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La morosidad bancaria está contenida en España… de momento

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de julio la tasa de morosidad bancaria sufrió su primer repunte desde que comenzó la crisis del coronavirus hasta situarse en el 4,72 por ciento, según los datos publicados por el Banco de España (BdE).

Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (57.837 millones de euros a finales de julio) entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,226 billones de euros). Ambos saldos se han reducido con respecto al mes anterior, pero el de créditos dudosos lo ha hecho en una menor proporción.

Según se puede ver en la tabla adjunta, a pesar del aumento de la tasa en julio, la morosidad bancaria sigue bastante contenida en España, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento). No obstante, el problema puede venir, como ya se apunta desde el propio BdE, cuando finalicen los programas de apoyo a familias y empresas que están vigentes en la actualidad. Fundamentalmente cuando acaben las moratorias al pago de hipotecas y de préstamos personales que han concedido las entidades financieras a las familias, así como los períodos de carencia en los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir parte del riego de la financiación a empresas y autónomos.

Es decir, la morosidad bancaria está contenida en España porque nuestra economía está “dopada” con medidas excepcionales, pero si éstas terminan de golpe el estallido de la morosidad puede llevarnos a las cifras de 2013 y además hacerlo de una forma muy rápida.

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Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS DEUDORES – LA ÚNICA FÓRMULA PARA CONCEDER CRÉDITO EN EL NUEVO ESCENARIO DE MOROSIDAD GENERADO POR EL COVID 19

Gonzalo Quiroga – Abogado 

Es del todo latente que entre las graves consecuencias que sobre la economía está arrojando el nuevo escenario impuesto por el Covid19 se encuentra la de un aumento alarmante de la morosidad y de los impagos.

Como he mantenido siempre, el retraso e incumplimiento de los pagos es una problemática que hay que evitar o paliar desde un primer momento ya que es un factor determinante de la desaparición e inviabilidad de muchísimas empresas, incluso de aquellas que podrían sobrevivir porque consiguen mantener un nivel de actividad y ventas que las haría rentables pero que, al cobrar tarde o no cobrar, acaban “muriendo de éxito”, es decir, trabajando de forma idónea pero sin liquidez para afrontar el día a día, lo que las lleva a la disolución o el concurso.

A este incremento, y cada vez más preocupante y creciente, aumento de los retrasos e incumplimientos de pago hemos de añadir que la situación económica que se nos viene encima, la famosa “nueva normalidad” nos depara un escenario desconocido y difícil de pronosticar, por lo que nuestros actuales criterios y protocolos para estudiar el riesgo de impago y conceder crédito no son ya una herramienta útil, siendo necesario que cambiemos radicalmente nuestro modus operandi en la materia.

El principal cambio que hemos de adoptar consiste en CONTAR CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DEUDORES QUE NOS PERMITAN RENOVAR SUS DATOS CONSTANTEMENTE y casi para cada nueva operación de venta a crédito.

Así, es muy habitual que tengamos clientes históricos en nuestra empresa a los que inicialmente, y hace años, se analizó y se les concedió una cantidad máxima de crédito adecuada a su perfil. Luego, con el paso de los años y ante su buen comportamiento de pago se les fue aumentando el límite de crédito hasta que, por mera inercia, esos clientes ya no los estudiamos cuando vamos a vender a crédito, consideramos que tienen un límite establecido y que no hay necesidad de ponerlo en duda.

Este criterio, sin embargo, no es válido en una situación de crisis e incertidumbre como la que se nos avecina. De hecho, los mayores “batacazos” o incidencias de impago que sufren las empresas en épocas de recesión como la que se avecina suelen venir dados por conceder crédito en demasía a clientes históricos sin tener en cuenta ni estudiar su  actual situación y realidad. (Imaginemos quien un año antes del concurso de acreedores de Pescanova, por ejemplo, le seguía concediendo crédito con límites fijados en base a la realidad de esa compañía 5 años antes…)

Por tanto, es indispensable que cambiemos nuestro criterio y que antes de conceder crédito a estos clientes históricos podamos analizar con el mayor detalle posible todos los aspectos e informaciones sobre su situación actual y hacerlo casi antes de cada operación o período de tiempo corto.

Esta necesidad se hace latente también para conceder crédito a nuevos clientes.

Así, tengamos en cuenta que hasta el día de hoy concedemos crédito a un nuevo cliente basándonos en la información que obtenemos del mismo a través, fundamentalmente, de sus cuentas anuales. Esto hace que realmente estemos concediendo crédito hoy en base a la realidad que esa empresa tenía en el ejercicio 2018 que es el que reflejan las cuentas anuales que depositó en 2019.

