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En España se paga tarde a los proveedores intencionadamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El retraso intencionado del cliente es la razón principal por la que las compañías cobran tarde sus facturas, según el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, superando a la falta de disponibilidad de fondos que solía ser la causa principal argumentada por las empresas en anteriores Estudios, y que ahora pasa a un segundo lugar. Motivos menos significativos del retraso son la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad (de los bienes o servicios comercializados) o la facturación incorrecta.

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Precisamente hoy el Congreso de los Diputados debate una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incluye sanciones con un mínimo de 60 euros para las infracciones leves en materia de morosidad (como, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales), y que pueden llegar hasta los 819.780 euros en el caso de infracciones muy graves (como, por ejemplo, exceder en más de 60 días el plazo de pago legal). Esta Proposición incluye también, entre otras medidas, un sistema arbitral de morosidad para resolver extrajudicialmente las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, la creación de un “Buzón de lucha contra la morosidad”, gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a través del cual cualquier persona pueda poner en conocimiento los posibles incumplimientos de los plazos legales de pago, así como la constitución de un “Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales” adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que correspondería el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

En cualquier caso, parece necesario tomar medidas de mayor calado que rompan la inercia instalada en este país de pagar tarde a los proveedores.

Tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, en su sesión del pasado 27 de abril de 2016, aprobó una Proposición no de Ley que insta al próximo Gobierno que se constituya en España, a tomar medidas que garanticen que los contratistas adjudicatarios de obra pública cumplan el plazo de pago legal a sus suministradores y subcontratistas. En concreto, el texto que fue aprobado por la Comisión, con los votos de todos los Grupos Parlamentarios salvo el Popular, fue el siguiente:

 “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

  1. Adopte con urgencia medidas tendentes a controlar los plazos de pago de los contratistas principales con sus suministradores y subcontratistas y a otorgar a estos una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice que puedan percibir sus contraprestaciones dentro del plazo máximo de 60 días naturales, computados desde la fecha de la realización de sus prestaciones.
  2. Exija a las empresas contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  3. Diseñe y aplique medidas para que las Administraciones Públicas y Entes Públicos comprueben el estricto cumplimiento de los pagos y de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos a los subcontratistas y suministradores.
  4. Garantice la solvencia económica de los contratistas de la Administración y que el plazo medio de pago de los contratistas sea uno de los criterios que se valoren a la hora de garantizar esa solvencia.
  5. Estudie la implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos.
  6. Incorpore como condición especial de ejecución de los contratos públicos, en los casos en los que se admita la subcontratación, el cumplimiento por el contratista principal de la obligación de pago a subcontratistas o suministradores en el plazo máximo de 60 días, computados desde la fecha de realización de sus prestaciones.
  7. Establezca la obligación de que en los pliegos de los contratos públicos se disponga, siempre que las circunstancias lo permitan, que los licitadores deban indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar.
  8. Requiera a los contratistas presentar, dentro del mes siguiente a la formalización del contrato público o de la comunicación del contratista de su intención de subcontratar, la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que vayan a participar en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.
  9. Establezca un plazo a los adjudicatarios de contratos públicos para que, una vez finalizada la prestación correspondiente al objeto de subcontratación, presenten los justificantes acreditativos del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
  10. Prevea en los pliegos de contratación, cuando así proceda y previo apercibimiento y en su caso audiencia del interesado, la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento de los requerimientos de documentación previstos en los apartados anteriores o de incumplimiento de las obligaciones de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo máximo legal. La imposición de penalidades en este último supuesto llevará aparejado el requerimiento por parte del contratista principal de cumplir las obligaciones legales de pago a las empresas subcontratistas o suministradoras, recurriéndose, en su defecto, al pago directo de las mismas por parte de la Administración Pública contratante, deduciéndose posteriormente el importe satisfecho del montante total del precio del contrato.”

A la iniciativa original de Esquerra Republicana (punto 1), se incorporaron y aprobaron las propuestas del Grupo Socialista (puntos 2 al 5), entre ellas la de estudiar la implantación de un Régimen sancionador, y de Ciudadanos (puntos 6 al 10), definiendo así la tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno.

Incumplir los plazos de pago es la infracción más frecuente en la cadena alimentaria

Mario Cantalapiedra – Economista

El incumplimiento de los plazos de pago es la infracción más frecuente de los expedientes sancionadores abiertos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación en enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, según los datos que acaban de hacerse públicos.

AICA es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 12/2013), en lo que respecta a las relaciones comerciales, es decir, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario. En dicha Ley, se considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que te recuerdo son los siguientes:

  • 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para el caso de productos de alimentación frescos y perecederos.
  • 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para productos de alimentación que no sean frescos o perecederos.

Pues bien, casi la mitad de los 180 expedientes incoados por AICA desde su creación, en concreto, 82, corresponden a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago. De estos 180 expedientes, a 31 de diciembre de 2015, hay 107 con propuesta de sanción, de los que 64 lo son por incumplimiento de plazos, lo que muestra la problemática que alcanza la morosidad entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria y da indicios de lo que podría ocurrir si se extendiese un régimen sancionador similar a otros sectores de la actividad.

Expedientes sancionadores AICA (Enero 2014 hasta 31/12/2015)

SancionesFuente: Elaboración propia a partir datos AICA.

El régimen sancionador contra la morosidad en la cadena alimentaria

Mario Cantalapiedra – Economista

En medio del debate sobre la conveniencia o no de la aprobación e implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad en todo el territorio español, el cual desaliente el pago de las facturas de proveedores por encima del plazo legal, conviene recordar que ya existe un régimen de estas características para las relaciones comerciales que se producen entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios.

De este modo, la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, considera una infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Conviene recordar que los aplazamientos de pago de alimentos previstos legalmente son los siguientes:

  • 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para el caso de productos de alimentación frescos y perecederos (que son aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte).
  • 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para productos de alimentación que no sean frescos o perecederos.

Pues bien, la Ley 12/2013 prevé una sanción entre 3.001 euros y 100.000 euros para el incumplimiento de estos plazos de pago. Inclusive, si se reincide en dos o más infracciones graves (en este caso, por incumplimientos en los plazos de pago legales) en el período de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas, la infracción pasaría a considerarse muy grave y penalizarse entre 100.001 euros y 1.000.000 euros. Corresponde a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, iniciar o instruir el procedimiento sancionador si detecta estas infracciones.

La pregunta que cabe hacerse aquí es si tiene mucho sentido que exista en un sector un régimen sancionador que penalice los incumplimientos en plazos de pago legales y en otros no…

 

Tolerancia cero contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

Ayer se celebró en Madrid la III Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial de Lucha Contra la Morosidad, compuesta por organizaciones intersectoriales y sectoriales, tanto de ámbito estatal como autonómico, en la que dicha Plataforma instó a las grandes empresas, a los partidos políticos y al Gobierno de España a adoptar una posición común para erradicar el incumplimiento de los plazos legales y las prácticas abusivas, mediante la suscripción y apoyo a un Acuerdo de “Tolerancia cero contra la morosidad”, que, de forma resumida, incluye los siguientes 10 puntos:

1. Aprobación e implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa contra la morosidad y disuadir los retrasos en los pagos.

2. Constitución de la Agencia de Control de la morosidad con la finalidad de velar por el cumplimiento de los plazos máximos de pago, el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora y el cobro de las indemnizaciones, y trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control.

3. Realizar una reforma legislativa para unificar los plazos de pago que deben cumplir las empresas en España, eliminando las ambigüedades e incongruencias normativas actuales en materia de morosidad.

4. Exigir a los contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago, así como permitir la acción directa del subcontratista contra la administración pública contratante ante el impago.

5. El plazo de conformidad de las administraciones públicas no puede ser superior a los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

6. Reforma de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al objeto de introducir un nuevo régimen que constituya una alternativa real y eficaz a la obligación de anticipar el IVA de facturas no cobradas.

