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La vergüenza de reclamar una factura impagada al cliente

Mario Cantalapiedra – Economista

El sentido común podría indicar que un crédito comercial debe considerarse moroso desde el momento que llega su fecha de vencimiento y no se paga; sin embargo, y según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, solamente el 14 por ciento de las empresas consideran que una venta a crédito está en mora si no se paga a vencimiento, el 29 por ciento dejan pasar hasta 30 días, el 20 por ciento esperan hasta 60 días, y nada menos que un 37 por ciento de las empresas dejan que transcurran 90 días desde el vencimiento para considerar el crédito moroso. Lo cierto es que el mayor enemigo del recobro es el tiempo, de tal manera que cuanto más transcurra desde que la factura está vencida, menores posibilidades habrá de recobrarla. Igual que se debe sistematizar la gestión de riesgo, debe sistematizarse el recobro, pero aquí se juntan elementos que van desde la voluntad de no entrar en conflicto con el cliente para no perjudicar la relación comercial hasta rasgos culturales por los que nos da vergüenza reclamar una factura impagada.

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Cuando al final se deciden a iniciar acciones de recobro, son muy pocas las empresas (6 por ciento del total) las que aplican sistemáticamente los intereses de demora que reconoce el artículo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El 37 por ciento de las empresas encuestadas declaran aplicarlos “a veces”, y el 57 por ciento restante no los aplican “nunca”. De nuevo pesa el no perjudicar la relación comercial con el cliente. Aunque tengas el derecho, te piensas ejercerlo por si el cliente deja de adquirir tus bienes o servicios.

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Inclusive la mayoría de las empresas declaran aplicar intereses de demora, cuando lo hacen, inferiores a los que permite la legislación vigente (que desde el segundo semestre de 2016, y en base al cálculo que se realiza en función del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación, están fijados en el  8 por ciento). Puede que hayan pactado un interés menor con el cliente (el 8 por ciento es el que se aplica por defecto si no existe pacto), o que simplemente “no se atrevan” a aplicar un interés tan elevado.

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¿Otro parche más en la Ley contra la morosidad?

Mario Cantalapiedra – Economista

La futura Ley de fomento de la financiación empresarial que prepara el Gobierno, prevé una modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que podrá permitir, en caso de que finalmente sea aprobada, pagar la deuda comercial más allá de los 60 días máximos previstos en la actualidad. Concretamente, el Anteproyecto de Ley  en trámite incluye la siguiente modificación del artículo 4 de la Ley 3/2004, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago que debe cumplir el deudor, con la inclusión de un nuevo apartado 5:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Con esta medida parece que el Gobierno pretende incorporar a la Ley 3/2004 la corriente que viene siendo defendida por algunos bufetes abogados, los cuales consideran que no se produce abuso del deudor sobre el acreedor si se le da la opción a este de cobrar la deuda dentro del plazo legal a través de un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté a precio de mercado, o bien cobrar más allá del plazo legal si no se desea afrontar el gasto financiero del anticipo. Los detractores de esta medida argumentan que no deben confundirse plazo legal de cobro, los 60 días regulados, y medio de cobro, ya sea confirming, factoring o formulas de financiación similares. La verdad es que tratar de cumplir la legislación comunitaria sobre plazos de pago, al mismo tiempo que se procura proteger el negocio de las entidades bancarias o los intereses de empresas, fundamentalmente de gran tamaño, que están acostumbradas a pagar tarde, parece un ejercicio complicado de equilibrio para el Ejecutivo español. La Ley contra la morosidad, al modo de nuestras maltrechas carreteras, no deja de ser parcheada, en un proceso que parece tratar de cuadrar el círculo de la morosidad, pero que, de momento, no invita a ser muy optimistas en cuanto a conseguir un plazo de pago generalizado en las operaciones comerciales que pueda considerarse digno de un país avanzado.

La PMCM propone multas de hasta 900.000 euros para las empresas morosas

Proponen un régimen sancionador con multas paran las empresas que incumplan la Ley de Contra la Morosidad

Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, entró en vigor el día 7 de julio de 2010, gracias a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Convergència i Unió e impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad. La Ley 15/2010 de 5 de julio materializó un marco legislativo para que España se produzca un cambio estructural del sistema económico-financiero y que España no esté permanentemente en el furgón de cola de los plazos de pago. El objetivo de la Ley es posibilitar que en el futuro pasemos a ser un país competitivo en lo referente a los plazos de cobro, al situarlos a niveles similares de la mayoría de los países europeos.

