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Cuatro ratios que miden la capacidad de pago de una empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los ratios de situación financiera que analizan la estructura de balance de una empresa, existen cuatro que se utilizan para medir su capacidad de pago. Como siempre que hablamos de ratios, más allá de la nomenclatura utilizada (solvencia, liquidez, etcétera), la cual suele variar entre analistas, hemos de centrarnos en su fórmula de cálculo, así como en la interpretación de su resultado.

Solvencia

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Este ratio mide la capacidad de pago de una empresa a nivel general. Debe ser mayor de uno, de tal modo que si es menor la empresa no puede hacer frente con su activo a la suma de sus deudas a largo (pasivo no corriente) y a corto plazo (pasivo corriente). A mayor resultado positivo que muestre el ratio, los acreedores de la empresa disfrutarán de un mayor grado de seguridad.

Liquidez

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En este caso, el ratio de liquidez es un indicador de la capacidad de pago a corto plazo de una compañía, es decir, a menos de un año, para lo que compara las magnitudes de activo a corto plazo (corriente) y pasivo a corto plazo (corriente) . Aunque generalmente debería ser mayor que uno para considerar que no existen problemas de pago, hay sectores donde es normal que sea inferior a la unidad sin que existan dichos problemas. Es algo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la distribución o de las agencias de viaje, donde las empresas cobran rápido y pagan más tarde, siendo los proveedores los que financian la actividad. Al igual que en el caso del ratio anterior, a mayor resultado positivo, mayor grado de seguridad disfrutado por los acreedores de la empresa.

Tesorería

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Este ratio se obtiene a partir del anterior eliminando del numerador el efecto de las existencias, el menos líquido de los componentes del activo corriente, y que recoge los bienes poseídos por la empresa para ser vendidos en el curso normal de la explotación o para su transformación o incorporación al proceso productivo, y cuya incidencia puede ser muy significativa en compañías industriales. Es una medida que también mide la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago a corto plazo, en la que un mayor resultado positivo, ha de interpretarse como un mayor grado de seguridad por parte de los acreedores.

Disponibilidad

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Finalmente el ratio de disponibilidad es una medida de la capacidad de pago inmediata de una empresa, para lo cual mide la proporción que representa el dinero (disponibilidades líquidas en caja y bancos) y el cuasidinero (inversiones financieras convertibles en efectivo con un vencimiento no superior a tres meses, que no tengan riesgos significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería) sobre el pasivo corriente. Suele tener un valor muy pequeño y al igual que el resto de ratios que miden la capacidad de pago, a mayor resultado positivo, mejor para los acreedores.

Evolución ratios que miden la capacidad de pago de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. (2014 – 2016) y comparativa con sector (2016)

TelefonicaFuente: Insight View.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “marketplace” para que inversores en “crowdfunding” puedan acudir en busca de liquidez

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las mayores preocupaciones que tienen los inversores que acuden a financiar proyectos empresariales a través de plataformas de crowdfunding (crowdinvesting o crowdlending), es la de poder vender su inversión, en un momento dado, y lograr liquidez. Algo que preocupa especialmente a los que invierten en acciones o participaciones de empresas a través del crowdinvesting.

A este respecto, conviene repasar el documento sobre preguntas y respuestas dirigidas a empresas fintech publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el cual se recuerda que la Ley 5/2015 no contempla la posibilidad de que las plataformas de financiación participativa (PFP) puedan establecer sitios virtuales (marketplaces) a modo de mercado secundario, donde inversores puedan comprar y vender obligaciones, acciones, participaciones o préstamos adquiridos previamente a través de ellas. No obstante, lo que sí contempla esta Ley en su artículo 52.1 es la posibilidad de que las plataformas habiliten canales de comunicación a distancia para que usuarios, inversores y promotores puedan ponerse en contacto entre sí antes, durante o después de que se haya financiado un proyecto. En base a lo anterior y con el fin de favorecer la liquidez de la inversión, la CNMV considera que en las webs de las PFP podrán existir marketplaces, a los que los inversores acudan en búsqueda de dicha liquidez, siempre que se respeten las siguientes particularidades:

 

  • No reúnan las características de un mercado secundario.
  • Consistan únicamente en la publicación de anuncios de inversores que deseen expresar su intención de vender la inversión que realizaron en algún proyecto publicado en la plataforma.
  • En los anuncios no aparezca el precio de la oferta.
  • Se advierta expresamente que el papel de la PFP únicamente es el de facilitar la comunicación entre inversores (potenciales vendedores) y usuarios (potenciales compradores).
  • La PFP anuncie de forma destacada que el contacto entre inversores y la posible formalización de la compraventa se realizará al margen de ella y sin su intervención, y con arreglo a la normativa general que afecte a la transmisibilidad del instrumento que haya sido utilizado para la financiación (acciones, préstamos, etcétera).
  • Los posibles interesados entren en contacto directo con el oferente y lleguen a un acuerdo de forma bilateral.
  • El oferente ponga a disposición del posible comprador la información disponible del promotor o, al menos, le facilite su búsqueda.

