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Proyecto de ley de agilización procesal. Su aprobación supondrá importantes reformas en la reclamación monitoria

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado 28 de junio el texto de la Ley de Agilización Procesal, que ahora se está debatiendo en el Senado.

Desde el punto de vista de la reclamación de cantidad, la aprobación de este texto supondría, a mi entender, importantes y ventajosas novedades, especialmente en el procedimiento monitorio que es el más recurrente a la hora de exigir el pago de deudas comerciales.

En primer lugar, mediante la Ley 4/2011 se estableció la obligación de abonar tasas judiciales por la interposición del procedimiento monitorio. Esto supuso una limitación importante para la reclamación de impagados de escasa cuantía, ya que la interposición de la demanda supone el pago previo de una tasa judicial que no es susceptible de ser repercutida posteriormente al moroso.

Pues bien, en esta línea, la reforma contiene dos importantes previsiones:

  • Que la tasa judicial a abonar para interponer una demanda de reclamación monitoria sea de un importe fijo de 50  € para el caso de reclamaciones superiores a 3.000 €, cualquiera que sea su cuantía, no siendo necesario abonar tasa alguna cuando lo que se reclama sea inferior a dicha cantidad. 
  • Que la tasa judicial pase a ser considerada, mediante la modificación del artículo 241.1 L.E.C., como gasto procesale, lo que permitiría su repercusión al contrario. 

Otra importante modificación, en lo que al monitorio se refiere, consiste en la previsión de que deje de existir límite cuantitativo para poder reclamar una deuda por la vía del monitorio, de tal forma que si, en un principio, se podían reclamar deudas de hasta 30.000 euros y después pasaron a ser deudas de hasta 250.000 (con la Ley 13/2009), ahora se podría reclamar cualquier deuda que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 812 L.E.C. independientemente de cuál fuese su cuantía.

En mi opinión, la aprobación de estas medidas supondría un paso hacia delante en cuanto a la reclamación de deuda comercial, ya que dejaría de ser antieconómica su reclamación en algunos casos, como ocurre en la actualidad debido al pago de la tasa, y se abriría el abanico de deuda reclamable por esta vía, más rápida sin duda que el proceidmiento declarativo.

Nueva Ley 4/2011 de 24 de Marzo: Habrá que pagar tasas judiciales por interponer reclamaciones monitorias

 Gonzalo Quiroga SardiAbogado

Se ha aprobado la Ley 4/2011 de 24 de marzo por la que se modifica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para de facilitar la aplicación del Monitorio Europeo y Proceso Europeo de reclamación de deudas de escasa cuantía.

Mediante la citada norma, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduciendo en la misma dos nuevas Disposiciones Finales, la Vigésimo Tercera y la Vigésimo Cuarta, por las que se integra definitivamente en nuestra legislación el Proceso Monitorio Europeo.

También establece la Ley 4/2011 algunos cambios en los procedimientos de reclamación de deuda, como lo son que ya no será obligatoria la intervención de letrado y procurador para Juicios Verbales que no excedan de 2.000 euros ni para las ejecuciones de títulos judiciales que no sobrepasen  dicha cantidad.

Por último, se prevé que las empresas que, por su facturación, vienen obligadas a abonar tasas judiciales deberán hacerlo, también, cuando interpongan una reclamación monitoria, hasta ahora exenta de este pago.

Fundamenta la Ley, en su Exposición de Motivos, que esta medida se adopta para evitar que se canalicen a través del monitorio reclamaciones que no cumplen los requisitos de este tipo de procedimientos, y ello sólo con el fin de evitar el pago de la tasa. No obstante, esto en realidad no ocurre, puesto que con la presentación de una reclamación monitoria que no se ajuste a lo exigido por la L.E.C. lo único que conseguimos es que desestimen la demanda y nos remitan a interponer la demanda del procedimiento declarativo que corresponda, pagando, por tanto, la tasa.

En cualquier caso, si el deudor se opusiese al monitorio, transformándose el procedimiento en un declarativo (verbal u ordinario según la cuantía), no será necesario abonar una nueva tasa, evitándose así el doble pago.