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Cuatro medidas para mejorar la liquidez de la empresa en tiempos de coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando llega el verano es habitual que aumenten las tensiones de liquidez en las empresas. Algo que este año inclusive puede verse acrecentado por el impacto que está teniendo la pandemia.

Entre las distintas medidas que pueden arbitrarse para intentar equilibrar los cobros con los pagos en el corto plazo, me gustaría destacar cuatro.

  1. Nuevas aportaciones de los socios

Una primera solución pasa porque los socios de la empresa realicen nuevas aportaciones al capital social. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera, aumentando la cifra de capital inicial mediante la creación de nuevas participaciones (sociedades de responsabilidad limitada), o la emisión de nuevas acciones (sociedades anónimas). La segunda, elevando el valor nominal de las participaciones o acciones existentes.

No obstante, la formalización de la ampliación de capital implica unos gastos notariales y registrales que los socios pueden desear evitar, sobre todo si piensan que la necesidad de dinero extra es temporal y no permanente. En este caso, cabe la posibilidad de que los socios realicen una aportación provisional, la cual deberá registrarse en la cuenta contable prevista a tales efectos (cuenta corriente con socios y administradores).

  1. Venta de activos fijos no estratégicos

A pesar de que el objeto principal de los activos fijos que posee una empresa no sea convertirlos en liquidez en el corto plazo, sino utilizarlos en su proceso productivo, puede que con la crisis debida al coronavirus haya determinados elementos, por ejemplo, una máquina o un camión, que hayan perdido utilidad y que se puedan vender con el fin de obtener liquidez.

  1. Refinanciación de la deuda

Otra opción pasa por tratar de acordar con las entidades que financian a la empresa, la sustitución de los préstamos en vigor y con vencimiento a corto plazo, por otros con un plazo de devolución mayor. Pueden negociarse periodos de carencia en el pago de intereses o en la propia devolución del principal. Lo más posible es que esta refinanciación suponga un aumento de la carga financiera total de la deuda, aunque la actual coyuntura de tipos bajos “juega” a favor de la empresa.

  1. Mejora de los plazos de almacenes, clientes y proveedores

Por último, se puede tratar de equilibrar la situación de liquidez incidiendo en la gestión de los activos corrientes relacionados con el negocio, fundamentalmente almacenes, clientes y proveedores.

En lo referente a los almacenes se ha de intentar mantener la inversión mínima necesaria para la actividad, y en el caso de que se hayan acumulado mercancías en los últimos tiempos de difícil salida, tratar de venderlas ofreciendo promociones o descuentos.

Para mejorar la liquidez a través de los clientes se ha de incidir en la gestión de su riesgo de crédito comercial, procurando seleccionar aquellos que aporten liquidez más temprana a la empresa, es decir, de los que cobremos antes.

Con los proveedores, en cambio, puede mejorarse la liquidez ampliado el plazo de abono de sus facturas, si ello fuese necesario, pero siempre con la garantía de pago final.

 

Los clientes morosos deberán abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, que el cliente moroso deberá abonar 40 euros por cada factura que pague fuera de plazo.

Esta sentencia supone una importante interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. En concreto, este artículo señala con respecto a la indemnización por costes de cobro lo siguiente:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

 Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

  1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

Pues bien, el Tribunal Supremo especifica que el cobro de los 40 euros debe ser por cada una de las facturas, y no por el conjunto de ellas. En concreto, en su sentencia reconoce el derecho de una entidad financiera a cobrar dicha cantidad unitaria por cada una de las más de 5.000 facturas que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido por el Servicio Extremeño de Salud.

La sentencia explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora, algo que ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

Esta interpretación jurídica supone un argumento más para que las empresas intenten no incurrir en mora y respeten los plazos de pago pactados/legales, ante el riego de que les sean reclamados 40 euros por cada factura que los sobrepase.

¿Qué supone para la gestión del riesgo de crédito que las transferencias sean el instrumento de pago más utilizado?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las transferencias fueron el instrumento de pago más utilizado en los pagos minoristas que se realizaron en 2020. Así lo confirman los datos del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), mecanismo normativo, operativo y técnico que soporta el sistema del pagos al por menor español.

