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Cinco prioridades del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ha establecido las cinco prioridades que guiarán su actividad supervisora a lo largo de 2016. Este sistema de supervisión financiera, que empezó a funcionar el 4 de noviembre de 2014, está integrado por el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades supervisoras de los países de la Unión Europea (UE) participantes, y tiene por objetivos principales velar por la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo, así como potenciar la integración y la estabilidad financieras. Es el primer paso hacia la unión bancaria, la cual se prevé completar con un mecanismo único de resolución y un sistema armonizado de garantías de depósitos.

Las cinco áreas fundamentales identificadas por el MUS, se basan en la valoración de los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades de crédito actualmente, y son esenciales para coordinar las actuaciones supervisoras que emprendan.

1. Modelos de negocio y rentabilidad

Estos dos elementos son lo que más preocupan al MUS, en un contexto en el que tanto el modelo de negocio como la rentabilidad de los bancos se ven afectados por el nivel de deterioro de los activos y el prolongado período de bajos tipos de interés. La supervisión se centrará en examinar si los bancos logran rentabilidad, entre otros aspectos, relajando las condiciones de concesión de crédito, teniendo una mayor dependencia de la financiación a corto, o incrementando sus exposiciones de forma no proporcional al apetito de riesgo que declaran.

2. Riesgo de crédito

Los elevados niveles de morosidad en los créditos y préstamos bancarios también preocupan al MUS, sobre todo en la banca de los países europeos, como España, que han sido más castigados por la crisis. Se propondrán actuaciones a seguir para las entidades que tengan niveles elevados de préstamos morosos. Asimismo, se someterá a un examen supervisor más estricto la concentración del riesgo en áreas como el sector inmobiliario.

3. Adecuación de capital

Otra de las prioridades del MUS será que los bancos estén adecuadamente capitalizados, teniendo en cuenta tanto la calidad como la composición de su capital.

4. Gobernanza de los riesgos y calidad de los datos

La gobernanza de los riesgos de los bancos se evaluará en función del contexto actual (baja rentabilidad y consiguiente búsqueda de beneficios, financiación abundante y a bajo precio ofrecida por los bancos centrales). Los consejos de administración bancarios deberán requerir y recibir información adecuada sobre los riesgos de las decisiones de negocio que tomen, teniendo en cuenta si éstos son acordes con los criterios y umbrales definidos por la entidad. Se trata de no repetir errores cometidos en el pasado reciente.

5. Liquidez

Por último, el MUS analizará los progresos de los bancos en la aplicación y mantenimiento de marcos adecuados para la gestión del riesgo de liquidez y de financiación, tanto en un entorno de normalidad como en situaciones de tensión.

Cinco prioridades del MUS en 2016

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Fuente: Banco Central Europeo (BCE)

La influencia de las periodificaciones en el resultado de la empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Plan General de Contabilidad (PGC) vigente en España, la contabilidad de la empresa y, en especial, el registro y valoración de los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando, entre otros, el principio del devengo, el cual viene a suponer que los ingresos y gastos se imputan a un ejercicio en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha en la que se produzcan los cobros y pagos correspondientes, es decir, de la corriente monetaria. Pues bien, la aplicación práctica de este principio se realiza a través del proceso de periodificación contable, que se basa en la utilización de las siguientes cuentas:

A. Periodificaciones a largo plazo

181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo

En ella se deben reflejar los importes cobrados de los clientes a cuenta de futuras ventas o prestaciones de servicios que se vayan a realizar en un plazo superior a 12 meses, excluido el IVA correspondiente. Lo cierto es que es una operación atípica que suele darse ocasionalmente. En cualquier caso, si se produce, al tratarse de una deuda que la empresa tiene con su cliente a largo plazo, figurará en el pasivo no corriente del balance.

B. Periodificaciones a corto plazo

480. Gastos anticipados

Sirve para reflejar gastos, que no sean intereses, que se han pagado de forma anticipada, y que corresponden al ejercicio siguiente. Por ejemplo, del coste de una prima de seguro anual pagado por anticipado el 1 de noviembre, solamente debería imputarse a resultado del ejercicio la parte proporcional correspondiente a dos meses (noviembre y diciembre), periodificándose el resto a través de esta cuenta. En el balance la encontrarás dentro del activo corriente.

567. Intereses pagados por anticipado

De modo similar al anterior, si la empresa paga por anticipado unos intereses semestrales de un préstamo ese mismo 1 de noviembre, solamente habría que imputar al ejercicio el importe correspondiente a dos meses, por lo que se debe periodificar el resto a través de esta cuenta, que figurará en el activo corriente.

