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Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.
procedimiento de impugnacion

El procedimiento de impugnación de las cuentas anuales en las sociedades mercantiles

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el mes de julio la mayoría de las sociedades mercantiles en España, presentarán sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020 en el Registro Mercantil.

Una vez superado el plazo “extraordinario” del año pasado debido a la pandemia, volvemos al calendario habitual de presentación, por el cual las cuentas de las empresas con cierre de ejercicio a 31 de diciembre, deben ser “aprobadas” por su junta general dentro de los 6 primeros del ejercicio (fecha límite: 30 de junio), y “depositadas” en el Registro dentro del mes siguiente (fecha límite: 30 de julio).

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, la aprobación de las cuentas precisa de la mayoría de los votos de los socios válidamente emitidos en la junta, siempre que representen como mínimo un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y sin tenerse en cuenta los votos en blanco. Por su parte, en las sociedades anónimas, la aprobación requiere únicamente la mayoría simple de los votos presentes o representados en la junta.

El acuerdo de la junta vincula tanto a los socios o accionistas que voten en contra como a los no asistentes, aunque tienen la posibilidad de impugnarlo. En estos momentos convulsos, donde pueden existir fuertes discrepancias entre los socios a la hora de aprobar las cuentas, conviene recordar los elementos más significativos del procedimiento de impugnación.

Hablamos del proceso judicial mediante el cual se cuestiona la viabilidad jurídica de un acuerdo social (en este caso, el de aprobación de las cuentas), el cual ha de tramitarse según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la que son impugnables los acuerdos sociales contrarios a la Ley, que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Están legitimados para ejercitar la acción de impugnación, los socios que hayan adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, que no hayan votado a favor del mismo, y que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1 por ciento del capital. También pueden impugnarlo los administradores, así como los terceros que acrediten un interés legítimo. Si el acuerdo es contrario al orden público, puede ser impugnado por cualquier socio (aunque haya adquirido esta condición después del mismo), administrador o tercero.

El plazo previsto en la legislación mercantil para la impugnación es de un año a contar desde la fecha del acuerdo. De este modo, si este se ha realizado el 30 de junio de 2021, se tendría hasta el 30 de junio de 2022 para impugnarlo. No obstante, para el caso de que el acuerdo sea contrario al orden público el plazo no caduca ni prescribe.

La impugnación de las cuentas debe ser presentada mediante una demanda contra la sociedad en el juzgado mercantil del lugar en el que radica su domicilio social, siendo el proceso judicial por el que debe plantearse el de juicio ordinario.

Acciones para mejorar la gestión del riesgo de clientes en época de pandemia

Mario Cantalapiedra – Economista

La prolongación de la pandemia está llevando a que muchas empresas sufran tensiones de liquidez, las cuales pueden llegar a afectar a sus pagos a proveedores. En estas circunstancias excepcionales, hasta clientes que habitualmente presenten un buen comportamiento de pagos, pueden tener problemas, de ahí que sea un momento sensible para incidir en la gestión de su riesgo.

Aunque siempre que se pacte el pago aplazado de una factura podrá producirse su impago, se trata de que con acciones como las que se proponen a continuación minimicemos este riesgo.

No forzar las ventas

Un problema que se da actualmente en el mercado, especialmente dentro de aquellos sectores que han sufrido más en los últimos meses con la disminución de su actividad, es el de la presión de vender como sea, lo cual puede conducir a relajar los criterios de concesión del riesgo de crédito.

En este sentido, una venta que no se cobra, no es una venta sino un problema, siendo preferible no vender, que vender y no cobrar. El impago definitivo de una factura supone para la empresa un esfuerzo adicional en ventas que compensen la pérdida, cuyo volumen aumenta en la medida en la que el margen de beneficio con el que se trabaje sea menor.

Dialogar entre departamentos

 Especialmente en aquellos sectores donde las cifras de impagados se están elevando, es importante que exista diálogo entre los departamentos de la empresa relacionados con el ciclo de venta. Éste se podrá dar a través de estructuras de gestión más formales como los denominados comités de riesgo, o de manera más informal, pero es totalmente necesario.

Lo más importante es que se defina una política de riesgos, que sea compartida por los diferentes departamentos, y que los comerciales de la empresa entiendan y puedan aplicar al realizar su función de venta.

Utilizar herramientas de gestión del riesgo

Parece que también es momento propicio para potenciar la utilización de las distintas herramientas externas que permiten gestionar el riesgo de clientes.

Entre ellas las hay básicas, como la consulta de los datos del cliente en el Registro Mercantil (objeto social, domicilio social, capital social, ampliaciones, reducciones, administradores, apoderados, cuentas anuales depositadas, etcétera), que nos permiten realizar un primer análisis de su situación, aunque sin profundizar mucho.

