar y laboral o profesional, según proceda.
  2. Comprobación de que concurren las condiciones que permiten iniciar el procedimiento. Por ejemplo, el deudor habrá de declarar el tipo de insolvencia en el que se encuentra: actual (no puede cumplir regularmente sus obligaciones) o inminente (prevé que no podrá cumplir sus obligaciones), o los hechos de los que deriva dicha insolvencia (desempleo, sobreendeudamiento, pérdidas empresariales o profesionales, etcétera).
  3. Inventario de los bienes y derechos del deudor, incluyendo la totalidad de su patrimonio. Según el caso, se deberá aportar una documentación u otra para justificar este inventario. En el caso de que el deudor está obligado a llevar contabilidad, se deberán aportar las cuentas anuales de los últimos tres ejercicios.
  4. Lista de acreedores, en la que se declaren tanto el número de los mismos como sus datos identificativos.

Como se señala en la propia Orden JUS/2831/2015, esta información permitirá un tratamiento más adecuado de la situación de insolvencia de que se trate, favoreciendo el buen desenvolvimiento y fin de los acuerdos extrajudiciales de pago. En el caso de que la solicitud corresponda a un deudor no empresarial, deberá dirigirse al notario correspondiente a su domicilio. Mientras que, los empresarios o entidades inscribibles en el Registro Mercantil, podrán dirigirla al registrador mercantil o a la Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, cuando éstas hayan asumido funciones de mediación.