Archivo de la etiqueta: morosidad

La utilidad del modelo 347 a la hora de reclamar facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

El modelo 347 es una declaración fiscal informativa que en España han de presentar los autónomos y empresas que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, efectúen operaciones con otros autónomos o empresas que en su conjunto superen la cifra anual de 3.005,06 euros (IVA incluido).

También han de declarar en este modelo aquellas entidades, tales como asociaciones o colegios profesionales, que cobren por cuenta de terceros, cuando los cobros que realicen superen la cantidad de 300,51 euros en el año. Se presenta en el mes de febrero en relación a las operaciones que se realizan el año anterior.

Su función básica es de control, puesto que permite al personal de la Agencia Tributaria comprobar la facturación de los empresarios obligados a suministrar la información, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellos y observar si las compras que consigna uno, se corresponden con las ventas que declara el otro, lo que en caso de discrepancias importantes puede llegar a motivar una inspección. En este sentido, no es un modelo que tradicionalmente sea visto con agrado por parte de los empresarios.

No obstante, su información puede ser muy útil en el caso de que una empresa tenga que reclamar el impago de una factura, y desee probar en sede judicial que corresponde a una venta real.

En el momento de reclamar ante el juez un impagado, una factura por sí sola no constituyen una prueba plena y eficaz que justifique la venta o la prestación del servicio. No olvidemos que se trata de un documento que emite de forma unilateral el proveedor. Sin embargo, los jueces si tienen en cuenta a la factura para probar la deuda comercial si esta se acompaña con otros medios de prueba como albaranes de entrega o partes de trabajo firmados, o inclusive con una copia del modelo 347 en la que el cliente haya incluido el importe de la factura reclamada.

En este sentido, distintas sentencias judiciales han reconocido que la información que se incluye en el modelo 347 tiene valor a efectos de probar la existencia de relaciones comerciales entre cliente y proveedor. Por ejemplo, en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de junio de 2020, se considera que “la aportación del modelo 347 da credibilidad a la factura reclamada”, mientras que en un sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de León de 23 de marzo de 2021, puede leerse como “la prueba de la existencia de la deuda derivada de los servicios que se detallan en las facturas, no resulta solo de la actuación unilateral del acreedor presentando unas facturas por el confeccionadas, sino que a ello se añade la propia actuación del deudor, que admite efectuó el encargo, computó las facturas en su contabilidad y las declaró a efectos tributarios”.

Por tanto, el modelo 347 más allá de la incomodidad que pueda representar para muchas empresas a la hora de cumplimentarlo, puede ser muy útil si tenemos que reclamar el cobro de facturas impagadas en un juicio.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2021, efectuada mediante subasta a tipo fijo, ha tenido lugar el día 29 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Hay que recordar que este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido en la operación comercial, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

tipo legal Interes demora

Acciones para mejorar la gestión del riesgo de clientes en época de pandemia

Mario Cantalapiedra – Economista

La prolongación de la pandemia está llevando a que muchas empresas sufran tensiones de liquidez, las cuales pueden llegar a afectar a sus pagos a proveedores. En estas circunstancias excepcionales, hasta clientes que habitualmente presenten un buen comportamiento de pagos, pueden tener problemas, de ahí que sea un momento sensible para incidir en la gestión de su riesgo.

Aunque siempre que se pacte el pago aplazado de una factura podrá producirse su impago, se trata de que con acciones como las que se proponen a continuación minimicemos este riesgo.

No forzar las ventas

Un problema que se da actualmente en el mercado, especialmente dentro de aquellos sectores que han sufrido más en los últimos meses con la disminución de su actividad, es el de la presión de vender como sea, lo cual puede conducir a relajar los criterios de concesión del riesgo de crédito.

En este sentido, una venta que no se cobra, no es una venta sino un problema, siendo preferible no vender, que vender y no cobrar. El impago definitivo de una factura supone para la empresa un esfuerzo adicional en ventas que compensen la pérdida, cuyo volumen aumenta en la medida en la que el margen de beneficio con el que se trabaje sea menor.

Dialogar entre departamentos

 Especialmente en aquellos sectores donde las cifras de impagados se están elevando, es importante que exista diálogo entre los departamentos de la empresa relacionados con el ciclo de venta. Éste se podrá dar a través de estructuras de gestión más formales como los denominados comités de riesgo, o de manera más informal, pero es totalmente necesario.

Lo más importante es que se defina una política de riesgos, que sea compartida por los diferentes departamentos, y que los comerciales de la empresa entiendan y puedan aplicar al realizar su función de venta.

Utilizar herramientas de gestión del riesgo

Parece que también es momento propicio para potenciar la utilización de las distintas herramientas externas que permiten gestionar el riesgo de clientes.

Entre ellas las hay básicas, como la consulta de los datos del cliente en el Registro Mercantil (objeto social, domicilio social, capital social, ampliaciones, reducciones, administradores, apoderados, cuentas anuales depositadas, etcétera), que nos permiten realizar un primer análisis de su situación, aunque sin profundizar mucho.

Un mayor grado de análisis se puede conseguir a partir de los informes comerciales, los cuales evalúan la capacidad de pago del cliente a partir de información pública (obtenida tanto del Registro Mercantil como de otras fuentes), y del análisis experto de las empresas que los comercializan.