485. Ingresos anticipados

Sirve para reflejar ingresos, que no sean intereses, que se han cobrado anticipadamente, por ejemplo, por el alquiler de una maquinaria, y que corresponden al ejercicio siguiente. En este caso, es una cuenta que aparece en el pasivo corriente.

568. Intereses cobrados por anticipado

Por último, esta cuenta recoge los intereses cobrados por adelantado, por ejemplo, por un préstamo concedido a otra empresa, y que corresponden al ejercicio siguiente. Figurará en el pasivo corriente.

Como puedes ver, importes de ingresos y gastos que no se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias por efecto de las periodificaciones, aparecerán en el activo o pasivo, según corresponda. Cuando se analiza la información de una empresa, que ésta periodifique o no, o que lo haga siguiendo un criterio u otro, afectará a su resultado, de ahí la importancia de estudiar los datos de las cuentas mencionadas y ver su evolución a lo largo del tiempo.

Seis clases de productos financieros según su riesgo

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Orden ECC/2316/2015 en febrero de 2016, los productos financieros se clasificarán según su riesgo por parte de las entidades que los comercializan. Para ello se diferenciarán seis clases de productos mediante una escala de colores o numérica en forma de fracción (en la que el denominador será siempre seis):

Clase 1 (color verde oscuro o numerador 1 en la fracción)

Esta categoría incluirá los productos financieros con el menor riesgo, como son los depósitos bancarios en euros y los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.

Clase 2 (color verde claro o numerador 2 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, que tengan el 100 por ciento del capital garantizado, un plazo de devolución igual o inferior a tres años y una clasificación crediticia o rating del producto, emisor, originador o garante, de BBB+ o superior. Esta clasificación la deberán hacer agencias registradas o certificadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Cuando otorguen a una misma emisión calificaciones distintas, se deberá elegir la más frecuente, y en su defecto la menor de todas.

Clase 3 (color amarillo claro o numerador 3 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a tres años e igual o inferior a cinco años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 4 (color amarillo oscuro o numerador 4 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a cinco años e igual o inferior a 10 años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 5 (color naranja o numerador 5 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a 10 años y un rating de BBB- o BBB, así como los que tengan un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del capital, plazo de devolución igual o inferior a tres años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 6 (color rojo o numerador 6 en la fracción)

En ella se incluirán el resto de productos financieros, catalogados con el mayor riesgo.

Además, cuando el producto financiero tenga limitaciones en cuanto a su liquidez, se deberá alertar mediante un texto que irá acompañado de la figura de uno o dos candados cerrados, según sea el grado de iliquidez. Del mismo modo, si el producto es complejo se deberá incluir un texto de alerta acompañado, en este caso, de una figura de exclamación.

Conocer más fácilmente el riesgo al invertir en un activo financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El Ministerio de Economía y Competitividad ha aprobado la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, que pretende garantizar que los inversores particulares conocen los riesgos que asumen al comprar un determinado activo financiero. Se trata de evitar en el futuro, las consecuencias que estamos sufriendo todavía por la compra de participaciones preferentes y demás productos complejos, por parte de inversores no profesionales, que, en muchos casos, desconocían donde estaban invirtiendo su dinero.

Para ello se establece una clasificación de los productos financieros mediante una escala de seis colores que trata de resumir, de modo visual y fácilmente, el riesgo que se asume al invertir, teniendo en cuenta aspectos tales como la garantía o no del capital que se coloca, el plazo de devolución del mismo y la calidad crediticia del producto o la entidad que lo comercializa. De este modo, la escala irá del color verde oscuro (productos con el menor riesgo) al rojo (productos con el mayor riesgo), pudiéndose sustituir la misma por una indicación numérica en forma de fracción, en la que el denominador será siempre 6, de tal modo que 1/6 será indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor.

Esta información deberá entregarse a los clientes antes de la comercialización de productos bancarios, de seguros, bonos, acciones o fondos de pensiones individuales y asociados, por parte de las entidades comercializadoras. No obstante, quedan excluidos de esta obligación, los seguros y fondos de pensiones colectivos, la deuda pública nacional y de los estados miembros de la Unión Europea (UE), así como los productos denominados PRIIPs (packaged retail investment and insurance products), caracterizados porque su valor está sujeto a fluctuaciones debido a su exposición a valores de referencia o evolución de subyacentes, los cuales deberán disponer de un documento informativo propio, armonizado a nivel de UE, a partir del 31 de diciembre de 2016. Además, en el caso de que el producto sea un plan de pensiones, las entidades comercializadoras, en sustitución del indicador de riesgo mencionado (semáforo o indicación numérica en forma de fracción), habrán de facilitar otro específico (cifra numérica de 1 a 7), basado en el nivel de volatilidad histórica de la institución de inversión colectiva correspondiente.

