Archivo de la etiqueta: solvencia

Cómo seleccionar proveedores mediante herramientas de analítica avanzada

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que resulta contar con un número adecuado de proveedores y que reúnan la calidad suficiente, en un momento en el que las cadenas de suministro se han visto afectadas por la falta de abastecimiento o por retrasos importantes en las entregas.

Este entorno tan complejo que nos ha tocado vivir, ha demostrado que el hecho de elegir adecuadamente a los suministradores de bienes y servicios puede ser un aspecto crucial para la viabilidad de cualquier empresa.

Con los proveedores, sobre todo con aquellos que se consideren estratégicos para el desarrollo de la actividad, ocurre como con los clientes, que las relaciones han de basarse en la confianza. Si con los clientes, se espera que abonen las facturas llegados sus vencimientos, con los proveedores, se debe confiar en que suministrarán los productos en los plazos acordados, a los precios igualmente pactados y con la debida calidad.

Antes de tomar la decisión de contratarlo, el proceso de evaluación de un proveedor ha de basarse en información existente, a la que tradicionalmente se ha podido acceder a través de informes comerciales y, más recientemente, utilizando las herramientas de analítica avanzada que los avances tecnológicos han traído consigo, y que muestran una gran cantidad de información de manera organizada y filtrada.

En concreto, estas herramientas de analítica avanzada permiten:

  • Encontrar proveedores cercanos y solventes

A través de ellas se pueden segmentar las bases de datos de empresas y autónomos, filtrándolas por criterios tales como sector, ubicación y nivel de riesgo, accediendo así a una selección de proveedores cercanos y solventes.

  • Prever posibles problemas de suministro

Los análisis económico-financiero y de riesgo, así como los datos sobre incidencias de pago (fuentes oficiales, listas de morosos), que proporcionan, permiten estimar si un proveedor atraviesa dificultades que puedan llevar a que no atienda los pedidos, disminuya la calidad de los mismos, o no conceda el crédito comercial (financiación) deseado.

  • Conocer la fuerza relativa frente al proveedor

En base al dato de facturación del proveedor, se puede estimar lo que representa el volumen de compra prevista por la empresa, analizando la fuerza relativa que se podrá ejercer frente a él.

  • Fijar mejor las condiciones de pago

El conocimiento previo del plazo medio de pago con el que trabaja el proveedor, permite fijar mejor las condiciones de pago de sus facturas.

La morosidad bancaria repunta ligeramente en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La morosidad bancaria se mantiene relativamente estable en España, a pesar de haber sufrido un ligero repunte en enero de 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE).

De este modo, al finalizar el primer mes del año, la morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se situó en el 4,54 por ciento, tres centésimas más que al cierre de 2020.

Recuerdo que la tasa de morosidad bancaria se obtiene dividiendo el saldo vivo de los créditos dudosos (55.066 millones de euros a finales de enero), entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,213 billones de euros). Ambos saldos se han reducido en enero de 2021, aunque el de total de crédito lo ha hecho en mayor proporción, de ahí el incremento de la tasa.

Se puede decir que la morosidad bancaria sigue bastante contenida en nuestro país, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento).

Habrá que ver ahora la evolución que sigue la morosidad bancaria en los próximos meses, en función de que los estímulos públicos arbitrados con el estado de alarma se vayan retirando y de que la recuperación de la economía sea o no rápida.

Evolución morosidad bancaria en EspañaMorosidad_bancaria_enero_2021Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

El intercambio de puntos de vista y de información entre diferentes áreas de la empresa antes de tomar la decisión de conceder crédito comercial a los clientes, suele incrementarse en épocas de crisis económica. En algunas empresas dicho intercambio se produce en el seno de estructuras de gestión del riesgo de crédito comercial, que genéricamente se conocen como “comités de riesgos”.

En base a los datos de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, la presencia en las empresas de estos comités de riesgo está aumentando. De este modo, el 26 por ciento de las empresas encuestadas en otoño declaran tenerlos, frente al 25 por ciento que decían tenerlos en primavera, y el 22 por ciento de 2019. Suele ocurrir así habitualmente, en épocas de crisis estas estructuras aumentan y cuando llega la bonanza se olvidan.

Comité

 

Los comités de riesgos revisan, recomiendan y aprueban los límites de crédito a los clientes, controlando la evolución en el tiempo de su cartera, y en ellos exponen y debaten sus puntos de vista diferentes departamentos de la empresa.

Según lo declarado por las empresas, el departamento que suele estar más presente en estas estructuras es el financiero (69 por ciento), seguido de cerca por la dirección general (66), y a mayor distancia por los departamentos comercial (39) y de riesgos (26). En el último caso, el del departamento de riesgos, es muy habitual que las empresas de dimensión más modesta (recordemos que en España cerca del 94 por ciento de la compañías son autónomos y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas), agrupen sus funciones en la persona o personas que se encargan del área financiera.

Departamentos

Contar con estructuras definidas en las empresas para gestionar el riesgo de crédito comercial, inclusive en las pequeñas, se me antoja que puede ser algo eficaz, y hasta eficiente, en cualquier coyuntura del mercado, no solamente en épocas de crisis económica.

En estos comités, los responsables financieros y comerciales que suelen tener posturas diferenciadas sobre los clientes (el financiero sobre todo quiere cobrar, el comercial sobre todo quiere vender), pueden compartir información y debatir acerca de las posibilidades reales de pago para llegar a acuerdos sobre los límites de riesgo. Esta forma estructurada de proceder puede minimizar muchos de los problemas de morosidad de las empresas.

La morosidad bancaria está contenida en España… de momento

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de julio la tasa de morosidad bancaria sufrió su primer repunte desde que comenzó la crisis del coronavirus hasta situarse en el 4,72 por ciento, según los datos publicados por el Banco de España (BdE).

Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (57.837 millones de euros a finales de julio) entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,226 billones de euros). Ambos saldos se han reducido con respecto al mes anterior, pero el de créditos dudosos lo ha hecho en una menor proporción.

Según se puede ver en la tabla adjunta, a pesar del aumento de la tasa en julio, la morosidad bancaria sigue bastante contenida en España, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento). No obstante, el problema puede venir, como ya se apunta desde el propio BdE, cuando finalicen los programas de apoyo a familias y empresas que están vigentes en la actualidad. Fundamentalmente cuando acaben las moratorias al pago de hipotecas y de préstamos personales que han concedido las entidades financieras a las familias, así como los períodos de carencia en los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir parte del riego de la financiación a empresas y autónomos.

Es decir, la morosidad bancaria está contenida en España porque nuestra economía está “dopada” con medidas excepcionales, pero si éstas terminan de golpe el estallido de la morosidad puede llevarnos a las cifras de 2013 y además hacerlo de una forma muy rápida.

Morosidad_bancaria_07_20

Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

Leer artículos anteriores: 1 2 3 Pág. Siguiente