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Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.
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Prohibición de utilizar programas informáticos que permitan llevar una doble contabilidad empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), conocida coloquialmente como “ley antifraude”, ha introducido la prohibición para las empresas y autónomos de utilizar el denominado software de doble uso, es decir, de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad con el objeto de ocultar parte de la facturación a Hacienda, y pagar así menos impuestos. Según el Gobierno español, “cada año el empleo de estos programas produce pérdidas de ingresos públicos que excederían de varios miles de millones de euros”.

En concreto, se trata de terminar con el uso de programas informáticos en el ámbito empresarial que permiten llevar una doble contabilidad, no reflejar la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas, o alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La nueva legislación establece la obligación de que los programas informáticos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, utilizados por empresas y autónomos, se ajusten a ciertos requisitos (certificados) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. De este modo, estos programas, a partir de la entrada en vigor de esta legislación el próximo 11 de octubre, deberán estar certificados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo cierto es que este es un tema bastante significativo para las empresas y autónomos, puesto que en caso de utilizar programas informáticos de doble uso se arriesgan a ser sancionados con una multa de, nada más y nada menos, 50.000 euros por cada ejercicio en el que lo hagan, tanto por la tenencia de programas sin certificar, como por la alteración o modificación de los que en su momento puedan ser certificados.

Por tanto, es muy importante que antes del 11 de octubre de 2021, los responsables de las empresas confirmen con sus proveedores de programas de contabilidad y facturación que los mismos están “certificados” y cumplen con lo dispuesto por la Ley 11/2021.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2021, efectuada mediante subasta a tipo fijo, ha tenido lugar el día 29 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Hay que recordar que este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido en la operación comercial, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Los clientes morosos deberán abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, que el cliente moroso deberá abonar 40 euros por cada factura que pague fuera de plazo.

Esta sentencia supone una importante interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. En concreto, este artículo señala con respecto a la indemnización por costes de cobro lo siguiente:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

 Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

  1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

Pues bien, el Tribunal Supremo especifica que el cobro de los 40 euros debe ser por cada una de las facturas, y no por el conjunto de ellas. En concreto, en su sentencia reconoce el derecho de una entidad financiera a cobrar dicha cantidad unitaria por cada una de las más de 5.000 facturas que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido por el Servicio Extremeño de Salud.

La sentencia explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora, algo que ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

Esta interpretación jurídica supone un argumento más para que las empresas intenten no incurrir en mora y respeten los plazos de pago pactados/legales, ante el riego de que les sean reclamados 40 euros por cada factura que los sobrepase.

Nueva hoja de declaración COVID-19 para las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 que las empresas deberán depositar en el Registro Mercantil este año, incluirán, con carácter excepcional y transitorio, una hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia.

Aunque la Orden del Ministerio de Justicia en el que se recoge esta novedad todavía es un Proyecto en trámite de audiencia pública, la obligación de información se referirá en principio a los elementos siguientes:

  1. Medidas laborales aplicadas a la empresa

En este apartado se deberá informar sobre las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el ejercicio y motivados por la pandemia; los permisos retribuidos recuperables y las bajas laborales por el coronavirus.

  1. Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020).
  1. Avales ICO

Se deberá detallar el importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, informando del porcentaje que representa sobre el total solicitado.

  1. Ayudas públicas

Se deberá describir el plan o programa al que se ha acogido la empresa, así como el organismo de la Administración pública concedente y el sistema que ha sido utilizado (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado, etc.).

  1. Moratorias hipotecarias
  1. Moratorias no hipotecarias
  1. Suministros

Se deberá informar si la empresa ha solicitado la flexibilización y suspensión de suministros (electricidad, gas natural, productos derivados del petróleo), según lo dispuesto por los artículos 42 a 44 del Real Decreto-Ley 11/2020.

  1. Turismo

Se deberá detallar si la empresa se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo, según los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo.

El mencionado trámite de audiencia pública, durante el cual se pueden presentar alegaciones o comentarios al Proyecto de Orden, finaliza el próximo 24 de mayo. A estos efectos, las aportaciones se pueden presentar en el siguiente correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia: deposito.cuentas@mjusticia.es

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación  del BCE en el segundo semestre de 2020, efectuada mediante subasta a tipo fijo, tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

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