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ALERTA: TERMINA EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR IMPAGADOS ANTERIORES AL 7 DE OCTUBRE DE 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente pasado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Es cierto que dicho plazo se verá ampliado unos meses, pues el Estado de Alarma suspende el transcurso de los plazos legales hasta que se acuerde su alzamiento, pero aun así nos encontramos con que nos quedan escasos meses para poder reclamar los impagados anteriores a 2015 pues pasado el plazo previsto habremos perdido el derecho a reclamar cuanto nos adeudaban.

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

Captura

El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

Las 50 empresas “fintech” más importantes del mundo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe “2018: FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators” elaborado por las compañías H2 Ventures y KPMG, ofrece el ranking de las 50 empresas fintech más importantes del mundo, en el cual predominan las empresas estadounidenses con 13 representantes, aunque tres de las cinco primeras posiciones corresponden a compañías chinas, entre ellas, Ant Financial, dueña de la plataforma de pagos Alipay, que lidera la clasificación. En el ranking aparecen varias empresas europeas, mayoritariamente del Reino Unido, sin que entre ellas figure ninguna española.

En cuanto a las categorías fintech (líneas de negocio) en las que compiten estas empresas pueden distinguirse las siguientes:

  • Pagos y transacciones, que agrupa al mayor número de empresas (14).
  • Préstamos (13).
  • Gestión patrimonial (7).
  • Seguros (7).
  • Neobancos (que ofrecen servicios bancarios a través de aplicaciones móviles, para lo cual se asocian con bancos tradicionales) (6).
  • Múltiple (en la que se incluyen empresas que compiten en varias categorías) (2).
  • Otras (las cuales no encajan en las categorías tradicionales, entre las que por ejemplo se encuentran las soluciones tecnológicas que facilitan el cumplimiento normativo en el sector financiero, lo que se conoce como regtech) (1).

Ranking de las 50 empresas fintech más importantestablaFuente: 2018 FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators. H2 Ventures-KPMG.

El 38 por ciento de los ahorradores españoles guardan su dinero bajo el colchón

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 61 por ciento de los españoles manifiestan haber ahorrado durante los últimos 12 meses, según la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) del Banco de España (BdE). Los instrumentos a través de los que se canaliza el ahorro son los vehículos financieros (cuentas corrientes [con mucho el medio más utilizado], cuentas de ahorro, planes de pensiones o fondos de inversión), la compra de inmuebles distintos de la vivienda principal, o el ahorro en metálico y la entrega de dinero a familiares para que lo ahorren. Según nos cuenta el BdE, el porcentaje general de personas que ahorran decrece con la edad, y aumenta con el nivel educativo y con la renta del hogar.

Descendiendo en el nivel de análisis, destacan los individuos que se decantan por ahorrar en metálico, en concreto, lo hacen el 38 por ciento de los que ahorran. Los datos señalan como este tipo de ahorro se observa en prácticamente todos los grupos de edad, educación o renta, llegando a ser del 53 por ciento entre los ahorradores desempleados. En un momento en el que se está cuestionando la propia existencia futura del dinero en efectivo y que en algunos lugares se está acelerando su proceso de desaparición, de forma especial en países nórdicos europeos como Dinamarca, Noruega, Finlandia o Suecia, resulta especialmente llamativo que tantas personas en nuestro país guarden sus ahorros “bajo el colchón”. A estos efectos, hay que recordar que en España, y en base al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, está vigente la prohibición de realizar pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros, siempre y cuando alguna de las partes intervinientes en la operación actúe en calidad de empresario o profesional.

Por comunidades autónomas, la mitad de quienes ahorran en Andalucía e Illes Balears lo hace en efectivo, siendo Aragón, Navarra, Cataluña y La Rioja las comunidades donde menos se confía en esta fórmula.

Ha estado ahorrando en metálico (porcentaje de quien ha ahorrado), por Comunidad Autónoma

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Fuente: O. Bover, L. Hospido y E. Villanueva (2018) Encuesta de Competencias Financieras (EFC) 2016: Principales resultados. Direccción General de Economía y Estadística. Banco de España.

