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Cómo incorporar información de los aplazamientos de pago en la memoria de las cuentas anuales

Novedades en la presentación de las memorias de cuentas anuales del ejercicio 2010

 

Ignacio JiménezIberinform 

En el BOE del día 31 de diciembre de 2010 (resolución de 29 de diciembre) se ha publicado la Resolucion Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas (ICAC), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, donde se establece la obligación de incorporar en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 el importe del saldo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

  • Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, tanto para las cuentas anuales individuales como las consolidadas.
  • La norma deja fuera de su ámbito de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición (proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero).
  • Las empresas que utilicen el modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido.
  • En el primer ejercicio se informará del saldo pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 

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 TEXTO COMPLETO

La disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala:

 «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en esta Ley.»

Considerando lo anterior, la presente Resolución tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, y es conforme con la habilitación general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que faculta al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a dictar normas de obligado cumplimiento en desarrollo del citado Plan, en particular, en relación con las normas de elaboración de las cuentas anuales.

El ámbito de aplicación de la Resolución se regula en la norma primera en sintonía con el alcance definido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A tal efecto, se considera como «empresa» a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elabore voluntariamente.

Hay que advertir que las empresas que formulen cuentas consolidadas también se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Norma, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el método de integración global o proporcional al margen del marco de información financiera en que se formulen las citadas cuentas.

La Resolución exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Para ello, en la medida que la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien, servicio de que se trate o actividad desarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento se ha considerado oportuno emplear el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos».

En la norma segunda se define este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del respectivo pago, circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y durante el periodo a que se extiende el régimen transitorio en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Es conveniente precisar que el «Deber de información» afecta a las operaciones comerciales de pago. Es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del modelo de balance, por tanto, la norma deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.

La norma tercera recoge la información que se considera oportuna para poder apreciar el grado de cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En particular las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:

  • Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.
  • Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.
  • Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al permitido por la ley.

No obstante, como es usual en los restantes requerimientos contables, se ha estimado proporcionado, en razón de su magnitud, exigir un menor detalle de información contable a las pequeñas y medianas empresas. Siguiendo este criterio, las empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

Finalmente, la disposición transitoria primera incorpora el régimen transitorio sobre el plazo legal de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la naturaleza de la entrega de bienes o de la prestación de servicios que reciba la entidad.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, del que solo se solicita un análisis sobre la antigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos requerimientos ante la previsión de que las empresas puedan verse en la necesidad de tener que adaptar sus sistemas informáticos.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dicta la presente Resolución:

 

Norma primera. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las empresas deben recoger en la Memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas, a efectos del deber de información previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, en la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

A tal efecto, se considerará como empresa a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

El ámbito de aplicación de la Resolución se corresponde con el de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

 

Norma segunda. Definiciones.–A los exclusivos efectos de lo previsto en esta Resolución se entenderá por:

a) Plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos: el importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

b) Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios.

 

Norma tercera. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el ejercicio.

1. Las empresas incluirán una nota en el modelo normal de la memoria de sus cuentas anuales individuales y en su caso, consolidadas, con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Plazo medio ponderado excedido de pagos.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

Resolución de 29 de diciembre de 2010 comunicacion aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 2. La información de las cuentas consolidadas estará referida a los proveedores del grupo como entidad que informa, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas dependientes y, en su caso, los de las empresas multigrupo de acuerdo con lo dispuesto en las normas de consolidación que resulten aplicables. El cuadro solo recogerá la información correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.

3. Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad, o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas incluirán una nota con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado deberán cumplimentar la información que se solicita en el apartado 1 de esta norma cuando se incluyan en el conjunto consolidable de una sociedad española.

 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los plazos máximos de pago.

El plazo legal máximo de pago que debe cumplir el deudor a partir de la fecha de la prestación de los servicios o de la recepción de las mercancías, distintas de los productos de alimentación frescos y perecederos, se ajustará progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados al calendario transitorio establecido hasta el 1 de enero de 2013 en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

 

Disposición transitoria segunda. Información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta Resolución.

En el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Adicionalmente, en las cuentas anuales de este primer ejercicio no se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

 

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Madrid, 29 de diciembre de 2010 – El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo

Informe Impacto Ley Morosidad

Informe  de la Federación de Autónomos (ATA) sobre el impacto de la Ley Morosidad en España – Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004

 

  • El 64% de los autónomos se ha visto afectado por la morosidad, tanto pública como privada.
  • Las Administraciones Públicas en España tardan 158 días, de media, en hacer frente a sus facturas. En Europa, el plazo medio es de 67.
  • En el sector privado, la demora es de 101 días en España frente a los 57, de media, en Europa.
  • ATA exige la puesta en marcha de la nueva línea ICO – morosidad Entes Locales
  • La deuda de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos supera los 34.000 millones de euros.

Lo que dice la ley: en 2010, se reduce a un máximo de 55 días el periodo de pago de las administraciones

El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales España.

Dicha reforma prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Calendario transitorio de plazos de pago (en días):

Además, la reforma establece que el plazo de pago se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos, no desde la emisión de la factura. Además, se da la posibilidad de agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 días en un único documento.

