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Más de la mitad de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta el 57 por ciento de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010. Así se desprende del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, promovido por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Es cierto que se ha producido una mejora de dos puntos con respecto al dato del año anterior (que fue del 59 por ciento), pero el porcentaje de empresas que cobran fuera de plazo sigue siendo muy elevado. Inclusive, un 10 por ciento de ellas no solamente cobran fuera de plazo sino que lo hacen por encima de los 90 días. No obstante, en 2019 se ha producido una mejora significativa en la serie histórica del porcentaje de empresas que cobran más tarde, como puede comprobarse en el gráfico que se muestra a continuación.

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Lo cierto es que nada más y nada menos que el 81 por ciento de las empresas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados en sus relaciones comerciales, siendo las grandes empresas las mayores causante del retraso, seguidas por las pymes y con el mejor comportamiento del sector público. Es decir, es difícil encontrar una empresa que no haya tenido que aceptar el cobro de alguna de sus facturas por encima del plazo deseado, lo que habla bien a las claras de lo enquistado que está el problema de la morosidad en nuestro tejido empresarial.

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Prueba de que la morosidad es un problema que está instalado en el ADN de muchas empresas, es que la principal razón por la que se retrasan los pagos es la voluntad del cliente de pagar tarde, seguida a corta distancia por la falta de disponibilidad de fondos. Otros motivos esgrimidos como la complejidad del procedimiento de pago, las disputas sobre la calidad o la facturación incorrecta, tienen mucha menor relevancia. La legislación contra la morosidad establece un plazo, pero el mercado dispone otro diferente y la situación no termina de mejorar año tras año, como demuestran los datos del Estudio de Crédito y Caución e Iberinform. Como decía Francisco Fernández Ordóñez “es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias”. Crucemos los dedos para que la desaceleración económica a la que estamos asistiendo no agudice este problema.

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Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

Menos de la mitad de las empresas en España cobran dentro del plazo de pago legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.

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Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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Nuevas obligaciones para los contratistas en materia de plazos de pago a los subcontratistas

Mario Cantalapiedra – Economista

Con objeto de lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, el pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con ella también se pretende simplificar los trámites para los licitadores y un mejor acceso para las pymes. Entre otras medidas interesantes, regula las siguientes obligaciones relacionadas con los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas o suministradores:

  • El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en un plazo no superior al previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que recuerdo no podrá superar los 60 días naturales, no pudiéndose pactar plazos mayores. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004.
  • El plazo de pago se computará desde la fecha en la que tenga lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista (siempre que el subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos). Con respecto a la aceptación, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de entrega de los bienes o de prestación del servicio.
  • Se posibilita que tanto el sistema de factura electrónica como el Registro Electrónico Único (el cual permitirá acreditar la fecha en la que los subcontratistas presentan las facturas al contratista), alcancen a toda la cadena de contratación pública.
  • Las Administraciones públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el cumplimiento de los pagos del contratista a los subcontratistas en los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.
  • Existirá la posibilidad de pagos directos por parte de la Administración contratante a los subcontratistas siempre que se prevea en los pliegos de contratación.

Esta Ley 9/2017, salvo algunas excepciones que no afectan a lo comentado sobre los plazos de pago, entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.

Análisis del Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, muestran que el 26 por ciento de las empresas españolas han sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, confirmándose la mejora progresiva de este dato desde 2012, cuando el porcentaje era nada menos que del 66 por ciento. Va mejorando sí, aunque sigue haciéndolo demasiado lentamente para darnos por satisfechos.

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La morosidad supone consecuencias negativas de forma general para el 64 por ciento de las empresas encuestadas, siendo hasta un 10 por ciento de ellas las que declaran que el retraso en el cobro pone en riesgo su propia continuidad en el mercado. Hay que pensar que solamente un 39 por ciento de las empresas declaran cobrar por debajo de los 60 días que marca la Ley.

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Al igual que en el estudio anterior, hasta un 83 por ciento de las empresas tienen que aceptar plazos superiores a los deseados. No obstante, existe una diferencia importante al analizar de quién hay que aceptarlo en concreto, ya que desciende de forma considerable (del 50 hasta el 12 por ciento) el porcentaje de empresas que declaran soportarlo de las administraciones públicas. En cambio, hasta un 53 por ciento de las empresas tienen que seguir aceptando plazos de pago superiores a los deseados de sus clientes gran empresa, donde parece concentrarse ahora el problema de la morosidad en España.

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Plazos de pago más cortos en servicios y Baleares

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos del último “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España” del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School, muestran una cierta mejoría en los plazos medios de pago en los distintos sectores productivos, aunque en ningún caso llegan a situarse por debajo de los 60 días “legales”. El sector con mejor comportamiento es servicios donde se paga a una media de 86 días (3 días por debajo del dato anterior), seguido por el primario con 92 días (1 día por debajo del dato anterior) y la industria con 96 días (3 días por debajo del dato anterior). El peor comportamiento se registra, de nuevo, en la construcción donde se paga a 97 días de plazo medio. No obstante, hay que resaltar una mejora de 6 días en este sector donde los plazos de pago acostumbran a ser muy largos.

 

Gráfico 1. Evolución plazos de pago por sectores productivos (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

En cuanto a los plazos de pago según la comunidad autónoma en la que radica el domicilio social de la empresa pagadora, el mejor comportamiento se da en Baleares (79 días). A continuación se sitúan Navarra (80 días) y Aragón (84 días), mientras que en el otro lado de la balanza aparecen Andalucía (102 días), Extremadura (101 días) y Murcia (98 días). Tampoco considerando la variable geográfica se encuentra ningún territorio en el que se cumplan los 60 días de plazo, aunque como puedes ver las diferencias entre comunidades autónomas (CCAA) son bastante significativas.

