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Nuevos límites para aplicar el PGC-Pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, ha ampliado el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes), igualando los límites exigidos (de total activo, importe neto de la cifra de negocios y número de trabajadores) a los previstos para poder elaborar el modelo abreviado de balance y memoria. Es importante reseñar que, a pesar de ser aprobado a estas altura del año, este cambio entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

De este modo, podrán aplicar el PGC-Pymes todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

También el Real Decreto 602/2016 ha eliminado la obligatoriedad de elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto para las empresas que apliquen el PGC- Pymes, de tal modo que, para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, únicamente habrán de presentar dentro de sus cuentas anuales los siguientes documentos: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria (esta última con una información ahora más reducida).

Comparativa límites PGC-Pymes

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¿Qué datos deberá contener el documento “Información Financiera-PYME”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, con entrada en vigor el próximo 11 de octubre, especifica el siguiente contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán facilitar a sus clientes pymes y autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación que mantiene con ellos:

1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

La CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recoge los riesgos que las entidades financieras tienen con sus clientes personas físicas o jurídicas. En este caso, el documento deberá incluir las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos a efectuadas a la misma, relativas a los clientes acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación (cuando el documento se genere porque la entidad financiera tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento) o a la fecha de solicitud (cuando el documento se genere por petición de la pyme o del autónomo).

2. Datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito

El documento “Información Financiera-PYME” también deberá incluir los datos de las pymes y autónomos acreditados comunicados por las entidades financieras a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito que sigan constando en los registros de tales empresas en las mencionadas fechas de notificación o de solicitud.

3. Historial crediticio

El documento incluirá el historial crediticio del acreditado referido a los cinco años anteriores a la fecha de notificación o de solicitud, el cual incluirá los siguientes datos:

  • Relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización.
  • Relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, declaración expresa de que el acreditado ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.
  • Estado de la situación actual de impagos.
  • Relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la empresa acreditada en los que sea parte la entidad financiera.
  • Relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos de flujo de financiación con el acreditado

5. Calificación del riesgo del acreditado

Finalmente las entidades deberán incluir una evaluación de la calidad crediticia de las pymes y los autónomos a los que financian, realizada de manera estandarizada y comparable. El resultado de la evaluación deberá permitir clasificar el riesgo del acreditado dentro de una de las siguientes categorías: riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio-alto, riesgo alto o no disponible.

El Banco de España regula el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los objetivos con los que nació la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial está el de hacer más flexible y accesible la financiación bancaria a pymes y autónomos. En dicha Ley se reconoce como uno de los principales obstáculos para lograrlo, se encuentra en la asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a pymes y autónomos, lo que complica y encarece la valoración de su riesgo. Es decir, la entidad que concede financiación no tiene información suficiente sobre el uso que dará la empresa deudora al dinero que le presta. Esta asimetría informativa aumenta el tipo de interés del dinero que se cobra por el dinero que se presta, pudiendo llegar a motivar la denegación de la financiación. Precisamente para mitigar dicha asimetría informativa, la Ley 5/2015 establece que cuando las entidades de crédito decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes que sean pymes o autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les hagan entrega de un documento denominado “Información Financiera-PYME”, que ha de recoger datos sobre su situación financiera e historial de pagos, entre ellos su calificación de riesgo de crédito, correspondiendo al Banco de España (BdE) especificar el modelo y la metodología a utilizar.

Pues bien, se acaba de publicar en el BOE del 11 de julio de 2016, la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, estructurada en los tres capítulos siguientes:

  • En el capítulo I se establece el objeto y ámbito de aplicación, que incluye a las entidades de crédito y también a los establecimientos financieros de crédito.
  • En el capítulo II se regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, el cual abarca desde las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) hasta la calificación del riesgo, incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año.
  • Finalmente, el capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo que deberán otorgar las entidades a pymes y autónomos.

La entrada en vigor de esta circular se producirá el próximo 11 de octubre de 2016.

Análisis del recorte de la financiación de Enisa para 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El 29 de abril de 2016 el Consejo de Ministros español aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por importe de 2.000 millones de euros, con el objetivo de reducir el déficit público, que debía ser asumido entre todos los Departamentos ministeriales.

