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Se disparan las búsquedas del término “recesión” en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La preocupación de los españoles por una posible recesión parece ir en aumento. Así parecen indicarlo los datos de búsqueda de este término que pueden obtenerse a partir de Google Trends. Esta herramienta web permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término a lo largo del tiempo, basando su resultado en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la popularidad máxima del término en cuestión. Pues bien, en el reciente período del 11 al 17 de agosto, el término “recesión” alcanzó el valor máximo de 100 en España, siendo especialmente llamativo el incremento de su búsqueda sobre la media de los últimos 12 meses.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

Aunque técnicamente las grandes economías mundiales no se encuentran aún en recesión, puesto que siguiendo el criterio de definición más aceptado a nivel internacional, esta solo se produce cuando la tasa de variación anual del Producto Interior Bruto (PIB) es negativa durante dos trimestres consecutivos, los últimos datos que vamos conociendo (PIB de Alemania y China, guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera) no invitan a ser muy optimistas con el futuro más cercano, y esto se refleja en lo que busca la gente en internet.

Por curiosidad también he consultado los datos de búsqueda durante el mismo período del término “morosidad”, a la que dedicamos un seguimiento especial en el blog, y en este caso, he de decir que no se observa un incremento tan significativo en su búsqueda, aunque también es creciente en los últimos días.

En esta tesitura, toca estar muy atentos a la evolución de los acontecimientos y particularmente desde las empresas extremar el cuidado en la gestión del riesgo de crédito comercial.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

Al Banco de España le preocupan las medidas proteccionistas, el “Brexit” y China

Mario Cantalapiedra – Economista

El PIB de España seguirá creciendo en los próximos años, aunque cada vez lo irá haciendo a un menor ritmo, según las últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española elaboradas por la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España (BdE). De este modo, tras crecer el 2,6 por ciento en 2018, se prevé que en 2019 el avance sea del 2,4 por ciento, en 2020 del 1,9 por ciento y en 2021 del 1,7 por ciento. La buena noticia es que con respecto a las previsiones anteriores que el BdE efectuó en el mes de marzo, se ha producido una revisión al alza del PIB para 2019 gracias a una mayor fortaleza de la actividad registrada en el primer semestre del año.

La expansión del producto interior seguirá apoyándose en la demanda nacional, aunque su aportación positiva al avance se moderará en los próximos tiempos, siendo próxima a cero la contribución que el BdE prevé para la demanda externa. En el caso de la demanda nacional, me gustaría destacar cómo el organismo supervisor prevé que se incremente moderadamente la tasa de ahorro de las familias (que recuerdo que actualmente se encuentra en mínimos históricos, siendo de las más bajas de la eurozona), lo que se traducirá en una desaceleración del consumo privado.

En cuanto a la tasa de paro, la previsión del BdE es que se reduzca, pero con un freno en los elevados ritmos de crecimiento del empleo que hemos visto en los últimos años, en consonancia con la desaceleración prevista del PIB. Su pronóstico es que la tasa de paro en España disminuya hasta el 11,8 por ciento de la población activa a finales de 2021.

En lo que se refiere a los riesgos que amenazan al crecimiento del PIB español, los principales para el BdE provienen del ámbito exterior. En concreto, de la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global, de la incertidumbre relativa al desenlace del “Brexit” y de las dudas acerca de la efectividad de las medidas de estimulo en China y de su impacto sobre los desequilibrios del país. En el ámbito nacional, preocupa la incertidumbre acerca de la orientación futura de las políticas económica en un contexto presidido por un Parlamento español muy fragmentado.

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¿Son fáciles de regular los modelos de negocio “fintech”?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

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Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera

Foto: fancycrave1

 

 

La actividad económica mundial se está desacelerando

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras crecer con fuerza en 2017 y principios de 2018, la actividad económica mundial se desaceleró en el segundo semestre del pasado año, según el último informe de “Perspectivas de la economía mundial” elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo internacional a este debilitamiento contribuyeron aspectos tales como el recrudecimiento de las tensiones comerciales y el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China, la merma de la confianza de las empresas, el empeoramiento de las condiciones financieras y la agudización de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas economías.

