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El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset