Archivo de la etiqueta: pymes

¿Puede interesar a una pyme tener consejeros independientes?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los administradores de una sociedad mercantil son los encargados de gestionarla y representarla ante terceros, pudiendo ejecutar sus funciones una única persona (administrador único), dos administradores o un consejo de administración, que ha de estar compuesto por un mínimo de tres personas.

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en el caso de las sociedades anónimas cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en un mercado regulado español, es decir, sociedades cotizadas, la administración debe ser realizada siempre por un consejo de administración, el cual ha de estar compuesto exclusivamente por personas físicas, salvo que se trate de empresas públicas cotizadas.

En base a lo dispuesto en el artículo 529 duodecies de la LSC, las sociedades cotizadas pueden tener consejeros ejecutivos, que son los que desempeñan las funciones de dirección en la sociedad con independencia del vínculo jurídico que los una a ella, y no ejecutivos, todos los restantes, que pueden a su vez dividirse en uno de los siguientes tipos:

  • Dominicales. Personas que tienen una participación accionarial en la sociedad igual o superior a la que se considera legalmente significativa, o que intervienen en el consejo por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía. Pueden formar parte del consejo directamente o a través de representantes.
  • Independientes. Personas que desempeñan sus funciones en el consejo sin verse condicionadas por relación alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de control de la sociedad. Son elegidas en atención a sus circunstancias personales y profesionales (experiencia empresarial, conocimiento del sector, prestigio, etcétera), y pueden aportar una visión objetiva de la empresa y sus circunstancias.
  • Otros externos. Aquellos consejeros que formando parte del consejo no pueden ser catalogados en ninguna de las categorías anteriores. Es decir, no ejercen funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos), no representan ninguna participación significativa o son accionistas de la empresa (consejeros dominicales), o por sus circunstancias personales o profesionales no pueden ser considerados independientes.

A pesar de que la composición del consejo de administración que acabo de explicar, esté prevista para las sociedades cotizadas, nada impide que pueda ser adoptada por sociedades que no coticen.

Desde diferentes ámbitos se está apuntando a que el tejido empresarial español debe ganar tamaño medio para salir de la crisis motivada por el coronavirus, aunque ello pase por la unión entre pequeñas y medianas empresas. En este contexto, considero que la visión experta de un consejero independiente puede ser de gran ayuda la hora de analizar decisiones complejas a las que las pymes no suelen estar acostumbradas, como son las de fusionarse con otras empresas o llegar a adquirirlas.

crecimiento organico e inorganico

¿Crecimiento orgánico o inorgánico para que las pymes salgan de la crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras la pandemia debida al coronavirus y el ejercicio de supervivencia que ha significado para gran parte de las pymes, los empresarios deben empezar a mirar hacia su futuro y pensar en crecer.

En este sentido, desde el seno de la compañías se ha de decidir si volcar los esfuerzos a un crecimiento de tipo orgánico o inorgánico. Una decisión que puede no ser sencilla, sobre todo desde la mentalidad de un pequeño o mediano empresario.

El crecimiento orgánico o interno es el que busca aumentar la cifra de negocios a través de un volumen mayor de actividad. Para conseguirlo una empresa se ha de basar en sus propios recursos y capacidades, tratando de aumentar la venta de bienes y servicios en los mercados actuales, de ampliar la gama de productos o de vender en nuevos mercados. A pesar de que esta estrategia de crecimiento habitualmente obliga a realizar nuevas inversiones (por ejemplo, de incremento de la capacidad productiva o de mejora de las actividades comerciales y de marketing), suele ser la preferida por los pequeños empresarios, ya que a través de ella mantienen un mayor control sobre su negocio.

No obstante, puede que en el complejo escenario pospandemia este crecimiento no sea suficiente, y deba recurrirse al crecimiento inorgánico o externo, que busca aumentar la cifra de negocios mediante acuerdos con otras empresas. Éstos pueden lograrse a través de alianzas puntuales, o mediante procesos de fusión o de adquisición. Mientras que en el caso de la fusión, dos o más compañías se integran en una existente o de nueva creación, desapareciendo las demás; en la adquisición, una empresa compra parte de otra/s con el objetivo de ejercer su control sobre ella/s.

Aunque parezca que las fusiones y adquisiciones pueden ser un coto cerrado para las grandes empresas, esto no es así. De hecho, pueden ser la forma más adecuada para que una pyme crezca cuando su mercado esté saturado y desee entrar en otros con rapidez. Hoy esta entrada ya no se hace como antes (comienzo con estudios de mercado, hago varias visitas al país, contrato delegados y en unos meses empiezo las ventas). En un mundo que se acelera, una empresa que desee vender en Noruega, adquiere una compañía establecida allí y desde el primer día está vendiendo en el mercado noruego. Y esta estrategia también es accesible para una pyme, claro está, siempre que tenga suficiente “caja” para afrontarla.

