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Préstamo sindicado para el pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno español para tratar de paliar el problema de la morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos con sus proveedores, suscribió ayer, 16 de mayo, un préstamo sindicado por valor de 30.000 millones de euros, ampliables a 35.000 millones, con 26 entidades de crédito. En principio, este préstamo es el último paso para que las corporaciones locales y las comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y los proveedores empiecen a cobrar las facturas que les adeudan dichos entes públicos.

Según las previsiones, los pagos de los ayuntamientos podrán realizarse a partir del próximo 31 de mayo, mientras que para las comunidades autónomas, la fecha de cobro prevista comienza, un mes después, el 30 de junio. Las facturas se abonarán a los proveedores a través de los intermediarios financieros, por lo que el cobro les ha de llegar directamente y el crédito cuenta con el aval del Tesoro Público que, a su vez, tiene detrás la garantía de la participación en los ingresos del Estado de ayuntamientos y comunidades.

El préstamo sindicado ha sido liderado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Caixabank  e Instituto de Crédito Oficial (ICO) como entidades directoras coordinadoras. Como entidad codirectora aparece el Banco Popular, mientras que Banesto, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco CAM, y CECA figuran como codirectoras de la operación financiera. Otras entidades de crédito hasta un total de 26 participan en el préstamo. Para acceder al mismo, las entidades públicas beneficiarias han debido presentar un plan de viabilidad que garantice su solvencia y capacidad de pago futura.

En cuanto a datos que vamos conociendo sobre el ambicioso Plan de pago a proveedores, el Gobierno informa que los ayuntamientos han presentado 1.967.000 facturas, por importe total de 9.750 millones de euros. De esta cifra, los proveedores han solicitado el pago de 1.717.000 facturas, por 9.312 millones de euros. En el caso de las comunidades autónomas, hasta el momento se han presentado 3.960.000 facturas por un valor de 17.700 millones de euros, cifra que puede ampliarse puesto que el plazo para la presentación de facturas expira el próximo 22 de mayo. De momento ya se puede observar, como aventurábamos algunos, que el problema de morosidad pública parece  concentrarse más en las comunidades autónomas que en los ayuntamientos.