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ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS DEUDORES – LA ÚNICA FÓRMULA PARA CONCEDER CRÉDITO EN EL NUEVO ESCENARIO DE MOROSIDAD GENERADO POR EL COVID 19

Gonzalo Quiroga – Abogado 

Es del todo latente que entre las graves consecuencias que sobre la economía está arrojando el nuevo escenario impuesto por el Covid19 se encuentra la de un aumento alarmante de la morosidad y de los impagos.

Como he mantenido siempre, el retraso e incumplimiento de los pagos es una problemática que hay que evitar o paliar desde un primer momento ya que es un factor determinante de la desaparición e inviabilidad de muchísimas empresas, incluso de aquellas que podrían sobrevivir porque consiguen mantener un nivel de actividad y ventas que las haría rentables pero que, al cobrar tarde o no cobrar, acaban “muriendo de éxito”, es decir, trabajando de forma idónea pero sin liquidez para afrontar el día a día, lo que las lleva a la disolución o el concurso.

A este incremento, y cada vez más preocupante y creciente, aumento de los retrasos e incumplimientos de pago hemos de añadir que la situación económica que se nos viene encima, la famosa “nueva normalidad” nos depara un escenario desconocido y difícil de pronosticar, por lo que nuestros actuales criterios y protocolos para estudiar el riesgo de impago y conceder crédito no son ya una herramienta útil, siendo necesario que cambiemos radicalmente nuestro modus operandi en la materia.

El principal cambio que hemos de adoptar consiste en CONTAR CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DEUDORES QUE NOS PERMITAN RENOVAR SUS DATOS CONSTANTEMENTE y casi para cada nueva operación de venta a crédito.

Así, es muy habitual que tengamos clientes históricos en nuestra empresa a los que inicialmente, y hace años, se analizó y se les concedió una cantidad máxima de crédito adecuada a su perfil. Luego, con el paso de los años y ante su buen comportamiento de pago se les fue aumentando el límite de crédito hasta que, por mera inercia, esos clientes ya no los estudiamos cuando vamos a vender a crédito, consideramos que tienen un límite establecido y que no hay necesidad de ponerlo en duda.

Este criterio, sin embargo, no es válido en una situación de crisis e incertidumbre como la que se nos avecina. De hecho, los mayores “batacazos” o incidencias de impago que sufren las empresas en épocas de recesión como la que se avecina suelen venir dados por conceder crédito en demasía a clientes históricos sin tener en cuenta ni estudiar su  actual situación y realidad. (Imaginemos quien un año antes del concurso de acreedores de Pescanova, por ejemplo, le seguía concediendo crédito con límites fijados en base a la realidad de esa compañía 5 años antes…)

Por tanto, es indispensable que cambiemos nuestro criterio y que antes de conceder crédito a estos clientes históricos podamos analizar con el mayor detalle posible todos los aspectos e informaciones sobre su situación actual y hacerlo casi antes de cada operación o período de tiempo corto.

Esta necesidad se hace latente también para conceder crédito a nuevos clientes.

Así, tengamos en cuenta que hasta el día de hoy concedemos crédito a un nuevo cliente basándonos en la información que obtenemos del mismo a través, fundamentalmente, de sus cuentas anuales. Esto hace que realmente estemos concediendo crédito hoy en base a la realidad que esa empresa tenía en el ejercicio 2018 que es el que reflejan las cuentas anuales que depositó en 2019.

Es decir, para conceder crédito a nuevos clientes estábamos tomando decisiones mirando por el retrovisor, atendiendo a como estaba esa empresa hace dos años y no a cuál es su situación y capacidad de pago a día de hoy.

Con una crisis como la que se avecina, es muy probable que los cambios en las  empresas sean muy bruscos y que la información de las cuentas anuales del 2018 no tengan nada que ver con la realidad de nuestra deudora a día de hoy ni, por tanto, puedan servir como criterio para concederles crédito.

Ello se agrava si tenemos en cuenta que la regulación legal impuesta por el Covid19 ha establecido que se amplía el plazo para formular las cuentas anuales de 2019 (que deberían depositarse en este mes)  y que se concede prórroga para solicitar la declaración de disolución o concurso de las mercantiles insolventes.