Regulado en España el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica

Mario Cantalapiedra – Economista

Facilitar el acceso de los potenciales clientes a los servicios bancarios básicos, mejorar la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago, así como mejorar su propio traslado, son los tres objetivos que persigue el Real Decreto-ley 19/2017, con entada en vigor el pasado 25 de noviembre. Esta normativa supone incorporar a la legislación española una Directiva europea de 2014 sobre estas materias, y viene a regular el derecho universal de acceso a un nuevo producto financiero denominado “cuenta de pago básica”, que habrá de incluir los siguientes servicios:

  • Apertura, utilización y cierre de cuenta.
  • Depósito de fondos.
  • Retirada de efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en la Unión Europea.
  • Domiciliación de adeudos directos.
  • Pago mediante tarjetas de débito o prepago.
  • Transferencias.

Es importante señalar que, aunque las comisiones que puedan repercutir las entidades de crédito por los servicios anteriores serán las que pacten libremente con sus clientes, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad establecerá los importes máximos de las mismas.

Los casos en los que las entidades de crédito podrán denegar el acceso a estas nuevas cuentas de pago básicas aparecen tasados en el mencionado Real Decreto-ley, a saber: cuando el potencial cliente no aporte la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo; cuando la apertura de la cuenta sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público, o cuando el potencial cliente ya sea titular de otra cuenta que le permita realizar los mismos servicios.

Con respecto al traslado de cuentas de pago (ya sean básicas o no), todos los proveedores de servicios de pago (no solo entidades de crédito) habrá de efectuarlo de forma eficaz y ágil, colaborando activamente e intercambiando toda la información que resulte necesaria, entre sí y con el propio cliente. Para el traslado de las cuentas será necesaria la solicitud expresa de todos sus titulares.

Por último, en cuanto a las comisiones y también aplicable a todas las cuentas de pago, se establece que los proveedores de servicios de pago proporcionen gratuitamente, al cliente o potencial, un documento informativo de las comisiones aplicables con suficiente antelación respecto a la fecha de celebración del contrato. Asimismo, deberán proporcionar cada año a los clientes un documento que informe de todas las comisiones en las que hayan incurrido para los servicios asociados a cuentas de pago. Se habilita al Banco de España para que establezca los requisitos que deberán cumplir ambos documentos.

Las empresas declaran una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas

Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.

Pago de las administraciones públicas en plazo de 30 días

APROBADA LA LEY ORGÁNICA 9/2013 DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

El retraso en los pagos por parte de las Administraciones Públicas ha sido, y es, uno de los principales motivos del cese de actividad de medianas y pequeñas empresas, asfixiadas e impotentes sin poder hacer frente a sus pagos simple y llanamente porque la Administración Pública con la que habían contratado se demoraba en pagar meses, o años, a pesar de las sucesivas leyes de represión contra la morosidad publicadas y que han acabado fijando el plazo de pago en un máximo de 30 días.

Hasta ahora el problema se ha ido parcheando con los denominados Planes de Pago a Proveedores, mediante los cuales, obligando a sus acreedores a renunciar a los intereses y los gastos de la reclamación, se ha intentado poner a cero la mora en pago de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esa puesta a cero para empezar a cumplir en plazo, las Administraciones han continuado, después de cada fase del Plan de Pago a Proveedores, incurriendo en mora a la hora de pagar sus facturas o créditos comerciales.

Pues bien, este viernes 20 de diciembre de 2013 se ha publicado en el B.O.E. la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el Sector Público, que pretende hacer que los pagos a los que las Administraciones Públicas se comprometen en sus operaciones comerciales  cumplan, con carácter general, el plazo máximo de 30 días establecido para el pago de estas Entidades o, como máximo, no superen los 60 días de pago máximos fijados por la normativa europea y su trasposición a nuestro Ordenamiento.

Las novedades introducidas por esta Ley, que reforma parcialmente la anterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consistirán en lo siguiente.