Pero si hay unas herramientas que la situación de mercado actual aconseja utilizar, son las de analítica avanzada, las cuales permiten realizar una gestión del riesgo comercial más global, optimizando los recursos. A través de sus sistemas de alertas, se puede monitorizar la evolución de los clientes, y recibir avisos si su situación cambia (entran en fondos propios negativos, son declarados en concurso de acreedores, aparecen impagados en su contra, etcétera). Estos datos actualizados a diario facilitan la toma de decisiones sobre la concesión o no de crédito comercial.

Utilizar herramientas de cobertura del riesgo

Por último, cabe la posibilidad de cubrirse ante posibles impagados a través de la contratación de un seguro de crédito, por el que una entidad aseguradora indemnizará a la empresa si se produce la insolvencia definitiva del cliente.

Los clientes morosos deberán abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, que el cliente moroso deberá abonar 40 euros por cada factura que pague fuera de plazo.

Esta sentencia supone una importante interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. En concreto, este artículo señala con respecto a la indemnización por costes de cobro lo siguiente:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

 Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

  1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

Pues bien, el Tribunal Supremo especifica que el cobro de los 40 euros debe ser por cada una de las facturas, y no por el conjunto de ellas. En concreto, en su sentencia reconoce el derecho de una entidad financiera a cobrar dicha cantidad unitaria por cada una de las más de 5.000 facturas que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido por el Servicio Extremeño de Salud.

La sentencia explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora, algo que ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

Esta interpretación jurídica supone un argumento más para que las empresas intenten no incurrir en mora y respeten los plazos de pago pactados/legales, ante el riego de que les sean reclamados 40 euros por cada factura que los sobrepase.

Cómo seleccionar proveedores mediante herramientas de analítica avanzada

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que resulta contar con un número adecuado de proveedores y que reúnan la calidad suficiente, en un momento en el que las cadenas de suministro se han visto afectadas por la falta de abastecimiento o por retrasos importantes en las entregas.

Este entorno tan complejo que nos ha tocado vivir, ha demostrado que el hecho de elegir adecuadamente a los suministradores de bienes y servicios puede ser un aspecto crucial para la viabilidad de cualquier empresa.

Con los proveedores, sobre todo con aquellos que se consideren estratégicos para el desarrollo de la actividad, ocurre como con los clientes, que las relaciones han de basarse en la confianza. Si con los clientes, se espera que abonen las facturas llegados sus vencimientos, con los proveedores, se debe confiar en que suministrarán los productos en los plazos acordados, a los precios igualmente pactados y con la debida calidad.

Antes de tomar la decisión de contratarlo, el proceso de evaluación de un proveedor ha de basarse en información existente, a la que tradicionalmente se ha podido acceder a través de informes comerciales y, más recientemente, utilizando las herramientas de analítica avanzada que los avances tecnológicos han traído consigo, y que muestran una gran cantidad de información de manera organizada y filtrada.

En concreto, estas herramientas de analítica avanzada permiten:

  • Encontrar proveedores cercanos y solventes

A través de ellas se pueden segmentar las bases de datos de empresas y autónomos, filtrándolas por criterios tales como sector, ubicación y nivel de riesgo, accediendo así a una selección de proveedores cercanos y solventes.

  • Prever posibles problemas de suministro

Los análisis económico-financiero y de riesgo, así como los datos sobre incidencias de pago (fuentes oficiales, listas de morosos), que proporcionan, permiten estimar si un proveedor atraviesa dificultades que puedan llevar a que no atienda los pedidos, disminuya la calidad de los mismos, o no conceda el crédito comercial (financiación) deseado.

  • Conocer la fuerza relativa frente al proveedor

En base al dato de facturación del proveedor, se puede estimar lo que representa el volumen de compra prevista por la empresa, analizando la fuerza relativa que se podrá ejercer frente a él.

  • Fijar mejor las condiciones de pago

El conocimiento previo del plazo medio de pago con el que trabaja el proveedor, permite fijar mejor las condiciones de pago de sus facturas.

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

Aplica_intereses

¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

Qué_intereses

En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro

La morosidad bancaria repunta ligeramente en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La morosidad bancaria se mantiene relativamente estable en España, a pesar de haber sufrido un ligero repunte en enero de 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE).

De este modo, al finalizar el primer mes del año, la morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se situó en el 4,54 por ciento, tres centésimas más que al cierre de 2020.

Recuerdo que la tasa de morosidad bancaria se obtiene dividiendo el saldo vivo de los créditos dudosos (55.066 millones de euros a finales de enero), entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,213 billones de euros). Ambos saldos se han reducido en enero de 2021, aunque el de total de crédito lo ha hecho en mayor proporción, de ahí el incremento de la tasa.

Se puede decir que la morosidad bancaria sigue bastante contenida en nuestro país, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento).

Habrá que ver ahora la evolución que sigue la morosidad bancaria en los próximos meses, en función de que los estímulos públicos arbitrados con el estado de alarma se vayan retirando y de que la recuperación de la economía sea o no rápida.

Evolución morosidad bancaria en EspañaMorosidad_bancaria_enero_2021Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Leer artículos anteriores: 1 2 3 4 ... 18 19 20 Pág. Siguiente