Tres motivos para consolidar las cuentas del grupo de forma voluntaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las posibles salidas para las empresas en el escenario postpandemia pasa porque aumenten su tamaño mediante la adquisición de otras compañías, a las que puedan controlar, dando origen a grupos empresariales. De hecho, soy de los que piensan que en los próximos meses proliferarán los movimientos empresariales en esta dirección.

Esta estrategia puede permitir que las empresas que la acometan, aumenten su volumen de ventas, reduzcan los costes, aprovechen ventajas competitivas o consigan beneficios fiscales. No obstante, y especialmente desde el entorno de las pymes, a veces se es reacio a comprar otras compañías ante las complicaciones que ello puede acarrear, como tener que consolidar las cuentas contables.

Dispensas a la obligación de consolidar

En este sentido, hay que señalar que contablemente deben consolidarse los grupos de sociedades que se forman por una sociedad dominante más sus dependientes a las que controla, incluyendo en el proceso también otro tipo de sociedades como las multigrupo y las asociadas. El objetivo es mostrar la situación patrimonial del grupo como si se tratara de una única entidad económica.

A pesar de ello, hay una serie de excepciones, fundamentalmente por razón de tamaño y por dependencia de un grupo mayor. Concretamente en el caso del tamaño, están exentos de consolidación contable, los grupos que no superen dos de los tres límites siguientes: que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 11,4 millones de euros; que la facturación consolidada sea superior a 22,8 millones de euros, o que el número medio de trabajadores del grupos sea superior a 250. Estos límites dejan fuera de la obligación legal de consolidación a muchos grupos de empresas que podríamos considerar de tamaño pequeño.

¿Qué razones existen para consolidar de forma voluntaria?

La pregunta a hacerse es si, a pesar de no existir obligación a efectos legales, puede ser interesante consolidar las cuentas del grupo. Se me ocurren varios motivos para hacerlo:

  1. Mejorar la imagen fiel. La primera razón es precisamente el objetivo último que se persigue con la consolidación contable, que no es otro que el de lograr una imagen más fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo. En este sentido, hay que tener en cuenta que las cuentas individuales omiten información relevante de las operaciones que se realizan entre empresas del grupo.
  1. Conocer mejor la generación del resultado. La consolidación muestra, tras los procesos de homogeneización, agregación de partidas y eliminación de las operaciones internas a nivel de grupo, en qué sociedades del mismo se están generando realmente beneficios o pérdidas.
  1. Mejorar la posición negociadora con terceros. Presentando las cuentas consolidadas del grupo se puede mejorar, por ejemplo, la negociación que se entabla con las entidades financieras, o con los proveedores al acordar las condiciones del crédito comercial.

 

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Problemas contables en las pymes españolas debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia está afectando a las estructuras de muchas empresas, especialmente a las de las más pequeñas, en un país como España donde cerca del 94 por ciento del tejido empresarial se compone de autónomos y microempresas que no llegan a los 10 trabajadores en plantilla.

Los problemas con el coronavirus están afectando a las áreas funcionales, entre ellas a las que se ocupan de la gestión contable. Conozco casos de empresas que ante el cierre temporal de sus negocios han dejado, por ejemplo, de llevar su contabilidad actualizada, y esto a la larga puede acrecentar sus dificultades. Hay que tener en cuenta que con la contabilidad, como medio de prueba admitido en derecho que es, se puede demostrar que las diferentes medidas que se están adoptando no se realizan de forma fraudulenta sino motivadas por la situación excepcional de crisis que vivimos.

Inclusive en las empresas que siguen llevando su contabilidad al día, se observan errores que pueden llegar a afectar a la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

Entre ellos, me gustaría destacar el error de no contabilizar las subvenciones que se están recibiendo desde los diferentes organismos públicos como ingresos del ejercicio. Por ejemplo, las bonificaciones de las cotizaciones a cargo de la empresa a la Seguridad Social de los ERTE se han de considerar como una subvención de explotación, que se contabilizan generalmente como un ingreso. Solamente se podrán contabilizar como menor gasto si su importe es poco significativo, en base a lo dispuesto por la consulta n.º 5 del BOICAC 94 de junio de 2013.

Otro error contable importante que suelen realizar las pymes en épocas de crisis como la actual debida al coronavirus, es el de no deteriorar los activos (existencias, inmovilizados, clientes, etcétera), ante su pérdida de valor, puntual y reversible. La evaluación de esta pérdida de valor ha de realizarse como mínimo al cierre del ejercicio, y contabilizarse en su caso como un gasto. Es un proceso que difícilmente olvidan las pocas compañías que están sometidas a auditoría en España, pero sí de forma generalizada las demás.

Para muchas empresas resulta complicado mantener sus obligaciones al día en el escenario de gran incertidumbre que hoy nos toca vivir. No obstante, hay que pensar que la contabilidad más allá de ser un requisito legal, también es una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, el escenario post-COVID va a exigir que las empresas que sobrevivan sean más transparentes y generen mayor confianza en los públicos con los que se relacionan, algo que ha de pasar necesariamente por presentar una información contable completa y de calidad.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

Leer artículos anteriores: 1 2 3 4 Pág. Siguiente