En este sentido, en función del importe que alcancen los pagos, cabe distinguir entre sistema de pagos al por mayor o mayorista, en el que se procesan los de importes elevados que realizan entre sí las entidades de crédito, y el sistema de pagos al por menor o minorista, en el que se procesan los de menor importe que utilizan instrumentos basados en la cuenta corriente bancaria tales como transferencias, adeudos, cheques, efectos o traspasos.

Pues bien, en los pagos minoristas, y teniendo en cuenta el importe total de las operaciones, el pasado ejercicio las transferencias fueron el instrumento más utilizado. En concreto, representaron el 69,63 por ciento del importe total, porcentaje que se eleva hasta el 72,5 por ciento si añadimos las transferencias inmediatas, disponibles en España desde febrero de 2018.

Recuerdo que estas transferencias inmediatas se caracterizan por su rápida ejecución, de tal modo que el tiempo que tarda en llegar el dinero a la cuenta del beneficiario se reduce, desde el día hábil siguiente a la fecha de la emisión en el caso de una transferencia ordinaria, hasta únicamente los 10 segundos. Aunque es un servicio voluntario para los bancos, la mayoría cuentan con él. Desde el 1 de julio se pueden enviar hasta por 100 mil euros, aunque como he podido comprobar muchos bancos mantienen el límite anterior de 15.000 euros (las entidades puede establecer el importe máximo y las comisiones por emisión que consideren oportunos).

Tras las transferencias, el instrumento de pago más utilizado en 2020 fueron los adeudos con el 16,41 por ciento del importe total. Los cheques representaron el 9,07 por ciento, y los efectos comerciales únicamente el 1,40 por ciento.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de crédito comercial, el hecho de que las transferencias sean el instrumento más utilizado en los pagos minoristas, supone que normalmente en las compraventas entre empresas la iniciativa de pago la tendrá el cliente. Algo que no ocurre cuando es el proveedor el que emite un adeudo.

Importe operaciones procesadas por SNCE por subsistema. 2020SNCE_2020Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SNCE.

ALERTA: TERMINA EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR IMPAGADOS ANTERIORES AL 7 DE OCTUBRE DE 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente pasado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Es cierto que dicho plazo se verá ampliado unos meses, pues el Estado de Alarma suspende el transcurso de los plazos legales hasta que se acuerde su alzamiento, pero aun así nos encontramos con que nos quedan escasos meses para poder reclamar los impagados anteriores a 2015 pues pasado el plazo previsto habremos perdido el derecho a reclamar cuanto nos adeudaban.

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales.
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

 

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

Captura

El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

Las 50 empresas “fintech” más importantes del mundo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe “2018: FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators” elaborado por las compañías H2 Ventures y KPMG, ofrece el ranking de las 50 empresas fintech más importantes del mundo, en el cual predominan las empresas estadounidenses con 13 representantes, aunque tres de las cinco primeras posiciones corresponden a compañías chinas, entre ellas, Ant Financial, dueña de la plataforma de pagos Alipay, que lidera la clasificación. En el ranking aparecen varias empresas europeas, mayoritariamente del Reino Unido, sin que entre ellas figure ninguna española.

En cuanto a las categorías fintech (líneas de negocio) en las que compiten estas empresas pueden distinguirse las siguientes:

  • Pagos y transacciones, que agrupa al mayor número de empresas (14).
  • Préstamos (13).
  • Gestión patrimonial (7).
  • Seguros (7).
  • Neobancos (que ofrecen servicios bancarios a través de aplicaciones móviles, para lo cual se asocian con bancos tradicionales) (6).
  • Múltiple (en la que se incluyen empresas que compiten en varias categorías) (2).
  • Otras (las cuales no encajan en las categorías tradicionales, entre las que por ejemplo se encuentran las soluciones tecnológicas que facilitan el cumplimiento normativo en el sector financiero, lo que se conoce como regtech) (1).

Ranking de las 50 empresas fintech más importantestablaFuente: 2018 FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators. H2 Ventures-KPMG.