En este sentido, el pasado viernes se hizo público cómo afecta este recorte general a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la cual juega un papel muy importante en la financiación de proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores a través de la concesión de préstamos participativos. Estos instrumentos de financiación, a medio camino entre el capital riesgo y el préstamo bancario a largo plazo, proporcionan recursos financieros a las empresas sin interferir en su gestión, caracterizándose por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada a través de un interés variable, además del cobro de un interés fijo. Tienen la ventaja de considerarse deuda subordinada, es decir, su exigibilidad queda por detrás de todos los acreedores comunes por cualquier otro crédito u obligación de la empresa, lo que permite a esta mantener su capacidad de endeudamiento. Pues bien, el anuncio del recorte efectuado por el Consejo de Ministros del 1 de julio, ha causado revuelo en los distintos foros de emprendedores, tan necesitados de buenas noticias, por lo que conviene puntualizar lo que pasados unos días sabemos del mismo:

  • La dotación presupuestaria para financiar proyectos en 2016 de Enisa se ha visto reducida en un 27 por ciento (inicialmente era de 113 millones de euros).
  • El recorte fundamental se ha producido en la línea de préstamos participativos a proyectos promovidos por empresas de base tecnológica, la conocida como línea EBT, que se fija ahora en un importe máximo de 1,7 millones de euros, lo que supone reducir en 18,6 millones de euros, su cuantía inicial.
  • Desde Enisa se quiere tranquilizar a los emprendedores, subrayando como siguen contando con 82,6 millones de euros para financiar proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores, incluidas startups y empresas de base tecnológica, así como cualquier otro sector de actividad (con ciertas excepciones en el inmobiliario y el financiero). Se trata de no dejar atrás a las compañías de base tecnológica, haciéndolas encajar en otras líneas de financiación donde por su amplitud tienen cabida.

Préstamos formalizados por Enisa en 2015enisaFuente: Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

Más medidas concretas para atajar los problemas de pymes y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa (DGIPYME) ha publicado nuevos datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, en este caso correspondientes al mes de mayo 2016, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). Además de algún cambio en el diseño de tablas y gráficos, como advierte el bueno de Julio Aliaga, destaca que, por primera vez en esta publicación, se haga referencia explícita a los autónomos sin asalariados como empresas (antes se hablaba de empresas sin asalariados). Parece que la palabra “autónomo” empieza a sonar fuerte en nuestra economía, y sin complejos, ¿será un indicio del tipo de trabajo que viene? De hecho, este colectivo representa, por número de empresas, el mayor de todos, como puedes observar en la siguiente tabla:

Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo 2016)

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Las empresas que más crecen en términos interanuales son las pequeñas (aquellas que tienen entre 10 y 49 asalariados), lo cual no parece ser mala noticia, porque son compañías que, sin tener gran tamaño, poseen la capacidad relativa para generar el empleo que tanta falta nos hace. Como tantas veces se comenta, las pymes son los verdaderos motores de la creación de empleo, capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo por unidad de capital empleada. De hecho, solamente un 0,1 por ciento de las empresas pueden considerarse grandes (cuentan con 250 o más asalariados), el resto del tejido empresarial se sustenta en pymes y autónomos. Digo yo que enfrascados en plena “nueva” campaña electoral, no estaría de más escuchar más propuestas concretas para atajar los problemas que soportan estos empresarios a la hora de desarrollar su actividad (morosidad, excesiva carga impositiva, complejidad administrativa en sus procesos de apertura y cierre, etcétera). Si bien es cierto que son pequeños, sus problemas no los son.

Distribución del número de empresas por tamaño (mayo 2016)

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La nueva Ley de Auditoría modifica el concepto de pyme a efectos contables

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, siguiendo los parámetros contenidos en la Directiva 2013/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha modificado los criterios que definen lo que es una pyme a efectos contables, adelantándose así a la reforma del Plan General de Contabilidad para pymes que se está preparando precisamente para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, y que debería estar lista para aplicarse en 2016. Desde Bruselas lo que se pretende es armonizar la información contable que presentan las empresas, así como simplificar los datos contables obligatorios para las pymes, sobre todo, para las más pequeñas, sin que los interesados en dichos datos se vean perjudicados.

