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Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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Casi 62.000 empresas en España en alto riesgo de desaparición debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 5 por ciento de empresas españolas prevén que la facturación impagada por sus  clientes supere el 10 por ciento en 2020 debido al impacto del “coronavirus”. Es una de las conclusiones que se desprenden del Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado gestores de más de 700 empresas de todos los tamaños y sectores del tejido empresarial.

Este nivel previsto de impagados es tan elevado que de confirmarse puede llevar a la desaparición de muchas empresas. Teniendo en cuenta las últimas cifras referidas a finales del mes de abril, en España existen 1.233.187 empresas inscritas en la Seguridad Social, por lo que extrapolando el dato del 5 por ciento con previsión alta de impagos, cerca de 62.000 empresas corren un importante riesgo de desaparición. Son muchas empresas, muchos proyectos que pueden verse truncados de la noche a la mañana.

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En la línea del dato anterior, también destaca el porcentaje de empresas que declaran prever un descenso de su facturación en 2020 debido al “coronavirus”. Hasta el 72 por ciento de los encuestados creen que facturarán menos que el año anterior. El  14 por ciento piensan que su facturación se mantendrá, y únicamente otro 14 por ciento observan un crecimiento de sus ventas en este año tan convulso.

Menos facturación y más impagados no configuran un escenario muy positivo para nuestro tejido empresarial. Evidentemente desde las empresa, toca extremar todo lo que se relaciona con la gestión del riesgo de crédito comercial, procurando que lo poco o mucho que se venda, se cobre en su totalidad.

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¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.

 

¿Es una buena medida que las sociedades cotizadas dejen de publicar su información financiera trimestralmente?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español quiere eliminar la exigencia que actualmente tienen las sociedades que cotizan en Bolsa de publicar informes financieros trimestrales. Es una de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, cuya tramitación ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Esta medida, de salir finalmente adelante, supondría la derogación del artículo 120 de la Ley de Mercado de Valores:

Artículo 120. Declaración intermedia de gestión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea harán público y difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre del ejercicio una declaración intermedia de gestión que contenga, al menos:

 a) una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y de sus empresas controladas, y

 b) una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y sus empresas controladas durante el período correspondiente.

2. No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen informes financieros trimestrales”.

Desde el ejecutivo se considera que esta obligación, que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea donde solamente se publican las cuentas de mitad de año y cierre de ejercicio, puede incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones y tener un efecto perverso para el conjunto de la economía. El texto del Anteproyecto cita la existencia de numerosos estudios que indican como la presión por maximizar los resultados financieros en cada informe trimestral, tiene efectos (negativos) sobre el crecimiento económico, el empleo y la productividad del capital. De hecho, se dice que “la crisis financiera de 2008 es entre otros factores el resultado de una visión excesivamente cortoplacista de la economía. El modelo de crecimiento anterior a la crisis, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado”.

El debate que se abre aquí es el de si es preferible tener información de forma más recurrente sobre las empresas cotizadas antes de comprar o vender sus acciones, o es mejor no “presionarlas” con la obligación de información trimestral con el objetivo de potenciar su desarrollo sostenible.

No obstante, ya se anuncia que aquellas empresas que así lo deseen podrán seguir presentando su información financiera con carácter trimestral. Puede que seguir haciéndolo les conceda una interesante ventaja competitiva.

Ampliación del número de entidades que han de declarar sus riesgos a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos pública que recoge información de riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantías), mantenidos por las entidades de crédito y otras entidades declarantes con sus clientes. Cada mes y de forma agregada, la CIRBE facilitar a las entidades declarantes la información de las personas físicas o jurídicas cuyo riesgo acumulado supera los 9.000 euros. Básicamente esta información la utilizan las entidades para ver el nivel de endeudamiento de sus clientes. De igual modo, cualquier persona (física o jurídica) tiene derecho a conocer de forma gratuita los datos que figuran declarados a su nombre en la CIRBE.

Pues bien, la Circular 1/2020, de 28 de enero, del Banco de España, ha ampliado el número de entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE, incluyendo entre ellas a los prestamistas inmobiliarios (personas físicas o jurídicas que, de manera profesional, conceden préstamos hipotecarios cuando el prestatario, fiador o garante es una persona física, y el préstamo tiene como garantía una hipoteca sobre un inmueble de uso residencial), así como a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios (que son aquellas entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancario en España de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente).

Tras esta modificación, las entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE son las siguientes:

  • Las entidades de crédito, entre las que se incluyen el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito; los establecimientos financieros de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en España).
  • Las sociedades de garantía recíproca y las de reafianzamiento.
  • La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • El Banco de España.
  • El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Las entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios, las cuales solo han de declarar la operativa realizada con residentes en España.
  • Y, por último, los prestamistas inmobiliarios, a los que se refiere la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que no estén incluidos en las categorías anteriores.

 

 

Recomendaciones de la CNMV a la hora de solicitar servicios “fintech”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de publicar una guía en la que informa al público en general sobre el fenómeno fintech que, en su opinión, “hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros”.