Un mayor grado de análisis se puede conseguir a partir de los informes comerciales, los cuales evalúan la capacidad de pago del cliente a partir de información pública (obtenida tanto del Registro Mercantil como de otras fuentes), y del análisis experto de las empresas que los comercializan.

Pero si hay unas herramientas que la situación de mercado actual aconseja utilizar, son las de analítica avanzada, las cuales permiten realizar una gestión del riesgo comercial más global, optimizando los recursos. A través de sus sistemas de alertas, se puede monitorizar la evolución de los clientes, y recibir avisos si su situación cambia (entran en fondos propios negativos, son declarados en concurso de acreedores, aparecen impagados en su contra, etcétera). Estos datos actualizados a diario facilitan la toma de decisiones sobre la concesión o no de crédito comercial.

Utilizar herramientas de cobertura del riesgo

Por último, cabe la posibilidad de cubrirse ante posibles impagados a través de la contratación de un seguro de crédito, por el que una entidad aseguradora indemnizará a la empresa si se produce la insolvencia definitiva del cliente.

Nueva hoja de declaración COVID-19 para las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 que las empresas deberán depositar en el Registro Mercantil este año, incluirán, con carácter excepcional y transitorio, una hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia.

Aunque la Orden del Ministerio de Justicia en el que se recoge esta novedad todavía es un Proyecto en trámite de audiencia pública, la obligación de información se referirá en principio a los elementos siguientes:

  1. Medidas laborales aplicadas a la empresa

En este apartado se deberá informar sobre las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el ejercicio y motivados por la pandemia; los permisos retribuidos recuperables y las bajas laborales por el coronavirus.

  1. Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020).
  1. Avales ICO

Se deberá detallar el importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, informando del porcentaje que representa sobre el total solicitado.

  1. Ayudas públicas

Se deberá describir el plan o programa al que se ha acogido la empresa, así como el organismo de la Administración pública concedente y el sistema que ha sido utilizado (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado, etc.).

  1. Moratorias hipotecarias
  1. Moratorias no hipotecarias
  1. Suministros

Se deberá informar si la empresa ha solicitado la flexibilización y suspensión de suministros (electricidad, gas natural, productos derivados del petróleo), según lo dispuesto por los artículos 42 a 44 del Real Decreto-Ley 11/2020.

  1. Turismo

Se deberá detallar si la empresa se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo, según los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo.

El mencionado trámite de audiencia pública, durante el cual se pueden presentar alegaciones o comentarios al Proyecto de Orden, finaliza el próximo 24 de mayo. A estos efectos, las aportaciones se pueden presentar en el siguiente correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia: deposito.cuentas@mjusticia.es

Importante descenso del número de sociedades mercantiles que se crean en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La constitución de sociedades mercantiles en España en 2020 disminuyó el 15,82 por ciento con respecto al año anterior, según la “Estadística 2020” publicada por el Registro Mercantil Central a partir de los datos que aportan los diferentes Registros Mercantiles Provinciales.

Los efectos del coronavirus se han dejado sentir en el número de constituciones, que han visto reducidas sus cifras en términos relativos en todas las comunidades autónomas.

Evolución número total de constituciones y su variación anual (%) 2014-2020Constituciones_variaciónFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

En cuanto a las constituciones en 2020 según la forma social, la gran mayoría (97,01 por ciento) adoptaron la forma de sociedad limitada, mientras que un 0,39 por ciento nacieron como sociedades anónimas, y el restante 2,60 por ciento adoptaron otras formas sociales.

Sociedades constituidas por forma social en 2020tiposFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Un dato interesante que aporta esta Estadística, es el del capital con el que se constituyen las sociedades mercantiles. Se suele argumentar que uno de los problemas que tradicionalmente afecta a las empresas españolas es el de estar poco capitalizadas (teniendo en cuenta la suma de su capital social y reservas voluntarias), ante situaciones de crisis que puedan surgir, como es el caso de la actual debida a la pandemia.

En este sentido, en el caso de las sociedades anónimas, en 2020 el 61 por ciento se constituyeron con un capital de 60 mil (mínimo legal) a 63 mil euros; el 15 por ciento de 63 mil a 180 mil euros; el 5 por ciento de 180 mil a 600 mil euros, y el 19 por ciento restante con más de 600 mil euros.

Constituciones_2020_SAFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Por su parte, para las sociedades limitadas, el 75 por ciento se constituyeron con un capital de 3.000 (mínimo legal) a 3.300 euros; el 14 por ciento de 3.300 a 18.000 euros; el 6 por ciento de 18.000 a 60.000 euros, y el restante 5 por ciento con más de 60.000 euros. Es decir, tres de cada cuatro sociedades limitadas nacieron con el capital mínimo legal o cercano a éste.

Constituciones_2020_SLFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Luego el perfil predominante de la sociedad mercantil que se crea en España, es el de una sociedad de responsabilidad limitada que se constituye con el capital mínimo que obliga la Ley.