7. Constitución del Observatorio contra la Morosidad con funciones de seguimiento, asesoramiento, consulta, información, comunicación y estudio del funcionamiento de la morosidad.

8. Puesta en marcha de procedimientos extrajudiciales rápidos y económicos, tales como la figura del mediador interempresarial y los tribunales de comercio, para la búsqueda de conciliación en los conflictos entre clientes y proveedores relativos a la morosidad.

9. Evitar la confusión entre plazos de pago y medios de pago. Los títulos cambiarios y los servicios financieros no son un medio para cumplir la Ley contra la morosidad si su fecha de vencimiento es superior a los plazos de pago máximos legales.

10. La actitud de las administraciones públicas en materia de pago a proveedores debe ser ejemplarizante.

En la Mesa política que incluyó la Jornada percibí un claro apoyo a este Acuerdo por parte de los representantes de UPyD, Grupo Vasco, IU y Grupo Catalán, siendo este mucho más tenue, a menos a mi modesto entender, en el caso de PSOE y PP. Habrá que estar muy atentos a la evolución que siga este tema vital para el tejido empresarial español dentro del período político convulso que nos toca vivir.

El Congreso de los Diputados rechaza la propuesta de un régimen sancionador contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El Pleno del Congreso de los Diputados español rechazó ayer, con 174 votos en contra, 139 a favor y 2 abstenciones, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, que había sido presentada por parte del Grupo Parlamentario Catalán. Te recuerdo que el objetivo principal de esta propuesta era el de regular una serie de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco de la Ley contra la morosidad. La propuesta distinguía tres clases de sanciones (leves, graves y muy graves), y reservaba la competencia sancionadora a las diferentes comunidades autónomas.

En el debate de ayer, desde el Grupo Popular, que con sus votos en contra no permitió que la propuesta catalana de régimen sancionador prosperara, se acusó al Grupo Parlamentario Catalán de no haber tenido ningún interés en pactarla previamente con ellos, definiéndola como “electoralista” y “manifiestamente mejorable”. Que el régimen sancionador esté en manos de las comunidades autónomas y que estas puedan sancionar al Estado, le parece “una broma” al partido que ostenta la mayoría parlamentaria. Los populares consideran que, en lo que hace referencia a la morosidad pública, desde el Gobierno ya se está regulando y mejorando la situación previa, principalmente a través de los planes de pago a proveedores, mientras que en lo concerniente a la morosidad privada, la autonomía de la voluntad no puede ser quebrada desde lo público, es decir, el sector público “no debe meter la cabeza” en una relación contractual privada entre partes. Además se apuntó que sancionar la morosidad no llevaría a mejorar su situación y que no es el camino que marcan las Directivas europeas que tiene que transponer nuestro país.

Como ya me he pronunciado en otras ocasiones a través de este blog, la bonanza o no de un régimen sancionador contra la morosidad no es un tema sencillo de dirimir, lo que queda claro es que la decisión tomada ayer por el Pleno del Congreso arroja un jarro de agua fría a sus partidarios, muchos de los cuales contaban con que la propuesta se iba a aprobar. Saber el grado de influencia en esta decisión de las grandes empresas o de los “problemas” de otra índole que actualmente existen entre el Gobierno y los representantes catalanes, es un misterio a resolver.

La propuesta de un régimen sancionador contra la morosidad llega al Congreso de los Diputados

Mario Cantalapiedra – Economista

Acaba de ser presentada en el Congreso de los Diputados español, por parte del Grupo Parlamentario Catalán, una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones.

El objetivo principal de esta propuesta es regular de forma expresa, clara y concisa, las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco de la Ley contra la morosidad. Para ello se prevén tres clases de sanciones (leves, graves y muy graves), reservándose la competencia sancionadora a las diferentes comunidades autónomas:

Infracciones leves

  • Pactar plazos de pago que excluyan del cómputo a los periodos considerados vacacionales.
  • Incumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 3/2004 o en las normas dictadas para su desarrollo, que no sean objeto de sanción específica.

