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La Justicia europea allana el camino a los registros de morosos

Mario Cantalapiedra – Economista

En sentencia del 24 de noviembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), con sede en Luxemburgo, manifestó su opinión acerca de lo legislado por la actual Ley Española de Protección de Datos (LOPD), que impide el tratamiento de datos personales sin el consentimiento previo de los interesados, algo que afecta a las empresas que gestionan registros de morosos. No obstante, la normativa española permite procesar datos personales sin consentimiento de los interesados cuando se incluyan en fuentes de información que tengan carácter público.

La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se basa en lo regulado por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, texto de referencia, a escala europea, en materia de protección de datos personales y responde a un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) ante el Tribunal Supremo español, en el que alegan que la legislación nacional vulnera lo establecido a nivel comunitario al imponer la restricción de la inclusión de los datos en fuentes públicas cuando no haya consentimiento del interesado.

Según la mencionada Directiva europea, en primer lugar, se permite el tratamiento de los datos de índole personal cuando existe el consentimiento inequívoco de los interesados, al igual que regula la normativa española, pero también se permite cuando existe un interés legítimo de la entidad responsable del tratamiento de los datos o del tercero o terceros a los que se comuniquen los mismos, siempre y cuando no se vulneren los derechos y libertades fundamentales de los interesados que requieran protección. La sentencia de noviembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que los Estados miembros, caso de España, no pueden imponer exigencias adicionales como la de la inclusión de los datos en fuentes accesibles al público, puesto que la Directiva europea realiza una armonización completa y no de mínimos en esta materia.

Habrá que estar atentos a cómo evoluciona esta cuestión en los próximos meses y a la respuesta del Tribunal Supremo español que, en principio, deberá aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea comentada y anular lo que en la LOPD es contrario a la legislación comunitaria.