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Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación  del BCE en el segundo semestre de 2020, efectuada mediante subasta a tipo fijo, tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Provisiones al cierre del ejercicio contable condicionadas por el coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Al cierre del ejercicio contable, las empresas suelen estimar obligaciones que tendrán frente a terceros en el futuro, dotando provisiones para cubrirse de los riesgos. Proceso que, en el cierre de 2020, se ve afectado por la gran incertidumbre que existe debido al coronavirus.

Contablemente las provisiones son pasivos (obligaciones con terceros) que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se cancelarán. Pueden venir determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita, y mediante ellas la empresa aplica una cantidad a gasto para estar preparada frente al posible riesgo. Se puede contabilizar una provisión, por ejemplo, por la indemnización que reclama un cliente por la venta defectuosa de un producto que muy probablemente habrá que pagar en el futuro, o por los costes que implicará una previsible reducción de plantilla, como por desgracia muchas empresas se están planteando en la situación actual.

La problemática principal que subyace con las provisiones es que su cálculo se basa en las estimaciones de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, de tal modo que si son dotadas por exceso permiten declarar un menor beneficio y, por tanto, pagar menos impuestos. Por este motivo, Hacienda es más restrictiva que el Plan General de Contabilidad a la hora de considerarlas como gasto deducible.

En concreto, según lo regulado por el artículo 14.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no son deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:

  • Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, mientras que en contabilidad para dotar una provisión basta con la posibilidad de tener una obligación frente a terceros que pueda medirse con fiabilidad, a efectos de deducción fiscal dicha obligación ha de estar respaldada legal o contractualmente.
  • Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
  • Los derivados de reestructuraciones (programas de actuación planificados y controlados por la empresa que den lugar a un cambio significativo del alcance o de la manera de llevar la gestión de su actividad), excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
  • Los relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
  • Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan en efectivo.

En un cierre de ejercicio tan complejo como el actual en el que posiblemente muchas empresas doten provisiones sobre riesgos que hasta ahora no contabilizaban, habrá que tener muy presente su deducción fiscal según lo mencionado, para evitar problemas posteriores con Hacienda.

El plan del Gobierno para aumentar el número de sanciones por no depositar cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes de septiembre la compañía Iberinform anunciaba como la presentación de cuentas anuales en 2020 en los Registros Mercantiles acumulaba una caída del 30 por ciento con datos cerrados a 31 de agosto, siendo especialmente drástico el descenso del depósito de cuentas durante los meses de julio y agosto.

En parte esta caída se puede atribuir a la situación excepcional debida al coronavirus, la cual condujo a que el Gobierno prolongara el calendario de formulación, aprobación y depósito de las cuentas correspondientes a 2019. De este modo, la formulación se ha podido realizar hasta el 31 de agosto, la aprobación hasta el 31 de octubre y el depósito hasta el pasado 30 de noviembre. Habrá que ver cuando conozcamos datos más actualizados cómo está evolucionando el depósito de cuentas en este ejercicio atípico. No obstante, en España hay muchas compañías que sistemáticamente no las depositan, aun estado obligadas a hacerlo.

Las consecuencias de no cumplir este requisito legal son varias. Desde el cierre provisional de la hoja registral salvo para determinadas inscripciones, pasando por el impacto negativo en los informes comerciales de la empresa incumplidora, hasta las mayores dificultades que se pueden encontrar para acceder a la financiación ajena o lograr la cobertura del seguro de crédito. Inclusive existe la posibilidad de recibir una sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según lo que se regula en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

La multa prevista legalmente no es pequeña, ya que puede oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento en el caso de las empresas más pequeñas, y llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen por encima de los 6 millones de euros. No obstante, hasta la fecha se han impuesto pocas multas. A pesar de que en España hay alrededor de 150.000 sociedades que no realizan el depósito de cuentas, según un reciente artículo publicado por elEconomista, el volumen de sanciones que impone el ICAC es muy limitado, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta, como por el hecho de que lo que recauda por este concepto no redunda en sus cuentas sino que se destina al Tesoro Público.