En la nueva Ley de Auditoría se recogen las definiciones que, a efectos contables, prevé la Directiva tanto para las entidades pequeñas como medianas, aunque no así para las microempresas que también son definidas en el texto europeo. De este modo, entidades pequeñas, según el artículo 3.9 de la Ley 22/2015, son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  • Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Por su parte, entidades medianas son, en base al artículo 3.10 de la Ley 22/2015, aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones de euros.
  • Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los cuarenta millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.

Las entidades pierden la categoría correspondiente en cada caso al dejar de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias mencionadas.

Lo más lógico es pensar que el nuevo Plan General de Contabilidad para pymes será aplicable a las empresas que son consideradas pequeñas según las circunstancias que acabo de comentar, aunque deberemos esperar a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) presente su redacción definitiva para confirmarlo.

El preaviso a las pymes pendiente de los modelos que ha de publicar el Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

Por el mes de octubre de 2013 ya comenté en el blog la intención del Gobierno de obligar a las entidades de crédito a preavisar con antelación a las pymes a las que fueran a reducir o cancelar su financiación. Pues bien el tema se ha alargado más de lo previsto inicialmente y hasta abril de este año no hemos conocido el texto legal que lo regula.

Es en el título I de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, donde se recoge la nueva obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción y con una antelación mínima de tres meses, su decisión de cancelar o reducir significativamente (en un 35 por ciento o más) el flujo de financiación que les haya venido concediendo, es decir, el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación que se otorguen a una pyme por una misma entidad de crédito. La notificación deberá enviarse a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor cuantía, excluyéndose de esta obligación general los siguientes supuestos:

  • Cuando el plazo de duración máximo del flujo de financiación, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea igual o inferior a tres meses.
  • Cuando la pyme sea declarada en concurso de acreedores, se hayan iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Cuando la entidad de crédito haya resuelto el contrato por incumplimiento de la pyme de sus obligaciones.
  • Cuando los contratos hayan sido rescindidos de común acuerdo o cuando el flujo de financiación no sea prorrogado o sea disminuido en un 35 por ciento o más de común acuerdo entre banco y empresa.
  • Cuando la entidad financiera ponga fin a las relaciones de negocio u operaciones con la pyme en virtud de lo previsto por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Cuando la entidad de crédito justifique objetivamente que las condiciones financieras de la pyme han empeorado de manera sobrevenida y significativa durante los tres meses posteriores a la fecha en la que se debería haber realizado la notificación. Esta justificación habrá de ser notificada por escrito a la pyme.

La entidad de crédito tendrá la obligación de acompañar la notificación, de forma gratuita, con un documento denominado “Información Financiera-PYME”, el cual recoja los datos recopilados sobre la situación financiera e historial de pagos de la empresa, entre ellos su calificación del riesgo de crédito. Corresponde al Banco de España especificar el modelo-plantilla, contenido y formato del documento general, así como el modelo-plantilla y la metodología concreta que deben utilizarse para la evaluación del riesgo. Pues bien, a pesar de que la Ley 5/2015 está vigente desde el 29 de abril, se ha concedido un plazo adicional de cinco meses a la entidad supervisora para publicar estos modelos, algo que a fecha de hoy todavía no se ha producido. Posteriormente la obligación para la banca de notificar a las pymes entrará en vigor a los tres meses desde que se publiquen los modelos.

Con respecto al documento que informe de la calificación de riesgo otorgada por el banco a la empresa, el mismo ha de convertirse en una herramienta de tipo estándar interesante para valorar y comparar el riesgo de las pymes españolas, por lo que habrá que estar muy atentos a su diseño final.

Seis características financieras que diferencian a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

Independientemente de las difíciles condiciones de financiación a las que se enfrentan las pymes en la actualidad, hay una serie de características que tradicionalmente diferencian su estructura financiera frente a la de empresas de mayor dimensión, algunas de las cuales me gustaría compartir contigo:

1. Problemas de acceso a la financiación de largo plazo

Las pymes suelen tener mayores dificultades que las grandes empresas para captar fondos ajenos a largo plazo, debiendo acudir en muchas ocasiones a sus recursos propios y a los que sean capaces de generar a través de la autofinanciación para financiar su desarrollo y expansión.

2. Elevados costes de los recursos financieros ajenos y menores períodos de amortización en los préstamos obtenidos

Las entidades financieras, si es que al final les conceden financiación, que no es poco, lo harán requiriéndoles el pago de primas de riesgo adicionales y períodos de devolución de los fondos prestados más cortos.

3. Exigencia de garantías reales o personales de las que carecen muchos pequeños empresarios

Aparte de cobrar un precio mayor, los proveedores de financiación exigen a las pymes garantías que respalden las devoluciones de los fondos. Si a alguien le queda claro que para que un banco te preste un euro has de demostrarle que puedes devolverle dos es a la pyme.

4. Escasa planificación financiera a largo plazo

Aunque ahora es un momento muy complicado para planificar a largo y todos tendemos a pensar en el corto plazo al hacer nuestras pronósticos, a las pymes siempre les ha definido el gestionar su negocio en el día a día sin preocuparse por su evolución futura dentro de un horizonte temporal más amplio, descuidando, en no pocas ocasiones, decisiones que sólo pueden tomarse con una antelación determinada para no comprometer su propia subsistencia.

5. Inadecuada formación financiera

Los máximos responsables de las pymes, los que toman las decisiones fundamentales, suelen poseer un conocimiento importante de su negocio, sobre todo de la vertiente comercial del mismo, pero en ocasiones adolecen de falta de formación en otras áreas complementarias como puede ser la financiera.

6. Falta de información

Las pymes muchas veces desconocen las alternativas de financiación específicas que existen para ellas, desperdiciando la posibilidad de utilizarlas. Este elemento me parece fundamental hoy en día donde hay tan poco que rascar en cuanto financiación ajena se refiere, cuantos menos datos se tengan, peor será para la empresa.

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Y por qué no montar nuestro propio banco

Mario Cantalapiedra – Economista

Las pequeñas y medianas se quejan, no sin razón en muchas ocasiones, de que las entidades bancarias no les conceden el crédito necesario para desarrollar su actividad. Ya puestos y visto lo visto, por qué no plantearse la alternativa de fundar un banco como proyecto empresarial, de tal modo que “si no puedes con el enemigo, únete a él”.

Los bancos como sabemos operan con ánimo de lucro, algunos dirían que mucho, captando recursos ajenos mediante depósitos y préstamos y concediendo crédito a sus clientes. Su actividad está basada en el uso y posesión de los fondos captados, pero no en su propiedad, aspecto que a veces parece olvidarse con facilidad. Además gestionan el flujo monetario de cobros y pagos que se producen en la economía, percibiendo a cambio el cobro de comisiones, de nuevo, algunos dirían que excesivas.

Independientemente de la viabilidad o no que se le pueda conceder a la idea de crear un banco, aquel que se embarque en un proyecto de este tipo, ha de conocer los requisitos que son exigidos para desarrollar la actividad bancaria en España, en concreto, los siguientes:

  • Ser autorizado por el Ministerio de Economía, previo informe del Banco de España.
  • Inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.
  • Constituirse como sociedad anónima.
  • Tener un capital social mínimo de dieciocho millones de euros (aquí no vale aquello de empezar la actividad constituyendo una sociedad limitada con un capital de 3.005,06 euros), desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.
  • Limitar su objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito.
  • Asegurar la honorabilidad comercial y profesional de los titulares de participaciones significativas (entendiéndose por tales las que alcanzan el cinco por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad).
  • Contar con un consejo de administración formado por al menos cinco miembros, todos ellos de reconocida honorabilidad, conocimientos y experiencia.
  • Contar con una buena organización administrativa y contable, así como procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
  • Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en territorio nacional.
  • Cumplir determinadas normativas sobre solvencia, valoración contable y de régimen de información al BE.

Después de estudiar esta exhaustiva lista es lógico que muchos queden desanimados con el proyecto, no obstante, si otros antes lo hicieron…

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Ignacio JiménezIberinform

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