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Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

A estos efectos, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2020 ha tenido lugar el 22 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

ALERTA: TERMINA EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR IMPAGADOS ANTERIORES AL 7 DE OCTUBRE DE 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente pasado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Es cierto que dicho plazo se verá ampliado unos meses, pues el Estado de Alarma suspende el transcurso de los plazos legales hasta que se acuerde su alzamiento, pero aun así nos encontramos con que nos quedan escasos meses para poder reclamar los impagados anteriores a 2015 pues pasado el plazo previsto habremos perdido el derecho a reclamar cuanto nos adeudaban.

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

Más del 70 por ciento del crédito comercial en España se encuentra en situación de mora

Mario Cantalapiedra – Economista

En España desciende ligeramente la morosidad entre empresas, pero los plazos de pago siguen estando por encima de los 80 días, muy lejos del plazo legal de 60 días que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es un dato que se desprenden del último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en colaboración con la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), y referentes al segundo trimestre de 2019.

En concreto, el descenso de la morosidad se debe a una reducción de 2,7 días respecto del trimestre anterior en el período medio de pago a proveedores, que se sitúa ahora en 82,3 días.

Entre las cifras que proporciona el Boletín, llama poderosamente la atención que el porcentaje de crédito comercial que se encuentra en situación de mora, atendiendo a los plazos legales establecidos, sea del 70,6 por ciento del total de crédito comercial, y eso que descendió 0,2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2019.

Por otro lado, la organización que representa a los pequeños y medianas empresarios cifra el coste financiero de la morosidad en 1.579 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en el mismo período de 2018.

En cuanto al plazo de pago en función del tamaño de la empresa, se comprueba como aumenta en la medida en la que la dimensión de la compañía también es mayor. De este modo, las microempresas (aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores) pagan a una media de 76,7 días; las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) abonan sus facturas a 82 días, y por último las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) pagan a 86,2 días. Este  estudio no proporciona datos de las grandes empresas, aunque el sentido común sugiere que su plazo será todavía mayor. El pez grande se come al chico en cuanto a retrasar los pagos se refiere, su mayor poder de negociación marca la pauta.

Por sectores, el de la construcción y promoción mantiene el período medio de pago más alto con 94,7 días, seguido por plásticos (89,7) y sector textil (88,3). En el otro lado de la balanza, se sitúa la distribución alimentaria donde se paga a 71,3 días de media.

Período medio de pago por tamaño empresarial del deudor (días)Morosidad_Boletín_IIT19Fuente: Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial II Tri 2019. CEPYME – DGIPYME.

El crédito al consumo y su tasa de morosidad aumentan en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad bancaria en España ha descendido hasta situarse en 5,10 por ciento en octubre de 2019, lo que representa su nivel más bajo desde el 5,08 por ciento que alcanzó en diciembre de 2009, pero lo está haciendo a consta de un menor crédito concedido por las entidades financieras. Si en diciembre de 2009 el volumen de crédito en vigor se situaba en los 1,870 billones de euros, en octubre de 2019 era de 1,192 billones de euros, un importe bastante inferior.

No obstante, no todos los elementos que forman parte del crédito bancario están teniendo el mismo comportamiento. Así, se puede comprobar como el crédito al consumo está aumentando de forma considerable en los últimos tiempos. Dentro de él se incluye la financiación a la que recurre una familia, por ejemplo, para comprar un automóvil o un electrodoméstico, o inclusive para afrontar un período de concentración de pagos como la actual. Los bancos suelen conceder estos créditos de pequeña cuantía a sus clientes con mayor facilidad, pero a costa de repercutirles también un precio mayor. Pues bien, en base a los datos del Banco de España (BdE), se puede comprobar como el volumen de créditos al consumo ha aumentado en más de 30.000 millones desde 2013 hasta septiembre de 2019, lo que en términos relativos representa un incremento de más del 50 por ciento. En cuanto a la tasa de morosidad del crédito bancario, se sitúa en el 5,14 por ciento, con una tendencia también creciente a diferencia de lo que ocurre con la tasa de morosidad bancaria general. Desde el propio BdE ya se ha manifestado en más de una ocasión la preocupación porque el crédito al consumo se dispare, las entidades financieras relajen sus criterios de concesión y si la coyuntura económica empeora implique un aumento de la morosidad bancaria. Lo cierto es que si una familia tiene problemas para afrontar sus deudas, es lógico que antes deje de pagar un crédito al consumo que la hipoteca.

Evolución morosidad bancaria del crédito al consumo en EspañaMorosidad_consumoFuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

¿Cuándo consideran las empresas españolas que un cliente es moroso?

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los elementos fundamentales que han de establecerse en las relaciones comerciales entre cliente y proveedor es el acuerdo sobre la fecha de pago de las facturas. Una vez que llega esta, si el cliente no abona la factura podría ser considerado como moroso. No obstante, las empresas españolas de forma general no lo entienden así.

Según los datos del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España de Crédito y Caución e Iberinform, solamente el 14 por ciento de las empresas consideran que una venta a crédito está en mora si a fecha de vencimiento la factura no ha sido pagada. A partir de aquí el resto de empresas conceden un período de cortesía o de gracia antes de considerar que su cliente es moroso. El 32 por ciento dejan transcurrir hasta 30 días, el 19 por ciento 60 días y el 35 por ciento dejan pasar hasta 90 días. Son varias las causas que pueden explicar este comportamiento, desde no querer entrar en conflicto con el cliente para no perjudicar la relación comercial establecida y garantizar la continuidad de las ventas, hasta razones culturales por las que produce cierto reparo reclamar un pago vencido, aunque se tenga pleno derecho a ello. Se prefiere ser paciente, y esperar más tiempo para reclamar. El peligro de actuar de este modo es que la probabilidad de cobrar una deuda morosa decrece con el paso del tiempo.

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Lo que sigue siendo utópico para la mayoría de las empresas es cobrar intereses de demora a un cliente que no ha pagado la factura en el plazo acordado. La legislación contra la morosidad vigente (Ley 3/2004) reconoce que estos intereses surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado, o en su caso legalmente establecido, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo, y siempre que el proveedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no hay recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el cliente demuestre que no es responsable del retraso. Solamente el 8 por ciento de las empresas encuestadas declaran aplicarlos siempre, un 43 por ciento lo hacen a veces, y el 49 por ciento de empresas restantes no lo hacen…. nunca.

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Inclusive la mayoría de empresas que aplican intereses de demora lo hacen por debajo del tipo legal que actualmente se sitúa en el 8 por ciento. Luego, pocas compañías repercuten estos intereses a sus clientes y en su caso lo hacen tomando un tipo por debajo del interés legal.

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