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Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

La vergüenza de reclamar una factura impagada al cliente

Mario Cantalapiedra – Economista

El sentido común podría indicar que un crédito comercial debe considerarse moroso desde el momento que llega su fecha de vencimiento y no se paga; sin embargo, y según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, solamente el 14 por ciento de las empresas consideran que una venta a crédito está en mora si no se paga a vencimiento, el 29 por ciento dejan pasar hasta 30 días, el 20 por ciento esperan hasta 60 días, y nada menos que un 37 por ciento de las empresas dejan que transcurran 90 días desde el vencimiento para considerar el crédito moroso. Lo cierto es que el mayor enemigo del recobro es el tiempo, de tal manera que cuanto más transcurra desde que la factura está vencida, menores posibilidades habrá de recobrarla. Igual que se debe sistematizar la gestión de riesgo, debe sistematizarse el recobro, pero aquí se juntan elementos que van desde la voluntad de no entrar en conflicto con el cliente para no perjudicar la relación comercial hasta rasgos culturales por los que nos da vergüenza reclamar una factura impagada.

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Cuando al final se deciden a iniciar acciones de recobro, son muy pocas las empresas (6 por ciento del total) las que aplican sistemáticamente los intereses de demora que reconoce el artículo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El 37 por ciento de las empresas encuestadas declaran aplicarlos “a veces”, y el 57 por ciento restante no los aplican “nunca”. De nuevo pesa el no perjudicar la relación comercial con el cliente. Aunque tengas el derecho, te piensas ejercerlo por si el cliente deja de adquirir tus bienes o servicios.

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Inclusive la mayoría de las empresas declaran aplicar intereses de demora, cuando lo hacen, inferiores a los que permite la legislación vigente (que desde el segundo semestre de 2016, y en base al cálculo que se realiza en función del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación, están fijados en el  8 por ciento). Puede que hayan pactado un interés menor con el cliente (el 8 por ciento es el que se aplica por defecto si no existe pacto), o que simplemente “no se atrevan” a aplicar un interés tan elevado.

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Menos de la mitad de las empresas en España cobran dentro del plazo de pago legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.11

Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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Análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, basado en 650 encuestas a empresas, por primera vez desde 2012 empeora la tasa de empresas que sufren algún impago significativo en los últimos 12 meses. Es cierto, que solo lo hace en un 1 por ciento con respecto al año anterior (27 por ciento frente a 26 por ciento) y que está lejos de la tasa récord de este Estudio del 66 por ciento alcanzada en 2012, pero en cualquier caso este dato supone romper una tendencia positiva.

Impacto

Que las cosas van peor en cuanto a morosidad se refiere, lo confirma el empeoramiento de la tasa de impago en las relaciones B2B (transacciones comerciales entre empresas). Hasta un 6 por ciento de las compañías declaran tener unas tasas de impago altas (aquellas superiores al 4 por ciento), frente al 3 por ciento del año anterior, lo que también supone el primer cambio de tendencia en este indicador desde 2012.

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Los efectos que tiene la morosidad para las empresas siguen siendo muy similares a los declarados el año anterior. En primer lugar, se destacan las consecuencias negativas de un modo general (64 por ciento), seguidas por incremento de costes financieros y pérdida de ingresos (39 por ciento), limitación del crecimiento (16 por ciento) y limitación de nuevas inversiones (15 por ciento). En este capítulo, cabe destacar que para el 9 por ciento de las compañías encuestadas la morosidad pone en riesgo su propia continuidad. El retraso en el pago siempre genera problemas, que podrán ser más leves o más graves, pero siempre los crea. Como se comentó en la presentación del Estudio en el Instituto de Empresa, “hay algo diferente entre comprar y pagar; si me compra y no me paga, no es un cliente, es un problema”.

Consecuencias

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas, sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener cierta lógica pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo, ¿verdad?

Mejora la morosidad bancaria, pero no termina de aumentar el volumen de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Según se desprende de los últimos datos publicados por el Banco de España, la tasa de morosidad de los créditos concedidos por las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito finalizó el ejercicio de 2017 en el 7,79 por ciento, lejos ya del máximo histórico del 13,61 por ciento que alcanzó allá por diciembre de 2013. Esta tasa se obtiene dividiendo los créditos dudosos (97.691 millones de euros) entre el total del crédito concedido vivo (1,25 billones de euros al cierre de 2017). Por créditos dudosos hemos de entender aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos se incluyen los créditos morosos, que son los que tienen algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

De los 97.691 millones de euros dudosos, el 62,12 por ciento (60.681 millones) corresponden a créditos dudosos con empresas, mientras que el 37,88 por ciento corresponden, sobre todo, a deudas con familias (35,86 por ciento) y el resto a deudas con instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), tales como sindicatos, asociaciones religiosas o partidos políticos, y a importes sin clasificar.

Centrándonos en los datos correspondientes a empresas, destaca la reducción de su tasa de morosidad al 10,26 por ciento, frente al 13,10 por ciento que representaba a finales de 2016, y el 14,62 por ciento a finales de 2015. Luego se puede decir que, a pesar de que la morosidad de las empresas sigue superando la barrera psicológica de los dos dígitos, las cosas están mejorando en este ámbito. No obstante, el saldo del total de crédito concedido a empresas (igual que ocurre en el caso general) es inferior al de años anteriores. La duda aquí es si este efecto se debe más a ajuste de deuda por parte de las empresas o a restricciones de préstamo por parte de los bancos.

