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Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

Anteproyecto de la reforma de la ley concursal, se busca incrementar la rapidez y la viabilidad de la concursada

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso el nuevo Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal.

Esta nueva reforma se plantea (a pesar de la reciente reforma ya operada por el R.D.L. de 2009, que modificó el texto legal preexistente) como intento de solución ante la inminente necesidad de acelerar la tramitación de este tipo de procedimientos y, sobre todo, de intentar evitar que sea tan alto el número de casos en los que el procedimiento concursal equivale a una liquidación de la concursada.

De este modo, el Anteproyecto contiene una serie de medidas de agilización, potenciando los instrumentos preconcursales, intentando facilitar la financiación a la empresa concursada y atribuyendo mayores facultades a los administradores concursales.

En el texto del Anteproyecto, las principales medidas y novedades son:

1. Desarrollo del Procedimiento Abreviado:

La Ley Concursal preveía que este procedimiento simplificado sólo se aplicase a empresas con un pasivo inferior a 1 millón de euros. En la reforma de 2009 se amplió el espectro, de forma que pudiese aplicarse a supuestos en que el pasivo fuese inferior a 10 millones de euros.

El Anteproyecto, apostando claramente por este proceso más rápido y sencillo introduce la posibilidad de que el Juez del concurso pueda valorar la conveniencia de la aplicación de este procedimiento, aún en caso de que el pasivo exceda los 10 millones de euros, atendiendo para ello a distintos aspectos (presentación de propuesta anticipada de convenio, de transmisión de empresa, etc…)

2. Potenciación de mecanismos preconcursales.

En relación a los institutos preconcursales, tendentes a evitar la liquidación y permitir la continuidad de la concursada, podemos destacar como medidas del Anteproyecto las siguientes:

a) Aboga por los acuerdos extrajudiciales de refinanciación de deuda. Son aquellos acuerdos alcanzados entre el deudor y sus acreedores para ampliar el crédito disponible o modificar las obligaciones en atención a un plan de viabilidad. Entre los ajustes que propone el Anteproyecto destaca que estos acuerdos, si se alcanzan con acreedores financieros que representen al menos el 75% del pasivo podrán ser impuestos al resto de acreedores previa homologación judicial y certificación de un experto.

b) Introduce mecanismos que faciliten la inyección de tesorería a la empresa concursada para permitir su continuidad. Entre ellos cabe destacar:

  • Posibilidad de que las aportaciones que las empresas acreedoras hacen a la empresa en dificultades en el acuerdo de refinanciación podrán estar en un 50% considerados como créditos contra la masa y tener, por tanto, prioridad de cobro, teniendo el resto del crédito el carácter de privilegiado general. Así se pretende que las entidades financieras tengan mayores garantías a la hora de conceder créditos para rescatar empresas.
  • Dar mayores garantías de recobro a las aportaciones que los propios socios de las compañías en dificultades realicen para respaldar la viabilidad, de forma que dejarían de ser créditos subordinados.
  • Otorgar a los créditos concedidos tras la aprobación judicial del convenio la condición de créditos contra la masa, con la preferencia que ello implica.

3. Mayores atribuciones a los Administradores Concursales.

El Anteproyecto prevé la exigencia de mayores requisios de formación y profesionalidad a los Administradores del Concurso pero atribuyéndoles, a cambio, mayores facultades. Entre otras, podrán subsanar por si mismos los errores de las listas de acreedores, evitando así el gran retraso que ahora supone, y podán vender activos de la empresa antes de la liquidación previa notificación al Juez del Concurso, quien podrá verificar o denegar la medida.