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La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Provisiones al cierre del ejercicio contable condicionadas por el coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Al cierre del ejercicio contable, las empresas suelen estimar obligaciones que tendrán frente a terceros en el futuro, dotando provisiones para cubrirse de los riesgos. Proceso que, en el cierre de 2020, se ve afectado por la gran incertidumbre que existe debido al coronavirus.

Contablemente las provisiones son pasivos (obligaciones con terceros) que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se cancelarán. Pueden venir determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita, y mediante ellas la empresa aplica una cantidad a gasto para estar preparada frente al posible riesgo. Se puede contabilizar una provisión, por ejemplo, por la indemnización que reclama un cliente por la venta defectuosa de un producto que muy probablemente habrá que pagar en el futuro, o por los costes que implicará una previsible reducción de plantilla, como por desgracia muchas empresas se están planteando en la situación actual.

La problemática principal que subyace con las provisiones es que su cálculo se basa en las estimaciones de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, de tal modo que si son dotadas por exceso permiten declarar un menor beneficio y, por tanto, pagar menos impuestos. Por este motivo, Hacienda es más restrictiva que el Plan General de Contabilidad a la hora de considerarlas como gasto deducible.

En concreto, según lo regulado por el artículo 14.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no son deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:

  • Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, mientras que en contabilidad para dotar una provisión basta con la posibilidad de tener una obligación frente a terceros que pueda medirse con fiabilidad, a efectos de deducción fiscal dicha obligación ha de estar respaldada legal o contractualmente.
  • Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
  • Los derivados de reestructuraciones (programas de actuación planificados y controlados por la empresa que den lugar a un cambio significativo del alcance o de la manera de llevar la gestión de su actividad), excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
  • Los relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
  • Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan en efectivo.

En un cierre de ejercicio tan complejo como el actual en el que posiblemente muchas empresas doten provisiones sobre riesgos que hasta ahora no contabilizaban, habrá que tener muy presente su deducción fiscal según lo mencionado, para evitar problemas posteriores con Hacienda.

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

El intercambio de puntos de vista y de información entre diferentes áreas de la empresa antes de tomar la decisión de conceder crédito comercial a los clientes, suele incrementarse en épocas de crisis económica. En algunas empresas dicho intercambio se produce en el seno de estructuras de gestión del riesgo de crédito comercial, que genéricamente se conocen como “comités de riesgos”.

En base a los datos de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, la presencia en las empresas de estos comités de riesgo está aumentando. De este modo, el 26 por ciento de las empresas encuestadas en otoño declaran tenerlos, frente al 25 por ciento que decían tenerlos en primavera, y el 22 por ciento de 2019. Suele ocurrir así habitualmente, en épocas de crisis estas estructuras aumentan y cuando llega la bonanza se olvidan.

Comité

 

Los comités de riesgos revisan, recomiendan y aprueban los límites de crédito a los clientes, controlando la evolución en el tiempo de su cartera, y en ellos exponen y debaten sus puntos de vista diferentes departamentos de la empresa.

Según lo declarado por las empresas, el departamento que suele estar más presente en estas estructuras es el financiero (69 por ciento), seguido de cerca por la dirección general (66), y a mayor distancia por los departamentos comercial (39) y de riesgos (26). En el último caso, el del departamento de riesgos, es muy habitual que las empresas de dimensión más modesta (recordemos que en España cerca del 94 por ciento de la compañías son autónomos y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas), agrupen sus funciones en la persona o personas que se encargan del área financiera.

Departamentos

Contar con estructuras definidas en las empresas para gestionar el riesgo de crédito comercial, inclusive en las pequeñas, se me antoja que puede ser algo eficaz, y hasta eficiente, en cualquier coyuntura del mercado, no solamente en épocas de crisis económica.

En estos comités, los responsables financieros y comerciales que suelen tener posturas diferenciadas sobre los clientes (el financiero sobre todo quiere cobrar, el comercial sobre todo quiere vender), pueden compartir información y debatir acerca de las posibilidades reales de pago para llegar a acuerdos sobre los límites de riesgo. Esta forma estructurada de proceder puede minimizar muchos de los problemas de morosidad de las empresas.

Nubarrones negros se ciernen sobre el PIB y la facturación de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejadas en su último informe de “Perspectivas de la economía mundial”, España se convertirá en la economía avanzada que sufra un mayor retroceso de su producto interior bruto (PIB) en 2020. En concreto, este organismo internacional prevé que la caída del PIB sea nada más y nada menos que del 12,8 por ciento.

Muchas economías van a terminar 2020 en negativo. De hecho el FMI prevé un retroceso del 4,4 por ciento para el producto mundial, y del 5,8 por ciento para las economías avanzadas, de entre las cuales España es la que más cae.

Para nuestro país supone la mayor caída en su indicador de producción desde la Guerra Civil. Nos queda la esperanza de que nuestro producto sea de los que más crezcan en 2021. De hecho, el FMI estima que se incrementará un 7,2 por ciento, pero claro está, no será un nivel suficiente a efectos de recuperar la caída de 2020 (para recuperarla tendría que aumentar un 14,6 por ciento, teniendo en cuenta aquello del diferente comportamiento de los porcentajes en las bajadas y en las subidas).

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)

FMI_octubre_2020

Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Octubre 2020.

Y al final estas proyecciones macroeconómicas tienen su fiel reflejo en las previsiones que también realizan los empresarios españoles.

Si atendemos ahora a las conclusiones de la segunda oleada del Estudio del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 61 por ciento de las empresas esperan una caída de su facturación en 2020. A pesar de todo, hay cierta mejora con respecto a la anterior oleada de este estudio de primavera de 2020. Entonces eran hasta un 72 por ciento de empresas las que creían que su facturación iba a menguar este año. El que no se consuela es porque no quiere.

14º_Estudio_Gestión_Riesgo_de_Crédito_Iberinform

Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

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