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Se disparan las búsquedas del término “recesión” en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La preocupación de los españoles por una posible recesión parece ir en aumento. Así parecen indicarlo los datos de búsqueda de este término que pueden obtenerse a partir de Google Trends. Esta herramienta web permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término a lo largo del tiempo, basando su resultado en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la popularidad máxima del término en cuestión. Pues bien, en el reciente período del 11 al 17 de agosto, el término “recesión” alcanzó el valor máximo de 100 en España, siendo especialmente llamativo el incremento de su búsqueda sobre la media de los últimos 12 meses.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

Aunque técnicamente las grandes economías mundiales no se encuentran aún en recesión, puesto que siguiendo el criterio de definición más aceptado a nivel internacional, esta solo se produce cuando la tasa de variación anual del Producto Interior Bruto (PIB) es negativa durante dos trimestres consecutivos, los últimos datos que vamos conociendo (PIB de Alemania y China, guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera) no invitan a ser muy optimistas con el futuro más cercano, y esto se refleja en lo que busca la gente en internet.

Por curiosidad también he consultado los datos de búsqueda durante el mismo período del término “morosidad”, a la que dedicamos un seguimiento especial en el blog, y en este caso, he de decir que no se observa un incremento tan significativo en su búsqueda, aunque también es creciente en los últimos días.

En esta tesitura, toca estar muy atentos a la evolución de los acontecimientos y particularmente desde las empresas extremar el cuidado en la gestión del riesgo de crédito comercial.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

La tasa de morosidad bancaria se sitúa en mínimos desde septiembre de 2010

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos aportados por el Banco de España (BdE), la tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito se situó a finales de mayo en el 5,64 por ciento, lo que significa su dato más bajo desde el 5,51 por ciento que marcó allá por septiembre de 2010.

El saldo vivo de créditos dudosos a finalizar mayo ascendió a 67.795 millones de euros, mientras que el saldo vivo del total de crédito concedido a empresas y familias alcanzó la cifra de 1.202.149 millones de euros. Dividiendo los créditos dudosos entre el total de crédito concedido se obtiene la tasa de morosidad del 5,64 por ciento. El BdE considera que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados. Dentro de ellos se incluyen los créditos morosos, en los que figura algún importe vencido (ya sea de principal, intereses o gastos) con más de tres meses de antigüedad.

En lo que respecta a la morosidad bancaria que es debida a las empresas, la tasa a final del primer semestre se situó en el 6,65 por ciento, confirmando asimismo la senda de mejora con respecto a los ejercicios anteriores.

Evolución morosidad bancariaImagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresasImagen2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

¿Cómo puede afectar el aumento de la morosidad al crédito al consumo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el acto de apertura en Santander del curso “Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía”, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha alertado del significativo incremento de la morosidad que se está observando en los créditos al consumo que conceden las entidades de crédito, por lo que desde el BdE se les invita a reforzar sus criterios de concesión.

El crédito al consumo es una categoría de préstamo personal que cuenta con una regulación específica (Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo) que ofrece a los consumidores una protección especial. Es el típico préstamo que solicita un consumidor para comprar un automóvil o un electrodoméstico, y que suele llevar aparejada la garantía personal del solicitante. Entre sus rasgos principales, según lo que establece la Ley 16/2011, destacan los siguientes:

  • El prestatario es una persona física que actúa con el propósito de satisfacer una necesidad de consumo.
  • El importe financiado oscila entre 200 y 75.000 euros.
  • El reembolso del importe financiado es aplazado (están excluidos de la Ley los contratos de crédito al consumo en los que el reembolso único del capital deba realizarse en un plazo máximo de 3 meses, siempre que hayan sido concedidos libres de intereses y gastos, o con gastos que no excedan en su conjunto del 1 por ciento del importe total del crédito).
  • El crédito es oneroso (conlleva un coste para el prestatario).
  • El prestamista puede ser cualquier persona física o jurídica que concede crédito en el ejercicio de su actividad, lo que incluye a las entidades de crédito, pero también a otro tipo de prestamistas.

Precisamente me gustaría detenerme en el último de los rasgos anteriores, puesto que tras la recomendación del BdE es muy posible que el volumen de créditos al consumo concedido por la banca se resienta (de hecho, en abril ya se registró una caída en el importe de nuevas operaciones en términos interanuales, la primera que se registra en los dos últimos años), por lo que los consumidores pueden buscar este dinero en otros lugares más allá de las entidades de crédito. La recomendación aquí es clara, se trata de solicitar el dinero de forma responsable, leyendo muy bien las condiciones de los préstamos ofertados y entendiendo los costes (tasa anual equivalente) que hay detrás. Solo así se evitarán sorpresas desagradables.

¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

La tasa de morosidad bancaria sigue disminuyendo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito cerró el pasado ejercicio en el 5,82 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por el Banco de España. Muy lejos queda ya el máximo histórico de esta tasa alcanzado en 2013 cuando se situó en el 13,62 por ciento.

Los créditos dudosos a final de 2018 ascendieron a 70.156 millones de euros, mientras que el total de crédito concedido vivo al cierre del año fue de 1.205.594 millones de euros. Por tanto, la tasa de morosidad del 5,82 por ciento se obtiene al dividir créditos dudosos entre total de crédito. Recuerdo que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos están incluido los créditos morosos, que son aquellos en los que figura algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

En el caso de la morosidad bancaria que es debida a las empresas también se observa una importante reducción de la tasa hasta el 7,39 por ciento (dato correspondiente al final del tercer trimestre de 2018).

Tal y como puedes observar en los cuadros adjuntos, tanto la reducción de la tasa de morosidad bancaria general como la debida exclusivamente a las empresas se acompañan, al igual que en años precedentes, de una disminución del volumen de crédito concedido.

Evolución morosidad bancaria (2012-2018)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas (2012-2018)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

La vergüenza de reclamar una factura impagada al cliente

Mario Cantalapiedra – Economista

El sentido común podría indicar que un crédito comercial debe considerarse moroso desde el momento que llega su fecha de vencimiento y no se paga; sin embargo, y según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, solamente el 14 por ciento de las empresas consideran que una venta a crédito está en mora si no se paga a vencimiento, el 29 por ciento dejan pasar hasta 30 días, el 20 por ciento esperan hasta 60 días, y nada menos que un 37 por ciento de las empresas dejan que transcurran 90 días desde el vencimiento para considerar el crédito moroso. Lo cierto es que el mayor enemigo del recobro es el tiempo, de tal manera que cuanto más transcurra desde que la factura está vencida, menores posibilidades habrá de recobrarla. Igual que se debe sistematizar la gestión de riesgo, debe sistematizarse el recobro, pero aquí se juntan elementos que van desde la voluntad de no entrar en conflicto con el cliente para no perjudicar la relación comercial hasta rasgos culturales por los que nos da vergüenza reclamar una factura impagada.

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Cuando al final se deciden a iniciar acciones de recobro, son muy pocas las empresas (6 por ciento del total) las que aplican sistemáticamente los intereses de demora que reconoce el artículo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El 37 por ciento de las empresas encuestadas declaran aplicarlos “a veces”, y el 57 por ciento restante no los aplican “nunca”. De nuevo pesa el no perjudicar la relación comercial con el cliente. Aunque tengas el derecho, te piensas ejercerlo por si el cliente deja de adquirir tus bienes o servicios.

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Inclusive la mayoría de las empresas declaran aplicar intereses de demora, cuando lo hacen, inferiores a los que permite la legislación vigente (que desde el segundo semestre de 2016, y en base al cálculo que se realiza en función del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación, están fijados en el  8 por ciento). Puede que hayan pactado un interés menor con el cliente (el 8 por ciento es el que se aplica por defecto si no existe pacto), o que simplemente “no se atrevan” a aplicar un interés tan elevado.

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Menos de la mitad de las empresas en España cobran dentro del plazo de pago legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.

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Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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Análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, basado en 650 encuestas a empresas, por primera vez desde 2012 empeora la tasa de empresas que sufren algún impago significativo en los últimos 12 meses. Es cierto, que solo lo hace en un 1 por ciento con respecto al año anterior (27 por ciento frente a 26 por ciento) y que está lejos de la tasa récord de este Estudio del 66 por ciento alcanzada en 2012, pero en cualquier caso este dato supone romper una tendencia positiva.

Impacto

Que las cosas van peor en cuanto a morosidad se refiere, lo confirma el empeoramiento de la tasa de impago en las relaciones B2B (transacciones comerciales entre empresas). Hasta un 6 por ciento de las compañías declaran tener unas tasas de impago altas (aquellas superiores al 4 por ciento), frente al 3 por ciento del año anterior, lo que también supone el primer cambio de tendencia en este indicador desde 2012.

b2b

Los efectos que tiene la morosidad para las empresas siguen siendo muy similares a los declarados el año anterior. En primer lugar, se destacan las consecuencias negativas de un modo general (64 por ciento), seguidas por incremento de costes financieros y pérdida de ingresos (39 por ciento), limitación del crecimiento (16 por ciento) y limitación de nuevas inversiones (15 por ciento). En este capítulo, cabe destacar que para el 9 por ciento de las compañías encuestadas la morosidad pone en riesgo su propia continuidad. El retraso en el pago siempre genera problemas, que podrán ser más leves o más graves, pero siempre los crea. Como se comentó en la presentación del Estudio en el Instituto de Empresa, “hay algo diferente entre comprar y pagar; si me compra y no me paga, no es un cliente, es un problema”.

Consecuencias

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