No obstante más de un año después de su promulgación la nueva legislación no ha conseguido todas las aspiraciones de los empresarios y de la PMCM.  En gran parte es por la ausencia en la propia Ley 15/2010 de 5 de julio de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de los plazos de pago máximos establecidos por la Ley. En efecto cuando el legislador debatió el proyecto de ley, hubo una enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en la redacción definitiva de la Ley. Esta propuesta era la de introducir un  régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley. Esta enmienda pretendía crear el marco legal para que las administraciones públicas pudieran comprobar de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo previsto en la ley contra la morosidad, a cuyo fin podrían desarrollar las actuaciones inspectoras y sancionadoras en las empresas infractoras. Los políticos dejaron para más adelante el desarrollo de un Reglamento que implementara el régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado recientemente el estudio “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM).

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, aclaró que “los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas”. En este ámbito público Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.

En su opinión, “con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas en los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) que presentan una velocidad normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago.

Ante este hecho, la PMcM insta a que la lucha contra la morosidad se tome como “un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago, como ocurre en España, genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de empresas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”.

Para mejorar esta situación, la PMcM recomienda seguir “el ejemplo del exitoso caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días fin de mes o 60 días desde emisión de factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarios, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.

Para Cañete, la ley francesa (LME) “es una apuesta más intervencionista, con mayor incidencia legal particularmente sobre el Código de Comercio y más compulsiva”, asegura Cañete”. La LME opera con “una instrumentación precisa que incluye un sistema de sanciones y la asignación de funciones de control a determinados organismos, además de contar con otros mecanismos como un sistema extrajudicial de comunicación de incumplimiento de pago y de aplicación de la ley (cobro), unos ágiles tribunales de comercio para la reclamación de impagos y la figura del mediador, de gran eficacia y, a decir de muchos, mayor que las propias medidas coercitivas”.

Para España concretamente, la PMcM propone medidas como la definición y aprobación de un reglamento y, sobre todo, de un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.

Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMcM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley.

“En la lucha contra la morosidad en España tendrá un papel decisivo el equipo que gobierne a partir del 20N, con el que estaremos encantados de sentarnos para esbozar las medidas que se estimen oportunas, entre ellas la que sin duda que será un revulsivo en esta lacra, el régimen sancionador”, sentenció el presidente de la PMcM, Rafael Barón.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Para más información sobre el tema de la lucha contra la morosidad se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com

Intereses moratorios e indemnizaciones de gastos de recobro establecidos por la Ley de Morosidad

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 ¿Podremos algún día hacer efectivas estas medidas? 

Uno de los principales avances establecidos por la Legislación antimorosidad viene determinado porque, tanto la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad como la reforma en la misma operada por la Ley 15/2010, se establecen dos importantes medidas tendentes a disuadir al deudor.

La primera consiste en imponer legalmente el devengo de intereses moratorios desde el mismo momento del vencimiento de la factura que resulte impagada, y ello de forma automática, sin necesidad de que medie previo requerimiento fehaciente. El tipo de interés moratorio aplicable (euribor + 7 puntos) será, además, mucho más alto que el previsto hasta la entrada en vigor de esta legislación.

La segunda, permitir que en la reclamación de la cantidad adeudada se incluyan, como parte de las cantidades a reclamar, los costes generados por el recobro del adeudo.

Esta medida tiene una especial importancia en cuanto a las reclamaciones monitorias se refiere. El Procedimiento Monitorio, el más utilizado por su sencillez y rapidez para el cobro de facturas, no exige legalmente, al menos en su primera fase, la intervención de letrado o procurador. Por tanto, si el deudor consigna cuanto adeuda en concepto de principal durante los 20 días que el Juzgado le concede al efecto no tendrá que abonar costas procesales, pues no se genera tal partida al no ser preceptiva la intervención de profesionales. Sin embargo, con esta medida, los gastos en los que el acreedor tenga que incurrir para reclamar su deuda ( dentro de los límites establecidos por la Ley), incluidos los pagos que tenga que realizar a letrado y procurador para interponer la demanda, podrán adicionarse a la cantidad reclamada en concepto de indemnización de gastos de recobro.