Evolución morosidad bancaria en España (2011-2017)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas en España (2011-2017)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Nuevas obligaciones para los contratistas en materia de plazos de pago a los subcontratistas

Mario Cantalapiedra – Economista

Con objeto de lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, el pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con ella también se pretende simplificar los trámites para los licitadores y un mejor acceso para las pymes. Entre otras medidas interesantes, regula las siguientes obligaciones relacionadas con los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas o suministradores:

  • El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en un plazo no superior al previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que recuerdo no podrá superar los 60 días naturales, no pudiéndose pactar plazos mayores. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004.
  • El plazo de pago se computará desde la fecha en la que tenga lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista (siempre que el subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos). Con respecto a la aceptación, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de entrega de los bienes o de prestación del servicio.
  • Se posibilita que tanto el sistema de factura electrónica como el Registro Electrónico Único (el cual permitirá acreditar la fecha en la que los subcontratistas presentan las facturas al contratista), alcancen a toda la cadena de contratación pública.
  • Las Administraciones públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el cumplimiento de los pagos del contratista a los subcontratistas en los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.
  • Existirá la posibilidad de pagos directos por parte de la Administración contratante a los subcontratistas siempre que se prevea en los pliegos de contratación.

Esta Ley 9/2017, salvo algunas excepciones que no afectan a lo comentado sobre los plazos de pago, entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.

En España se paga tarde a los proveedores intencionadamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El retraso intencionado del cliente es la razón principal por la que las compañías cobran tarde sus facturas, según el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, superando a la falta de disponibilidad de fondos que solía ser la causa principal argumentada por las empresas en anteriores Estudios, y que ahora pasa a un segundo lugar. Motivos menos significativos del retraso son la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad (de los bienes o servicios comercializados) o la facturación incorrecta.

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Precisamente hoy el Congreso de los Diputados debate una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incluye sanciones con un mínimo de 60 euros para las infracciones leves en materia de morosidad (como, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales), y que pueden llegar hasta los 819.780 euros en el caso de infracciones muy graves (como, por ejemplo, exceder en más de 60 días el plazo de pago legal). Esta Proposición incluye también, entre otras medidas, un sistema arbitral de morosidad para resolver extrajudicialmente las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, la creación de un “Buzón de lucha contra la morosidad”, gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a través del cual cualquier persona pueda poner en conocimiento los posibles incumplimientos de los plazos legales de pago, así como la constitución de un “Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales” adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que correspondería el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

En cualquier caso, parece necesario tomar medidas de mayor calado que rompan la inercia instalada en este país de pagar tarde a los proveedores.

Análisis del Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, muestran que el 26 por ciento de las empresas españolas han sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, confirmándose la mejora progresiva de este dato desde 2012, cuando el porcentaje era nada menos que del 66 por ciento. Va mejorando sí, aunque sigue haciéndolo demasiado lentamente para darnos por satisfechos.

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La morosidad supone consecuencias negativas de forma general para el 64 por ciento de las empresas encuestadas, siendo hasta un 10 por ciento de ellas las que declaran que el retraso en el cobro pone en riesgo su propia continuidad en el mercado. Hay que pensar que solamente un 39 por ciento de las empresas declaran cobrar por debajo de los 60 días que marca la Ley.

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Al igual que en el estudio anterior, hasta un 83 por ciento de las empresas tienen que aceptar plazos superiores a los deseados. No obstante, existe una diferencia importante al analizar de quién hay que aceptarlo en concreto, ya que desciende de forma considerable (del 50 hasta el 12 por ciento) el porcentaje de empresas que declaran soportarlo de las administraciones públicas. En cambio, hasta un 53 por ciento de las empresas tienen que seguir aceptando plazos de pago superiores a los deseados de sus clientes gran empresa, donde parece concentrarse ahora el problema de la morosidad en España.

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Los nuevos modelos de cuentas anuales y el período medio de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 25 de mayo se ha publicado la Orden JUS/471, 2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. En el mismo BOE se ha publicado también la Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

A este respecto se confirma la reducción de los requerimientos de información de las memorias de las cuentas anuales en los modelos abreviado y pyme que ya comenté el pasado febrero en el blog, en base a las modificaciones en la normativa contable española introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. Recuerdo que los 10 puntos que incluyen ahora dichas memorias son: actividad de la empresa; bases de presentación de las cuentas anuales; normas de registro y valoración; inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias; activos financieros; pasivos financieros; fondos propios; situación fiscal; operaciones con partes vinculadas y otra información.

No obstante, existen dos elementos (aplicación del resultado e información sobre el período medio de pago a proveedores) sobre los que las sociedades también deberán informar, aunque no lo hagan dentro de las memorias abreviada y pyme. Para hacerlo se ha habilitado un nuevo apartado dentro de “Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española”:

  • En el modelo abreviado se ha incluido la hoja “IDA2”.
  • En el modelo pymes se ha incluido la hoja “IDP2”.

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La decisión de incluir la información sobre el período medio de pago a proveedores en el apartado de “Datos generales de identificación e información complementaria” y no dentro de la memoria está causando cierta controversia, puesto que la vigente Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su disposición adicional tercera, exige que todas las sociedades mercantiles incluyan en la memoria su período medio de pago a proveedores. Sí, dentro de la memoria de las cuentas anuales y no en otro sitio. A efectos prácticos y más allá de las implicaciones que puede traer esta decisión (por ejemplo, a efectos de la revisión de las cuentas por un auditor), las sociedades mercantiles deben seguir calculando este período y presentarlo en el Registro Mercantil.

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