De este modo, es necesario que para cada nueva venta a crédito a nuestros clientes, históricos o de nueva relación, analicemos la situación real y actual de la eventual deudora y que para ello contemos con sistemas, informes, aplicaciones informáticas y mecanismos de todo tipo que nos permitan tener una información totalmente al día y actualizada que no se base solo en los datos que obran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Estas herramientas nos deben permitir conocer, casi al día, además de los datos de las cuentas societarias otras realidades importantes como pueden ser:

1. Comportamiento en sus pagos, conociendo si aparecen reflejadas en ficheros de impagados, si nuestra aseguradora de caución y crédito nos ha alertado sobre posibles incidencias, etc.

2. Si existen incidencias con Administraciones Públicas: en la mayoría de informes de solvencia se intenta reflejar la existencia de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil pero lo cierto es que, dada la lentitud con la que los órganos jurisdiccionales comunican los datos, muchas veces el deudor aparece sin ninguna incidencia judicial en contra cuando en realidad existen varios procesos en curso.

Sin embargo, lo que sí es fácil de detectar, tanto a través de información de solvencia como a través del propio internet es si la deudora tiene impagos o ejecuciones abiertas frente a Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social. Si es así es un dato a tener en cuenta pues denota la inminente existencia de dificultades.

3.  Si existen procedimientos de negociación pre concursal o, directamente, concurso de acreedores tramitándose ante los Juzgados de lo Mercantil. Siendo este dato fácil de verificar a través del Registro Público de Resoluciones Concursales al que podemos acceder en la web pública existente y, además, suele venir recogido en los informes de solvencia si los pedimos actualizados cada vez que estudiemos conceder crédito.

4.  Otros datos que debemos recabar y conservar nosotros mismos en nuestra relación del día a día con el cliente y que pueden ser determinantes de cambios en la capacidad de pago, indiciarios de desaparición inminente de la mercantil en cuestión e, incluso, datos útiles y determinantes para que en caso de que haya que reclamar judicialmente la deuda nuestra demanda consiga su objetivo de cobrar lo adeudado.

Entre estos datos a detectar se encuentran los siguientes:

A. Si nuestro cliente ha cambiado de número de teléfono, de dirección postal, de banco , etc…

El cambio de instalaciones o de datos de contacto suele ser un intento de reducir costes y debemos tenerlo en cuenta y anotarlo porque si llega el caso de reclamar judicialmente ganaríamos muchísimo tiempo frente a los demás acreedores porque nos permitiría dirigir la demanda al domicilio real de la empresa y no al que figura aún en el Registro Mercantil.

B.  Si empieza a devolver nuestros recibos pero inmediatamente se ofrece a regularizar el pago y los abona desde una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Cuando la empresa empieza a ir mal tiene que elegir qué paga y que no atiende. Si deja que pasen los recibos por la cuenta habitual se pagaran por orden de llegada, no por orden de importancia para la empresa. Al devolverlos todos y utilizar una nueva cuenta consigue pagar lo más indispensable para su actividad y desatender los que considera más prescindibles o de segundo orden.

Detectar esto no solo nos sirve para ver que la empresa empieza a tener problemas sino también para ganar ventaja frente a otros acreedores si tenemos que reclamar judicialmente, pues podremos pedir el embargo de la única cuenta en la que hay dinero y que los demás no han tenido en cuenta.

C. Si empieza a haber movimientos extraños en los ceses y nombramientos de los órganos de administración.

Así, si una empresa llamada “Hermanos Sanchez” ha tenido desde su constitución hace 30 años como administradores a Don Pedro y Don Manuel Sánchez y, de la noche a la mañana, estos cesan y nombran un nuevo administrador sin vínculos con la familia o la empresa probablemente estemos ante un hombre de paja o testaferro y ante un indicio claro de la inminente desaparición de la mercantil.

En definitiva, ante la nueva situación de morosidad que se avecina hemos de cambiar el chip y estudiar minuciosamente y casi para cada operación de venta a crédito a todos nuestros clientes, históricos o recién llegados, y contar para ello con herramientas y recursos que nos proporcionen información actualizada y al día relativa a todos los aspectos posibles y no ceñida únicamente a la información mercantil.

Ante los nuevos cambios y como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a no pagar.

