Archivo de la etiqueta: plazo legal pago administraciones

¿Cuál es el plazo legal de pago para las administraciones públicas?

Mario Cantalapiedra – Economista

Con los últimos cambios producidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, puede que no esté muy claro cuál es hoy en día el plazo legal de pago al que deben abonar sus facturas las administraciones públicas y, lo que no parece menos importante, el momento concreto desde el que empieza a computarse. Lo cierto es que tras las modificaciones introducidas en los mencionados textos por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, podemos concluir que las administraciones públicas tienen la obligación de pagar a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados. Es decir, el plazo de pago legal de treinta días empieza a contar desde la fecha de conformidad por parte de la administración pública correspondiente, no desde el momento en que se entrega el bien o se presta el servicio, como ocurre en las relaciones comerciales en las que intervienen únicamente empresas privadas. La pregunta que surge a continuación es qué plazo se concede a las administraciones públicas para que aprueben las certificaciones de obras o, en su caso, los documentos debidamente registrados que acrediten su conformidad, siendo la respuesta, que deberán hacerlo dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o de la prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. De este modo, nos encontramos con que si las administraciones agotan el plazo de treinta días para dar su conformidad, todavía tendrán otros treinta días adicionales para poder pagar a sus proveedores, con lo cual pueden extender el pago hasta sesenta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Más allá de la voluntad de unos y otros, de promesas y debates, esto es lo que marca la legalidad vigente… de momento.