Con la vista puesta en el futuro más inmediato, las previsiones del FMI apuntan a que el crecimiento mundial se desacelerará del 3,6 por ciento registrado en 2018, al 3,3 por ciento en 2019, para volver a situarse en el 3,6 por ciento en 2020. Es llamativo como los analistas de este organismo proyectan una contracción del crecimiento en 2019 para nada más y nada menos que el 70 por ciento de la economía mundial. En el caso de España la previsión es que crezcamos un 2,1 por ciento este año y un 1,9 por ciento el próximo. Dentro de los países de nuestro entorno, resulta llamativo el escaso crecimiento que se prevé para Italia en 2019 (0,1 por ciento) y el también débil crecimiento previsto para la economía alemana. La considerada locomotora europea solo crecerá el 0,8 por ciento en 2019.

Entre los principales riesgos que pueden debilitar el crecimiento mundial, el FMI apunta a las tensiones comerciales, especialmente entre China y Estados Unidos, a los elevados niveles de endeudamiento en determinados sectores y países, y a la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo del Reino Unido con sus socios europeos. Aunque la recesión de la economía global está descartada para el FMI, en su opinión la situación es precaria.

 

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)2Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Abril 2019.

¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

El “sandbox”, más cerca de ser una realidad en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

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Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

Foto: palichka

¿Qué tipos de fraudes pueden afectar a una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Real Academia Española, con el término fraude se hace referencia a la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, o bien al “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Por su parte, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal organización antifraude a nivel mundial, entiende por fraude “cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales”.

Siguiendo la tipología que propone ACFE, puede distinguirse entre fraudes que comprometen a empresas y otros que afectan a personas. En el primer caso, a su vez se puede diferenciar entre fraudes de tipo interno, donde la compañía se ve comprometida por sus empleados, directivos o propietarios, y de tipo externo, donde los que comprometen a la empresa son externos con los que se relaciona, tales como clientes, proveedores u otras partes.

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Por tanto, el fraude interno se produce cuando un empleado, un ejecutivo o un gerente comete fraude en contra de su empleador, y puede incluir una o varias de las siguientes categorías (la casuística es muy amplia, por lo que he optado por incluir algunos de los ejemplos que me parecen más llamativos en cada caso):

  • Corrupción: conflictos de interés (que se dan cuando un empleado, ejecutivo o gerente tiene un interés personal y económico oculto relacionado con una operación de compra o de venta, la cual es perjudicial para los intereses de la empresa o de sus accionistas); regalos ilegales; sobornos o extorsiones de tipo económico.
  • Apropiación de bienes: robo de efectivo, suministros (aquí el material de oficina es todo un “clásico”) o de equipos; apropiación de datos o empleados que cobran una nómina sin trabajar realmente en la empresa.
  • Cuentas fraudulentas: aunque también puede afectar a información no financiera, fundamentalmente incluye el fraude relacionado con los estados financieros (maquillaje contable) por el que se sobrevaloran (o infravaloran) activos, pasivos, ingresos o gastos.

Por su parte, dentro del fraude externo, se pueden incluir prácticas tales como facturaciones a la empresa por parte de proveedores por bienes o servicios que no se prestan, o el pago de facturas por parte de clientes con cheques librados sin fondos. También comprende el robo de información confidencial o de propiedad intelectual y la piratería.

Foto: www_slon_pics

 

 

¿Debo vender a un cliente inactivo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito de un cliente una situación que puede aparecer es la de su inactividad, es decir, la de cese de actividad de modo temporal, aunque el cliente siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento.