 

Gráfico 2. Plazos de pago más reducidos y más amplios por CCAA

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Los plazos de pago de las empresas españolas no bajan de los 90 días

Mario Cantalapiedra – Economista

La nueva edición del “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España”, elaborado por las compañías Iberinform y Crédito y Caución en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School que ha sido presentada hoy en Madrid, constata una leve mejoría en los plazos de pago de las empresas españolas que, no obstante, continúan muy lejos de los que marca la legislación contra la morosidad vigente.

El Estudio se ha elaborado con la herramienta de inteligencia de negocio Insight View a partir de las cuentas anuales de 2015 depositadas en el Registro Mercantil por 154.000 empresas privadas españolas. Se han utilizado los balances presentados en formatos “normal” y “mixto”, el 10 por ciento de los analizados, los cuales permiten la estimación directa de los plazos de pago en base a la información que contienen. Asimismo, y con el objeto de ampliar el Estudio a la mayor parte del tejido empresarial, se han tenido en cuenta los modelos “abreviado” y “pymes”, obteniendo, a través de cálculos validados por el propio Observatorio, valores medios que han permitido estimar los plazos.

La principal conclusión del Estudio es que las empresas españolas pagan a 91 días, con una mejora de tres días respecto al dato anterior, pero muy lejos de los 60 días “legales”. Como puedes observar en el Gráfico 1, en el que se muestra la serie histórica desde 2009, estamos más o menos en los niveles 2010 y estancados en unos plazos que difícilmente bajan de los 90 días.

Si tenemos en cuenta el tamaño de las compañías, se confirma una vez más que las grandes empresas son las que pagan más tarde con 109 días de plazo. Como puedes observar en el Gráfico 2 este comportamiento se repite en cada estudio desde 2009. Le siguen las medianas (93 días) y las microempresas (92 días), siendo las pequeñas empresas las únicas que pagan por debajo de la cota de los 90 días, en concreto lo hacen a un plazo de 88 días.

Gráfico 1. Evolución plazos de pago (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Gráfico 2. Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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Análisis del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, muestran que prácticamente una de cada tres empresas españolas (el 31 por ciento) ha sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, observándose solamente una leve mejoría con respecto al dato del Estudio anterior (del 34 por ciento). Si bien es cierto que las cosas han mejorado, de forma progresiva, desde el máximo histórico de 2012, cuando el 66 por ciento de las empresas declaraban tener impagos significativos, también parece que la situación se está estancando y la cifra no deja de ser preocupante.

En cuanto al impacto de los impagados, para el 74 por ciento de las empresas encuestadas la morosidad supone consecuencias negativas de un modo general, pero lo que verdaderamente asusta es comprobar que para el 13 por ciento de la muestra el retraso en el cobro de sus facturas pone en riesgo su propia continuidad en el mercado.

Realmente no parece sencillo desarrollar una actividad empresarial en un país donde nada menos que el 83 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos superiores a los deseados, más allá de que exista un texto legal que limite los pagos a 60 días. El papel lo aguanta todo, la realidad empresarial va por otro camino. Como parece lógico, los que pueden imponer estas condiciones son los que ejercen una mayor fuerza relativa ante sus proveedores. De este modo, el 57 por ciento de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados de sus clientes grandes empresas, mientras que el 50 por ciento los tienen que aceptar del sector público. Como siempre digo, hasta que las grandes compañías y las administraciones públicas no prediquen con el ejemplo y cumplan con los plazos de pago legales, seguiremos lidiando con tasas de morosidad demasiado elevadas para una economía como la española que se considera “avanzada”.

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Las administraciones públicas elevan el plazo de pago a los autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el período medio de pago de las administraciones públicas a los autónomos ha aumentado hasta alcanzar, en enero, los 86 días. Este dato se desprende de la encuesta trimestral del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, realizada a autónomos proveedores habituales del sector público y privado. En la encuesta anterior, correspondiente a septiembre de 2015, el período medio de pago era de 83 días.

Cuando hablamos de período medio de pago de las administraciones públicas, hay que tener mucho cuidado con el criterio que se sigue para computarlo. En los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía y Hacienda, en base a lo dispuesto por el Real Decreto 635/2014, el cómputo se inicia una vez que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en el registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, y termina la fecha de pago efectivo. En cambio, si tomamos el plazo que va desde la fecha de emisión de la factura o de entrega de la mercadería hasta el pago efectivo, tal como hace ATA, el plazo medio de pago se eleva.

Haciendo una minería de los datos de esta encuesta, se observan diferencias importantes en el comportamiento de pagos entre los distintos estratos en los que puede dividirse la Administración. De este modo, la Administración Central es la que paga más pronto a los autónomos, con 44 días de media, confirmando el esfuerzo que creo que se está realizando desde este ámbito de lo público, y sobre el que ya me he manifestado en alguna ocasión. Sin embargo, la Administración Local que, según ATA, “es para la que trabajan la gran mayoría de los autónomos”, eleva el plazo medio de pago hasta los 71 días. Y el dato empieza a ser escalofriante si hablamos de las Administraciones Autonómicas, las cuales están pagando a una media de 101 días. Para el sufrido autónomo acostumbrado a convivir con tensiones de liquidez, parece éste un plazo demasiado largo a financiar.

 

Plazo medio de pago administraciones públicas (en días)

Imagen1Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Enero 2016.

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