Por lo que se ve, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desea cambiar esta situación y aumentar el número de sanciones, de ahí que se esté planteando, por un lado, que un parte de lo recaudado se quede en el ICAC, y, por otro, que exista una participación activa de otros organismos (de los registradores mercantiles que disponen de toda la información sobre los incumplimientos, y de la Agencia Tributaria) en el proceso sancionador. De materializarse este plan, las empresas tendrán mayor motivo para depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

REFORMA DE LA LEY DE MOROSIDAD: UNA DE SUS MEDIDAS SERÁ PALIAR EL GRAVAMEN QUE PARA EL ACREEDOR SUPONE ADELANTAR EL IMPORTE DEL I.V.A.

 

 

En cualquier circunstancia, pero mucho más en una coyuntura económica como la que nos ha dejado el COVID 19, uno de los principales gravámenes que se deriva para el empresario cuando no le pagan una factura es la obligación fiscal que tiene de adelantar el importe del I.V.A. a Hacienda en el mismo momento en que emite la factura.

Este sistema, duramente criticado desde hace años por ilógico y antieconómico, genera un perjuicio incalculable a la empresa acreedora que ve atacada su liquidez y, con ello, sus expectativas de viabilidad y funcionamiento en un doble ámbito cada vez que sufre un impagado.

Por un lado, al producirse el impagado, el acreedor ve como deja de percibir el pago que necesitaba para tener tesorería, dejando de ingresar tanto el importe de los gastos y costes que le supuso generar el bien o servicio facturado como el margen de beneficio que su venta implicaba. Este efecto ya merma su liquidez notablemente pero es que, a mayores, ve como, por otro lado, aunque no le han abonado el importe de la factura girada se ve obligado a buscar dinero debajo de las piedras si fuere menester para conseguir el 21% del importe impagado e ingresarlo en Hacienda como si fuese un I.V.A. que ya ha cobrado. Este segundo efecto resulta demoledor para su tesorería que no solo no percibe el ingreso de cuanto le adeudan sino que, además, tiene que mermar sus reservas monetarias para adelantar a Hacienda un dinero que no ha percibido y ver impotente como ese dinero que le adelanta a la Agencia Tributaria no podrá intentar recuperarlo hasta que haya transcurrido un año desde que se giró la factura en cuestión.

Este gravamen que el adelanto del I.V.A. supone para el acreedor puede llegar a determinar la desaparición de su empresa, especialmente en momentos en los que, como actualmente, el índice de facturas impagadas se dispara como consecuencia de la recesión económica.

Pues bien, en el texto de la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad cuya tramitación parlamentaria se acordó iniciar el pasado 22 de septiembre de 2020 se prevé por primera vez tomar medidas para paliar este efecto negativo de la obligación de adelantar el importe del I.V.A. de facturas que luego resultan impagadas. Así, el texto de la Proposición de Ley incluye entre las medidas de reforma en materia de morosidad y plazos de pago la reforma del artículo 80 de la vigente Ley del I.V.A. de forma que el acreedor que adelante el I.V.A. de una factura que resulta impagada pueda solicitar la devolución del importe adelantado pasados 30 días desde el impago de la factura en cuestión, en lugar de tener que esperar un año para poder solicitar a la Agencia Tributaria la devolución o compensación del importe del impuesto adelantado.

De las enmiendas y votaciones sobre el texto en su tramitación parlamentaria dependerá que se apruebe o no la medida propuesta, lo que no es fácil porque supondría una importante merma de las partidas recaudadas por el Estado, pero en caso de aprobarse supondría, sin duda, un importante balón de oxígeno para los empresarios españoles, en especial para pymes y autónomos, que tendrían una mayor liquidez para poder continuar con su actividad empresarial a pesar de aumentar el nivel de impagos en operaciones comerciales.

  

 Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Presidente Comisión de Morosidad ASSET

Socio Director Quiroga & Asociados Abogados

El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

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