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“Blockchain”, una tecnología que se irá implantando progresivamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 20 de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la Jornada “Blockchain, economistas y abogados, un apasionante mundo por descubrir” que se celebró en la sede del Colegio de Economistas de Madrid y en la que intervinieron Antonio Serrano, Mariano Torrecilla, Víctor García y Santiago Navarro, todos ellos profesionales relacionados con el mundo blockchain, quienes fueron moderados por Pedro Cortiñas.

En la Jornada se debatieron distintas cuestiones muy interesantes para aquellos que, como es mi caso, estamos tratando de comprender lo que subyace tras esta esta nueva tecnología. De lo que allí se expuso me gustaría destacar lo siguiente:

Concepto

Blockchain (cadena de bloques) se podría definir como una red de equipos informáticos que actúa como un libro mayor contable de acontecimientos digitales distribuido (compartido) entre muchas partes. Dentro de blockchain las operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría, y una vez validadas son agrupadas con otras en bloques. Este mecanismo de funcionamiento permite tener operaciones por consenso, perfectamente trazables y difícilmente manipulables.

Función de los mineros

Son aquellos nodos (equipos informáticos) dentro de la red distribuida que verifican que una transacción es válida. Una blockchain se basa en la descentralización, no existen servidores centrales y cualquier equipo informático que se conecte a ella puede verificar y procesar una transacción. Como incentivo el minero que descifra la operación y la inserta en el bloque es retribuido con criptomonedas (monedas digitales). Su importancia depende del protocolo de cada red blockchain.

Internet del valor

Cuando mandas un email o compartes un archivo a través de una red social lo envías duplicado, una copia del archivo queda en tu ordenador y otra se transfiere a la persona que hayas elegido, sin embargo, con blockchain puedes transferir algo que es único, como por ejemplo el valor de una criptomoneda, de ahí que al nuevo internet que permite esta tecnología se le llame internet del valor.

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Smart contracts

La tecnología blockchain posibilita los denominados “contratos inteligentes” que tienen la capacidad de poder ejecutarse automáticamente y que están escritos en lenguaje informático aunque sobre bases de programación similares a las que tiene un contrato normal (condiciones del tipo “si pasa esto, se hace esto otro”). Estos contratos pueden tener utilidad en muchos ámbitos como el de la gestión del riesgo de crédito y la morosidad. Imagina una empresa que compra una máquina fotocopiadora a plazos que está conectada a través del internet de las cosas y deja de pagar una cuota al fabricante. En esta situación, puede ejecutarse automáticamente una cláusula del smart contract firmado entre las partes que haga que la máquina se pare y deje de funcionar.

Implantación progresiva

Cuando nació blockchain, allá por 2009, y durante varios años solo se valoraba su aplicación como base para el intercambio de criptomonedas (bitcóin), sin embargo, ahora se le están viendo nuevas funcionalidades, siendo un campo abonado para la innovación constante y donde queda mucho por descubrir. Inclusive se están probando nuevos modelos de blockchain que permiten una preselección de los mineros (de calidad), con lo cual se establece cierto control y centralización, cuestionando el espíritu inicial con el que nació la red distribuida. En opinión de los expertos que participaron en la Jornada del Colegio de Economistas de Madrid es una tecnología que se irá implantando progresivamente y que no servirá para todo. Nos toca estar atentos a esta evolución.

Foto: Maiconfz

 

 

Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

Cuatro riesgos de la banca en la sombra en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

La banca en la sombra, es decir, la intermediación de crédito realizada por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional, representa cerca del 40 por ciento del sistema financiero de la UE según los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB por sus siglas en inglés). Este organismo supervisor, creado en 2010, es competente para prevenir, detectar y mitigar los riesgos que se puedan producir a nivel del conjunto del sistema financiero en la UE (riesgo sistémico), y tiene un ámbito de competencias amplio en el que se incluye, además de a las entidades de crédito tradicionales, a las empresas de seguros, a infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados, a la banca en la sombra. El riesgo sistémico es el que llevaría al colapso del sistema financiero a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que se contagiara a otras hasta afectar a todo el conjunto. En este sentido, la ESRB emite recomendaciones y advertencias si detecta riesgos.