Con estas medidas, y en plena concordancia con el espíritu de ambas leyes (y de la Directiva Comunitaria 35/2000 que las inspiró), se pretende evitar que, como ocurre en muchas ocasiones, el deudor pretenda obtener una tesorería extra a costa de su acreedor. Así, en muchos casos, una empresa no paga sus facturas intencionadamente, a sabiendas de que, aunque en su momento pagará cuanto debe, durante varios meses ( los que discurran mientras el acreedor le hace los primeros requerimientos extrajudiciales de pago, se dilata la espera con falsas promesas y acuerdos de abono del adeudo, llega el asunto a sus servicios legales, se interpone la demanda, se admite la misma a trámite y se produce el requerimiento judicial de pago) dispondrá en su tesorería del importe del principal que adeuda. Una vez que reciba el requerimiento judicial del pago, normalmente monitorio por ser la vía más rápida para la reclamación de deudas, consigna el principal y no responde por mas cantidades, habiendo obtenido una financiación a un interés del 0% y sin costes adicionales, al no tener que abonar costas procesales.

Con los mencionados mecanismos previstos en la Ley de Morosidad, sin embargo, el tipo de interés que deberá pagar será mucho más alto (euribor + 7 puntos) que el que le pueda suponer la financiación bancaria y, además, tendrá que pagar los gastos que la reclamación de la deuda haya generado.

Sin embargo, estas acertadas medidas adoptadas por el legislador en la práctica constituyen prácticamente una quimera, pues conseguir su aplicación resulta extremadamente difícil. Lo más lamentable de esta situación es que son los propios Juzgados de Primera Instancia, encargados de hacer cumplir las normas legales, quienes obstruyen o dificultan la aplicación de estos instrumentos de disuasión del moroso.

De este modo, casi en el 90% de los supuestos en los que se interpone una reclamación monitoria, incluyendo en la misma la exigencia del principal, de los intereses devengados (ex Ley 3/2004 y Ley 15/2010) desde el vencimiento de la factura hasta la fecha de demanda y de los gastos generados por el recobro, el Juzgado dicta un Auto de Admisión a trámite de la demanda en el que, obviando las restantes cantidades exigidas, acuerda requerir al deudor de pago únicamente por el principal de las facturas adeudadas.

Ante esta resolución, nos vemos obligados a interponer un recurso de reposición y argumentar ante el Juzgador las razones por las que los intereses moratorios y los gastos generados por el recobro han de formar parte de la cantidad exigible. Este recurso tiene una tramitación más o menos rápida y no supone un coste temporal demasiado alto. En aproximadamente un 60% de los supuestos en los que nos vemos obligados a interponer el recurso de reposición, el Juzgado acaba reconociendo el derecho a incluir las cantidades que fueron obviadas, probablemente porque su no inclusión se debió a un problema de tratamiento de texto, es decir, a que los formularios de texto de admisión de la demanda que hay en los Juzgados no incluyen aún estos conceptos aunque, a nuestro modesto entender, deberían incorporarlos, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 7 años desde que la Ley 3/2004 los impusiese con carácter imperativo.

Pero el verdadero problema llega cuando, en multitud de supuestos (aproximadamente un 40% de los recursos de reposición interpuestos), se deniega por el Juzgador en cuestión la incorporación de las citadas cantidades a la reclamación, utilizando para ello peregrinos argumentos (por ejemplo que en el Procedimiento Monitorio no hay condena en costas, confundiendo éstas con la indemnización por gastos de recobro, o, en otros casos, afirmando que no puede admitirse una liquidación de intereses efectuada con criterios unilateralmente escogidos por el demandante, cuando en realidad son intereses y criterios de liquidación que vienen impuestos por la Ley y, por tanto, de obligatoria aplicación).

Este tipo de resoluciones, amén de poner en evidencia que en determinadas ocasiones el principio “iura novit curia ( principio del Derecho en virtud del cuál el Juez conoce la Norma y, por tanto, las partes no han de probar en litigio lo que la Norma dice) brilla por su ausencia, determinan la imposibilidad práctica de conseguir el cobro de estas cantidades.

