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Incumplir los plazos de pago es la infracción más frecuente en la cadena alimentaria

Mario Cantalapiedra – Economista

El incumplimiento de los plazos de pago es la infracción más frecuente de los expedientes sancionadores abiertos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación en enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, según los datos que acaban de hacerse públicos.

AICA es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 12/2013), en lo que respecta a las relaciones comerciales, es decir, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario. En dicha Ley, se considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que te recuerdo son los siguientes:

  • 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para el caso de productos de alimentación frescos y perecederos.
  • 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para productos de alimentación que no sean frescos o perecederos.

Pues bien, casi la mitad de los 180 expedientes incoados por AICA desde su creación, en concreto, 82, corresponden a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago. De estos 180 expedientes, a 31 de diciembre de 2015, hay 107 con propuesta de sanción, de los que 64 lo son por incumplimiento de plazos, lo que muestra la problemática que alcanza la morosidad entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria y da indicios de lo que podría ocurrir si se extendiese un régimen sancionador similar a otros sectores de la actividad.

Expedientes sancionadores AICA (Enero 2014 hasta 31/12/2015)

SancionesFuente: Elaboración propia a partir datos AICA.

La PMCM propone multas de hasta 900.000 euros para las empresas morosas

Proponen un régimen sancionador con multas paran las empresas que incumplan la Ley de Contra la Morosidad

Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, entró en vigor el día 7 de julio de 2010, gracias a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Convergència i Unió e impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad. La Ley 15/2010 de 5 de julio materializó un marco legislativo para que España se produzca un cambio estructural del sistema económico-financiero y que España no esté permanentemente en el furgón de cola de los plazos de pago. El objetivo de la Ley es posibilitar que en el futuro pasemos a ser un país competitivo en lo referente a los plazos de cobro, al situarlos a niveles similares de la mayoría de los países europeos.

No obstante más de un año después de su promulgación la nueva legislación no ha conseguido todas las aspiraciones de los empresarios y de la PMCM.  En gran parte es por la ausencia en la propia Ley 15/2010 de 5 de julio de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de los plazos de pago máximos establecidos por la Ley. En efecto cuando el legislador debatió el proyecto de ley, hubo una enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en la redacción definitiva de la Ley. Esta propuesta era la de introducir un  régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley. Esta enmienda pretendía crear el marco legal para que las administraciones públicas pudieran comprobar de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo previsto en la ley contra la morosidad, a cuyo fin podrían desarrollar las actuaciones inspectoras y sancionadoras en las empresas infractoras. Los políticos dejaron para más adelante el desarrollo de un Reglamento que implementara el régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado recientemente el estudio “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM).

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, aclaró que “los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas”. En este ámbito público Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.

En su opinión, “con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas en los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) que presentan una velocidad normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago.

Ante este hecho, la PMcM insta a que la lucha contra la morosidad se tome como “un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago, como ocurre en España, genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de empresas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”.

Para mejorar esta situación, la PMcM recomienda seguir “el ejemplo del exitoso caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días fin de mes o 60 días desde emisión de factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarios, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.

Para Cañete, la ley francesa (LME) “es una apuesta más intervencionista, con mayor incidencia legal particularmente sobre el Código de Comercio y más compulsiva”, asegura Cañete”. La LME opera con “una instrumentación precisa que incluye un sistema de sanciones y la asignación de funciones de control a determinados organismos, además de contar con otros mecanismos como un sistema extrajudicial de comunicación de incumplimiento de pago y de aplicación de la ley (cobro), unos ágiles tribunales de comercio para la reclamación de impagos y la figura del mediador, de gran eficacia y, a decir de muchos, mayor que las propias medidas coercitivas”.

Para España concretamente, la PMcM propone medidas como la definición y aprobación de un reglamento y, sobre todo, de un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.

Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMcM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley.

“En la lucha contra la morosidad en España tendrá un papel decisivo el equipo que gobierne a partir del 20N, con el que estaremos encantados de sentarnos para esbozar las medidas que se estimen oportunas, entre ellas la que sin duda que será un revulsivo en esta lacra, el régimen sancionador”, sentenció el presidente de la PMcM, Rafael Barón.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Para más información sobre el tema de la lucha contra la morosidad se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com

Intereses moratorios e indemnizaciones de gastos de recobro establecidos por la Ley de Morosidad

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 ¿Podremos algún día hacer efectivas estas medidas? 

Uno de los principales avances establecidos por la Legislación antimorosidad viene determinado porque, tanto la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad como la reforma en la misma operada por la Ley 15/2010, se establecen dos importantes medidas tendentes a disuadir al deudor.

La primera consiste en imponer legalmente el devengo de intereses moratorios desde el mismo momento del vencimiento de la factura que resulte impagada, y ello de forma automática, sin necesidad de que medie previo requerimiento fehaciente. El tipo de interés moratorio aplicable (euribor + 7 puntos) será, además, mucho más alto que el previsto hasta la entrada en vigor de esta legislación.

La segunda, permitir que en la reclamación de la cantidad adeudada se incluyan, como parte de las cantidades a reclamar, los costes generados por el recobro del adeudo.

Esta medida tiene una especial importancia en cuanto a las reclamaciones monitorias se refiere. El Procedimiento Monitorio, el más utilizado por su sencillez y rapidez para el cobro de facturas, no exige legalmente, al menos en su primera fase, la intervención de letrado o procurador. Por tanto, si el deudor consigna cuanto adeuda en concepto de principal durante los 20 días que el Juzgado le concede al efecto no tendrá que abonar costas procesales, pues no se genera tal partida al no ser preceptiva la intervención de profesionales. Sin embargo, con esta medida, los gastos en los que el acreedor tenga que incurrir para reclamar su deuda ( dentro de los límites establecidos por la Ley), incluidos los pagos que tenga que realizar a letrado y procurador para interponer la demanda, podrán adicionarse a la cantidad reclamada en concepto de indemnización de gastos de recobro.

