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¿Qué ha sido de la cuenta tributaria para compensar morosidad pública?

Mario Cantalapiedra – Economista

En Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado octubre ya nos hacíamos eco de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley del Partido Popular, la cual instaba al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta corriente tributaria por el que pymes y autónomos pudieran compensar el retraso en el pago de sus facturas por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

No obstante, la iniciativa que os comento, que fue aprobada el 7 de septiembre de 2010, a estas alturas sigue sin entrar en vigor, por lo que el Partido Popular ha registrado una nueva Proposición no de Ley en la que se solicita establecer el sistema de cuenta corriente tributaria para todos los créditos reconocidos por acto administrativo que las administraciones públicas, ya no sólo la Administración General del Estado sino también los ayuntamientos (donde radica gran parte del problema) y las comunidades autónomas, tengan con pymes y autónomos.

En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley ahora presentada por el Partido Popular, se indica que las causas más graves que impiden que las empresas españolas puedan obtener la liquidez necesaria para seguir funcionando son el aumento de la morosidad y la dificultad de acceso a la financiación externa, en las que creo estaremos de acuerdo casi todos nosotros. Además en ella se cita un estudio del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, publicado en diciembre de 2009, en el que se refleja como el 84,5 por ciento de las pymes que se dirigieron a entidades financieras solicitando financiación tuvieron problemas para acceder a la misma. Por otro lado, también dentro de la exposición de motivos de la Proposición, se calcula en 30.000 millones de euros el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresarios y autónomos, cuyos plazos de cobro son cada vez más dilatados.

¿Y cuál es la situación actual de esta nueva Proposición no de Ley? Pues, os puedo comentar que está siendo estudiada por el Gobierno, el cual tiene de plazo hasta marzo para decidir el veto o no de su tramitación, mientras tanto a pymes y autónomos les toca seguir esperando una medida que si bien no solucionaría el problema de la morosidad pública, sí que serviría para paliarlo.

Modificado el papel del ICO en la lucha contra la morosidad pública

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la recientemente aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, varía el texto original de la Disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Os recuerdo que esta Disposición se refiere al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como facilitador de financiación a los ayuntamientos con vistas a que éstos pudieran afrontar, a través de una línea de crédito especial, sus deudas a empresas y autónomos. La Disposición era una puerta abierta a la esperanza para muchas pequeñas y medianas empresas de cobrar las facturas que les adeudan los ayuntamientos españoles. Por desgracia, y como muchos de vosotros ya sabréis, tal línea no se ha llegado a instrumentar.

Con la nueva redacción de la Disposición adicional cuarta, el compromiso de intervención del ICO pasa a ser mucho más ambiguo que en la concepción original, y se supedita al respeto del principio de equilibrio financiero, por lo que desde la perspectiva de las empresas acreedoras la noticia no puede ser interpretada de forma muy positiva. Os adjunto las redacciones antigua y vigente de la Disposición mencionada para que podáis comparar:

Disposición adicional cuarta (redacción original otorgada por la Ley 15/2010):

“El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.

La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales y será instrumentada con independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado”.

Disposición adicional cuarta (redacción vigente introducida por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011):

“El ICO, en su función de Agencia Financiera del Estado, continuará atendiendo las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario propios de su actividad como entidad de crédito, estableciendo las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas por ICO; todo ello con absoluto respeto al principio de equilibrio financiero establecido en la Disposición Adicional Sexta del RD-L 12/1995, de 28 de diciembre. Asimismo, las relaciones financieras entabladas entre el ICO y las citadas Administraciones Públicas deberán ser coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, conforme a los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011”.