La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

Concursos_1T2020

Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

Un resumen de 2019: “lo único constante es el cambio”

Mario Cantalapiedra – Economista

Llega el final de 2019 y con él un aniversario que me gustaría compartir contigo. Se cumplen 10 años desde que inicié mi colaboración con Gestores de Riesgo y Morosidad, durante los cuales he compartido casi 600 posts en los que con diferente grado de éxito he tratado de aportar mi granito de arena sobre la gestión del riesgo de crédito comercial, la morosidad y los temas económicos en general, en este mundo complejo y de cambio constante en el que nos toca vivir.

Aprovechando este hito, quiero recuperar la tradición de dedicar el último post del año a repasar los temas más destacados tratados en el blog durante el ejercicio. En este caso, he rescatado los cinco siguientes:

  • El protagonismo de uno de los primeros posts del año fue para la coopetición”, término con el que se designa la combinación de las ventajas de la competencia y la cooperación como estrategia empresarial, el cual se está utilizando para describir el nuevo ecosistema financiero que surge con la entrada en el mercado de las fintech.
  • ¿Debo vender a un cliente que ha cesado su actividad de modo temporal, aunque siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento? Te ofrecí mi opinión al respecto allá por el mes de febrero.
  • Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito. El problema es que este dato suele ofrecerse para el conjunto de los proveedores y a veces es difícil de interpretar. A través de un ejemplo práctico, te mostré cómo calcular la opinión de crédito individual.
  • En el mes de septiembre repasé las importantes consecuencias que conlleva la revocación del número de identificación fiscal (NIF) a una empresa por parte de Hacienda.
  • ¿Puede una empresa demostrar su solvencia a través de la información que suministra la CIRBE? Traté de demostrar que, en determinadas circunstancias, la respuesta a esta pregunta es sí.

time-for-a-change-3842467_1920Fuente: Alexas_Fotos

Decía Heráclito que “lo único constante es el cambio”. En nuestros días se debate sobre el cambio climático o el tecnológico, y sí parece que lo único cierto sea el cambio, por otro lado, a una velocidad nunca antes vista. En medio de esta vorágine todavía queda tiempo para desearte Feliz Navidad y lo mejor para 2020.

Demostrar la solvencia de la empresa a partir de la información de la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que recoge la información de préstamos y créditos (riesgos directos), así como de avales y garantías (riesgos indirectos) que las entidades de crédito mantienen con particulares y empresas.

Cualquier persona tiene derecho a conocer los datos que están declarados a su nombre en la CIRBE de forma gratuita. Del mismo modo, cualquier entidad de crédito puede obtener información sobre los riesgos registrados en la CIRBE a nombre de clientes actuales a los que haya concedido financiación, de clientes potenciales que le hayan solicitado alguna operación de riesgo, o de personas que figuren como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad. No obstante, la información que facilita el Banco de España (BdE) es diferente en cada caso.

A las entidades de crédito el BdE les facilita un informe agregado, el cual incluye para cada tipo de producto, de manera resumida y sin identificar las entidades declarantes, saldos disponibles y dispuestos, tipos de garantías y plazos. No se incluyen en él las operaciones cuyo riesgo agregado no supere los nueve mil euros en una entidad. Esta información básicamente sirve a las entidades para ver el nivel de endeudamiento del particular o empresa.

Por su parte, a los titulares del riesgo, además del informe agregado anterior, el BdE les entrega un informe detallado que contiene el código identificativo de cada operación, el nombre de cada entidad declarante, un detalle más concreto de la deuda y en el caso de que en alguna entidad figuren riesgos agregados por menos de nueve mil euros, su nombre. Esta información que proporciona la CIRBE puede ser muy útil para las empresas en los siguientes casos:

  • En aquellos supuestos en los que la empresa está sometida a auditoría contable, permite al auditor comprobar los saldos y la correcta contabilización de las deudas a corto y largo plazo.
  • Puesto que da información positiva sobre las operaciones de riesgo (siempre que exista cumplimiento en los pagos y en los informes no aparezcan importes vencidos ni intereses de demora o gastos pendientes), es una forma excelente de acreditar el historial crediticio y la solvencia de la empresa frente a terceros, por ejemplo, al iniciar una relación comercial con otra compañía o al negociar el alquiler de una nave industrial con su arrendador.

Cuatro ratios que miden la capacidad de pago de una empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los ratios de situación financiera que analizan la estructura de balance de una empresa, existen cuatro que se utilizan para medir su capacidad de pago. Como siempre que hablamos de ratios, más allá de la nomenclatura utilizada (solvencia, liquidez, etcétera), la cual suele variar entre analistas, hemos de centrarnos en su fórmula de cálculo, así como en la interpretación de su resultado.