Ante una situación desfavorable del negocio, los dueños de una empresa pueden decidir dejarla inactiva a la espera de que el panorama cambie o tratando de evitar los costes que implica su disolución y liquidación, teniendo en cuenta lo caro que resulta en España “cerrar” una empresa. Para ello, en el caso de las sociedades mercantiles, se puede convocar una junta general de socios o accionistas donde los administradores propongan la inactividad y los socios o accionistas decidan al respecto. No obstante, hay que señalar que la decisión de dejar inactiva una sociedad no puede tener carácter permanente, de hecho no puede ir más allá de un año, según lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, su artículo 363.1 a) señala como la sociedad de capital deberá disolverse “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”. Esta causa legal de disolución debe ser tenida muy en cuenta por los administradores, quienes desde el momento en el que se cumple el año de inactividad cuentan con dos meses para convocar la junta general de socios o accionistas en la que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Si los administradores incumplen esta obligación, pasan a responder solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad a partir de dicha fecha.

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Desde el punto de vista de las facturas, durante el período que dure su inactividad el cliente como es lógico no podrá emitir ningún tipo de factura de venta. Y si lo analizamos desde el punto de vista del proveedor, la empresa inactiva tampoco podrá recibir facturas de proveedores que no estuvieran pendientes antes del momento de cese de la actividad. Si las recibiera, no serían deducibles. Por tanto, lo aconsejable si tienes un cliente inactivo es paralizar tus ventas al mismo durante el tiempo que dure su inactividad. No siempre es sencillo saber si el cliente está o no inactivo, de ahí que ante la duda sea recomendable consultar a empresas especializadas en suministrar información de tipo comercial.

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

El primer año de vida es crítico para una “startup”

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mundo del emprendimiento se conoce como “valle de la muerte” al período durante el cual una startup tiene que trabajar con un flujo de caja negativo, es decir, ha de soportar más pagos que cobros, lo que dicho sea de paso es la situación habitual cuando se inicia un negocio. El emprendedor desde el primer momento sí o sí tendrá que afrontar gastos y los pagos que están detrás, mientras que los ingresos por ventas, y sus correspondientes cobros, pueden tardar en llegar, y sobre todo en equilibrar la balanza. Este “valle de la muerte” es un período por el que todo emprendedor “debe” pasar, pero que no todo emprendedor “logra” pasar. Si no lo hace, su empresa muere.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre demografía empresarial, publicados en noviembre de 2018, pero referentes al año 2016, el stock de empresas (conjunto de empresas activas durante todo el año o parte de él) que operaron en España durante 2016 fue de 3.563.816, un 2,3 por ciento más que en 2015. Por sectores, el 57,4 por ciento del stock correspondió a empresas del sector resto de servicios, un 23,7 por ciento a comercio, un 12,8 por ciento a construcción y el restante 6,0 por ciento a industria. Como dato positivo, el número de empresas que se crearon en 2016 fue superior al de las que desaparecieron en 49.937 unidades, lo que originó una tasa de crecimiento neto del 1,4 por ciento.

Pero, ¿qué ocurre con las empresas que mueren en España?, ¿se puede saber cuándo desaparecen?

Los datos del INE en el mencionado estudio de demografía empresarial, señalan que es durante su primer año de vida cuando más empresas desaparecen. Sobre la muestra de empresas creadas desde 2004 hasta 2015, en promedio casi el 21 por ciento de ellas desaparecieron durante el período crítico del primer año. Y hasta un 43,8 por ciento ya no existían al final de sus tres primeros años de vida. Especialmente llamativo es el comportamiento de las empresas creadas durante 2010, de las que casi la mitad (48 por ciento) han desaparecido tres años después. A la vista de estos datos, ¿se puede o no considerar al emprendimiento como una actividad de riesgo?

 

Desapariciones de empresas en los tres primeros años de vida (en %)

11Fuente: Indicadores de demografía empresarial 2016. INE.

Desapariciones acumuladas de empresas en los tres primeros años de vida, por año de nacimiento (en %)

22Fuente: Indicadores de demografía empresarial 2016. INE.

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