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Dentro del concepto de banca en la sombra se incluyen los fondos de inversión, que según la ESRB representan alrededor de un tercio del total del este sistema en la UE, las entidades dedicadas a operaciones de titulización de activos y otras instituciones financieras, entre las que encontraríamos a las plataformas de crowdfunding.

En su último informe “EU Shadow Banking Monitor”, que abarca datos hasta el cierre de 2017, la ESBR presenta una visión general de la evolución del sistema bancario en la sombra en la UE, identificando los riesgos siguientes para la estabilidad financiera:

  1. Riesgos de liquidez (dificultad para convertir los activos en los que invierten en efectivo) y de excesivo endeudamiento en algunos tipos de fondos de inversión.
  2. Riesgo de contagio entre sistemas bancario tradicional y en la sombra por su nivel de interconexión. En este sentido, la ESRB considera que es importante comprender mejor y controlar las interconexiones entre bancos tradicionales y bancos en la sombra, así como los enlaces transfronterizos entre entidades.
  3. Riesgos de liquidez y endeudamiento por el uso de derivados y transacciones de financiación de valores.
  4. Vulnerabilidades en el sector de otras instituciones financieras debido a que la falta de algunos datos importantes impide realizar una evaluación completa de su riesgo.

Parece lógico que en el proceso a través del cual gran parte de la intermediación financiera se está desplazando desde el circuito bancario tradicional hacia otras entidades, el supervisor público busque adaptar su política al nuevo marco, tratando de identificar los riesgos y de desarrollar herramientas que los atenúen. Ante la rapidez de los cambios que la tecnología está impulsando en el mundo financiero, el reto es no llegar demasiado tarde.

El error de relajar la gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la crisis y el aumento de las cifras de impagados que trajo consigo, muchas empresas decidieron actuar y ponerse serias con la gestión del riesgo de crédito, tomando distintas medidas, entre ellas, el establecimiento de comités de riesgo, es decir, de estructuras formales de diálogo entre distintas áreas de la empresa relacionadas con la decisión de conceder crédito a un cliente, fundamentalmente de los ámbitos comercial y financiero. Pues bien, según los datos aportados por el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, estas estructuras, que en los momentos más duros de la crisis (2012) estaban presentes hasta en el 58 por ciento de las empresas, hoy solo son mantenidas por el 23 por ciento de ellas. Se montan con la crisis y se desmontan cuando la tormenta amaina y la morosidad ya no preocupa tanto, lo que a mi modo de ver es un error, porque si algo nos ha debido enseñar la crisis es que la economía es cíclica y los malos tiempos siempre son más fáciles de afrontar si se cuenta con las estructuras adecuadas. Está claro que aunar las posturas entre comerciales (que tienen la premisa de que cuanto más se venda mejor) y financieros (con el axioma de que la venta no se termina hasta que se cobra) no es sencillo, por eso precisamente deben dialogar más y si es mediante estructuras formales, mejor.

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Prueba de esta relajación en cuanto al análisis del riesgo de crédito comercial se refiere, también lo representa el dato de que hasta un 38 por ciento de las empresas españolas no utilizan criterios de solvencia (informes comerciales, ratings de morosidad, ficheros con información sobre morosos, herramientas de inteligencia de negocio, etcétera) a la hora de seleccionar sus clientes. En este sentido, se comprueba un descenso en los últimos años del porcentaje de empresas que declaran utilizarlos. De las que no los utilizan, solamente el 25 por ciento planifican usarlas, el 13 por ciento restante se ve que no las deben necesitar…

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Menos concursos de empresas y más de personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que está previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa (o también de una persona física sin actividad empresarial) insolvente, es decir, que no puede atender con regularidad sus compromisos de pago. El concurso trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa (o la recuperación de la persona física). Puede ser solicitado por el propio deudor, originando lo que se denomina concurso “voluntario”, o por alguno de sus acreedores dando lugar a un concurso “necesario”.