1-      Se obliga a todas las Administraciones Públicas a publicar el período medio de pago a proveedores en relaciones comerciales (PMP) a través de un plan de tesorería que garantice un plazo de 30 días y que será directamente controlado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2-      Si en dicho plan de tesorería el PMP se desvía del plazo de 30 días se producirán una serie de medidas progresivas orientadas a corregir esa desviación. De este modo:

a)      Si el PMP supera los 30 días: la actualización del plan de tesorería inmediatamente posterior debe incluir el im porte de los recursos que se va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir el plazo a 30 días, así como las medidas para generar la tesorería necesaria para cumplir el plazo legal.

b)      Si el PMP superase los 60 días se ponen en marcha las siguientes medidas:

  • De prevención: el Ministerio de Hacienda comunicará a la Administración en cuestión el importe que mensualmente a pagar a proveedores y las nuevas medidas del plan de tesorería para cumplir el PMC de 30 días.
  • De corrección: se adoptará un acuerdo de no disponibilidad por la misma cuantía y todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo deberán contar con la autorización de la Administración del Estado.

c)       Si el PMC supera los 30 días durante más de dos meses consecutivos:

  • El Ministerio de Hacienda podrá retener los importes y pagar directamente a los proveedores.
  • La Administración Pública en cuestión podrá responder de las sanciones de organismos Europeas que se impongan a España por el no cumplimiento de los plazos medios de pago de la Administración en la parte que proporcionalmente le corresponda.

La verdad es que si se empieza a aplicar de verdad todo lo antedicho y las Administraciones comienzan a pagar en plazo sería un gran paso para reducir los índices de morosidad y, en cualquier caso, un requisito casi indispensable para que el sector privado consiga empezar a cumplir los plazos legales, muchas veces retrasado por el retraso de la propia Administración.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio

AGM ABOGADOS

Las áreas de responsabilidad del tesorero

Mario Cantalapiedra – Economista

La gestión de tesorería es el área dentro de una empresa que se ocupa de controlar y coordinar los flujos monetarios de la misma, es decir, los cobros y los pagos que se generan en el negocio. El objetivo fundamental de esta gestión es, por tanto, adecuar la corriente de cobros con la de pagos, de tal modo que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad. Te recuerdo que la liquidez lo que expresa es la aproximación de cada elemento del activo a su conversión en efectivo, de tal modo que el bien más líquido se puede considerar el efectivo que se tiene en caja. A buen seguro que la falta de liquidez, hoy en día, no deja dormir a muchos empresarios españoles.

En las compañías de mayor dimensión suele existir una figura concreta o un departamento especializado responsable de la gestión de tesorería, hablaríamos aquí del tesorero o del departamento de tesorería, mientras que si  vamos reduciendo el tamaño de las empresas nos encontraremos con la acumulación de tareas en una sola persona y la consecuente asignación de esta gestión, por ejemplo, al responsable financiero de la empresa o al contable.

La estructura concreta que tenga el departamento de tesorería dependerá de las áreas empresariales en las que el tesorero pueda tener poder de decisión. En concreto, suele tener algún tipo de vinculación con las cuatro siguientes:

1. Gestión (negociación) bancaria: Se encarga de la planificación y control de la posición de tesorería (caja y bancos), lo que podemos considerar como el núcleo de su trabajo y en algunas ocasiones, sobre todo en las pymes, también de negociar las condiciones que se establecen con las entidades financieras.

2. Cobro de clientes: Se suele ocupar de controlar el crédito comercial concedido a los clientes, de las condiciones de cobro que son pactadas con ellos y de que estas se cumplan adecuadamente.

3. Pago a proveedores: Puede llegar a negociar las condiciones de pago a los proveedores que suministran bienes y servicios a la empresa.

4. Gestión de almacenes: A pesar de que las existencias acumuladas en los distintos almacenes de la empresa afectan a la liquidez, suponiendo una inversión que es preciso financiar, la determinación de los niveles de existencias es el área de las cuatro en las que más raramente participará el tesorero.

Barómetro internacional de comportamiento de pagos B2B

En España, tres de cada cuatro ventas entre empresas se realizan a crédito, un nivel solo superado por Hungría entre los 27 países analizados por Crédito y Caución.