Infracciones graves

  • Exceder en más de veinte días del plazo de pago legal.
  • Incumplir el plazo de pago legal cuando la cuantía de la operación comercial supere los 5.000 euros.
  • Pactar, en perjuicio del acreedor, cláusulas sobre el comienzo del cómputo de la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos en la Ley 3/2004.
  • No dejar constancia documental de la fecha de entrega de mercancías por los proveedores.
  • Falsificar las facturas, albaranes o cualquier otro documento aparejado a la operación comercial.
  • Pactar la renuncia al derecho al cobro de la indemnización por costes de cobro prevista legalmente, con el objeto de demorar los plazos de pago.
  • Reincidencia en cuatro faltas leves.

Infracciones muy graves

  • Prevalerse de la situación de dependencia económica de otras empresas para imponer plazos de pago que excedan los previstos legalmente o para incumplir sistemáticamente dichos plazos.
  • Pactar, en perjuicio del acreedor y prevaliéndose el deudor de la situación de superioridad frente a la empresa acreedora, la renuncia al derecho al cobro de indemnización prevista legalmente.
  • Incumplir sistemáticamente los plazos de pago en perjuicio de las pymes.
  • Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control de la autoridad inspectora.
  • No incluir en la memoria de las cuentas anuales la información requerida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, sobre plazos de pago a proveedores o falsear esa información.
  • Cualquiera de las infracciones definidas como graves cuando la operación comercial supere los 60.000 euros o cuando exista reincidencia (la cual se entenderá que existe, por comisión en término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme).

En cuanto a las sanciones previstas, las infracciones muy graves serían sancionadas con multa de 30.001 hasta 900.000 euros, las graves con multa de 6.000 a 30.000 euros y las leves se penalizarían con multa de hasta 6.000 euros. Destaca que, en caso de reincidir tres veces en infracciones consideradas muy graves, las comunidades autónomas podrían decretar el cierre temporal de la empresa sancionada hasta por un año.

No obstante y con el objeto de flexibilizar la implantación del régimen sancionador, se prevé la aplicación progresiva del mismo con las siguientes bonificaciones en las sanciones, siempre que se corrijan las circunstancias que las provocan:

  • Bonificación de la sanción del cien por cien durante los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del ochenta por ciento a partir del sexto mes y hasta que haya transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del cincuenta por ciento durante el segundo año desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del veinte por ciento durante el tercer año desde la entrada en vigor de la ley.

Según expresó la semana pasada el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, esta nueva modificación de la Ley 3/2004 podría estar lista para antes del verano o después del mismo, según se prolongue menos o más el trámite parlamentario al que ahora se enfrenta.

El debate sobre el régimen sancionador de la Ley contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado jueves 7 de noviembre asistí en Madrid a la II Cumbre de Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la que los políticos y empresarios allí reunidos hablaron sobre la situación de la morosidad en España, siendo uno de los temas más debatidos el de establecer medidas que garanticen el cumplimiento de la vigente legislación contra la morosidad.

Desde la PMcM se viene proponiendo hace tiempo establecer un régimen sancionador general que penalice al moroso, de modo similar al que ya existe en las operaciones comerciales que se realizan en el ámbito del comercio minorista español. En su propuesta, la PMcM aboga por flexibilizar la implantación de dicho régimen sancionador mediante la aplicación de un período transitorio antes de su puesta en marcha efectiva y el establecimiento de bonificaciones a las sanciones durante los primeros años de implantación. Recalcando además que para que las entidades sancionadas puedan beneficiarse de las bonificaciones establecidas en el período transitorio, acrediten ante el órgano sancionador la inmediata corrección de la circunstancia que ha provocado la infracción objeto de sanción.