Es decir, para conceder crédito a nuevos clientes estábamos tomando decisiones mirando por el retrovisor, atendiendo a como estaba esa empresa hace dos años y no a cuál es su situación y capacidad de pago a día de hoy.

Con una crisis como la que se avecina, es muy probable que los cambios en las  empresas sean muy bruscos y que la información de las cuentas anuales del 2018 no tengan nada que ver con la realidad de nuestra deudora a día de hoy ni, por tanto, puedan servir como criterio para concederles crédito.

Ello se agrava si tenemos en cuenta que la regulación legal impuesta por el Covid19 ha establecido que se amplía el plazo para formular las cuentas anuales de 2019 (que deberían depositarse en este mes)  y que se concede prórroga para solicitar la declaración de disolución o concurso de las mercantiles insolventes.

De este modo, es necesario que para cada nueva venta a crédito a nuestros clientes, históricos o de nueva relación, analicemos la situación real y actual de la eventual deudora y que para ello contemos con sistemas, informes, aplicaciones informáticas y mecanismos de todo tipo que nos permitan tener una información totalmente al día y actualizada que no se base solo en los datos que obran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Estas herramientas nos deben permitir conocer, casi al día, además de los datos de las cuentas societarias otras realidades importantes como pueden ser:

1. Comportamiento en sus pagos, conociendo si aparecen reflejadas en ficheros de impagados, si nuestra aseguradora de caución y crédito nos ha alertado sobre posibles incidencias, etc.

2. Si existen incidencias con Administraciones Públicas: en la mayoría de informes de solvencia se intenta reflejar la existencia de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil pero lo cierto es que, dada la lentitud con la que los órganos jurisdiccionales comunican los datos, muchas veces el deudor aparece sin ninguna incidencia judicial en contra cuando en realidad existen varios procesos en curso.

Sin embargo, lo que sí es fácil de detectar, tanto a través de información de solvencia como a través del propio internet es si la deudora tiene impagos o ejecuciones abiertas frente a Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social. Si es así es un dato a tener en cuenta pues denota la inminente existencia de dificultades.

3.  Si existen procedimientos de negociación pre concursal o, directamente, concurso de acreedores tramitándose ante los Juzgados de lo Mercantil. Siendo este dato fácil de verificar a través del Registro Público de Resoluciones Concursales al que podemos acceder en la web pública existente y, además, suele venir recogido en los informes de solvencia si los pedimos actualizados cada vez que estudiemos conceder crédito.

4.  Otros datos que debemos recabar y conservar nosotros mismos en nuestra relación del día a día con el cliente y que pueden ser determinantes de cambios en la capacidad de pago, indiciarios de desaparición inminente de la mercantil en cuestión e, incluso, datos útiles y determinantes para que en caso de que haya que reclamar judicialmente la deuda nuestra demanda consiga su objetivo de cobrar lo adeudado.

Entre estos datos a detectar se encuentran los siguientes:

A. Si nuestro cliente ha cambiado de número de teléfono, de dirección postal, de banco , etc…

El cambio de instalaciones o de datos de contacto suele ser un intento de reducir costes y debemos tenerlo en cuenta y anotarlo porque si llega el caso de reclamar judicialmente ganaríamos muchísimo tiempo frente a los demás acreedores porque nos permitiría dirigir la demanda al domicilio real de la empresa y no al que figura aún en el Registro Mercantil.

B.  Si empieza a devolver nuestros recibos pero inmediatamente se ofrece a regularizar el pago y los abona desde una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Cuando la empresa empieza a ir mal tiene que elegir qué paga y que no atiende. Si deja que pasen los recibos por la cuenta habitual se pagaran por orden de llegada, no por orden de importancia para la empresa. Al devolverlos todos y utilizar una nueva cuenta consigue pagar lo más indispensable para su actividad y desatender los que considera más prescindibles o de segundo orden.

Detectar esto no solo nos sirve para ver que la empresa empieza a tener problemas sino también para ganar ventaja frente a otros acreedores si tenemos que reclamar judicialmente, pues podremos pedir el embargo de la única cuenta en la que hay dinero y que los demás no han tenido en cuenta.

C. Si empieza a haber movimientos extraños en los ceses y nombramientos de los órganos de administración.

Así, si una empresa llamada “Hermanos Sanchez” ha tenido desde su constitución hace 30 años como administradores a Don Pedro y Don Manuel Sánchez y, de la noche a la mañana, estos cesan y nombran un nuevo administrador sin vínculos con la familia o la empresa probablemente estemos ante un hombre de paja o testaferro y ante un indicio claro de la inminente desaparición de la mercantil.

