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Nuevas obligaciones para los contratistas en materia de plazos de pago a los subcontratistas

Mario Cantalapiedra – Economista

Con objeto de lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, el pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con ella también se pretende simplificar los trámites para los licitadores y un mejor acceso para las pymes. Entre otras medidas interesantes, regula las siguientes obligaciones relacionadas con los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas o suministradores:

  • El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en un plazo no superior al previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que recuerdo no podrá superar los 60 días naturales, no pudiéndose pactar plazos mayores. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004.
  • El plazo de pago se computará desde la fecha en la que tenga lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista (siempre que el subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos). Con respecto a la aceptación, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de entrega de los bienes o de prestación del servicio.
  • Se posibilita que tanto el sistema de factura electrónica como el Registro Electrónico Único (el cual permitirá acreditar la fecha en la que los subcontratistas presentan las facturas al contratista), alcancen a toda la cadena de contratación pública.
  • Las Administraciones públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el cumplimiento de los pagos del contratista a los subcontratistas en los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.
  • Existirá la posibilidad de pagos directos por parte de la Administración contratante a los subcontratistas siempre que se prevea en los pliegos de contratación.

Esta Ley 9/2017, salvo algunas excepciones que no afectan a lo comentado sobre los plazos de pago, entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.

Incumplir los plazos de pago es la infracción más frecuente en la cadena alimentaria

Mario Cantalapiedra – Economista

El incumplimiento de los plazos de pago es la infracción más frecuente de los expedientes sancionadores abiertos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación en enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, según los datos que acaban de hacerse públicos.

AICA es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 12/2013), en lo que respecta a las relaciones comerciales, es decir, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario. En dicha Ley, se considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que te recuerdo son los siguientes:

  • 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para el caso de productos de alimentación frescos y perecederos.
  • 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para productos de alimentación que no sean frescos o perecederos.

Pues bien, casi la mitad de los 180 expedientes incoados por AICA desde su creación, en concreto, 82, corresponden a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago. De estos 180 expedientes, a 31 de diciembre de 2015, hay 107 con propuesta de sanción, de los que 64 lo son por incumplimiento de plazos, lo que muestra la problemática que alcanza la morosidad entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria y da indicios de lo que podría ocurrir si se extendiese un régimen sancionador similar a otros sectores de la actividad.

Expedientes sancionadores AICA (Enero 2014 hasta 31/12/2015)

SancionesFuente: Elaboración propia a partir datos AICA.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

Cómo defender la propiedad de los bienes vendidos a un moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo 10, regula la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio, con el fin de que el vendedor de bienes conserve la propiedad de los mismos hasta que reciba el pago total de la deuda. Este es uno de los artículos de la Ley 3/2004 que no se ha visto modificado por la Ley 15/2010, de 5 de julio, por lo que sigue vigente en los términos redactados inicialmente. Por su interés creo conveniente reproduciros el texto completo de dicho artículo:

 “En las relaciones internas entre vendedor y comprador, aquél conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.112 del Código Civil, el vendedor podrá subrogar en su derecho a la persona que, mediante la realización de anticipos, financiación o asunción de la obligación, realiza la contraprestación por cuenta del deudor o permite a este ultimo adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuando dicha contraprestación se destina, efectivamente, a ese fin.

Entre las medidas de conservación de su derecho, el vendedor o el tercero que haya financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio”.

Por tanto, se nos permite incluir la cláusula de reserva de dominio sobre los bienes que vendemos a nuestros clientes, pero eso sí, siempre que se haya pactado con antelación a la entrega de dichos bienes. Luego en los contratos que se firmen con el cliente previos a la venta, será importante incluir una cláusula en este sentido. Y a la hora de facturar, si hemos respetado el requisito previo del pacto, puede ser interesante incluir “al dorso” de las factura un texto que reproduzca las condiciones de pago y que además especifique la reserva de dominio. Esta precaución nos puede ayudar a agilizar un posible proceso judicial posterior si las cosas se ponen mal con el cobro de la factura. Ah, eso sí, para las empresas que comercialicen servicios en vez de bienes, no existe tal protección, ante la imposibilidad de conservar la propiedad de un servicio ya prestado.

Los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, prevé el cobro de intereses de demora en el caso de que se superen los plazos de pago previstos. Estos plazos pueden ser, si existe un contrato firmado, los que acuerden libremente las partes (regla general), y en el supuesto de que no exista relación contractual, a los 30 días de la recepción de la factura por el deudor (regla legal subsidiaria).

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El acreedor tendrá derecho a cobrar intereses de demora cuando haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y no hay recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso, surgiendo de forma automática sin necesidad de aviso ni requerimiento. El tipo de interés de demora a aplicar es publicado semestralmente en el BOE para los seis meses siguiente a su fijación, y su cálculo se basa en el último interés publicado por el BCE para sus operaciones principales de financiación antes del primer día del semestre natural que se trate, al cual se añaden 7 puntos. El 1 de enero se ha publicado el tipo que debe aplicarse durante el primer semestre de 2010, que se cifra en el 8%. En el cuadro podemos ver la evolución sufrida por dicho índice desde el inicio de 2007.

Evidentemente estos intereses de demora resultan tan elevados que deberían surtir un efecto disuasorio en el deudor moroso. No obstante, muchas empresas no se atreven a aplicarlos, ni siquiera a comentarlos a sus clientes por la posición dominante de éstos en la relación comercial; el miedo a perder el comprador y que éste se traslade a la competencia siempre existe, si se le “aprieta” con estos temas, aunque se tenga derecho a ellos. En cualquier caso, mi recomendación personal es tratar de recoger en los contratos que se firmen con el cliente una cláusula referente al cobro de intereses de demora si se produce el retraso en el pago de las facturas, y según la cobertura legal prevista; un “aviso a navegantes” a tiempo puede evitarnos algún disgusto serio.

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