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¿Habrá finalmente sanciones tributarias para las grandes empresas morosas?

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante la comparecencia del pasado 12 de enero del ministro Montoro en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, salió a relucir una cuestión que nos ocupa y preocupa en este blog desde hace tiempo, en concreto, la de la posibilidad de penalizar a las grandes empresas que pagan las facturas de sus proveedores a plazos excesivamente largos.

Montoro cree firmemente que los mecanismos de financiación extraordinaria y de liquidez aprobados por el Gobierno han sido muy útiles para reducir la morosidad pública. En sus propias palabras “la utilidad ha sido muy grande, porque ha reducido la morosidad de nuestras administraciones públicas de una manera formidable y nunca antes los proveedores de nuestras administraciones territoriales habían cobrado en los plazos en los que están cobrando en este año”.

Pues bien, la idea del Gobierno es trasladar esta experiencia positiva al sector privado. Según Montoro “no es aceptable que, con la Ley de morosidad vigente, se esté produciendo un abuso por parte las empresas de mayor tamaño a la hora de forzar condiciones de financiación a pequeñas empresas”. Inclusive el ministro habló en su comparecencia de que la coyuntura financiera invita a arreglar esta situación: “hoy no tiene ningún sentido tal como está la financiación general del país, con los bancos abiertos y con el acceso a mercados de capitales y demás, y el Gobierno sí puede actuar utilizando, por ejemplo, penalizaciones en materia tributaria”.

No es la primera vez que desde Hacienda se anuncian este tipo de medidas, muy demandadas por autónomos y pymes, principales damnificados por este comportamiento abusivo de las grandes empresas. Puede que, en esta ocasión, la amenaza se convierta en realidad y veamos al fin sanciones tributarias.

 

Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View). Noviembre 2016.

Plazos de pago más cortos en servicios y Baleares

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos del último “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España” del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School, muestran una cierta mejoría en los plazos medios de pago en los distintos sectores productivos, aunque en ningún caso llegan a situarse por debajo de los 60 días “legales”. El sector con mejor comportamiento es servicios donde se paga a una media de 86 días (3 días por debajo del dato anterior), seguido por el primario con 92 días (1 día por debajo del dato anterior) y la industria con 96 días (3 días por debajo del dato anterior). El peor comportamiento se registra, de nuevo, en la construcción donde se paga a 97 días de plazo medio. No obstante, hay que resaltar una mejora de 6 días en este sector donde los plazos de pago acostumbran a ser muy largos.

 

Gráfico 1. Evolución plazos de pago por sectores productivos (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

En cuanto a los plazos de pago según la comunidad autónoma en la que radica el domicilio social de la empresa pagadora, el mejor comportamiento se da en Baleares (79 días). A continuación se sitúan Navarra (80 días) y Aragón (84 días), mientras que en el otro lado de la balanza aparecen Andalucía (102 días), Extremadura (101 días) y Murcia (98 días). Tampoco considerando la variable geográfica se encuentra ningún territorio en el que se cumplan los 60 días de plazo, aunque como puedes ver las diferencias entre comunidades autónomas (CCAA) son bastante significativas.

 

Gráfico 2. Plazos de pago más reducidos y más amplios por CCAA

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Los plazos de pago de las empresas españolas no bajan de los 90 días

Mario Cantalapiedra – Economista

La nueva edición del “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España”, elaborado por las compañías Iberinform y Crédito y Caución en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School que ha sido presentada hoy en Madrid, constata una leve mejoría en los plazos de pago de las empresas españolas que, no obstante, continúan muy lejos de los que marca la legislación contra la morosidad vigente.

El Estudio se ha elaborado con la herramienta de inteligencia de negocio Insight View a partir de las cuentas anuales de 2015 depositadas en el Registro Mercantil por 154.000 empresas privadas españolas. Se han utilizado los balances presentados en formatos “normal” y “mixto”, el 10 por ciento de los analizados, los cuales permiten la estimación directa de los plazos de pago en base a la información que contienen. Asimismo, y con el objeto de ampliar el Estudio a la mayor parte del tejido empresarial, se han tenido en cuenta los modelos “abreviado” y “pymes”, obteniendo, a través de cálculos validados por el propio Observatorio, valores medios que han permitido estimar los plazos.