Esta Orden entrará en vigor el próximo 5 de febrero de 2016.

Indicador de riesgo de producto financiero (escala de colores) 

semáforo1

Indicador de riesgo de producto financiero (indicación numérica)

escala_1

 

 

El preaviso a las pymes pendiente de los modelos que ha de publicar el Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

Por el mes de octubre de 2013 ya comenté en el blog la intención del Gobierno de obligar a las entidades de crédito a preavisar con antelación a las pymes a las que fueran a reducir o cancelar su financiación. Pues bien el tema se ha alargado más de lo previsto inicialmente y hasta abril de este año no hemos conocido el texto legal que lo regula.

Es en el título I de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, donde se recoge la nueva obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción y con una antelación mínima de tres meses, su decisión de cancelar o reducir significativamente (en un 35 por ciento o más) el flujo de financiación que les haya venido concediendo, es decir, el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación que se otorguen a una pyme por una misma entidad de crédito. La notificación deberá enviarse a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor cuantía, excluyéndose de esta obligación general los siguientes supuestos:

  • Cuando el plazo de duración máximo del flujo de financiación, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea igual o inferior a tres meses.
  • Cuando la pyme sea declarada en concurso de acreedores, se hayan iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Cuando la entidad de crédito haya resuelto el contrato por incumplimiento de la pyme de sus obligaciones.
  • Cuando los contratos hayan sido rescindidos de común acuerdo o cuando el flujo de financiación no sea prorrogado o sea disminuido en un 35 por ciento o más de común acuerdo entre banco y empresa.
  • Cuando la entidad financiera ponga fin a las relaciones de negocio u operaciones con la pyme en virtud de lo previsto por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Cuando la entidad de crédito justifique objetivamente que las condiciones financieras de la pyme han empeorado de manera sobrevenida y significativa durante los tres meses posteriores a la fecha en la que se debería haber realizado la notificación. Esta justificación habrá de ser notificada por escrito a la pyme.

La entidad de crédito tendrá la obligación de acompañar la notificación, de forma gratuita, con un documento denominado “Información Financiera-PYME”, el cual recoja los datos recopilados sobre la situación financiera e historial de pagos de la empresa, entre ellos su calificación del riesgo de crédito. Corresponde al Banco de España especificar el modelo-plantilla, contenido y formato del documento general, así como el modelo-plantilla y la metodología concreta que deben utilizarse para la evaluación del riesgo. Pues bien, a pesar de que la Ley 5/2015 está vigente desde el 29 de abril, se ha concedido un plazo adicional de cinco meses a la entidad supervisora para publicar estos modelos, algo que a fecha de hoy todavía no se ha producido. Posteriormente la obligación para la banca de notificar a las pymes entrará en vigor a los tres meses desde que se publiquen los modelos.

Con respecto al documento que informe de la calificación de riesgo otorgada por el banco a la empresa, el mismo ha de convertirse en una herramienta de tipo estándar interesante para valorar y comparar el riesgo de las pymes españolas, por lo que habrá que estar muy atentos a su diseño final.

Medidas para mitigar y gestionar los riesgos del “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, especifica que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, como porque la plataforma que actúa de intermediaria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no garantiza la solvencia o viabilidad del promotor. Para tratar de mitigar y gestionar los riesgos de este tipo de inversión, que solamente podrá destinarse a proyectos de tipo empresarial, formativo o de consumo, el legislador impone las medidas siguientes:

Límites para los inversores

Se distingue entre inversores acreditados, sin límites a su inversión, y no acreditados, que sí la tendrán limitada. En este sentido son inversores acreditados:

  • Las personas físicas o jurídicas consideradas clientes profesionales por la Ley del Mercado de Valores (entidades de crédito, compañías de seguros, entidades de capital riesgo, etcétera).
  • Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: activo igual o superior a un millón de euros, cifra de negocios anual igual o superior a dos millones de euros, o recursos propios iguales o superiores a 300.000 euros.
  • Las personas físicas que acrediten ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros, y que soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • El resto de personas jurídicas cuando soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • Las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada.

Para el resto de inversores no contemplados en el listado anterior, es decir, para los no acreditados, se imponen unos límite de inversión de 3.000 euros en un mismo proyecto de una plataforma y 10.000 euros en doce meses en el conjunto de proyectos (bien sea en la misma plataforma o en distintas).