A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos referentes a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 en España, con información obtenida a partir de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Destaca la cifra de 1.457 concursados durante dicho primer trimestre, de los cuales 1.066 corresponden a empresas y 391 a personas físicas sin actividad empresarial. La buena noticia es que, en tasa anual, el número total de concursos disminuye un 1,3 por ciento, sin embargo, hay un comportamiento dispar entre concursos de empresas (que disminuyen el 3,4 por ciento) y de personas físicas sin actividad empresarial (que aumentan el 5,1 por ciento).

En cuanto al tipo de concurso, el 94,1 por ciento del total (1.371) son de tipo voluntario, de tal modo que solamente en un 5,9 por ciento de los casos (86) el concurso fue solicitado por los acreedores.

En lo referente a comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de concursos con el 30,2 por ciento del total (440), seguida a bastante distancia por la Comunidad de Madrid, con un 14,6 por ciento (213).

Por último, un dato que considero interesante destacar es el que hace referencia a la antigüedad de las empresas concursadas. El mayor porcentaje se da entre aquellas que tienen de 5 a 8 años (no entre las más recientes como alguno pudiera pensar), seguidas por las empresas más recientes (hasta 4 años) y las más antiguas (20 años o más), que comparten el porcentaje del 20,5 por ciento. En el cuadro adjunto puedes ver el detalle de la clasificación por antigüedad.

Empresas concursadas por antigüedad. 1º trimestre 20181

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener sentido pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo ¿verdad?

Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. En el caso del crowdlending esta financiación se instrumenta a través de préstamos que los inversores entregan a los promotores a cambio de un tipo de interés, siendo la plataforma el lugar donde los prestatarios pueden enseñar sus proyectos y encontrarse con los prestamistas.

11Es una fórmula que se está utilizando cada vez más para financiar empresas y en la que para cumplir su función fundamental de intermediación, las plataformas de crowdlending realizan las siguientes seis acciones:

1. Captación de proyectos

Buscan en el mercado proyectos empresariales que demanden financiación, fundamentalmente de pymes, para lo cual utilizan sus propios equipos y también la colaboración de agentes externos.

2. Análisis de riesgo

Es similar al que realizan las entidades de crédito para lo cual consultan los registros de morosos (RAI, ASNEF), así como los informes de solvencia que ofrecen empresas especializadas. Si los proyectos pasan su filtro les otorgan una calificación de riesgo (rating), que implica un tipo de interés para el préstamo (a mayor riesgo, mayor tipo de interés).

3. Publicación de proyectos

Con la publicación de los proyectos en sus webs, estas plataformas se convierten en escaparates a los que pueden acudir los inversores a prestar su dinero. El proceso de inversión se puede realizar mediante un sistema de mercado, donde el préstamo tiene importe, plazo y tipo de interés predeterminados, de tal modo que cuando las ofertas de los inversores alcanzan el importe solicitado, se cierra la operación; o de subasta, donde el préstamo tiene importe y plazo predeterminados, pero el inversor es quien decide el tipo de interés al que quiere prestar durante el período de subasta, de tal forma que cuando este termina, los inversores con pujas más bajas son los que participan en el préstamo.

4. Articulación de mecanismo de pago

Suelen utilizar el préstamo francés donde la devolución del capital más los intereses generados a los inversores se realiza mediante cuotas mensuales y constantes.

5. Gestión de flujo de dinero

El traslado del dinero de los inversores a los promotores, y viceversa, lo pueden hacer a través de una entidad de pago autorizada con la que colaboren (lo más habitual), o directamente si la plataforma cuenta con licencia de entidad de pago híbrida (aquella entidad de pago que realiza, además, cualquier otra actividad económica).

