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La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.

 

Más del 70 por ciento del crédito comercial en España se encuentra en situación de mora

Mario Cantalapiedra – Economista

En España desciende ligeramente la morosidad entre empresas, pero los plazos de pago siguen estando por encima de los 80 días, muy lejos del plazo legal de 60 días que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es un dato que se desprenden del último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en colaboración con la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), y referentes al segundo trimestre de 2019.

En concreto, el descenso de la morosidad se debe a una reducción de 2,7 días respecto del trimestre anterior en el período medio de pago a proveedores, que se sitúa ahora en 82,3 días.

Entre las cifras que proporciona el Boletín, llama poderosamente la atención que el porcentaje de crédito comercial que se encuentra en situación de mora, atendiendo a los plazos legales establecidos, sea del 70,6 por ciento del total de crédito comercial, y eso que descendió 0,2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2019.

Por otro lado, la organización que representa a los pequeños y medianas empresarios cifra el coste financiero de la morosidad en 1.579 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en el mismo período de 2018.

En cuanto al plazo de pago en función del tamaño de la empresa, se comprueba como aumenta en la medida en la que la dimensión de la compañía también es mayor. De este modo, las microempresas (aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores) pagan a una media de 76,7 días; las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) abonan sus facturas a 82 días, y por último las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) pagan a 86,2 días. Este  estudio no proporciona datos de las grandes empresas, aunque el sentido común sugiere que su plazo será todavía mayor. El pez grande se come al chico en cuanto a retrasar los pagos se refiere, su mayor poder de negociación marca la pauta.

Por sectores, el de la construcción y promoción mantiene el período medio de pago más alto con 94,7 días, seguido por plásticos (89,7) y sector textil (88,3). En el otro lado de la balanza, se sitúa la distribución alimentaria donde se paga a 71,3 días de media.

Período medio de pago por tamaño empresarial del deudor (días)Morosidad_Boletín_IIT19Fuente: Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial II Tri 2019. CEPYME – DGIPYME.

España cerró 2019 con una pérdida en el número de empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En España a finales de 2019 existían 2.880.123 empresas, según el Informe “Cifras PYME” elaborado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME). Dentro de este dato se incluyen tanto las empresas de cualquier tamaño que tienen asalariados y que están inscritas en la Seguridad Social, como los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo, y que sin embargo la DGIPYME cataloga como “empresas”.

En términos de variación anual, el pasado año España perdió un 0,58 por ciento de sus empresas, o 16.777 en datos absolutos, aunque la variación fue distinta según el tamaño de la compañía que se considere. De este modo, mientras las empresas de menor dimensión (autónomos sin asalariados y microempresas) sufrieron un retroceso, las pequeñas, medianas y grandes, vieron como sus cifras aumentaban. No obstante, las empresas de dimensión más modesta siguen siendo las más numerosas dentro del tejido empresarial español. Hasta el 93,5 por ciento de este se compone de autónomos sin asalariados y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas. Las 4.871 empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo representan el 0,17 por ciento del total, a pesar de que durante 2019 experimentaron un crecimiento cercano al 4 por ciento.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas españolas, destaca el de servicios (con el 72,39 por ciento del total), seguido por construcción (10,74), industria (6,10) y sector agrario (10,76). Todos los sectores menos la construcción sufrieron la pérdida de compañías durante 2019, resultando especialmente llamativo el descenso del 1,43 por ciento de empresas en la industria.

En definitiva, el sector servicios sigue acaparando a la mayor parte de las empresas de nuestro país, las cuales, por otro lado, se caracterizan por ser muy pequeñas.

Empresas por tamaño en España2019_empresas_tamañoFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYME. Diciembre 2019.

Empresas por sectores en España2019_empresas_sectorFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYMEDiciembre 2019.

Las pymes españolas recurren al crédito comercial para financiarse

Mario Cantalapiedra – Economista

El VIII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), confirma que el crédito de los proveedores (crédito comercial) es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 37,6 por ciento de las empresas encuestadas por CESGAR declaran haberlo utilizarlo durante 2018. A estos efectos, este Informe de CESGAR, la asociación que asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que existen en España, presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena” referidos al conjunto de 2018 y recabados en febrero de 2019.

El crédito comercial es una fuente de financiación a corto plazo que surge automáticamente y de forma relativamente sencilla al aplazar el pago de las facturas a los proveedores. Precisamente que sea una financiación fácil de obtener, sin que sea necesaria la negociación compleja que caracteriza a otros instrumentos financieros, sobre todo si el deudor se encuadra en un sector donde es habitual el pago aplazado, puede explicar en parte su uso masivo. También ayuda a explicarlo el hecho de que con el crédito comercial se pueden demorar los pagos a proveedores sin que surjan los problemas que aparecen al dejar de pagar una cuota bancaria.

Los instrumentos financiero más utilizados por las pymes tras el crédito comercial, son las líneas de crédito bancario/descuento bancario (28,2 por ciento), seguidos por los préstamos bancarios (20,6), el leasing (14,1), y el confirming (8,6). El Informe de CESGAR incluye a continuación a los avales y otras garantías de las SGR (8,1), aunque más que fuentes financieras son instrumentos que “ayudan” a las pymes a conseguir financiación ajena. Cerrando el listado de instrumentos se encuentran los créditos del ICO (4,6), el factoring (1,4) y las nuevas fórmulas del crowdfunding/crowdlending cuya participación todavía parece ser bastante testimonial (0,2), aunque soy de los que piensan que poco a poco irá ganando terreno, sobre todo en lo que hace referencia al crowdlending o financiación participativa a las empresas basada en préstamos.

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros. Año 2018Imagen1Fuente: VIII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

El crédito comercial es el instrumento financiero más utilizado por las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El VII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), muestra como el crédito comercial, es decir, aquel que surge automáticamente al aplazar el pago de las facturas a los proveedores, es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 56,1 por ciento de ellas declaran haberlo utilizado en los últimos seis meses.

El Informe de CESGAR presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”, que se realiza con una periodicidad semestral, en los meses de marzo y septiembre. En este caso, la encuesta se refiere a septiembre de 2018 y ha sido realizada a responsables financieros de empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de la actividad y a todas las comunidades autónomas, incluyendo también a los autónomos.

Tras el crédito comercial, el instrumento financiero más utilizado por las pymes es la línea de crédito o descuento bancario, seguido por los préstamos bancarios, el leasing o arrendamiento financiero, los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los avales y otras garantías, el confirming, renting y otros y, por último, el factoring y similares. En este sentido, me gustaría precisar que entre los instrumentos financieros que recoge la encuesta de CESGAR pueden distinguirse fuentes de financiación propiamente dichas (crédito comercial, línea de crédito o descuento bancario, leasing, crédito ICO, confirming y factoring), instrumentos que “ayudan” a las empresas a conseguir la financiación sin que puedan considerarse fuentes financieras (avales u otras garantías) y elementos como el renting, que consiste en un contrato mercantil no financiero de alquiler a largo plazo el cual permite utilizar un bien sin endeudarse ni realizar desembolso alguno, salvo el pago de las correspondientes cuotas periódicas y, habitualmente, el depósito de una fianza en el momento de formalizar la operación.

 

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros en los últimos 6 meses

Imagen1

Fuente: VII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

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