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Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

La necesidad de un nuevo plan gubernamental de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre tanta crítica a las reformas emprendidas por el actual Gobierno español, hay algún logro positivo que no puede negársele, como es el de la mejora en la situación de liquidez de muchas empresas gracias al plan gubernamental de pago a proveedores de facturas adeudadas por comunidades autónomas y entidades locales. Este plan ha solucionado parte del problema de morosidad de la administración pública con sus proveedores. Ya sé que me diréis que lo único que se ha hecho es abonar facturas vencidas a las que las empresas tenían todo el derecho del mundo, ya sé que, por desgracia, a muchas empresas les ha llegado el pago demasiado tarde, pero es que antes ni eso.

En palabras del propio ministro Montoro, con el plan de pago a proveedores se han abonado 17.718,55 millones de euros correspondientes a facturas debidas por  comunidades autónomas, así como 9.263,15 millones de euros adeudados por entidades locales españolas. Te recuerdo que el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado para tal fin y en el que han participado 26 entidades de crédito, contaba con unos recursos disponibles de 35.000 millones de euros, por lo que se ha utilizado algo más del setenta y siete por ciento del monto total. Lo cierto es que si ha existido un remanente de 8.000 millones de euros y el problema de la morosidad para las empresas proveedoras de las administraciones públicas no se haya, ni mucho menos, resuelto, bueno sería arbitrar un segundo plan de pago. Piensa que en el primero se recogían facturas vencidas registradas por consistorios y comunidades antes del 1 de enero de 2012, por lo que se ha solucionado parte de lo que se arrastraba de antaño, pero la bola ha ido creciendo con facturas en mora del presente año. Del mismo modo, han quedado fuera del plan facturas adeudadas por otras entidades públicas tales como mancomunidades en las que se agrupan varios ayuntamientos para ofrecer un servicio público, centros de enseñanza u hospitales, que sería necesario pagar cuanto antes.

A pesar de que desde Hacienda se había apuntado la posibilidad de arbitrar nuevos mecanismos para que el dinero debido por el conjunto de los organismos públicos siguiera llegando a las empresas y que para ello se utilizara el remanente del FFPP, las últimas informaciones apuntan a que no habrá segundo plan de pago a proveedores. Esperemos que esto cambie, que el Gobierno rectifique y que se termine lo que se había empezado, el tejido empresarial español lo agradecerá plenamente.