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¿Es lo mismo patrimonio neto que fondos propios?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Plan General de Contabilidad vigente en España, en su apartado del Marco Conceptual, define al patrimonio neto como la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. El patrimonio neto se configura como una de las tres grandes masas patrimoniales del balance, es decir, de aquellos conjuntos homogéneos que agrupan y ordenan las diferentes cuentas contables para facilitar su estudio y análisis. Las otras dos grandes masas del balance son las de activo y pasivo. De este modo, el balance de situación de cualquier empresa se puede expresar a través de la siguiente ecuación matemática: Activo (A) = Patrimonio neto (PN) + Pasivo (P). De ahí que, despejando el patrimonio neto de la expresión anterior, tendremos que: PN = A – P.

Una de las apreciaciones que hay que realizar sobre el concepto de patrimonio neto, en base a la normativa contable, es que no es exactamente igual al de fondos propios, con el que a menudo se suele confundir, llegando incluso a ser utilizados como términos sinónimos. Mientras que los fondos propios incluyen las aportaciones de los socios o propietarios que no tienen la consideración de pasivos y los resultados acumulados que no han sido repartidos (reservas y resultado del ejercicio), el patrimonio neto es un concepto más amplio, ya que, además de los elementos anteriores, incluye a los ajustes por cambios de valor y a las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la empresa.

Cuando hablamos de aportaciones de socios o propietarios que no tienen la consideración de pasivos, estamos haciendo referencia a la no obligación de devolución por parte de la empresa. Por ejemplo, si un socio presta dinero a la empresa con una finalidad determinada, que esta le tiene que devolver, no estaríamos ante un elemento de patrimonio neto sino de pasivo.

Por su parte, las subvenciones, las donaciones y los legados, son importes recibidos, con carácter no reintegrable, de terceros distintos a los socios o propietarios para el establecimiento o estructura fija de la empresa, es decir, para la inversión en activos no corrientes destinados a servir de forma duradera en la compañía como, por ejemplo, una máquina o una nave industrial, hasta que se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Mientras que las subvenciones son otorgadas por las diferentes administraciones públicas, las donaciones y los legados son concedidos por empresas privadas o particulares.

Particularidades de los préstamos participativos

Mario Cantalapiedra – Economista

La regulación legal básica de los préstamos participativos se recoge en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, así como en la posterior disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas. Aparte de lo que ya comenté en el anterior post, me gustaría destacar ahora otra serie de características de este tipo de préstamos, algunas de las cuales creo que cobran especial importancia en la situación económica y financiera actual.

En primer lugar, los préstamos participativos tienen un rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro crédito u obligación de la empresa beneficiaria, situándose por detrás de todos los acreedores comunes y solo por delante de sus socios, lo que permite a la compañía mantener su capacidad de endeudamiento y lleva a la entidad que presta los fondos a asumir un riesgo similar al de los propietarios. De este modo, se entiende que la entidad prestamista llegue a requerir en la práctica a la empresa prestataria que posea unos fondos propios superiores al préstamo que le concede, puesto que de este modo se está asegurando no arriesgar en el proyecto más que ella.

Los préstamos participativos se consideran patrimonio neto a efectos de reducción de capital y de liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil, aspecto que cobra especial importancia en caso de situación desfavorable de la compañía ya que permiten retrasar su liquidación ofreciéndole, en principio, más oportunidades de recuperación.

Otra cuestión reseñable es que los préstamos participativos solo se pueden cancelar anticipadamente si se compensan con una ampliación de capital de la empresa, siempre que ésta no provenga de la actualización de activos. Las partes, entidad financiera prestamista y empresa prestataria, pueden acordar y es lo normal que lo hagan, una cláusula penalizadora en caso de amortización anticipada, que suele consistir en un porcentaje sobre la cantidad que quede pendiente de amortizar. Resulta muy importante clarificar este punto cuando se gestione el préstamo.

Por último, los intereses devengados por los préstamos participativos, tanto los de tipo fijo o mínimo como los de carácter variable, a efectos del impuesto sobre sociedades se consideran gasto fiscalmente deducible para la empresa prestataria.