El 38 por ciento de los ahorradores españoles guardan su dinero bajo el colchón

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 61 por ciento de los españoles manifiestan haber ahorrado durante los últimos 12 meses, según la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) del Banco de España (BdE). Los instrumentos a través de los que se canaliza el ahorro son los vehículos financieros (cuentas corrientes [con mucho el medio más utilizado], cuentas de ahorro, planes de pensiones o fondos de inversión), la compra de inmuebles distintos de la vivienda principal, o el ahorro en metálico y la entrega de dinero a familiares para que lo ahorren. Según nos cuenta el BdE, el porcentaje general de personas que ahorran decrece con la edad, y aumenta con el nivel educativo y con la renta del hogar.

Descendiendo en el nivel de análisis, destacan los individuos que se decantan por ahorrar en metálico, en concreto, lo hacen el 38 por ciento de los que ahorran. Los datos señalan como este tipo de ahorro se observa en prácticamente todos los grupos de edad, educación o renta, llegando a ser del 53 por ciento entre los ahorradores desempleados. En un momento en el que se está cuestionando la propia existencia futura del dinero en efectivo y que en algunos lugares se está acelerando su proceso de desaparición, de forma especial en países nórdicos europeos como Dinamarca, Noruega, Finlandia o Suecia, resulta especialmente llamativo que tantas personas en nuestro país guarden sus ahorros “bajo el colchón”. A estos efectos, hay que recordar que en España, y en base al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, está vigente la prohibición de realizar pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros, siempre y cuando alguna de las partes intervinientes en la operación actúe en calidad de empresario o profesional.

Por comunidades autónomas, la mitad de quienes ahorran en Andalucía e Illes Balears lo hace en efectivo, siendo Aragón, Navarra, Cataluña y La Rioja las comunidades donde menos se confía en esta fórmula.

Ha estado ahorrando en metálico (porcentaje de quien ha ahorrado), por Comunidad Autónoma

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Fuente: O. Bover, L. Hospido y E. Villanueva (2018) Encuesta de Competencias Financieras (EFC) 2016: Principales resultados. Direccción General de Economía y Estadística. Banco de España.

Regulado en España el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica

Mario Cantalapiedra – Economista

Facilitar el acceso de los potenciales clientes a los servicios bancarios básicos, mejorar la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago, así como mejorar su propio traslado, son los tres objetivos que persigue el Real Decreto-ley 19/2017, con entada en vigor el pasado 25 de noviembre. Esta normativa supone incorporar a la legislación española una Directiva europea de 2014 sobre estas materias, y viene a regular el derecho universal de acceso a un nuevo producto financiero denominado “cuenta de pago básica”, que habrá de incluir los siguientes servicios:

  • Apertura, utilización y cierre de cuenta.
  • Depósito de fondos.
  • Retirada de efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en la Unión Europea.
  • Domiciliación de adeudos directos.
  • Pago mediante tarjetas de débito o prepago.
  • Transferencias.

Es importante señalar que, aunque las comisiones que puedan repercutir las entidades de crédito por los servicios anteriores serán las que pacten libremente con sus clientes, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad establecerá los importes máximos de las mismas.

Los casos en los que las entidades de crédito podrán denegar el acceso a estas nuevas cuentas de pago básicas aparecen tasados en el mencionado Real Decreto-ley, a saber: cuando el potencial cliente no aporte la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo; cuando la apertura de la cuenta sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público, o cuando el potencial cliente ya sea titular de otra cuenta que le permita realizar los mismos servicios.

Con respecto al traslado de cuentas de pago (ya sean básicas o no), todos los proveedores de servicios de pago (no solo entidades de crédito) habrá de efectuarlo de forma eficaz y ágil, colaborando activamente e intercambiando toda la información que resulte necesaria, entre sí y con el propio cliente. Para el traslado de las cuentas será necesaria la solicitud expresa de todos sus titulares.

Por último, en cuanto a las comisiones y también aplicable a todas las cuentas de pago, se establece que los proveedores de servicios de pago proporcionen gratuitamente, al cliente o potencial, un documento informativo de las comisiones aplicables con suficiente antelación respecto a la fecha de celebración del contrato. Asimismo, deberán proporcionar cada año a los clientes un documento que informe de todas las comisiones en las que hayan incurrido para los servicios asociados a cuentas de pago. Se habilita al Banco de España para que establezca los requisitos que deberán cumplir ambos documentos.

Las empresas declaran una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas

Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.

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