La ley 15/2010 señala que el interventor general del Estado, las CC.AA y los tesoreros de los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de la ley; que los ayuntamientos deberán poseer de un registro de todas sus facturas y que el Gobierno está obligado a remitir a las Cortes un informe anual sobre los plazos de pago.

Otro aspecto fundamental que se establece es la creación, en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor de la ley (han pasado más de 120 y no se ha hecho) de una línea de crédito directa a través del ICO para facilitar el pago de las deudas anteriores al 30 de abril de 2010 de los entes locales con empresas y autónomos.

Los autónomos españoles y la morosidad, ¿cómo les afecta?

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA ha realizado un estudio sobre el impacto entre el colectivo de la ley de morosidad tras cumplirse 120 días desde su entrada en vigor.

Los datos que se arrojan desde el Observatorio del Trabajo Autónomo son demoledores: el 64% de los autónomos se ha visto afectado directa o indirectamente por la morosidad, tanto pública como privada. Además, el retraso del pago, tanto del sector privado como público, para más de uno de cada cinco autónomos, el 20,3%, supera los 361 días.

Porcentaje de autónomos afectados por la morosidad tanto pública como privada

Retraso del  pago del sector privado y público a autónomos en número de días

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VALORACION

Europa legisla sobre morosidad, nueva directiva

El Parlamento Europeo aprueba la nueva Directiva europea sobre morosidad, que admite la posibilidad de extender los plazos de pago entre empresas más allá de los 60.

Directiva europea plazos de pago
Directiva europea plazos de pago

El Parlamento Europeo ha aprobado por 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones una nueva Directiva sobre plazos de pago. Según explica la nota oficial emitida por el Parlamento Europeo , `para los pagos entre empresas se establece un plazo general de 30 días, a menos que se indique lo contrario en el contrato. Si ambas partes están de acuerdo, es posible ir hasta 60 días. El plazo de pago podrá extenderse más allá de 60 días, sólo si se acuerda expresamente por el acreedor y el deudor en el contrato y siempre que no sea manifiestamente injusto para el acreedor´.

Sector público, 60 días

En los plazos de pago del sector público a las empresas proveedoras, los plazos de pago pactados más allá de los 30 días deberán ser `objetivamente justificados a la luz de la especial naturaleza o características del contrato´ y no podrán sobrepasar los 60 días `bajo ninguna circunstancia´, salvo en el caso de las entidades públicas que prestan atención sanitaria.

`El tipo de interés legal de demora queda establecido en la tasa de referencia más un mínimo de 8%. El acreedor también tiene derecho a obtener del deudor, como mínimo, una suma fija de 40 euros como compensación por los costes de cobro´, añade la nota.

`El período de verificación para comprobar que los productos o servicios cumplen con los términos del contrato se fija en 30 días. Este plazo podrá ampliarse en el caso de contratos especialmente complejos, pero sólo si es expresamente acordado y siempre que no sea manifiestamente injusto para el acreedor´, explica el Parlamento.

Próximos pasos

El acuerdo requiere ahora de la aprobación formal del Consejo Europeo. La nueva directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán a partir de entonces dos años para incorporar a su legislación nacional la regulación. El Parlamento calcula que este periodo de trasposición comenzará previsiblemente en enero de 2011.

Más información de interés:

Cómo compensar la morosidad pública

Mario Cantalapiedra  – Economista

A principios del pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley del Partido Popular que insta al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta tributaria por el que pymes y autónomos puedan compensar el retraso en el pago de sus facturas, “en cualquier concepto”, por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

El mecanismo de cuenta tributaria aprobado en el Congreso de los Diputados permite compensar el retraso en los pagos, únicamente de la Administración General, pero no se ha llegado a un acuerdo, a pesar de que sería muy deseable, para hacer lo propio con la morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde no podemos olvidar radican los principales problemas de cobro para muchas pequeñas y medianas empresas de este país. Desde este punto de vista, se podría decir que la medida se queda a la mitad de camino. Tampoco se ha aprobado que el sistema de compensación incluya las deudas que puedan tener pymes y autónomos con la Tesorería General de la Seguridad Social, limitándose a abarcar para este cometido a las deudas de carácter tributario.

A la espera de que se desarrolle el sistema aprobado en el Congreso, y a fecha de este post os tengo que comentar que no me consta que lo haya sido, se habilita la posibilidad de presentar las deudas que tengan las empresas con la Administración General del Estado como aval para poder aplazar o fraccionar sus obligaciones tributarias, pudiendo incluso compensarse automáticamente con ellas. La verdad es que resulta un poco sangrante que una empresa tenga que ingresar en Hacienda el importe correspondiente al IVA repercutido en una factura que le pueda adeudar una administración pública morosa, parece desde todo punto de vista un sin sentido.

Esperemos que el mecanismo de la cuenta tributaria esté disponible lo antes posible, no está la situación de las empresas para que las decisiones que les afecten de un modo positivo y hayan sido aprobadas demoren su ejecución, y aunque no sea ni mucho menos la solución final que necesitan pymes y autónomos, algo debería contribuir a mejorar su situación financiera. Y puestos a pedir, esperar que la cuenta tributaria al final se extienda a las deudas que mantengan con las empresas el resto de administraciones públicas, no sólo el Estado.

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