Límites al número de proyectos e importe máximo de captación

Ningún promotor puede publicar simultáneamente más de un proyecto por plataforma, siendo el límite máximo de captación de fondos por proyecto de dos millones de euros, ampliable a cinco millones si se dirige únicamente a inversores acreditados.

Límites temporales y cuantitativos del proyecto

Se permite que el proyecto reciba la financiación cuando se alcance el 90 por ciento del objetivo, siempre que se informe con carácter previo a la inversión. Asimismo se permiten superar tanto el objetivo de financiación como el plazo máximo en un 25 por ciento, siempre que se informe previamente. Si no se alcanza el objetivo de financiación dentro del plazo fijado, se ha de proceder a la devolución a los inversores de las cantidades aportadas.

Información sobre el proyecto

Cada proyecto deberá contener, al menos, una descripción del mismo de forma concisa y en un lenguaje no técnico, que proporcione la información necesaria para permitir a un inversor medio un juicio fundado sobre la decisión de invertir.

Hacienda, los bancos y los riesgos de utilizar inadecuadamente las redes sociales

Mario Cantalapiedra – Economista

A raíz del anuncio realizado por la Agencia Tributaria de su intención de analizar la información que fluye por las redes sociales para detectar posibles fraudes de los contribuyentes, me gustaría compartir contigo alguna reflexión acerca de los riesgos que puede acarrear su uso inadecuado, fundamentalmente desde la perspectiva del mundo de la empresa.

Si bien las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en todo lo que a comunicación se refiere, permitiendo que sean los propios usuarios de las mismas los que generen contenidos y los consuman y haciendo que empresas y profesionales tengan acceso a multitud de contactos de los que pueden conocer datos y segmentar comunicaciones, también pueden representar una amenaza si no son utilizadas de un modo correcto. Conocidos son los casos de personas que han llegado a perder su puesto de trabajo por algún comentario realizado en redes sociales o por mostrar en ellas conductas alejada de los valores que definen a la empresa en la que prestan sus servicios. De igual modo, las redes sociales son fuente de información que consultan los reclutadores de personal con carácter previo a tomar decisiones de contratación. En este sentido y a colación del anuncio realizado ahora por Hacienda, me viene a la memoria el caso de un empresario que en su día me contaba como envuelto en pleno proceso de refinanciación de la deuda bancaria de su compañía, la entidad financiera con la que la negociaba le había denegado la operación, de forma “extraoficial”, por haber visto unas fotos suyas publicadas en una red social en las que aparecía esquiando en una famosa estación alpina. Por lo que se ve, la entidad financiera concluyó que si el empresario tenía dinero para ir a esquiar a tan selecto lugar, también lo tendría para devolver los préstamos que había solicitado en los plazos previamente pactados, no teniendo sentido refinanciación alguna. Luego en las redes sociales, los usuarios, entre ellos empresarios y profesionales, al igual que en el mundo fuera de ellas son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras, solamente que aquí lo que se haga público puede llegar a mucha más gente y de forma más rápida. Por tanto, no debe extrañar el anuncio de Hacienda, no solamente ella investiga en las redes en búsqueda de información. Se trata de saber utilizar esta herramienta y de medir los riesgos que se corren al hacerlo.

 

 

Riesgos declarables a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos, de carácter público, que tiene por fin recabar de las entidades declarantes (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, establecimientos financieros de crédito, Instituto de Crédito Oficial, Banco de España, Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, sociedades de garantía recíproca, sociedades de reafianzamiento, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) información sobre riesgos de crédito. En ella figuran los préstamos, créditos, avales y riesgos que, de un modo general, asumen las entidades de crédito con sus clientes. Cualquier persona física o jurídica que desee conocer los datos declarados a su nombre en la CIRBE puede hacerlo de forma gratuita.

Los riesgos declarables a la CIRBE se clasifican en directos, aquellos contraídos por la entidad declarante con los primeros obligados al pago, como ocurre cuando se concede un préstamo a un cliente, e indirectos, aquellos que se contraen con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento de su titular, como, por ejemplo, cuando una persona respalda el crédito concedido a otra con su aval.