6. Gestión de recobro

Para el caso de que alguna cuota del préstamo resulte impagada tienen previstos mecanismos de recobro.

 

 

 

¿Afectarán las correcciones en los mercados financieros al crecimiento mundial?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimas “Perspectivas de la economía mundial”, el producto mundial aumentó un 3,7 por ciento el pasado año con un repunte del crecimiento generalizado. De hecho, unas 120 economías, que generan tres cuartas partes del producto interior bruto (PIB) global, registraron dicho repunte, en términos anuales, en 2017. Se trata del aumento del crecimiento mundial más sincronizado desde 2010.

Este repunte, en opinión del FMI fue sorpresivamente marcado en Europa y Asia. Con la intensificación del ímpetu global y el impacto que se prevé que tengan los cambios en la política tributaria en Estados Unidos, recientemente aprobados, las proyecciones de crecimiento mundial para 2018 y 2019 quedan fijadas en el 3,9 por ciento, tal como puedes observar en el cuadro. Destaca el comportamiento de las economías emergentes y en desarrollo de Asia, las cuales crecerán alrededor del 6,5 por ciento en 2018 y 2019, a un ritmo muy similar al que ya crecieron el pasado año. Es importante resaltar que esta región genera más de la mitad del crecimiento mundial.

En lo que a España se refiere, el organismo internacional, prevé un crecimiento del 2,4 por ciento para 2018, y del 2,1 por ciento para 2019. En el documento se señala que nuestro crecimiento ha sido corregido ligeramente a la baja para 2018, como consecuencia de los efectos del aumento de la incertidumbre política en la confianza y la demanda. Luego, el asunto catalán parece que también preocupa al organismo internacional con sede en Washington.

No obstante, las proyecciones del FMI que estoy comentando se publicaron el 22 de enero, es decir, antes de las importantes caídas bursátiles sufridas a nivel global las últimas semanas. En el documento ya se advertía que uno de los riesgos que puede afectar al crecimiento es que se produzcan correcciones en los mercados financieros. La duda ahora es saber cómo podrán afectar estas, sobre todo si se prolongan en el tiempo.

Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)

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Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Enero 2018.

El debate sobre libertad y control en internet y las “criptomonedas”

Mario Cantalapiedra – Economista

El debate entre la libertad y el control en internet alcanza también al mundo financiero con un interés creciente sobre las denominadas criptomonedas y las ofertas iniciales de criptomonedas o ICOs (Initial Coin Offering).

Las criptomonedas son monedas digitales que no están respaldadas por ningún banco central u organismo público, aunque se presentan como alternativa al dinero de curso legal (el bitcoin sería el ejemplo más claro). Por su parte, las ICOs pueden referirse tanto a la propia emisión de criptomonedas como a la de derechos, generalmente denominados tokens (vales), que se venden a cambio de criptomonedas o de divisas oficiales como, por ejemplo, euros. Estos tokens pueden otorgar participación en los futuros ingresos o aumento de valor de una entidad o negocio (security tokens) o dar derecho acceder a un servicio o recibir un producto (utility tokens).

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A primera vista parece que invertir en este tipo de activos es algo complejo y no apto para todos los públicos. Así lo piensan también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE), que acaban de emitir un comunicado conjunto en el que realizan las cinco advertencias siguientes:

1. Espacio no regulado

Las criptomonedas y los actores implicados en su comercialización directa no están regulados en la Unión Europea. Aquel que las adquiera o mantenga no se beneficiará de las garantías y salvaguardias asociadas a los productos financieros regulados. Asimismo los tokens emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados a criptomonedas podrían no estar sujetos a regulación.

