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Aprobada la tasa judicial, desde este mismo mes de noviembre será más caro reclamar deudas judicialmente.

Precisamente en el momento en el que los índices de morosidad rozan límites históricos, asfixiando a cualquier empresa pero, en especial, a los autónomos y PYMES, y a pesar de que esta situación proviene en gran medida de la propia Administración Pública ( aún tras el plan de pago a proveedores la deuda vencida e impagada generada por las A.A.P.P. ya excede en sólo 6 meses de los 10.000 millones de euros) el Gobierno considera que la mejor opción es optar por una Ley de Tasas Judiciales que tras su aprobación por el Senado será publicada en el B.O.E. este mismo mes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se argumenta por el Ejecutivo, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, que el pago de una tasa para ejercitar la potestad jurisdiccional (en el caso concreto  que nos ocupa el devengo de la tasa vendría determinado  por interponer una demanda para reclamar una cantidad adeudada, por solicitar la ejecución del título que reconoce la deuda, por oponerse a una demanda donde nos reclamen un impago…) no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, ya que, y cito textualmente, “no ha de confundirse el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a una tutela judicial gratuita”. A mi modesto entender olvida el Sr. Gallardón y los miembros del Poder Legislativo que han dado vía libre a la aprobación de este Proyecto de Ley  que la Administración de Justicia, aún sin pago de tasas, no resulta en absoluto gratuita para el ciudadano ni para la empresa. Hasta donde mi conocimiento alcanza la Administración de Justicia ha venido nutriéndose del erario público, luego gratuita no nos resulta desgraciadamente.

Otro argumento esgrimido para camuflar el insultante afán recaudatorio de esta tasa ha sido el de agilizar y descongestionar el colapso del sistema público de Administración de Justicia, llegándose a afirmar que a lo largo del pasado año se interpusieron más de 120.000 recursos. No está mal reducir el número de recursos a través de una tasa disuasoria, si bien antes de acudir a este tipo de restricciones habría que tener en cuenta datos como el aportado por el propio Consejo General del Poder Judicial y según el cuál más de un 80% de esos recursos fueron estimados y, por tanto, eran necesarios.

Sea como fuere, lo cierto es que la tasa judicial ha sido aprobada, y dejando a un lado los otros miles de supuestos de auténtica injusticia que ya se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días a través de los medios (tasa por recurrir en vía social el impago de una indemnización por despido, tasa por reclamar daños sufridos en un accidente de tráfico, etc…) no es menos injusto que las empresas vean limitado y encarecido su derecho a reclamar cuánto se les adeuda. No perdamos de vista que el mayor motivo de cierres empresariales en nuestro país desde hace más de dos años es la insolvencia producida por la falta de financiación acompañada del alto índice de impagados.

Pues bien, las principales consecuencias que la aprobación de la tasa tendrá para aquellas empresas que se ven obligadas a acudir a la vía judicial para reclamar cuánto se les debe por impagos y que, además, dependen en gran medida para su viabilidad del éxito de estas reclamaciones, son las siguientes:

A)    SE ENCARECE LA TASA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE YA VENÍAN OBIGADAS A PAGARLA.

Hasta la fecha, y en atención a su músculo financiero y al mayor número de veces que acudían a la justicia, sólo habían de abonar una tasa para reclamar judicialmente una cantidad aquellas empresas que facturaban más de 8.000.000 de euros al año.

Estas empresas, obviamente, seguirán obligadas al pago del canon pero lo verán encarecido sustancialmente.

B)    SE IMPONE EL PAGO A PERSONAS FÍSICAS, AUTÓNOMOS Y PYMES QUE HASTA LA FECHA ESTABAN EXENTAS.

Así, cualquier persona empresario o empresa de reducida dimensión deberá, aún a pesar de carecer del músculo financiero suficiente para hacerle fácil el pago ( o incluso de carecer de tal músculo como consecuencia precisamente de los impagos sufridos)  abonar la tasa en idénticas condiciones a las grandes empresas si quiere acudir a la vía de la reclamación judicial.

