Pere J. Brachfield, profesor de EAE Business School y socio director de Morosólogos Asociados
Si algo caracteriza a las Administraciones Públicas en España es su elevadísimo sentido del deber; o sea deber dinero a contratistas, proveedores, autónomos, compañías eléctricas, empresas de telefonía y un largo etc.
Las Administraciones adeudan una colosal cantidad de dinero que hasta la fecha nadie se ha atrevido a cuantificar. Según estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), el volumen de deuda del sector público a proveedores es de 48.000 millones de euros, de los que unos 18.000 se refieren a CC.AA. y unos 30.000 a ayuntamientos.
Las Administraciones Públicas en general y los ayuntamientos en particular llevan más de un siglo aplicando la doctrina de Rius i Taulet. Corría el año 1887 y el entonces alcalde de Barcelona, Rius i Taulet, se encontró con que el gran proyecto de la Exposición Universal que iba a colocar a la Ciudad Condal en la primera división de las urbes mundiales se había paralizado por falta de financiación. Los promotores privados de la Exposición habían tirado la toalla porque el plan era demasiado costoso para su capacidad económica. El primer edil decidió asumir el faraónico proyecto con cargo al presupuesto de la ciudad y a contrarreloj impulsó su finalización en mayo de 1888. Ante las reticencias de varios concejales provocadas por el colosal gasto que suponía para las arcas municipales dicho proyecto, Rius i Taulet pronunció una frase lapidaria: “Hágase lo que se deba, y débase lo que se haga”. Consecuentemente el plan siguió adelante contra viento y marea y endeudando hasta la estratosfera la tesorería municipal. La Exposición Universal de 1888, realizada en un momento de depresión económica fue un éxito y revitalizó la ciudad, dándole una proyección internacional que perduró durante años. Gracias a la Exposición impulsada por Rius i Taulet Barcelona despegó económicamente y se situó en el mapa europeo. La apuesta del alcalde fue plenamente acertada, y pasó a la historia como el que consiguió para la ciudad prosperidad y renombre. Sin embargo su máxima sentó las bases del comportamiento futuro de las Administraciones Públicas.
Según un estudio realizado bajo los auspicios de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las Administraciones Públicas en España figuran entre los peores pagadores de Europa. Cuando las Administraciones Públicas se retrasan en el pago a sus proveedores se produce lo que se conoce como el efecto dominó, que implica que las empresas que no reciben los pagos de las Administraciones puntualmente se retrasan en el pago de sus propias facturas, de modo que sus proveedores también se ven obligados a demorar sus pagos y así sucesivamente.
El Catedrático de Derecho Administrativo Don José Eugenio Soriano García, uno de los mayores expertos en España sobre el régimen de pagos de las administraciones, afirma en su libro “Lucha contra la Morosidad y Contratación Administrativa” opina que la causa última de la situación generalizada de retrasos en los pagos es la morosidad constante de las administraciones públicas, las cuales según el Catedrático, son las primeras en retrasar los pagos, por lo cual se establece toda una cadena de incumplimientos. Don José Eugenio Soriano García explica en su obra que los abusos de las administraciones públicas, retrasando de forma estratégica sus pagos, no puede justificar de ninguna manera que los contratistas de la administración puedan trasladar esta falta de puntualidad a la hora de pagar a toda la cadena de subcontratistas y proveedores. Asimismo dicho experto dictamina que la deuda de las administración local lleva a una financiación, que estructuralmente acaba generando déficit, el cual a su vez se financia con otro tipo de deuda, trasladando a los futuros equipos de gobierno la atención de deudas históricas en un círculo vicioso del que difícilmente pueden acabar saliendo si no es con la ayuda del gobierno central.
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero es un loable intento del Gobierno para saldar la deuda histórica de las Administraciones Locales con los proveedores. Uno de los aspectos más positivos es que haya creado con un mecanismo jurídico para hacer aflorar las facturas pendientes de los ayuntamientos buscando una total transparencia. Asimismo el Real Decreto pretende que se genere un registro de las facturas y que se sancione a quienes no informen correctamente. Además facilita que los proveedores puedan exigir que se refleje la deuda que tiene contraída la Administración con ellos.
No obstante el Real Decreto-ley 4/2012 ha institucionalizado un mecanismo perverso por el que se priorizará el pago de las deudas de las Administraciones Locales a los proveedores que más descuento ofrezcan sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago. Por tanto es preocupante que uno de los criterios de pago establecidos por el decretazo pueda incitar a una subasta de quitas por parte de los contratistas sobre el importe de las facturas que les adeudan los ayuntamientos para cobrar antes que los competidores. Esto puede provocar que algunos acreedores acepten unos descuentos leoninos del importe adeudado motivados por su desesperada necesidad de cobrar.
Asimismo la PMCM ha expresado públicamente su preocupación por que el Real Decreto-ley creará una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial, por lo que, empresas y sectores que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes.
Otro efecto no deseable del decretazo va a ser el efecto contagio al sector privado; es decir si se ha legalizado la posibilidad de que se hagan descuentos a los ayuntamientos a cambio de priorizar los pagos, las empresas privadas también van a querer que sus acreedores les hagan quitas en los créditos impagados a cambio de subir puestos en el ranking de candidatos al cobro.
Igualmente la PMCM ante la falta de información en el Real Decreto sobre el procedimiento de pago, ha enviado un escrito al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si realmente las AA.LL. van a hacer frente a los intereses de demora por el pago de esas facturas, tal y como se recoge en la Ley 15/2010 y en la Directiva Europea. La PMCM se ha pronunciado en el sentido de que no está dispuesta a permitir que las empresas a las que las AA.LL. les adeudan créditos, sobre todo pymes y autónomos, terminen cobrando un importe inferior a los costes del servicio o producto y asumiendo intereses de gestión u otros gastos.
Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”, “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com