Solvencia

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Este ratio mide la capacidad de pago de una empresa a nivel general. Debe ser mayor de uno, de tal modo que si es menor la empresa no puede hacer frente con su activo a la suma de sus deudas a largo (pasivo no corriente) y a corto plazo (pasivo corriente). A mayor resultado positivo que muestre el ratio, los acreedores de la empresa disfrutarán de un mayor grado de seguridad.

Liquidez

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En este caso, el ratio de liquidez es un indicador de la capacidad de pago a corto plazo de una compañía, es decir, a menos de un año, para lo que compara las magnitudes de activo a corto plazo (corriente) y pasivo a corto plazo (corriente) . Aunque generalmente debería ser mayor que uno para considerar que no existen problemas de pago, hay sectores donde es normal que sea inferior a la unidad sin que existan dichos problemas. Es algo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la distribución o de las agencias de viaje, donde las empresas cobran rápido y pagan más tarde, siendo los proveedores los que financian la actividad. Al igual que en el caso del ratio anterior, a mayor resultado positivo, mayor grado de seguridad disfrutado por los acreedores de la empresa.

Tesorería

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Este ratio se obtiene a partir del anterior eliminando del numerador el efecto de las existencias, el menos líquido de los componentes del activo corriente, y que recoge los bienes poseídos por la empresa para ser vendidos en el curso normal de la explotación o para su transformación o incorporación al proceso productivo, y cuya incidencia puede ser muy significativa en compañías industriales. Es una medida que también mide la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago a corto plazo, en la que un mayor resultado positivo, ha de interpretarse como un mayor grado de seguridad por parte de los acreedores.

Disponibilidad

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Finalmente el ratio de disponibilidad es una medida de la capacidad de pago inmediata de una empresa, para lo cual mide la proporción que representa el dinero (disponibilidades líquidas en caja y bancos) y el cuasidinero (inversiones financieras convertibles en efectivo con un vencimiento no superior a tres meses, que no tengan riesgos significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería) sobre el pasivo corriente. Suele tener un valor muy pequeño y al igual que el resto de ratios que miden la capacidad de pago, a mayor resultado positivo, mejor para los acreedores.

Evolución ratios que miden la capacidad de pago de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. (2014 – 2016) y comparativa con sector (2016)

TelefonicaFuente: Insight View.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El error de relajar la gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la crisis y el aumento de las cifras de impagados que trajo consigo, muchas empresas decidieron actuar y ponerse serias con la gestión del riesgo de crédito, tomando distintas medidas, entre ellas, el establecimiento de comités de riesgo, es decir, de estructuras formales de diálogo entre distintas áreas de la empresa relacionadas con la decisión de conceder crédito a un cliente, fundamentalmente de los ámbitos comercial y financiero. Pues bien, según los datos aportados por el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, estas estructuras, que en los momentos más duros de la crisis (2012) estaban presentes hasta en el 58 por ciento de las empresas, hoy solo son mantenidas por el 23 por ciento de ellas. Se montan con la crisis y se desmontan cuando la tormenta amaina y la morosidad ya no preocupa tanto, lo que a mi modo de ver es un error, porque si algo nos ha debido enseñar la crisis es que la economía es cíclica y los malos tiempos siempre son más fáciles de afrontar si se cuenta con las estructuras adecuadas. Está claro que aunar las posturas entre comerciales (que tienen la premisa de que cuanto más se venda mejor) y financieros (con el axioma de que la venta no se termina hasta que se cobra) no es sencillo, por eso precisamente deben dialogar más y si es mediante estructuras formales, mejor.

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Prueba de esta relajación en cuanto al análisis del riesgo de crédito comercial se refiere, también lo representa el dato de que hasta un 38 por ciento de las empresas españolas no utilizan criterios de solvencia (informes comerciales, ratings de morosidad, ficheros con información sobre morosos, herramientas de inteligencia de negocio, etcétera) a la hora de seleccionar sus clientes. En este sentido, se comprueba un descenso en los últimos años del porcentaje de empresas que declaran utilizarlos. De las que no los utilizan, solamente el 25 por ciento planifican usarlas, el 13 por ciento restante se ve que no las deben necesitar…

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Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. En el caso del crowdlending esta financiación se instrumenta a través de préstamos que los inversores entregan a los promotores a cambio de un tipo de interés, siendo la plataforma el lugar donde los prestatarios pueden enseñar sus proyectos y encontrarse con los prestamistas.

