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Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

Seminario Recuperación de Impagados y Ley Antimorosidad

Seminario
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Una problemática capital para las empresas en el entorno económico actual es la recuperación de los impagados aplicando las últimas técnicas de cobro. Así mismo, la Ley de Lucha contra la Morosidad lleva ya más de un año de aplicación y es hora de analizar las formas en que las empresas han abordado su cumplimiento y las oportunidades que puede brindar para la mejora de la tesorería. También se trata la reclamación judicial de los impagados y las diversas opciones que existen para reclamar deudas en este ámbito.

  • Conocer las características de la venta a crédito y de las opciones que existen de asegurar el cobro.
  • Conocer las últimas técnicas de recobro de impagados y cómo debe abordarse al deudor según su tipología.
  • Prevenir la morosidad analizando las causas de la misma.
  • Comprender los diferentes procedimientos judiciales para el cobro de deudas, plazos y formas que pueden adoptar según la naturaleza de las reclamaciones.

Con la participación de:
D. Ignacio Jiménez, Director Comercial y de Marketing de IBERINFORM.
D. Gonzalo Quiroga, Director del Departamento Procesal Civil e Impagados en CIRCULO LEGAL. Presidente de la Comisión de Morosidad de ASSET.

Hecha la ley… de morosidad, hecha la trampa

Mario Cantalapiedra – Economista

La legislación vigente sobre morosidad en España declara como nulas las cláusulas pactadas entre clientes y proveedores sobre fechas de pago que difieran del plazo legal cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, para lo cual habrá que valorar todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio comercializado, la prestación por parte del deudor de garantía adicionales y los usos habituales del comercio. Te recuerdo que el plazo legal de pago para 2012 está fijado en un máximo de 40 días naturales para las administraciones públicas y de 75 días naturales para las empresas, a contar desde la recepción de los bienes o servicios adquiridos.

 Para determinar si una cláusula referente al plazo de pago es abusiva, la legislación actual dice que “se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal, impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas”.

Al final lo que ocurre es que el encargado último de apreciar si una cláusula sobre condiciones de pago es o no abusiva es el juez y es ahí donde aparece la interpretación que distintos servicios jurídicos están haciendo sobre el asunto. Así los bufetes de abogados están considerando que, por ejemplo, no es abusivo el caso de una compañía que sufre el impago generalizado por parte de sus clientes y se ve obligada, por esta circunstancia, a sobrepasar el plazo legal de pago a sus proveedores. Tampoco consideran que se produzca abuso si el acreedor ofrece a sus deudores la alternativa de cobrar dentro del plazo legal si aceptan un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté en precio de mercado, o cobrar un poco más allá del plazo marcado por la ley si no se quiere afrontar el gasto financiero del anticipo. Se argumenta que el proveedor tiene, en este caso, la opción de elegir. Me imagino que aquellos que defiendan esta posibilidad estarán pensando en confirming que se ofrezca bajo la modalidad “sin recurso”, es decir, en el que la empresa proveedora que anticipe el cobro de sus facturas quede liberada de toda responsabilidad en caso de impago.

En cualquier caso, el debate está ahí y estos ejemplos vienen a confirmar aquello que se dice popularmente de que hecha la ley, hecha la trampa.

Informe Impacto Ley Morosidad

Informe  de la Federación de Autónomos (ATA) sobre el impacto de la Ley Morosidad en España – Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004

 

  • El 64% de los autónomos se ha visto afectado por la morosidad, tanto pública como privada.
  • Las Administraciones Públicas en España tardan 158 días, de media, en hacer frente a sus facturas. En Europa, el plazo medio es de 67.
  • En el sector privado, la demora es de 101 días en España frente a los 57, de media, en Europa.
  • ATA exige la puesta en marcha de la nueva línea ICO – morosidad Entes Locales
  • La deuda de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos supera los 34.000 millones de euros.

Lo que dice la ley: en 2010, se reduce a un máximo de 55 días el periodo de pago de las administraciones

El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales España.

Dicha reforma prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Calendario transitorio de plazos de pago (en días):

Además, la reforma establece que el plazo de pago se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos, no desde la emisión de la factura. Además, se da la posibilidad de agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 días en un único documento.

La ley 15/2010 señala que el interventor general del Estado, las CC.AA y los tesoreros de los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de la ley; que los ayuntamientos deberán poseer de un registro de todas sus facturas y que el Gobierno está obligado a remitir a las Cortes un informe anual sobre los plazos de pago.

Otro aspecto fundamental que se establece es la creación, en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor de la ley (han pasado más de 120 y no se ha hecho) de una línea de crédito directa a través del ICO para facilitar el pago de las deudas anteriores al 30 de abril de 2010 de los entes locales con empresas y autónomos.

Los autónomos españoles y la morosidad, ¿cómo les afecta?

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA ha realizado un estudio sobre el impacto entre el colectivo de la ley de morosidad tras cumplirse 120 días desde su entrada en vigor.

Los datos que se arrojan desde el Observatorio del Trabajo Autónomo son demoledores: el 64% de los autónomos se ha visto afectado directa o indirectamente por la morosidad, tanto pública como privada. Además, el retraso del pago, tanto del sector privado como público, para más de uno de cada cinco autónomos, el 20,3%, supera los 361 días.

Porcentaje de autónomos afectados por la morosidad tanto pública como privada

Retraso del  pago del sector privado y público a autónomos en número de días

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