En puridad, podrían impugnarse estas resoluciones mediante un recurso de apelación en el que, fácilmente, se conseguiría que tan inconsistentes argumentaciones judiciales quedasen sin efecto, incluyéndose finalmente los intereses y los gastos de recobro como parte de las cantidades a reclamar al deudor. Sin embargo, la tramitación de un recurso de apelación resultaría totalmente antieconómica para el acreedor, quien tendría que esperar un año aproximadamente para ver reconocido su derecho, plazo que, en procedimientos de reclamación de cantidad resulta excesivo. Así, siendo lo importante en estos procedimientos (y más en los tiempos que corren en los que las empresas desaparecen de la noche a la mañana) ser de los primeros en conseguir embargar lo poco que quede en el patrimonio de la deudora, hace que merezca más la pena renunciar a los intereses moratorios y a recuperar los gastos que esperar un largo período a que se resuelva la apelación.

Por todo ello, considero que la concienciación pora parte del Poder Judicial sobre la necesidad de hacer cumplir extrictamente cuanto establece la Ley de Morosidad, en lugar de obstaculizarla, sería, incluso por encima de nuevas reformas legislativas, el factor realmente determinante para disminuir los índices de morosidad y los costes adicionales que esta genera para el acreedor.

Cómo incorporar información de los aplazamientos de pago en la memoria de las cuentas anuales

Novedades en la presentación de las memorias de cuentas anuales del ejercicio 2010

 

Ignacio JiménezIberinform 

En el BOE del día 31 de diciembre de 2010 (resolución de 29 de diciembre) se ha publicado la Resolucion Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas (ICAC), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, donde se establece la obligación de incorporar en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 el importe del saldo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

  • Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, tanto para las cuentas anuales individuales como las consolidadas.
  • La norma deja fuera de su ámbito de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición (proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero).
  • Las empresas que utilicen el modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido.
  • En el primer ejercicio se informará del saldo pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 

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 TEXTO COMPLETO

La disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala:

 «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en esta Ley.»

Considerando lo anterior, la presente Resolución tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, y es conforme con la habilitación general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que faculta al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a dictar normas de obligado cumplimiento en desarrollo del citado Plan, en particular, en relación con las normas de elaboración de las cuentas anuales.

El ámbito de aplicación de la Resolución se regula en la norma primera en sintonía con el alcance definido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A tal efecto, se considera como «empresa» a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elabore voluntariamente.

Hay que advertir que las empresas que formulen cuentas consolidadas también se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Norma, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el método de integración global o proporcional al margen del marco de información financiera en que se formulen las citadas cuentas.

La Resolución exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Para ello, en la medida que la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien, servicio de que se trate o actividad desarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento se ha considerado oportuno emplear el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos».

En la norma segunda se define este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del respectivo pago, circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y durante el periodo a que se extiende el régimen transitorio en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Es conveniente precisar que el «Deber de información» afecta a las operaciones comerciales de pago. Es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del modelo de balance, por tanto, la norma deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.

La norma tercera recoge la información que se considera oportuna para poder apreciar el grado de cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En particular las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:

  • Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.
  • Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.
  • Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al permitido por la ley.

No obstante, como es usual en los restantes requerimientos contables, se ha estimado proporcionado, en razón de su magnitud, exigir un menor detalle de información contable a las pequeñas y medianas empresas. Siguiendo este criterio, las empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

Finalmente, la disposición transitoria primera incorpora el régimen transitorio sobre el plazo legal de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la naturaleza de la entrega de bienes o de la prestación de servicios que reciba la entidad.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, del que solo se solicita un análisis sobre la antigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos requerimientos ante la previsión de que las empresas puedan verse en la necesidad de tener que adaptar sus sistemas informáticos.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dicta la presente Resolución:

 

Norma primera. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las empresas deben recoger en la Memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas, a efectos del deber de información previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, en la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

A tal efecto, se considerará como empresa a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

El ámbito de aplicación de la Resolución se corresponde con el de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

 

Norma segunda. Definiciones.–A los exclusivos efectos de lo previsto en esta Resolución se entenderá por:

a) Plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos: el importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

b) Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios.

 

Norma tercera. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el ejercicio.