La principal conclusión del Estudio es que las empresas españolas pagan a 91 días, con una mejora de tres días respecto al dato anterior, pero muy lejos de los 60 días “legales”. Como puedes observar en el Gráfico 1, en el que se muestra la serie histórica desde 2009, estamos más o menos en los niveles 2010 y estancados en unos plazos que difícilmente bajan de los 90 días.

Si tenemos en cuenta el tamaño de las compañías, se confirma una vez más que las grandes empresas son las que pagan más tarde con 109 días de plazo. Como puedes observar en el Gráfico 2 este comportamiento se repite en cada estudio desde 2009. Le siguen las medianas (93 días) y las microempresas (92 días), siendo las pequeñas empresas las únicas que pagan por debajo de la cota de los 90 días, en concreto lo hacen a un plazo de 88 días.

Gráfico 1. Evolución plazos de pago (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Gráfico 2. Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Mejora el plazo de pago de las administraciones públicas, pero no lo suficiente

Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de una pequeña mejoría en la situación, las administraciones públicas siguen sin cumplir los plazos de pago a autónomos que marca la legislación contra la morosidad vigente, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), referido al tercer trimestre de 2016. El plazo medio de pago ahora es de 78 días, mejor que los 83 de hace un año, pero todavía sigue siendo muy largo.

Hay que recordar que ATA utiliza para su cálculo el período que transcurre entre la fecha de emisión de la factura o de entrega del bien/ prestación del servicio hasta la fecha de pago efectivo, que realmente es el plazo que le interesa considerar a cualquier autónomo que trabaje con un organismo público. Este criterio es distinto al utilizado por la Administración que toma como plazo el que va desde que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en su correspondiente registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, hasta la fecha de pago efectivo, por lo que los períodos medios “oficiales” publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son más cortos.

Curiosamente en el último informe de ATA la administración que empeora más su plazo de pago a los autónomos es la central, aunque sigue siendo la que paga antes. Las comunidades autónomas han mejorado algo, pero siguen pagando muy tarde, en concreto, a un plazo medio de 90 días. Las comunidades peores pagadoras son la Comunitat Valenciana (106 días), Illes Balears (102 días) y Castilla y León (95 días). En el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, con 47 y 49 días de media, respectivamente. Parece que se sigue confirmando la existencia de una España a dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores desde lo público, sobre la que ya me he referido antes en este blog. En cuanto a la administración local prácticamente no existen cambios con respecto  a la situación de hace un año.

A ver si con el nuevo Gobierno logramos que estos plazos se ajusten más. Si la Administración paga dentro del plazo legal, será mucho más fácil “convencer” al resto de agentes económicos para que también lo hagan.

Plazo de pago medio a autónomos según administración pública (en días)

fFuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Octubre 2016.

Más medidas concretas para atajar los problemas de pymes y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa (DGIPYME) ha publicado nuevos datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, en este caso correspondientes al mes de mayo 2016, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). Además de algún cambio en el diseño de tablas y gráficos, como advierte el bueno de Julio Aliaga, destaca que, por primera vez en esta publicación, se haga referencia explícita a los autónomos sin asalariados como empresas (antes se hablaba de empresas sin asalariados). Parece que la palabra “autónomo” empieza a sonar fuerte en nuestra economía, y sin complejos, ¿será un indicio del tipo de trabajo que viene? De hecho, este colectivo representa, por número de empresas, el mayor de todos, como puedes observar en la siguiente tabla:

Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo 2016)