Con estas medidas, y en plena concordancia con el espíritu de ambas leyes (y de la Directiva Comunitaria 35/2000 que las inspiró), se pretende evitar que, como ocurre en muchas ocasiones, el deudor pretenda obtener una tesorería extra a costa de su acreedor. Así, en muchos casos, una empresa no paga sus facturas intencionadamente, a sabiendas de que, aunque en su momento pagará cuanto debe, durante varios meses ( los que discurran mientras el acreedor le hace los primeros requerimientos extrajudiciales de pago, se dilata la espera con falsas promesas y acuerdos de abono del adeudo, llega el asunto a sus servicios legales, se interpone la demanda, se admite la misma a trámite y se produce el requerimiento judicial de pago) dispondrá en su tesorería del importe del principal que adeuda. Una vez que reciba el requerimiento judicial del pago, normalmente monitorio por ser la vía más rápida para la reclamación de deudas, consigna el principal y no responde por mas cantidades, habiendo obtenido una financiación a un interés del 0% y sin costes adicionales, al no tener que abonar costas procesales.

Con los mencionados mecanismos previstos en la Ley de Morosidad, sin embargo, el tipo de interés que deberá pagar será mucho más alto (euribor + 7 puntos) que el que le pueda suponer la financiación bancaria y, además, tendrá que pagar los gastos que la reclamación de la deuda haya generado.

Sin embargo, estas acertadas medidas adoptadas por el legislador en la práctica constituyen prácticamente una quimera, pues conseguir su aplicación resulta extremadamente difícil. Lo más lamentable de esta situación es que son los propios Juzgados de Primera Instancia, encargados de hacer cumplir las normas legales, quienes obstruyen o dificultan la aplicación de estos instrumentos de disuasión del moroso.

De este modo, casi en el 90% de los supuestos en los que se interpone una reclamación monitoria, incluyendo en la misma la exigencia del principal, de los intereses devengados (ex Ley 3/2004 y Ley 15/2010) desde el vencimiento de la factura hasta la fecha de demanda y de los gastos generados por el recobro, el Juzgado dicta un Auto de Admisión a trámite de la demanda en el que, obviando las restantes cantidades exigidas, acuerda requerir al deudor de pago únicamente por el principal de las facturas adeudadas.

Ante esta resolución, nos vemos obligados a interponer un recurso de reposición y argumentar ante el Juzgador las razones por las que los intereses moratorios y los gastos generados por el recobro han de formar parte de la cantidad exigible. Este recurso tiene una tramitación más o menos rápida y no supone un coste temporal demasiado alto. En aproximadamente un 60% de los supuestos en los que nos vemos obligados a interponer el recurso de reposición, el Juzgado acaba reconociendo el derecho a incluir las cantidades que fueron obviadas, probablemente porque su no inclusión se debió a un problema de tratamiento de texto, es decir, a que los formularios de texto de admisión de la demanda que hay en los Juzgados no incluyen aún estos conceptos aunque, a nuestro modesto entender, deberían incorporarlos, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 7 años desde que la Ley 3/2004 los impusiese con carácter imperativo.

Pero el verdadero problema llega cuando, en multitud de supuestos (aproximadamente un 40% de los recursos de reposición interpuestos), se deniega por el Juzgador en cuestión la incorporación de las citadas cantidades a la reclamación, utilizando para ello peregrinos argumentos (por ejemplo que en el Procedimiento Monitorio no hay condena en costas, confundiendo éstas con la indemnización por gastos de recobro, o, en otros casos, afirmando que no puede admitirse una liquidación de intereses efectuada con criterios unilateralmente escogidos por el demandante, cuando en realidad son intereses y criterios de liquidación que vienen impuestos por la Ley y, por tanto, de obligatoria aplicación).

Este tipo de resoluciones, amén de poner en evidencia que en determinadas ocasiones el principio “iura novit curia ( principio del Derecho en virtud del cuál el Juez conoce la Norma y, por tanto, las partes no han de probar en litigio lo que la Norma dice) brilla por su ausencia, determinan la imposibilidad práctica de conseguir el cobro de estas cantidades.

En puridad, podrían impugnarse estas resoluciones mediante un recurso de apelación en el que, fácilmente, se conseguiría que tan inconsistentes argumentaciones judiciales quedasen sin efecto, incluyéndose finalmente los intereses y los gastos de recobro como parte de las cantidades a reclamar al deudor. Sin embargo, la tramitación de un recurso de apelación resultaría totalmente antieconómica para el acreedor, quien tendría que esperar un año aproximadamente para ver reconocido su derecho, plazo que, en procedimientos de reclamación de cantidad resulta excesivo. Así, siendo lo importante en estos procedimientos (y más en los tiempos que corren en los que las empresas desaparecen de la noche a la mañana) ser de los primeros en conseguir embargar lo poco que quede en el patrimonio de la deudora, hace que merezca más la pena renunciar a los intereses moratorios y a recuperar los gastos que esperar un largo período a que se resuelva la apelación.

Por todo ello, considero que la concienciación pora parte del Poder Judicial sobre la necesidad de hacer cumplir extrictamente cuanto establece la Ley de Morosidad, en lugar de obstaculizarla, sería, incluso por encima de nuevas reformas legislativas, el factor realmente determinante para disminuir los índices de morosidad y los costes adicionales que esta genera para el acreedor.