Las entidades deben declarar, a último día de cada mes, los riesgos de forma individualizada, es decir, operación a operación, en unidades de euro, y sin que se fije, de forma general, un umbral mínimo de declaración. Es importante reseñar este dato, porque anteriormente la declaración se efectuaba de forma agregada, por tipo de operación, en miles de euros y con un límite de 6.000 euros para los clientes residentes y de 300.000 para los no residentes. Como excepción se permite la declaración agregada cuando la operación de riesgo se trate de préstamos a plazo (siempre que su finalidad sea el consumo, el importe al iniciar la operación no excede los 3.000 euros y el plazo original sea igual o inferior a 12 meses), tarjetas de crédito, descubiertos, anticipos de pensiones o nóminas o resto de préstamos a la vista. Las entidades deben identificar para cada una de las operaciones todas las personas que intervienen en ellas, indicando la naturaleza de su intervención (titular del riesgo directo, garante, etcétera) y el importe de riesgo que les corresponde, así como todas las personas relacionadas.

La legislación vigente sobre la CIRBE la puedes encontrar fundamentalmente en la Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo (BOE de 31 de mayo).

¿Qué departamentos de la empresa intervienen en la política de riesgo de crédito comercial?

Mario Cantalapiedra – Economista

Finalizo la serie de entradas que he dedicado a comentar los resultados del Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, con este en el que me detendré en las respuestas de las empresas acerca de cuáles son las áreas o departamentos, dentro de su estructura, que llegan a implicarse en la política de riesgo de crédito comercial. Se trata, por tanto, de conocer dónde reside la decisión acerca de la entrada o no de un cliente o del establecimiento y seguimiento de su riesgo de crédito.

De los resultados obtenidos se desprende que en el 58 por ciento de las empresas existe una intervención en este tema al máximo nivel, es decir, su dirección general o su presidencia participan a la hora de establecer el riesgo de crédito comercial. No obstante, esta intervención de las altas esferas parece ir perdiendo peso, ya que los dos últimos Estudios muestran una reducción progresiva del porcentaje declarado. En este caso, la caída es de 10 puntos frente a la encuesta de primavera de 2013. También es significativa la disminución de la participación de los departamentos especializados de riesgos, que pasan del 41 por ciento hace un año al 30 por ciento actual. Puede pensarse que a lo largo de la crisis financiera y con el rápido aumento de las cifras de morosidad, muchas compañías optaron por crear departamentos específicos ocupados en definir el riesgo de crédito comercial, que, una vez que el viento parece amainar, pasan a reintegrarse en sus áreas financieras dentro de procesos de reestructuración y ahorro de costes. Si pensamos que esta hipótesis puede llegar a ser cierta, nos resultará más fácil entender cómo aumenta el papel del departamento financiero o administrativo en la política de riesgo de crédito, que en este Estudio alcanza al 70 por ciento de las empresas. Por su parte, en el 40 por ciento de las empresas interviene el departamento comercial en la política de riesgo de crédito, por lo que también se puede considerar que tiene un papel relevante. Un 1 por ciento de los encuestados manifiesta que otros departamentos distintos a los mencionados llegan a intervenir, mientras que un reducido, aunque inquietante, 5 por ciento de las empresas declara que ninguno de sus departamentos participa en la fijación de pautas de riesgo de crédito.

¿Qué opinan las empresas sobre ampliar el plazo de pago legal si hay cesión de la deuda a un tercero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las novedades interesantes que incluye el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, es la opinión de las empresas acerca de la posibilidad anunciada por el Gobierno, a través del anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, quien abonaría las facturas en plazo legal.

En concreto, el anteproyecto prevé modificar la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, introduciendo un nuevo apartado 5 en su artículo 4, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago, con la siguiente redacción:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Luego esta posible modificación permitiría ampliar el plazo de pago por encima de los 60 días fijados legalmente, siempre que se cediera la deuda a un tercero, como ocurre, por ejemplo, en el confirming bancario, donde el acreedor cede el crédito comercial que ostenta frente al deudor a una entidad bancaria, adelantando su cobro a cambio del pago de unos intereses y unas comisiones.

Lo cierto es que, tal como está redactada, la medida parece confundir plazos de pago con medios de pago y de ahí que haya generado polémica. Los datos del Estudio reflejan que la mayoría de las empresas, el 60 por ciento de la muestra, estaría de acuerdo con esta propuesta siempre que no acarreara costes adicionales. Por su parte, un 25 por ciento la rechaza de pleno, mientras que el 14 por ciento restante se muestra conforme con ella, sin matices. La duda que debe despejarse si la propuesta decide llevarse adelante es quién asumirá los costes financieros del aplazamiento por encima del plazo legal, si los soportaría el acreedor o podría hacerlo el deudor, esta es la clave. En este sentido, considero que el medio de pago que se utilice no debe ir nunca en perjuicio del derecho del acreedor a cobrar sus facturas dentro del plazo marcado por la Ley.

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