Imagena

Las empresas que más crecen en términos interanuales son las pequeñas (aquellas que tienen entre 10 y 49 asalariados), lo cual no parece ser mala noticia, porque son compañías que, sin tener gran tamaño, poseen la capacidad relativa para generar el empleo que tanta falta nos hace. Como tantas veces se comenta, las pymes son los verdaderos motores de la creación de empleo, capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo por unidad de capital empleada. De hecho, solamente un 0,1 por ciento de las empresas pueden considerarse grandes (cuentan con 250 o más asalariados), el resto del tejido empresarial se sustenta en pymes y autónomos. Digo yo que enfrascados en plena “nueva” campaña electoral, no estaría de más escuchar más propuestas concretas para atajar los problemas que soportan estos empresarios a la hora de desarrollar su actividad (morosidad, excesiva carga impositiva, complejidad administrativa en sus procesos de apertura y cierre, etcétera). Si bien es cierto que son pequeños, sus problemas no los son.

Distribución del número de empresas por tamaño (mayo 2016)

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Tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, en su sesión del pasado 27 de abril de 2016, aprobó una Proposición no de Ley que insta al próximo Gobierno que se constituya en España, a tomar medidas que garanticen que los contratistas adjudicatarios de obra pública cumplan el plazo de pago legal a sus suministradores y subcontratistas. En concreto, el texto que fue aprobado por la Comisión, con los votos de todos los Grupos Parlamentarios salvo el Popular, fue el siguiente:

 “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

  1. Adopte con urgencia medidas tendentes a controlar los plazos de pago de los contratistas principales con sus suministradores y subcontratistas y a otorgar a estos una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice que puedan percibir sus contraprestaciones dentro del plazo máximo de 60 días naturales, computados desde la fecha de la realización de sus prestaciones.
  2. Exija a las empresas contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  3. Diseñe y aplique medidas para que las Administraciones Públicas y Entes Públicos comprueben el estricto cumplimiento de los pagos y de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos a los subcontratistas y suministradores.
  4. Garantice la solvencia económica de los contratistas de la Administración y que el plazo medio de pago de los contratistas sea uno de los criterios que se valoren a la hora de garantizar esa solvencia.
  5. Estudie la implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos.
  6. Incorpore como condición especial de ejecución de los contratos públicos, en los casos en los que se admita la subcontratación, el cumplimiento por el contratista principal de la obligación de pago a subcontratistas o suministradores en el plazo máximo de 60 días, computados desde la fecha de realización de sus prestaciones.
  7. Establezca la obligación de que en los pliegos de los contratos públicos se disponga, siempre que las circunstancias lo permitan, que los licitadores deban indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar.
  8. Requiera a los contratistas presentar, dentro del mes siguiente a la formalización del contrato público o de la comunicación del contratista de su intención de subcontratar, la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que vayan a participar en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.
  9. Establezca un plazo a los adjudicatarios de contratos públicos para que, una vez finalizada la prestación correspondiente al objeto de subcontratación, presenten los justificantes acreditativos del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
  10. Prevea en los pliegos de contratación, cuando así proceda y previo apercibimiento y en su caso audiencia del interesado, la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento de los requerimientos de documentación previstos en los apartados anteriores o de incumplimiento de las obligaciones de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo máximo legal. La imposición de penalidades en este último supuesto llevará aparejado el requerimiento por parte del contratista principal de cumplir las obligaciones legales de pago a las empresas subcontratistas o suministradoras, recurriéndose, en su defecto, al pago directo de las mismas por parte de la Administración Pública contratante, deduciéndose posteriormente el importe satisfecho del montante total del precio del contrato.”

A la iniciativa original de Esquerra Republicana (punto 1), se incorporaron y aprobaron las propuestas del Grupo Socialista (puntos 2 al 5), entre ellas la de estudiar la implantación de un Régimen sancionador, y de Ciudadanos (puntos 6 al 10), definiendo así la tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno.

Las empresas apuestan por las entidades de recobro que actúan con profesionalidad

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los datos del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, podemos conocer que la metodología de gestión del recobro de facturas pendientes más utilizada por las empresas es la gestión interna, seguida por los despachos de abogados y los seguros de crédito. En cuanto a la externalización de esta gestión en entidades especializadas en el recobro, son preferidas las empresas que ofrecen un servicio integral, contemplando las distintas fases en la que se puede subdividir este proceso: recobro por vía telefónica, amistosa y judicial. Por último, son utilizadas las entidades que recobran únicamente por vía telefónica.

