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La reforma de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad

Pere J. Brachfield, asesor de la PMCM, y socio director de Morosología

Este mes de enero fue definitivamente promulgada por el Consejo de la UE la reforma de la Directiva 2000/35/CE relativa a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El motivo de la reforma de la Directiva Europea contra la morosidad es que durante los últimos años se han producido en algunos países de la UE un notable deterioro de las prácticas de pago; este problema supone un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. La CE y la Eurocámara se percataron que el deterioro de las prácticas de pago no sólo se deben a factores coyunturales, sino que también reflejan una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto el fenómeno de la morosidad no se debía imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existen causas estructurales que lo estaban fomentando.

Vale la pena señalar que el título en inglés de la nueva legislación es “Directive of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions” y que el sintagma “late payment” en inglés tiene un campo semántico extenso; por un lado significa demora en el pago y por otro la imposición de plazos de pago excesivamente largos a los proveedores. La traducción al español de “late payment” por morosidad, puede que no cubra todo el campo semántico de su expresión inglesa.

Hay que hacer notar que a lo largo de 2010 y a instancia de la Comisión Europea, la Eurocámara estuvo modificando la Directiva Europea 2000/35/CE de medidas de lucha contra la morosidad.

Uno de los cambios prioritarios que se han realizado es que los plazos de pago de las administraciones públicas en la UE sean de 30 días y en casos excepcionales de 60. Asimismo debe tenerse presente que en la reforma legislativa, el Parlamento Europeo introdujo en su exposición de motivos el siguiente apartado: “Una de las acciones prioritarias del Plan Europeo de Recuperación Económica consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por sus suministros y servicios se paguen a los acreedores, incluidas las pymes, en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez”. En esta enmienda los Eurodiputados han incluido no sólo a los deudores públicos sino además a los clientes privados.

Hay que destacar que uno de los “considerandos” que introduce la nueva Directiva advierte que es necesario un gran cambio en los comportamientos financieros y que es imperativo adoptar una nueva cultura de pago sin demora. Para conseguir esta revolución cultural e invertir la tendencia de que la morosidad constituya un comportamiento beneficioso para el deudor, es imperativo garantizar que las consecuencias del retraso en el pago sean disuasorias. Este cambio debe incluir el establecimiento de la duración máxima de los plazos de pago, previendo la compensación para los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como la consideración, como condiciones contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes de cobro.

 Así pues la reforma de la Directiva llevada a cabo por el Parlamento Europeo pretende en primer lugar combatir la morosidad penalizando al deudor con un nuevo interés moratorio más elevado que el actual. El nuevo tipo equivale al tipo de referencia del BCE aumentado en al menos ocho puntos porcentuales. En segundo lugar la Directiva pretende proteger al proveedor del abuso por parte del comprador para que éste no le imponga plazos de pago excesivamente largos. En tercer lugar fijar de forma indirecta un período de pago europeo normalizado de 30 días y establecer como  norma general, que los plazos de pago de los contratos entre empresas no excedan de 60 días. La Directiva Europea reformada establece una norma general de libertad contractual pero estrictamente limitada por la posible declaración de abusividad de las cláusulas contractuales que de modo injustificado difieran del plazo de 30 días. La Directiva relaciona lo que son prácticas contractuales abusivas e insta a los Estados de la UE a tomar medidas para que se eviten. Consecuentemente la nueva Directiva aspira conseguir que las operaciones comerciales en Europa se abonen de forma habitual a los 30 días, salvo cuando existan situaciones excepcionales que justifiquen un mayor aplazamiento. En cuarto lugar la Directiva fija una penalización de 40 euros por factura impagada sin perjuicio de que el acreedor tenga derecho a reclamar una indemnización por todos los gastos de cobro que ha tenido que efectuar. Como novedad dentro de estos gastos que se puedan recuperar se citan expresamente las minutas de abogados y los honorarios de las empresas de recobro.

De forma paralela la Directiva introduce un aspecto muy importante en la práctica empresarial, que consiste en que los Estados deben incluir disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de

empresas, el ejercicio de acciones ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen. Bajo mi punto de vista esta es una medida vital para combatir los abusos contractuales y otorgar legitimación activa a las asociaciones patronales para proteger a sus asociados.