11Es una fórmula que se está utilizando cada vez más para financiar empresas y en la que para cumplir su función fundamental de intermediación, las plataformas de crowdlending realizan las siguientes seis acciones:

1. Captación de proyectos

Buscan en el mercado proyectos empresariales que demanden financiación, fundamentalmente de pymes, para lo cual utilizan sus propios equipos y también la colaboración de agentes externos.

2. Análisis de riesgo

Es similar al que realizan las entidades de crédito para lo cual consultan los registros de morosos (RAI, ASNEF), así como los informes de solvencia que ofrecen empresas especializadas. Si los proyectos pasan su filtro les otorgan una calificación de riesgo (rating), que implica un tipo de interés para el préstamo (a mayor riesgo, mayor tipo de interés).

3. Publicación de proyectos

Con la publicación de los proyectos en sus webs, estas plataformas se convierten en escaparates a los que pueden acudir los inversores a prestar su dinero. El proceso de inversión se puede realizar mediante un sistema de mercado, donde el préstamo tiene importe, plazo y tipo de interés predeterminados, de tal modo que cuando las ofertas de los inversores alcanzan el importe solicitado, se cierra la operación; o de subasta, donde el préstamo tiene importe y plazo predeterminados, pero el inversor es quien decide el tipo de interés al que quiere prestar durante el período de subasta, de tal forma que cuando este termina, los inversores con pujas más bajas son los que participan en el préstamo.

4. Articulación de mecanismo de pago

Suelen utilizar el préstamo francés donde la devolución del capital más los intereses generados a los inversores se realiza mediante cuotas mensuales y constantes.

5. Gestión de flujo de dinero

El traslado del dinero de los inversores a los promotores, y viceversa, lo pueden hacer a través de una entidad de pago autorizada con la que colaboren (lo más habitual), o directamente si la plataforma cuenta con licencia de entidad de pago híbrida (aquella entidad de pago que realiza, además, cualquier otra actividad económica).

6. Gestión de recobro

Para el caso de que alguna cuota del préstamo resulte impagada tienen previstos mecanismos de recobro.

 

 

 

¿Una CIRBE para el “crowdlending”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que permite a las entidades financieras declarantes (entre otras, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) consultar información útil para analizar el riesgo de las posibles operaciones de crédito o préstamo que se plantean. En ella aparecen reflejados los riesgos que dichas entidades tienen con sus clientes, de tal modo que cuando un banco recibe la petición de un nuevo préstamo, por ejemplo, de una empresa, puede consultar la deuda que mantiene con el resto de entidades financieras y hacerse una idea mejor de su capacidad de pago. De igual modo, recuerdo que cualquier persona física o jurídica puede consultar de forma gratuita los datos declarados a su nombre en la CIRBE por las entidades financieras.

En este sentido, una de las ventajas que tienen las empresas promotoras que solicitan financiación a través de plataformas de financiación participativa basadas en préstamos (crowdlending), es que los fondos obtenidos, en su caso, no consumen CIRBE para ellas. Es decir, las plataformas de crowdlending al no ser entidades financieras, no tienen obligación de declarar los préstamos que intermedian a la CIRBE, por lo que si la empresa promotora también necesitara acudir a financiación bancaria no pierde posibilidades de conseguirla por un aumento de deuda en la CIRBE.

Lo que en principio es una ventaja para el desarrollo del crowdlending, y así lo vende el propio sector en sus páginas web y en los actos de comunicación en los que viene participando, supone también un inconveniente a la hora de evaluar el riesgo de los proyectos empresariales que les llegan, puesto que cada plataforma desconoce de forma “oficial” las peticiones de fondos que hacen las empresas promotoras que contactan con ellas a otras plataformas competidoras, teniendo que dedicarse a obtener estar información por su cuenta, lo que evidentemente les supone un consumo de recursos. A estos efectos, algunos actores del crowdlending parecen estar impulsando la idea de crear una especie de CIRBE para el propio sector que les permita un suministro recíproco de información, lo que pueda llevarles a mejorar su análisis de riesgo. La idea no me parece mala, de todos modos habría que ver cómo podría articularse en la práctica, así como conocer la opinión al respecto de los supervisores (Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España).

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