De este modo, el panorama para las reclamaciones de cantidad formuladas contra particulares o empresas será el reflejado en el siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Declarativo verbal y cambiario

90

150

Monitorio/ Monit europeo < 2.000 €

50

100

Declarativo ordinario

150

300

Ejecución extrajudicial

150

200

Oposición a la ejecución título judicial

150

200

Concurso necesario

150

200

Recurso de apelación 300

800

Recurso casación y de infracción procesal

600

1.200

No hay que perder de vista el escenario para el pago de tasas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que determinará la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, un adeudo de la propia Administración. Resulta curioso, sin embargo, ver que la Ley prevé que la Administración estará exenta del pago de tasa, probablemente para poder seguir, y en este caso sí que ocurre, dilatando injustificadamente mediante recursos infundados la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de cuanto se le adeuda al administrado.

La situación de las tasas judiciales para este tipo de procedimientos Contencioso Administrativos, será la siguiente: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Procedimiento Abreviado

120

200

Procedimiento Ordinario

210

350

Apelación

300

800

Casación

600

1.200

 

 

 

 

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Anteproyecto de modificación de las tasas judiciales. ¿copago en la Justicia?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Ministro de Justicia presentó recientemente ante el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de reforma sistema de tasas judiciales.

El pago de una tasa judicial para poder ejercitar la potestad jurisdiccional, es decir, para poder promover un procedimiento judicial está vigente en España desde el año 2002 y se encuentra regulado  por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden fiscal.

Según su actual regulación, sólo deberán abonar, como requisito previo a promover un proceso, las denominadas tasas judiciales aquellas empresas cuya facturación exceda de los 8 millones de euros anuales.

Tasas judiciales

La reforma propuesta por el Ministerio de Justicia supone una ampliación del espectro de la tasa judicial en dos ámbitos:

a) En cuanto a su cuantía, ya que la tasa a abonar aumentará en las siguientes cuantías.
b) En cuanto a los sujetos obligados.

Según el Anteproyecto, vendrán obligados a pagar las tasas judiciales para poder demandar no sólo las empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, como hasta la fecha, sino también cualquier otra  empresa (incluidas PYMES y autónomos) y cualquier particular que pretenda promover un procedimiento judicial o hacer valer su derecho a recurrir en apelación o casación.

c) En cuanto a las Jurisdicciones a las que resulta aplicable.

Ya que ahora resultarán aplicables también a la jurisdicción social si bien sólo en la segunda instancia.

Desde el Ministerio de Justicia se busca justificación a esta ampliación de cuantías y sujetos obligados en la necesidad de “evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los Juzgados”.

Sin embargo, con esta medida y otras adoptadas en el pasado (necesidad de constituir depósito económico para poder recurrir, aumentar a 600.000 euros la cuantía mínima de un procedimiento para que sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, etc…) más bien parece que lo que se pretenda sea descolapsar los Juzgados a base de de establecer un precio de acceso a los mismos tan caro que resulte coercitivo, de tal suerte que se corre el peligro de que dejemos de interponer un proceso judicial, es decir, de acceder a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución nos garantiza simplemente porque resulte demasiado caro o, en algunos casos antieconómico hacerlo. Piénsese en muchas PYMES que tienen que afrontar los gastos de decenas de reclamaciones de cantidad: no les pagan sus clientes y les sale más caro todavía reclamar su adeudo.

Desde el propio Ministerio y desde algunas instituciones, como el propio Consejo General del Poder Judicial, se niega este extremo argumentando que la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva pero no a que el acceso a dicha tutela sea gratuito. Parecen olvidarse al esgrimir este argumento que el acceso a la tutela judicial efectiva nunca ha sido gratuito y que la Administración de Justicia se sustenta ya con fondos públicos, constituyendo las tasas judiciales un “copago” o mejor dicho “repago” de lo que ya sostenemos con nuestros tributos.