Además los eurodiputados han advertido que dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, no sólo se debe combatir con medidas legales, sino que es necesario implementar medidas complementarias que contribuyan a despertar una buena cultura de pagos. Este abanico de medidas debe ir desde la implantación de la factura electrónica, hasta la publicación de códigos éticos de buen comportamiento en los pagos. Los legisladores europeos también proponen  la creación de listas de buenos pagadores con el fin de favorecer las buenas prácticas de pago. Otra medida que se introducirá en la Directiva es que los Estados llevarán a cabo campañas de sensibilización respecto a la problemática de la morosidad y que contribuyan a desarrollar una cultura de pago entre las empresas. Otro punto que incorporará la Directiva es el fomento del uso de la mediación en caso de surgir impagos.

Asimismo la Directiva establece dos artículos que el Estado Español debería velar por que se cumplan en España puesto que son cruciales para luchar contra los impagos:

Artículo 9

Reserva de dominio

1.  Los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable de conformidad con el Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

2.  Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones que regulen los pagos anticipados efectuados ya por el deudor.

Artículo 10

Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

1.  Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales.

Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un impedimento para que en España nuestros legisladores haya adoptado (o adopten en el futuro) medidas más estrictas que las que va a introducir la reforma, puesto que la propia Directiva establece que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva”.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.perebrachfield.com

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

En estos momentos la morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada tres quiebras en España, sobre todo entre las pymes, que representan el 99,90 % del tejido empresarial, suponen el 68 % del PIB y mantienen el 79 % del empleo.

Pero la morosidad en España no sólo es imputable a causas coyunturales, sino que además se deben considerar causas estructurales, como pueden ser la actitud de algunos actores económicos –grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas– de prolongar deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos en muchos sectores, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento económico generalizado.

En los últimos años, se ha extendido el abuso de grandes empresas dominantes en algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, que dependen en gran medida de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación de las condiciones de pago y exigen pagar con plazos muy dilatados.

De este modo, las pymes proveedoras de bienes y servicios conceden a sus compradores un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias no sólo para financiar sus compras sino también para poder refinanciar a sus clientes, por tanto sufren en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario.

Si a ello además añadimos la falta de dinero existente en este momento en el circuito financiero, nos encontramos con que cerca de 300.000 empresas se encuentran en peligro de desaparición.

Para tratar de constreñir las malas prácticas de pago y combatir la morosidad de las empresas y administraciones, se creó la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor esta legislación sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas españolas, y aquellas que aplican la ley a sus clientes (principalmente el cobro de los intereses de demora y de los gastos de gestión de cobro) suelen ser sociedades mercantiles de gran tamaño. Es por ello que numerosas patronales decidieron luchar para conseguir una serie de modificaciones de la Ley que permitiese a los más pequeños luchar por sus derechos. Y finalmente lo consiguieron en junio de este año con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

  

Este nuevo libro del mayor experto en lucha contra la morosidad en España, Pere J. Brachfield, explica de forma minuciosa pero no por ello complicada, todos los entresijos de esta legislación que trata de ayudar a la subsistencia de tantas pequeñas y medianas empresas. Brachfield, con su habitual lenguaje directo y sencillo descifra los argumentos jurídicos que habitualmente acompañan a las leyes para que cualquier empresario sea capaz de entender cuáles son sus derechos y los diferentes instrumentos que la Ley pone a su disposición.

El objetivo del libro es que los acreedores, autónomos, emprendedores y personas que, sin ser licenciadas en derecho, se dedican profesionalmente a la reclamación de impagados, adquieran los  conocimientos suficientes para hacer una aplicación práctica de la nueva normativa antimorosidad.

El libro “La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada”, explica cómo usar eficazmente las nuevas herramientas jurídicas introducidas en 2010 para luchar contra los impagados. También habla de las normas ya existentes antes de las reformas legales y que hay que conocer para realizar más eficazmente la gestión recuperatoria de deudas. Y por último, analiza la reforma incorporada durante este año para flexibilizar las condiciones de recuperación de las cuotas del IVA repercutido en facturas incobrables.

Gracias a este libro, el lector podrá adquirir conocimientos extremadamente útiles para obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones o por lo menos para paliar las consecuencias económicas de los incobrables.

Descubra todo sobre la  Ley 15/2010 de mano del mayor experto sobre impagos y morosos de España, Pere J. Brachfield