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Disminución del número de concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los deudores concursados en España en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a 1.079 según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Este dato representa una disminución del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente. En este sentido, según el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, “se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Con el concurso se trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de deudores concursados en el tercer trimestre, 778 correspondieron a empresas (72,1 por ciento), mientras que 301 fueron de personas físicas sin actividad empresarial (27,9 por ciento). Por tipo de concurso, el 92,9 por ciento del total (1.002) fueron de tipo voluntario (solicitados por las propias personas físicas o jurídicas deudoras), y el restante 7,1 por ciento (77) fueron de tipo necesario (solicitados por los acreedores).

Los datos por comunidades autónomas señalan que Cataluña encabezó el número de concursos en el tercer trimestre de 2018 con el 28 por ciento (302), seguida por la Comunidad de Madrid con el 16,9 por ciento (182), por lo que casi uno de cada dos concursos que se presentan en España se origina en una de estas dos comunidades autónomas. En términos de variación anual, Extremadura presenta el mayor descenso en el número de deudores concursados con una caída del 69,2 por ciento, mientras que el mayor aumento se produjo en el Principado de Asturias con un 88,9 por ciento más de concursos.

Por actividad económica, el 23,8 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo la construcción el segundo sector en importancia con el 15,8 por ciento de los concursos.

 

Evolución del número de deudores concursados en EspañaFuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2018).

 

Disponible el formulario que permite solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos

Mario Cantalapiedra – Economista

El artículo 231 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, permite a los deudores personas naturales que se encuentren en situación de insolvencia o prevean que no podrán cumplir regularmente con sus obligaciones, iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, con la ayuda de un mediador concursal, y siempre que su pasivo no supere los cinco millones de euros. También pueden acudir a este acuerdo, las personas jurídicas que se encuentren en estado de insolvencia, que hayan sido declaradas en concurso de no especial complejidad y que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

En este sentido, la solicitud del procedimiento deberá ser realizada mediante un formulario normalizado, aprobado por la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, y que ha entrado en vigor el 18 de enero de 2016, el cual se estructura en los cuatro apartados siguientes:

  1. Identificación del solicitante del procedimiento, ya sea persona natural o jurídica, en todo lo referente a su situación personal, familiar y laboral o profesional, según proceda.
  2. Comprobación de que concurren las condiciones que permiten iniciar el procedimiento. Por ejemplo, el deudor habrá de declarar el tipo de insolvencia en el que se encuentra: actual (no puede cumplir regularmente sus obligaciones) o inminente (prevé que no podrá cumplir sus obligaciones), o los hechos de los que deriva dicha insolvencia (desempleo, sobreendeudamiento, pérdidas empresariales o profesionales, etcétera).
  3. Inventario de los bienes y derechos del deudor, incluyendo la totalidad de su patrimonio. Según el caso, se deberá aportar una documentación u otra para justificar este inventario. En el caso de que el deudor está obligado a llevar contabilidad, se deberán aportar las cuentas anuales de los últimos tres ejercicios.
  4. Lista de acreedores, en la que se declaren tanto el número de los mismos como sus datos identificativos.

Como se señala en la propia Orden JUS/2831/2015, esta información permitirá un tratamiento más adecuado de la situación de insolvencia de que se trate, favoreciendo el buen desenvolvimiento y fin de los acuerdos extrajudiciales de pago. En el caso de que la solicitud corresponda a un deudor no empresarial, deberá dirigirse al notario correspondiente a su domicilio. Mientras que, los empresarios o entidades inscribibles en el Registro Mercantil, podrán dirigirla al registrador mercantil o a la Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, cuando éstas hayan asumido funciones de mediación.

Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset