Archivo de la etiqueta: recuperacion impagados

Aprobado el anteproyecto de ley de reforma del código penal: Buenas noticias para la recuperación de impagados

El pasado viernes 20 de septiembre de 2013 el  Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, remitiéndolo a las Cortes.

 El Texto contiene, en la materia que nos ocupa de recuperación de créditos impagados, una serie de preceptos que pueden dar un importante giro a la desoladora situación actual mediante el refuerzo de la posición del acreedor en la fase más importante de estos procedimientos, la ejecución judicial.

 Así, como primera medida, el Anteproyecto para la Reforma del Código Penal prevé un nuevo Capítulo que bajo el nombre de  DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN comprendería:

1. EL DELITO DE OCULTACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

La ejecución dineraria comienza siempre (ex artículo 589.2 L.E.C.) por el requerimiento al deudor para que manifieste una relación de los bienes y derechos que integran su patrimonio y que pueden, por tanto, ser embargados para satisfacer el crédito.

Lo cierto es que en mis años de ejercicio dedicado a este tipo de procedimientos nunca, y no exagero al utilizar tal palabra, un deudor ha atendido al requerimiento de designar bienes.

Este incumplimiento generalizado es lógico si tenemos en cuenta que la única consecuencia que tiene para el deudor es, hasta la fecha, una ridícula multa que ni el Juzgado impone ni quienes nos dedicamos a  la ejecución solicitamos dada su nula influencia disuasoria.

Sin embargo, y simplemente con no obedecer su obligación de comunicar al Juzgado la relación de bienes y derechos embargables en su patrimonio, el deudor está retrasando, probablemente meses o años, o haciendo definitivamente imposible la efectividad de la ejecución. Obliga con esa ocultación a un tercero, su acreedor, a hacer un gran gasto en medios y tiempo únicamente con el fin de localizar bienes embargables en la esfera de su patrimonio.

Esto podría cambiar sustancialmente a partir de la Reforma del Código Penal, que en el nuevo artículo 258 contemplaría el delito de ocultación de elementos patrimoniales, castigado con penas de 3 meses a un año de prisión y que cometería aquel que siendo requerido por el Juzgado para aportar relación de bienes y derechos de su patrimonio:

a)   No atendiese al requerimiento efectuado por el Juzgado.

b)   Aportase una relación de bienes y derechos en la que hubiese ocultado elementos de su patrimonio para evitar su embargo.

2-   EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Que ya existía hasta la fecha pero integrado dentro de los llamados Delitos de Insolvencia Punible.

El delito de alzamiento de bienes seguiría regulado por el artículo 257 C. Penal, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, consistiría en aquellas actividades que supongan:

a)   Actos de ocultación o disposición fraudulenta de bienes para evitar que sean trabados en una ejecución judicial existente o inminente.

b)   Actos tendentes a obstaculizar o dilatar los embargos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto, en lo tocante a b>LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES/u> da una nueva redacción al artículo 259 y siguientes del C.P., estableciendo de forma precisa y detallada una serie de conductas que, cometidas por el/los Administrador/es de una empresa que se encuentre en situación de insolvencia real o inminente (tanto si se ha declarado ya el concurso de acreedores como si no) implicarán la comisión de un delito de insolvencia punible, castigado con penas de 1 á 4 años.

Entre estas conductas del administrador que pasan a ser constitutivas de un delito de insolvencia punible podemos destacar las siguientes:

a)   Ocultar, destruir o causar daños en elementos patrimoniales que están o habrían de estar incluidos en la masa del concurso al iniciarse el mismo.

b)   Actos de disposición o asunción de deudas desproporcionadas a la situación económica de la empresa.

c)   Ventas o prestaciones de servicios a pérdida, por debajo de su coste económico.

d)   Simular créditos de terceros o reconocimientos de deuda ficticios.

e)   Cometer irregularidades relevantes en la contabilidad, llevar doble contabilidad o destruir u ocultar la existente.

f)   Ocultar o destruir la documentación que como empresario tiene la obligación legal de conservar.

g)   Cometer irregularidades al formular las cuentas anuales o no formularlas dentro de plazo.

La tipificación de estas conductas facilitará la persecución de la responsabilidad penal (que conlleva también el resarcimiento de la responsabilidad civil causada por el delito, es decir, el pago de nuestro crédito)  de los administradores societarios que las lleven a cabo y, sobre todo, será un elemento disuasorio para evitar que  éstos descapitalicen la empresa en fraude de los acreedores o que, mediante la destrucción u ocultación de elementos contables y fiscales hagan imposible la reconstrucción de la situación económico/financiera de la mercantil o simulen situaciones inexistentes para lograr sus fines ( V.gr: para forzar la declaración de concurso de acreedores).

Además de todo lo expuesto, la reforma prevé que se pueda exigir responsabilidad penal por la malversación de patrimonios de terceros por parte de aquellos a los que se ha encomendado su administración, abriendo la puerta a que esta administración desleal pueda ser imputada a los Administradores Concursales en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, y a la vista de lo hasta ahora expuesto, si el texto definitivamente se aprueba en los términos que actualmente refleja el Anteproyecto se notará, sin duda alguna, una importante agilización y efectividad de los procedimientos judiciales de ejecución dineraria y desaparecerán muchas de las situaciones que, con la actual regulación, dificultan enormemente la recuperación de la deuda judicialmente reconocida.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado