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Modificado el artículo que permite la separación de los socios si no se reparten dividendos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2018, ha modificado el polémico artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos. La nueva redacción del artículo es la siguiente:

Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas”.

Con respecto a la redacción anterior, los principales puntos a destacar son:

  • Como novedad más significativa, se permite a las sociedades que en sus estatutos establezcan la no aplicación del derecho de separación.
  • Se clarifica que el derecho nace transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil.
  • Asimismo se clarifica el concepto de beneficio a repartir (“beneficios obtenidos que sean legalmente distribuibles” frente al anterior “beneficios propios de la explotación del objeto social”).
  • Por otro lado, el reparto legal mínimo se fija en el 25 por ciento de beneficio obtenido, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. No obstante, no habrá derecho a la separación cuando los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivalgan al 25 por ciento de los beneficios distribuibles en dicho período.
  • Se amplía la no aplicación del artículo a otro tipo de sociedades además de a las cotizadas, como, por ejemplo, a las que se han declarado en concurso o a las sociedades anónimas deportivas.

¿Debe el legislador condicionar la política de reparto de dividendos de una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos, asunto que no está exento de cierta polémica. En concreto el texto del artículo es el siguiente:

Artículo 348 bis Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos

  1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
  2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
  3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas”.

 

A partir de lo anterior, podemos señalar que la separación se puede dar si se reúnen las siguientes circunstancias:

  • La sociedad no cotice en Bolsa.
  • Hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde su inscripción en el Registro Mercantil (hemos de entender con reparto o sin reparto de dividendos durante los mismos).
  • Existan suficientes beneficios de explotación repartibles en el ejercicio cuyas cuentas se aprueben.
  • El socio que desea separarse haya votado a favor de la distribución de dichos beneficios.
  • La junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios de explotación obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

 

El plazo fijado para el ejercicio del derecho de separación del socio es de un mes a partir de la fecha en la que se celebre la junta, debiendo la empresa, en su caso, adquirir sus acciones a valor razonable.

Habremos de ver en el tiempo el efecto real de esta medida, pero la verdad es que la entrada en vigor del artículo 348 bis del TRLSC, en mi opinión, plantea un dilema importante. Por un lado, permite a los socios minoritarios arrinconados en empresas donde entienden que no se cuenta con ellos desatascar su situación y tener una salida, pero, al mismo tiempo, puede condicionar la política de reparto de dividendo de las empresas más modestas. Soy de los que creen que todas las compañías, pero sobre todo las más pequeñas, tienen una gran oportunidad en la generación de reservas voluntarias para fortalecer su situación financiera y poder afrontar con ellas épocas de crisis, como la vivida recientemente, donde se tenga que acudir a la financiación propia ante la escasez de la ajena. La pregunta aquí es si el legislador con el fin de proteger a los socios minoritarios debe condicionar la política de reparto de dividendos y, por tanto, la de generación de reservas voluntarias de una empresa. Yo tengo mis serias dudas…

Sanciones previstas ante la falta de depósito de las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, ya sabemos que estamos obligados a depositar en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de nuestra sociedad, la certificación de los acuerdos de la junta general de dicha aprobación, adjuntado un ejemplar de las propias cuentas anuales, así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la empresa se encuentre obligada a presentar auditoría, o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.

Ahora quiero referirme a lo que regula el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio), y que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, sobre el régimen sancionador previsto ante la omisión de la obligación de depósito:

En concreto, el incumplimiento del órgano de administración de la sociedad de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos referidos al comienzo del post, dará lugar a la imposición de una multa por importe de entre 1.200 a 60.000 euros, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), previa instrucción del correspondiente expediente. Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6 millones de euros, el límite de la multa para cada año de retraso se eleva hasta los 300.000 euros.

La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio que hayamos declarado a la Administración tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor del expediente por la propia sociedad, y  en el supuesto de no disponer de ellos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con la cifra de capital social, que será solicitará al Registro Mercantil correspondiente.

También se comenta en el artículo 283, que en el supuesto de que los documentos se depositen con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento, de ahí la importancia, en la que siempre insisto, de depositar las cuentas anuales aunque hayamos sobrepasado el plazo legal previsto.

Por último, reseñar que las infracciones mencionadas prescriben a los tres años.

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