1. Las empresas incluirán una nota en el modelo normal de la memoria de sus cuentas anuales individuales y en su caso, consolidadas, con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Plazo medio ponderado excedido de pagos.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

Resolución de 29 de diciembre de 2010 comunicacion aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 2. La información de las cuentas consolidadas estará referida a los proveedores del grupo como entidad que informa, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas dependientes y, en su caso, los de las empresas multigrupo de acuerdo con lo dispuesto en las normas de consolidación que resulten aplicables. El cuadro solo recogerá la información correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.

3. Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad, o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas incluirán una nota con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado deberán cumplimentar la información que se solicita en el apartado 1 de esta norma cuando se incluyan en el conjunto consolidable de una sociedad española.

 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los plazos máximos de pago.

El plazo legal máximo de pago que debe cumplir el deudor a partir de la fecha de la prestación de los servicios o de la recepción de las mercancías, distintas de los productos de alimentación frescos y perecederos, se ajustará progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados al calendario transitorio establecido hasta el 1 de enero de 2013 en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

 

Disposición transitoria segunda. Información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta Resolución.

En el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Adicionalmente, en las cuentas anuales de este primer ejercicio no se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

 

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Madrid, 29 de diciembre de 2010 – El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

En estos momentos la morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada tres quiebras en España, sobre todo entre las pymes, que representan el 99,90 % del tejido empresarial, suponen el 68 % del PIB y mantienen el 79 % del empleo.

Pero la morosidad en España no sólo es imputable a causas coyunturales, sino que además se deben considerar causas estructurales, como pueden ser la actitud de algunos actores económicos –grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas– de prolongar deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos en muchos sectores, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento económico generalizado.

En los últimos años, se ha extendido el abuso de grandes empresas dominantes en algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, que dependen en gran medida de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación de las condiciones de pago y exigen pagar con plazos muy dilatados.

De este modo, las pymes proveedoras de bienes y servicios conceden a sus compradores un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias no sólo para financiar sus compras sino también para poder refinanciar a sus clientes, por tanto sufren en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario.

Si a ello además añadimos la falta de dinero existente en este momento en el circuito financiero, nos encontramos con que cerca de 300.000 empresas se encuentran en peligro de desaparición.

Para tratar de constreñir las malas prácticas de pago y combatir la morosidad de las empresas y administraciones, se creó la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor esta legislación sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas españolas, y aquellas que aplican la ley a sus clientes (principalmente el cobro de los intereses de demora y de los gastos de gestión de cobro) suelen ser sociedades mercantiles de gran tamaño. Es por ello que numerosas patronales decidieron luchar para conseguir una serie de modificaciones de la Ley que permitiese a los más pequeños luchar por sus derechos. Y finalmente lo consiguieron en junio de este año con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

  

Este nuevo libro del mayor experto en lucha contra la morosidad en España, Pere J. Brachfield, explica de forma minuciosa pero no por ello complicada, todos los entresijos de esta legislación que trata de ayudar a la subsistencia de tantas pequeñas y medianas empresas. Brachfield, con su habitual lenguaje directo y sencillo descifra los argumentos jurídicos que habitualmente acompañan a las leyes para que cualquier empresario sea capaz de entender cuáles son sus derechos y los diferentes instrumentos que la Ley pone a su disposición.

El objetivo del libro es que los acreedores, autónomos, emprendedores y personas que, sin ser licenciadas en derecho, se dedican profesionalmente a la reclamación de impagados, adquieran los  conocimientos suficientes para hacer una aplicación práctica de la nueva normativa antimorosidad.

El libro “La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada”, explica cómo usar eficazmente las nuevas herramientas jurídicas introducidas en 2010 para luchar contra los impagados. También habla de las normas ya existentes antes de las reformas legales y que hay que conocer para realizar más eficazmente la gestión recuperatoria de deudas. Y por último, analiza la reforma incorporada durante este año para flexibilizar las condiciones de recuperación de las cuotas del IVA repercutido en facturas incobrables.

Gracias a este libro, el lector podrá adquirir conocimientos extremadamente útiles para obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones o por lo menos para paliar las consecuencias económicas de los incobrables.