La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

El plan del Gobierno para aumentar el número de sanciones por no depositar cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes de septiembre la compañía Iberinform anunciaba como la presentación de cuentas anuales en 2020 en los Registros Mercantiles acumulaba una caída del 30 por ciento con datos cerrados a 31 de agosto, siendo especialmente drástico el descenso del depósito de cuentas durante los meses de julio y agosto.

En parte esta caída se puede atribuir a la situación excepcional debida al coronavirus, la cual condujo a que el Gobierno prolongara el calendario de formulación, aprobación y depósito de las cuentas correspondientes a 2019. De este modo, la formulación se ha podido realizar hasta el 31 de agosto, la aprobación hasta el 31 de octubre y el depósito hasta el pasado 30 de noviembre. Habrá que ver cuando conozcamos datos más actualizados cómo está evolucionando el depósito de cuentas en este ejercicio atípico. No obstante, en España hay muchas compañías que sistemáticamente no las depositan, aun estado obligadas a hacerlo.

Las consecuencias de no cumplir este requisito legal son varias. Desde el cierre provisional de la hoja registral salvo para determinadas inscripciones, pasando por el impacto negativo en los informes comerciales de la empresa incumplidora, hasta las mayores dificultades que se pueden encontrar para acceder a la financiación ajena o lograr la cobertura del seguro de crédito. Inclusive existe la posibilidad de recibir una sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según lo que se regula en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

La multa prevista legalmente no es pequeña, ya que puede oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento en el caso de las empresas más pequeñas, y llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen por encima de los 6 millones de euros. No obstante, hasta la fecha se han impuesto pocas multas. A pesar de que en España hay alrededor de 150.000 sociedades que no realizan el depósito de cuentas, según un reciente artículo publicado por elEconomista, el volumen de sanciones que impone el ICAC es muy limitado, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta, como por el hecho de que lo que recauda por este concepto no redunda en sus cuentas sino que se destina al Tesoro Público.

Por lo que se ve, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desea cambiar esta situación y aumentar el número de sanciones, de ahí que se esté planteando, por un lado, que un parte de lo recaudado se quede en el ICAC, y, por otro, que exista una participación activa de otros organismos (de los registradores mercantiles que disponen de toda la información sobre los incumplimientos, y de la Agencia Tributaria) en el proceso sancionador. De materializarse este plan, las empresas tendrán mayor motivo para depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Nuevo calendario para las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español acaba de establecer un nuevo plazo para la formulación de las cuentas anuales correspondientes a 2019 a través del Real Decreto-ley 19/2020, publicado hoy en el BOE.

Si en marzo ya se había flexibilizado este plazo a través del Real Decreto-ley 8/2020 en función de cuando terminase el estado de alarma, pero sin detallar una fecha concreta, ahora se ha establecido que sea el 1 de junio la fecha a partir de la cual las empresas tengan hasta 3 meses para formularlas.

El objetivo del Gobierno es aportar seguridad jurídica al sustituir un plazo dinámico y uniforme, que puede variar según el grado de “desescalada” en el que se encuentre la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga domicilio la empresa, por una fecha concreta.

Adicionalmente, el plazo que tiene la Junta para aprobar las cuentas de 2019 una vez que sean formuladas se ha reducido a dos meses (anteriormente era de tres).

De este modo, se modifican los puntos 3 y 5 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, que quedan redactados de la siguiente forma:

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

5. La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.”

Con esta modificación, debemos tener en cuenta las siguientes fechas límites para la formulación, aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a 2019:

Calendario_ccaa_covid19

 

Flexibilización de los plazos de las cuentas anuales en España por el “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pregunta que me hacía en el post anterior sobre la posibilidad de que el Gobierno español retrasara el plazo de depósito de cuentas anuales debido a la crisis del coronavirus ya tiene respuesta, y esta es afirmativa.

De este modo, con respecto a las cuentas anuales se ha decidido flexibilizar sus plazos de formulación, auditoría, celebración de la junta general ordinaria en las que deben ser aprobadas y depósito en el Registro Mercantil. Y todo ello teniendo en cuenta la fecha de finalización del estado de alarma, que actualmente es el domingo 29 de marzo, pero que seguramente habrá de ser prorrogada.

En concreto, dentro del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17  de marzo, dedicado a establecer medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, podemos leer lo siguiente:

3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.

Teniendo en cuenta el plazo actual del estado de alarma, los administradores de las sociedades mercantiles tendrán hasta finales de junio para formular las cuentas anuales, mientras que la junta general tendrá de plazo hasta finales de septiembre para aprobarlas. Por tanto, si el depósito en el Registro de Mercantil ha de realizarse en los 30 días naturales después de la aprobación, de momento las empresas podrán depositar sus cuentas del pasado ejercicio hasta finales de octubre de 2020. Las previsibles prórrogas del estado de alarma llevarían a que estos plazos aumentaran.

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