Destaca el hecho de que ninguna empresa de las encuestadas declare delegar la gestión del recobro en entidades de presencia caracterizada, es decir, en aquellas que se caracterizan por utilizar cobradores disfrazados de manera extravagante que se encargan de perseguir a los clientes morosos. Parece que las empresas están entendiendo la necesidad de trabajar con entidades de recobro que actúen con profesionalidad, dentro de la legalidad y de forma ética. El problema que tenemos en España es la falta de una regulación legal específica para estas entidades de recobro, la cual sí existe en otros países de nuestro entorno, lo que lleva a que sea un sector donde conviven empresas serias con otras que no lo son tanto. Hay que tener en cuenta que a estas entidades se les transfieren datos sensibles de los clientes, por lo que es importante que respeten los protocolos de protección datos y confidencialidad que marca la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En este sentido, se debe firmar un contrato entre empresa acreedora y entidad de recobro, cuyo objeto esté constituido o comprenda la realización del servicio de gestión de recuperaciones de deuda, por el cual sehabilite a la entidad especializada a acceder a los datos personales sobre clientes del responsable del fichero (empresa acreedora) en los términos del artículo 12 de la LOPD. La entidad de recobro no podrá aplicar o utilizar estos datos personales con fin distinto al que figure en este contrato, ni podrá comunicarlos a otras personas.

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Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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Análisis del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, muestran que prácticamente una de cada tres empresas españolas (el 31 por ciento) ha sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, observándose solamente una leve mejoría con respecto al dato del Estudio anterior (del 34 por ciento). Si bien es cierto que las cosas han mejorado, de forma progresiva, desde el máximo histórico de 2012, cuando el 66 por ciento de las empresas declaraban tener impagos significativos, también parece que la situación se está estancando y la cifra no deja de ser preocupante.

En cuanto al impacto de los impagados, para el 74 por ciento de las empresas encuestadas la morosidad supone consecuencias negativas de un modo general, pero lo que verdaderamente asusta es comprobar que para el 13 por ciento de la muestra el retraso en el cobro de sus facturas pone en riesgo su propia continuidad en el mercado.

Realmente no parece sencillo desarrollar una actividad empresarial en un país donde nada menos que el 83 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos superiores a los deseados, más allá de que exista un texto legal que limite los pagos a 60 días. El papel lo aguanta todo, la realidad empresarial va por otro camino. Como parece lógico, los que pueden imponer estas condiciones son los que ejercen una mayor fuerza relativa ante sus proveedores. De este modo, el 57 por ciento de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados de sus clientes grandes empresas, mientras que el 50 por ciento los tienen que aceptar del sector público. Como siempre digo, hasta que las grandes compañías y las administraciones públicas no prediquen con el ejemplo y cumplan con los plazos de pago legales, seguiremos lidiando con tasas de morosidad demasiado elevadas para una economía como la española que se considera “avanzada”.

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La tasa de morosidad bancaria en los niveles de 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los últimos datos del Banco de España, la tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito, se mantuvo en enero de 2016 en el mismo nivel con el que cerró 2015, en concreto, en el 10,12 por ciento. Es la menor tasa de morosidad bancaria desde julio de 2012, aunque todavía no se logra reducirla por debajo de los dos dígitos.

Esta tasa de morosidad se obtiene dividiendo los créditos dudosos (133.422 millones de euros en el caso de enero) entre el total de crédito concedido (1,318 billones de euros). Por créditos dudosos, se entienden aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente. Dentro de éstos se incluyen los créditos morosos, que son aquellos que tienen algún importe vencido, bien sea del principal, bien sea de los intereses o de los gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

Evolución morosidad bancaria en España (enero 2015-enero 2016)

Imagen3Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

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