Descubra todo sobre la  Ley 15/2010 de mano del mayor experto sobre impagos y morosos de España, Pere J. Brachfield

Informe Impacto Ley Morosidad

Informe  de la Federación de Autónomos (ATA) sobre el impacto de la Ley Morosidad en España – Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004

 

  • El 64% de los autónomos se ha visto afectado por la morosidad, tanto pública como privada.
  • Las Administraciones Públicas en España tardan 158 días, de media, en hacer frente a sus facturas. En Europa, el plazo medio es de 67.
  • En el sector privado, la demora es de 101 días en España frente a los 57, de media, en Europa.
  • ATA exige la puesta en marcha de la nueva línea ICO – morosidad Entes Locales
  • La deuda de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos supera los 34.000 millones de euros.

Lo que dice la ley: en 2010, se reduce a un máximo de 55 días el periodo de pago de las administraciones

El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales España.

Dicha reforma prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Calendario transitorio de plazos de pago (en días):

Además, la reforma establece que el plazo de pago se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos, no desde la emisión de la factura. Además, se da la posibilidad de agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 días en un único documento.

La ley 15/2010 señala que el interventor general del Estado, las CC.AA y los tesoreros de los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de la ley; que los ayuntamientos deberán poseer de un registro de todas sus facturas y que el Gobierno está obligado a remitir a las Cortes un informe anual sobre los plazos de pago.

Otro aspecto fundamental que se establece es la creación, en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor de la ley (han pasado más de 120 y no se ha hecho) de una línea de crédito directa a través del ICO para facilitar el pago de las deudas anteriores al 30 de abril de 2010 de los entes locales con empresas y autónomos.

Los autónomos españoles y la morosidad, ¿cómo les afecta?

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA ha realizado un estudio sobre el impacto entre el colectivo de la ley de morosidad tras cumplirse 120 días desde su entrada en vigor.

Los datos que se arrojan desde el Observatorio del Trabajo Autónomo son demoledores: el 64% de los autónomos se ha visto afectado directa o indirectamente por la morosidad, tanto pública como privada. Además, el retraso del pago, tanto del sector privado como público, para más de uno de cada cinco autónomos, el 20,3%, supera los 361 días.

Porcentaje de autónomos afectados por la morosidad tanto pública como privada

Retraso del  pago del sector privado y público a autónomos en número de días

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VALORACION

Europa legisla sobre morosidad, nueva directiva

El Parlamento Europeo aprueba la nueva Directiva europea sobre morosidad, que admite la posibilidad de extender los plazos de pago entre empresas más allá de los 60.

Directiva europea plazos de pago
Directiva europea plazos de pago

El Parlamento Europeo ha aprobado por 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones una nueva Directiva sobre plazos de pago. Según explica la nota oficial emitida por el Parlamento Europeo , `para los pagos entre empresas se establece un plazo general de 30 días, a menos que se indique lo contrario en el contrato. Si ambas partes están de acuerdo, es posible ir hasta 60 días. El plazo de pago podrá extenderse más allá de 60 días, sólo si se acuerda expresamente por el acreedor y el deudor en el contrato y siempre que no sea manifiestamente injusto para el acreedor´.

Sector público, 60 días

En los plazos de pago del sector público a las empresas proveedoras, los plazos de pago pactados más allá de los 30 días deberán ser `objetivamente justificados a la luz de la especial naturaleza o características del contrato´ y no podrán sobrepasar los 60 días `bajo ninguna circunstancia´, salvo en el caso de las entidades públicas que prestan atención sanitaria.

`El tipo de interés legal de demora queda establecido en la tasa de referencia más un mínimo de 8%. El acreedor también tiene derecho a obtener del deudor, como mínimo, una suma fija de 40 euros como compensación por los costes de cobro´, añade la nota.

`El período de verificación para comprobar que los productos o servicios cumplen con los términos del contrato se fija en 30 días. Este plazo podrá ampliarse en el caso de contratos especialmente complejos, pero sólo si es expresamente acordado y siempre que no sea manifiestamente injusto para el acreedor´, explica el Parlamento.

Próximos pasos

El acuerdo requiere ahora de la aprobación formal del Consejo Europeo. La nueva directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán a partir de entonces dos años para incorporar a su legislación nacional la regulación. El Parlamento calcula que este periodo de trasposición comenzará previsiblemente en enero de 2011.

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