Estudio Barometro comportamiento pagos B2B

El 95% de las grandes empresas españolas ha realizado sus ventas a crédito, frente al 62% de las microempresas, en el tercer trimestre de 2011. Además las compañías nacionales presentan los plazos de pago más largos de Europa, con una media de 70 días, llegando hasta 74 días de media en el caso de los clientes nacionales. Estos son algunos de los reveladores datos que se extraen de la 10 edición del Barómetro de Prácticas de Pago.

El estudio, cuyo trabajo de campo en España ha sido elaborado por Iberinform, analiza los aspectos fundamentales de la gestión y la oferta del crédito comercial por parte de las empresas españolas, así como el comportamiento en pagos de sus clientes nacionales e internacionales.

Barometro pagos 2011

En esta segunda encuesta de 2011, realizada en mercados en los que opera el Grupo Atradius, se ha entrevistado a más de 5.200 empresas de 27 países de todo el mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, los Países Bajos, Polonia, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwan.

¿Cuántas operaciones se realizan a crédito?

Casi tres cuartas partes de las ventas B2B de España se hacen a crédito, un nivel solo superado por Hungría en el conjunto de la encuesta. El 93% de los créditos comerciales se refieren a clientes domésticos, y solo el 7% a operaciones de exportación, según indican los datos del análisis.

¿Por qué se concede crédito comercial a un cliente?

Aproximadamente la mitad de las empresas concede crédito comercial movido por el establecimiento de relaciones comerciales a largo plazo con los clientes. La segunda razón más mencionada, por uno de cada cuatro, fue la promoción de ventas.

¿Cuál es el plazo medio de pago?

Las compañías españolas contemplan los segundos plazos de pago más largos de la encuesta, con una media de 70 días. Los encuestados fijan un plazo medio de 74 días en el caso de los clientes domésticos, y de 46 días en el caso de los clientes extranjeros. Las microempresas fijan los plazos más cortos.

¿Cómo se elige el plazo de pago que se ofrece a un cliente?

Las relaciones comerciales son el factor clave determinante clave de los plazos de pago, algo que destaca el 58% de las empresas españolas. La capacidad de crédito del cliente, y los plazos estándar de pago de la empresa, aparecen como factores menos importantes [47%].

¿Se utilizan descuentos por pronto pago?

El 61% de los encuestados españoles ofrece descuentos por pronto pago, frente a la media europea del 37%. Sólo el 9% de los clientes domésticos, y el 16% de los clientes extranjeros aceptaron los descuentos por pronto pago. Las medianas-grandes empresas ofrecen descuentos por pronto pago con mayor frecuencia.

¿Se usan herramientas de gestión del crédito?

Las empresas españolas muestran una propensión relativamente alta a utilizar herramientas de gestión del crédito para mitigar sus riesgos de impago. El 63% de las empresas menciona la comprobación del historial del comprador, y el 58% la comprobación de la solvencia del comprador, muy por encima de la media europea. El 51% de los encuestados confirma un aumento significativo en las comprobaciones de la solvencia del comprador y el control de los riesgos.

¿A cuántas facturas afecta la morosidad?

El porcentaje de facturas españolas vencidas y no pagadas es del 31% en pagos nacionales y 23% en pagos del extranjero. El 7% de las facturas nacionales y el 4% de las facturas de exportación superaron los 90 días de vencimiento.

¿Por qué se retrasan en su pago los clientes?

La razón clave de los retrasos en los pagos B2B es la insuficiencia de fondos disponibles. El 74% de los encuestados españoles cita esta circunstancia como factor muy importante de los retrasos, frente al 47% que lo hace en el caso de facturas al extranjero.

¿Qué porcentaje de impagados soporta?

El nivel de cuentas incobrables es significativamente más bajo que la media global: 2% en facturas nacionales, y 1% en el extranjero. Las pequeñas empresas presentan las cifras más altas en facturas incobrables nacionales.

¿Cuál es el periodo medio de cobro?

El período medio de cobro [PMC] en España, de 86 días, es el más elevado del estudio, excediendo en dos semanas la siguiente cifra más importante de la encuesta [Grecia, 70 días]. La tendencia PMC de España aumentó bruscamente en el primer semestre de 2011.

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