En definitiva, ante la nueva situación de morosidad que se avecina hemos de cambiar el chip y estudiar minuciosamente y casi para cada operación de venta a crédito a todos nuestros clientes, históricos o recién llegados, y contar para ello con herramientas y recursos que nos proporcionen información actualizada y al día relativa a todos los aspectos posibles y no ceñida únicamente a la información mercantil.

Ante los nuevos cambios y como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a no pagar.

La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

Un resumen de 2019: “lo único constante es el cambio”

Mario Cantalapiedra – Economista

Llega el final de 2019 y con él un aniversario que me gustaría compartir contigo. Se cumplen 10 años desde que inicié mi colaboración con Gestores de Riesgo y Morosidad, durante los cuales he compartido casi 600 posts en los que con diferente grado de éxito he tratado de aportar mi granito de arena sobre la gestión del riesgo de crédito comercial, la morosidad y los temas económicos en general, en este mundo complejo y de cambio constante en el que nos toca vivir.

Aprovechando este hito, quiero recuperar la tradición de dedicar el último post del año a repasar los temas más destacados tratados en el blog durante el ejercicio. En este caso, he rescatado los cinco siguientes:

  • El protagonismo de uno de los primeros posts del año fue para la coopetición”, término con el que se designa la combinación de las ventajas de la competencia y la cooperación como estrategia empresarial, el cual se está utilizando para describir el nuevo ecosistema financiero que surge con la entrada en el mercado de las fintech.
  • ¿Debo vender a un cliente que ha cesado su actividad de modo temporal, aunque siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento? Te ofrecí mi opinión al respecto allá por el mes de febrero.
  • Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito. El problema es que este dato suele ofrecerse para el conjunto de los proveedores y a veces es difícil de interpretar. A través de un ejemplo práctico, te mostré cómo calcular la opinión de crédito individual.
  • En el mes de septiembre repasé las importantes consecuencias que conlleva la revocación del número de identificación fiscal (NIF) a una empresa por parte de Hacienda.
  • ¿Puede una empresa demostrar su solvencia a través de la información que suministra la CIRBE? Traté de demostrar que, en determinadas circunstancias, la respuesta a esta pregunta es sí.

time-for-a-change-3842467_1920Fuente: Alexas_Fotos

Decía Heráclito que “lo único constante es el cambio”. En nuestros días se debate sobre el cambio climático o el tecnológico, y sí parece que lo único cierto sea el cambio, por otro lado, a una velocidad nunca antes vista. En medio de esta vorágine todavía queda tiempo para desearte Feliz Navidad y lo mejor para 2020.

Demostrar la solvencia de la empresa a partir de la información de la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que recoge la información de préstamos y créditos (riesgos directos), así como de avales y garantías (riesgos indirectos) que las entidades de crédito mantienen con particulares y empresas.

Cualquier persona tiene derecho a conocer los datos que están declarados a su nombre en la CIRBE de forma gratuita. Del mismo modo, cualquier entidad de crédito puede obtener información sobre los riesgos registrados en la CIRBE a nombre de clientes actuales a los que haya concedido financiación, de clientes potenciales que le hayan solicitado alguna operación de riesgo, o de personas que figuren como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad. No obstante, la información que facilita el Banco de España (BdE) es diferente en cada caso.

A las entidades de crédito el BdE les facilita un informe agregado, el cual incluye para cada tipo de producto, de manera resumida y sin identificar las entidades declarantes, saldos disponibles y dispuestos, tipos de garantías y plazos. No se incluyen en él las operaciones cuyo riesgo agregado no supere los nueve mil euros en una entidad. Esta información básicamente sirve a las entidades para ver el nivel de endeudamiento del particular o empresa.

Por su parte, a los titulares del riesgo, además del informe agregado anterior, el BdE les entrega un informe detallado que contiene el código identificativo de cada operación, el nombre de cada entidad declarante, un detalle más concreto de la deuda y en el caso de que en alguna entidad figuren riesgos agregados por menos de nueve mil euros, su nombre. Esta información que proporciona la CIRBE puede ser muy útil para las empresas en los siguientes casos:

  • En aquellos supuestos en los que la empresa está sometida a auditoría contable, permite al auditor comprobar los saldos y la correcta contabilización de las deudas a corto y largo plazo.
  • Puesto que da información positiva sobre las operaciones de riesgo (siempre que exista cumplimiento en los pagos y en los informes no aparezcan importes vencidos ni intereses de demora o gastos pendientes), es una forma excelente de acreditar el historial crediticio y la solvencia de la empresa frente a terceros, por ejemplo, al iniciar una relación comercial con otra compañía o al negociar el alquiler de una nave industrial con su arrendador.
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