Archivo de la etiqueta: Legislación

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

REFORMA DE LA LEY DE MOROSIDAD: UNA DE SUS MEDIDAS SERÁ PALIAR EL GRAVAMEN QUE PARA EL ACREEDOR SUPONE ADELANTAR EL IMPORTE DEL I.V.A.

 

 

En cualquier circunstancia, pero mucho más en una coyuntura económica como la que nos ha dejado el COVID 19, uno de los principales gravámenes que se deriva para el empresario cuando no le pagan una factura es la obligación fiscal que tiene de adelantar el importe del I.V.A. a Hacienda en el mismo momento en que emite la factura.

Este sistema, duramente criticado desde hace años por ilógico y antieconómico, genera un perjuicio incalculable a la empresa acreedora que ve atacada su liquidez y, con ello, sus expectativas de viabilidad y funcionamiento en un doble ámbito cada vez que sufre un impagado.

Por un lado, al producirse el impagado, el acreedor ve como deja de percibir el pago que necesitaba para tener tesorería, dejando de ingresar tanto el importe de los gastos y costes que le supuso generar el bien o servicio facturado como el margen de beneficio que su venta implicaba. Este efecto ya merma su liquidez notablemente pero es que, a mayores, ve como, por otro lado, aunque no le han abonado el importe de la factura girada se ve obligado a buscar dinero debajo de las piedras si fuere menester para conseguir el 21% del importe impagado e ingresarlo en Hacienda como si fuese un I.V.A. que ya ha cobrado. Este segundo efecto resulta demoledor para su tesorería que no solo no percibe el ingreso de cuanto le adeudan sino que, además, tiene que mermar sus reservas monetarias para adelantar a Hacienda un dinero que no ha percibido y ver impotente como ese dinero que le adelanta a la Agencia Tributaria no podrá intentar recuperarlo hasta que haya transcurrido un año desde que se giró la factura en cuestión.

Este gravamen que el adelanto del I.V.A. supone para el acreedor puede llegar a determinar la desaparición de su empresa, especialmente en momentos en los que, como actualmente, el índice de facturas impagadas se dispara como consecuencia de la recesión económica.

Pues bien, en el texto de la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad cuya tramitación parlamentaria se acordó iniciar el pasado 22 de septiembre de 2020 se prevé por primera vez tomar medidas para paliar este efecto negativo de la obligación de adelantar el importe del I.V.A. de facturas que luego resultan impagadas. Así, el texto de la Proposición de Ley incluye entre las medidas de reforma en materia de morosidad y plazos de pago la reforma del artículo 80 de la vigente Ley del I.V.A. de forma que el acreedor que adelante el I.V.A. de una factura que resulta impagada pueda solicitar la devolución del importe adelantado pasados 30 días desde el impago de la factura en cuestión, en lugar de tener que esperar un año para poder solicitar a la Agencia Tributaria la devolución o compensación del importe del impuesto adelantado.

De las enmiendas y votaciones sobre el texto en su tramitación parlamentaria dependerá que se apruebe o no la medida propuesta, lo que no es fácil porque supondría una importante merma de las partidas recaudadas por el Estado, pero en caso de aprobarse supondría, sin duda, un importante balón de oxígeno para los empresarios españoles, en especial para pymes y autónomos, que tendrían una mayor liquidez para poder continuar con su actividad empresarial a pesar de aumentar el nivel de impagos en operaciones comerciales.

  

 Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Presidente Comisión de Morosidad ASSET

Socio Director Quiroga & Asociados Abogados

El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

A estos efectos, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2020 ha tenido lugar el 22 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Intereses_demora_2_S_2020

Nuevo calendario para las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español acaba de establecer un nuevo plazo para la formulación de las cuentas anuales correspondientes a 2019 a través del Real Decreto-ley 19/2020, publicado hoy en el BOE.

Si en marzo ya se había flexibilizado este plazo a través del Real Decreto-ley 8/2020 en función de cuando terminase el estado de alarma, pero sin detallar una fecha concreta, ahora se ha establecido que sea el 1 de junio la fecha a partir de la cual las empresas tengan hasta 3 meses para formularlas.

El objetivo del Gobierno es aportar seguridad jurídica al sustituir un plazo dinámico y uniforme, que puede variar según el grado de “desescalada” en el que se encuentre la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga domicilio la empresa, por una fecha concreta.

Adicionalmente, el plazo que tiene la Junta para aprobar las cuentas de 2019 una vez que sean formuladas se ha reducido a dos meses (anteriormente era de tres).

De este modo, se modifican los puntos 3 y 5 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, que quedan redactados de la siguiente forma:

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

5. La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.”

Con esta modificación, debemos tener en cuenta las siguientes fechas límites para la formulación, aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a 2019:

Calendario_ccaa_covid19

 

Leer artículos anteriores: 1 2 Pág. Siguiente