La línea de mediación ICO para empresas y emprendedores 2018

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras  líneas de mediación, ha lanzado la denominada “ICO Empresas y Emprendedores 2018”, que estará vigente hasta el 21 de diciembre de este año. Desde el punto de vista empresarial, esta línea se destina a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez, con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero

En la mecánica de las líneas de mediación que ofrece el ICO, este diseña y fija sus principales características (dotaciones, finalidad, tipos de interés y plazos de amortización), firmando acuerdos de colaboración con las entidades de crédito a las que provee de fondos. Son dichas entidades las que comercializan la financiación a través de sus redes y deciden su concesión o no, asumiendo el riesgo de impago y pudiendo solicitar las garantías que estimen oportunas salvo que exista un aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). En este caso, el acuerdo se ha realizado con las siguientes 11 entidades: Abanca, Banco Cooperativo, Banco de Crédito Cooperativo, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, EBN Banco de Negocios, Santander y Unicaja Banco.

La financiación se puede destinar a liquidez (necesidades de circulante tales como gastos corrientes o pago a proveedores), donde no se necesita justificar el destino de los fondos, o a inversiones productivas dentro de territorio nacional (como, por ejemplo, activos fijos productivos nuevos o de segunda mano o adquisición de empresas), donde sí será necesario presentar un proyecto de inversión. Desde la fecha de la firma de la operación se dispone de un año para realizar la inversión correspondiente. No obstante, se pueden financiar inversiones previas a la firma siempre que no se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017.

En cuanto a los fondos que puede recibir cada solicitante son de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. Cuando el destino del dinero sea inversión podrá solicitarse bajo la modalidad de préstamo o de leasing, mientras que cuando se destine para liquidez se podrá solicitar un préstamo o una línea de crédito.

Como dato curioso no se pueden financiar actividades relacionadas con la fabricación o distribución de armas y municiones. En el siguiente enlace puedes obtener una información más detallada de esta línea “ICO Empresas y Emprendedores 2018”.

Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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Las áreas de responsabilidad del tesorero

Mario Cantalapiedra – Economista

La gestión de tesorería es el área dentro de una empresa que se ocupa de controlar y coordinar los flujos monetarios de la misma, es decir, los cobros y los pagos que se generan en el negocio. El objetivo fundamental de esta gestión es, por tanto, adecuar la corriente de cobros con la de pagos, de tal modo que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad. Te recuerdo que la liquidez lo que expresa es la aproximación de cada elemento del activo a su conversión en efectivo, de tal modo que el bien más líquido se puede considerar el efectivo que se tiene en caja. A buen seguro que la falta de liquidez, hoy en día, no deja dormir a muchos empresarios españoles.

En las compañías de mayor dimensión suele existir una figura concreta o un departamento especializado responsable de la gestión de tesorería, hablaríamos aquí del tesorero o del departamento de tesorería, mientras que si  vamos reduciendo el tamaño de las empresas nos encontraremos con la acumulación de tareas en una sola persona y la consecuente asignación de esta gestión, por ejemplo, al responsable financiero de la empresa o al contable.

La estructura concreta que tenga el departamento de tesorería dependerá de las áreas empresariales en las que el tesorero pueda tener poder de decisión. En concreto, suele tener algún tipo de vinculación con las cuatro siguientes:

1. Gestión (negociación) bancaria: Se encarga de la planificación y control de la posición de tesorería (caja y bancos), lo que podemos considerar como el núcleo de su trabajo y en algunas ocasiones, sobre todo en las pymes, también de negociar las condiciones que se establecen con las entidades financieras.

2. Cobro de clientes: Se suele ocupar de controlar el crédito comercial concedido a los clientes, de las condiciones de cobro que son pactadas con ellos y de que estas se cumplan adecuadamente.

3. Pago a proveedores: Puede llegar a negociar las condiciones de pago a los proveedores que suministran bienes y servicios a la empresa.

4. Gestión de almacenes: A pesar de que las existencias acumuladas en los distintos almacenes de la empresa afectan a la liquidez, suponiendo una inversión que es preciso financiar, la determinación de los niveles de existencias es el área de las cuatro en las que más raramente participará el tesorero.