En esta guía, además de tratar los tipos de fintech (verticales) que pueden existir en función de los productos o servicios ofertados o del modelo de negocio, se aborda un asunto muy interesante como es el de los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de solicitar los servicios fintech. En concreto, la CNMV detalla los 6 siguientes:

  1. Las actividades realizadas por las fintech, al igual que las que realizan las entidades financieras tradicionales, tienen sus riesgos. De hecho, desde el organismo supervisor se destaca como este tipo de empresas se enfrentan a riesgos específicos al utilizar tecnologías que pudieran no estar todavía suficientemente maduras o al ofrecer modelos de negocio disruptivos.
  1. En las actividades realizadas por empresas fintech, es de suma importancia la seguridad de los datos almacenados de sus clientes. Por este motivo, la CNMV señala que deben contar con medidas de protección suficientes.
  1. Los servicios prestados por las empresas fintech resultan muy atractivos porque ofrecen entornos sencillos y fáciles de utilizar y simplifican la gestión de las finanzas personales. No obstante, su utilización debe ir acompañado del correspondiente conocimiento del servicio o producto que se desea contratar y de las ventajas y riesgos asociados al mismo. Los avances tecnológicos no deben considerarse como un sustituto de la educación financiera.
  1. Antes de contratar los servicios de una empresa fintech, es necesario comprobar que cumple con todos los requisitos legales para prestar su actividad y que, en su caso, cuenta con la correspondiente autorización. Por ejemplo, si es una plataforma de crowdlending que intermedia préstamos ha de contar con la oportuna autorización de la CNMV, previo informe del Banco de España. El problema se da con aquellas modalidades fintech, como por ejemplo la financiación mediante el anticipo de facturas o pagarés (invoice trading), que de momento no cuentan con regulación específica.
  1. La utilización de big data por parte de las empresas fintech facilita que los servicios que ofrecen sean cada vez más personalizados. Según la CNMV, esta personalización puede dificultar la comparación entre servicios e inducir al cliente o potencial cliente a tomar decisiones de inversión condicionadas excesivamente por las preferencias marcadas.
  1. Por último, se nos recomienda desde el organismo supervisor que antes de contratar los servicios de una empresa fintech, nos informemos sobre el uso que va a realizar de nuestros datos.

El crédito al consumo y su tasa de morosidad aumentan en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad bancaria en España ha descendido hasta situarse en 5,10 por ciento en octubre de 2019, lo que representa su nivel más bajo desde el 5,08 por ciento que alcanzó en diciembre de 2009, pero lo está haciendo a consta de un menor crédito concedido por las entidades financieras. Si en diciembre de 2009 el volumen de crédito en vigor se situaba en los 1,870 billones de euros, en octubre de 2019 era de 1,192 billones de euros, un importe bastante inferior.

No obstante, no todos los elementos que forman parte del crédito bancario están teniendo el mismo comportamiento. Así, se puede comprobar como el crédito al consumo está aumentando de forma considerable en los últimos tiempos. Dentro de él se incluye la financiación a la que recurre una familia, por ejemplo, para comprar un automóvil o un electrodoméstico, o inclusive para afrontar un período de concentración de pagos como la actual. Los bancos suelen conceder estos créditos de pequeña cuantía a sus clientes con mayor facilidad, pero a costa de repercutirles también un precio mayor. Pues bien, en base a los datos del Banco de España (BdE), se puede comprobar como el volumen de créditos al consumo ha aumentado en más de 30.000 millones desde 2013 hasta septiembre de 2019, lo que en términos relativos representa un incremento de más del 50 por ciento. En cuanto a la tasa de morosidad del crédito bancario, se sitúa en el 5,14 por ciento, con una tendencia también creciente a diferencia de lo que ocurre con la tasa de morosidad bancaria general. Desde el propio BdE ya se ha manifestado en más de una ocasión la preocupación porque el crédito al consumo se dispare, las entidades financieras relajen sus criterios de concesión y si la coyuntura económica empeora implique un aumento de la morosidad bancaria. Lo cierto es que si una familia tiene problemas para afrontar sus deudas, es lógico que antes deje de pagar un crédito al consumo que la hipoteca.

Evolución morosidad bancaria del crédito al consumo en EspañaMorosidad_consumoFuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Un resumen de 2019: “lo único constante es el cambio”

Mario Cantalapiedra – Economista

Llega el final de 2019 y con él un aniversario que me gustaría compartir contigo. Se cumplen 10 años desde que inicié mi colaboración con Gestores de Riesgo y Morosidad, durante los cuales he compartido casi 600 posts en los que con diferente grado de éxito he tratado de aportar mi granito de arena sobre la gestión del riesgo de crédito comercial, la morosidad y los temas económicos en general, en este mundo complejo y de cambio constante en el que nos toca vivir.

Aprovechando este hito, quiero recuperar la tradición de dedicar el último post del año a repasar los temas más destacados tratados en el blog durante el ejercicio. En este caso, he rescatado los cinco siguientes:

  • El protagonismo de uno de los primeros posts del año fue para la coopetición”, término con el que se designa la combinación de las ventajas de la competencia y la cooperación como estrategia empresarial, el cual se está utilizando para describir el nuevo ecosistema financiero que surge con la entrada en el mercado de las fintech.
  • ¿Debo vender a un cliente que ha cesado su actividad de modo temporal, aunque siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento? Te ofrecí mi opinión al respecto allá por el mes de febrero.
  • Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito. El problema es que este dato suele ofrecerse para el conjunto de los proveedores y a veces es difícil de interpretar. A través de un ejemplo práctico, te mostré cómo calcular la opinión de crédito individual.
  • En el mes de septiembre repasé las importantes consecuencias que conlleva la revocación del número de identificación fiscal (NIF) a una empresa por parte de Hacienda.
  • ¿Puede una empresa demostrar su solvencia a través de la información que suministra la CIRBE? Traté de demostrar que, en determinadas circunstancias, la respuesta a esta pregunta es sí.

time-for-a-change-3842467_1920Fuente: Alexas_Fotos

Decía Heráclito que “lo único constante es el cambio”. En nuestros días se debate sobre el cambio climático o el tecnológico, y sí parece que lo único cierto sea el cambio, por otro lado, a una velocidad nunca antes vista. En medio de esta vorágine todavía queda tiempo para desearte Feliz Navidad y lo mejor para 2020.

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