2. Problemas derivados del carácter transfronterizo del fenómeno

En muchas ocasiones los actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptomonedas no se encuentran localizados en España, de tal modo que la resolución de cualquier conflicto puede quedar fuera del ámbito competencial de las autoridades españolas, estando sujeto al marco normativo del país en cuestión.

3. Elevado riesgo de pérdida del capital invertido

Son inversiones altamente especulativas. Por otro lado, su fuerte dependencia de tecnologías poco consolidadas no excluye la posibilidad de fallos operativos y amenazas cibernéticas que podrían suponer la indisponibilidad temporal o incluso la pérdida total de las cantidades invertidas. No están protegidas por fondos de garantía como los que aseguran el efectivo o los valores depositados en entidades de crédito y empresas de servicio de inversión.

4. Problemas de iliquidez y volatilidad extrema

La ausencia de mercados equiparables a los regulados puede dificultar la venta de las criptomonedas o de los tokens. Puede que no existan opciones en el momento deseado para convertirlos en moneda convencional. Y cuando se puedan vender, es muy posible que exista falta de transparencia en relación a las comisiones aplicables. Los organismos supervisores también destacan las fuertes oscilaciones que suele sufrir su precio sin causa objetiva aparente.

5. Información inadecuada

En el caso de las ICOs, la información que se pone a disposición de los inversores no suele estar auditada y normalmente es incompleta. Por regla general, se enfatizan los beneficios potenciales, minimizándose los riesgos. El lenguaje utilizado suele ser muy técnico y poco claro, por lo que no es sencillo conocer los riesgos de la inversión.

Desde luego, sin negar la posibilidad real de invertir en estos activos, recomiendo que se tenga mucha cautela al hacerlo, respetando aquello de “no invertir en lo que no se entiende”.

Foto: TheDigitalArtist

¿Debe Hacienda adelantar la presentación del Modelo 347 al mes de enero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Hacienda tiene previsto adelantar al mes de enero la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, el conocido como modelo 347, que actualmente se presenta en febrero. Esta medida se recoge en un Proyecto de Orden, el cual está abierto hasta el próximo 8 de septiembre a los trámites de audiencia y opinión pública para recabar la opinión de la ciudadanía.

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El modelo 347 tiene carácter informativo y lo han de presentar las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen actividades empresariales o profesionales en España, y tengan la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal en nuestro país. Los declarantes han de relacionar todas aquellas personas o entidades con quienes hayan efectuado operaciones, en el año natural anterior, que superen individualmente la cifra de 3.005,06 euros, computándose por separado las entregas de bienes y prestaciones de servicios (ventas) de las adquisiciones de bienes y servicios (compras). Se ha de declarar el total de la contraprestación, por lo que ha de incluirse, en su caso, el IVA que se haya repercutido en la venta o soportado en la compra.

Para la Agencia Tributaria el modelo 347 es un documento de control mediante el que se comprueba la facturación de las empresas, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellas y observar si las compras que consigna una se corresponden a las ventas declaradas por la otra, lo que en caso de discrepancias puede llegar a motivar una inspección. También se puede comprobar el cuadre de los datos proporcionados en el 347 con los de otras declaraciones tributarias presentadas por las empresas como, por ejemplo, el resumen anual del IVA.

Las entidades financieras (bancos, plataformas de crowdlending, etcétera) suelen pedir copia del modelo 347 a las empresas que les solicitan financiación con el fin de mejorar el análisis de riesgos que realizan sobre ellas. A través de los datos que ofrece este modelo, por ejemplo, pueden saber cuáles son sus principales clientes y proveedores y ver si tienen dependencia o no de alguno en concreto.

Por tanto, es un documento que las empresas deben realizar con cuidado tratando de no cometer errores, por lo que no parece muy buena idea adelantar su presentación a un mes como el de enero, que ya de por sí es complicado para las empresas (sobre todo para las pymes y los autónomos) en cuanto a sus obligaciones con Hacienda se refiere.

 

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