Por tanto, se trata de que el moroso que no cumpla los plazos legales sepa que será multado en firme por ello, parecido a lo que ocurre cuando un guardia te para porque has cometido una infracción de tráfico y te avisa que la próxima vez que la cometas, te multará. Habrá que definir aquí, entre otros aspectos, si bastará durante el período transitorio con el aviso o se deberá aplicar desde el principio una multa reducida, es decir, bonificada, pero en cualquier caso es posible que más de un moroso se piense incumplir la legislación contra la morosidad si advierte la amenaza de la sanción. En este sentido, los grupos parlamentarios han acordado que en el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar el trámite en el Congreso de los Diputados del régimen sancionador. No obstante, no todos los participantes en la Jornada se mostraron partidarios de dicho régimen, existiendo voces discordantes que no ven su utilidad real, ya que argumentan que si un moroso no paga la factura, no cumple los plazos legales, aún menos estará dispuesto a pagar una sanción. Al propio ministro Montoro, quien intervino al principio de la Cumbre, se le preguntó entre otras por esta cuestión, sin que yo observara que contestara a ella. Luego, creo que aún queda bastante camino para que el régimen sancionador, que penalice el incumplimiento de la legislación contra la morosidad, sea una realidad en España.

La PMCM propone multas de hasta 900.000 euros para las empresas morosas

Proponen un régimen sancionador con multas paran las empresas que incumplan la Ley de Contra la Morosidad

Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, entró en vigor el día 7 de julio de 2010, gracias a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Convergència i Unió e impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad. La Ley 15/2010 de 5 de julio materializó un marco legislativo para que España se produzca un cambio estructural del sistema económico-financiero y que España no esté permanentemente en el furgón de cola de los plazos de pago. El objetivo de la Ley es posibilitar que en el futuro pasemos a ser un país competitivo en lo referente a los plazos de cobro, al situarlos a niveles similares de la mayoría de los países europeos.

No obstante más de un año después de su promulgación la nueva legislación no ha conseguido todas las aspiraciones de los empresarios y de la PMCM.  En gran parte es por la ausencia en la propia Ley 15/2010 de 5 de julio de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de los plazos de pago máximos establecidos por la Ley. En efecto cuando el legislador debatió el proyecto de ley, hubo una enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en la redacción definitiva de la Ley. Esta propuesta era la de introducir un  régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley. Esta enmienda pretendía crear el marco legal para que las administraciones públicas pudieran comprobar de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo previsto en la ley contra la morosidad, a cuyo fin podrían desarrollar las actuaciones inspectoras y sancionadoras en las empresas infractoras. Los políticos dejaron para más adelante el desarrollo de un Reglamento que implementara el régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado recientemente el estudio “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM).

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, aclaró que “los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas”. En este ámbito público Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.

En su opinión, “con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas en los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) que presentan una velocidad normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago.

Ante este hecho, la PMcM insta a que la lucha contra la morosidad se tome como “un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago, como ocurre en España, genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de empresas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”.

Para mejorar esta situación, la PMcM recomienda seguir “el ejemplo del exitoso caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días fin de mes o 60 días desde emisión de factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarios, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.

Para Cañete, la ley francesa (LME) “es una apuesta más intervencionista, con mayor incidencia legal particularmente sobre el Código de Comercio y más compulsiva”, asegura Cañete”. La LME opera con “una instrumentación precisa que incluye un sistema de sanciones y la asignación de funciones de control a determinados organismos, además de contar con otros mecanismos como un sistema extrajudicial de comunicación de incumplimiento de pago y de aplicación de la ley (cobro), unos ágiles tribunales de comercio para la reclamación de impagos y la figura del mediador, de gran eficacia y, a decir de muchos, mayor que las propias medidas coercitivas”.

Para España concretamente, la PMcM propone medidas como la definición y aprobación de un reglamento y, sobre todo, de un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.

Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMcM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley.

“En la lucha contra la morosidad en España tendrá un papel decisivo el equipo que gobierne a partir del 20N, con el que estaremos encantados de sentarnos para esbozar las medidas que se estimen oportunas, entre ellas la que sin duda que será un revulsivo en esta lacra, el régimen sancionador”, sentenció el presidente de la PMcM, Rafael Barón.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Para más información sobre el tema de la lucha contra la morosidad se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com